La Mesa de Unidad Sindical convoca a que se trate un
proyecto que busca sacar el foco de la lucha de las calles y los piquetes para
canalizarla por los carriles de la Legislatura del Chubut que aprobó el Pacto
Fiscal. Una ley al servicio de las patronales y del reforzamiento del aparato
represivo.
Ilustración Gastón Spur
Por Alejandro Marino
Sin ningún debate previo por el conjunto de los trabajadores
afectados por el brutal ajuste del gobernador Mariano Arcioni, la Mesa de
Unidad Sindical (MUS) dejó circular por grupos de WhatsApp tan solo 24 horas
antes de su supuesto tratamiento, un proyecto de ley para declarar la “emergencia
de los sistemas de educación, de salud y de seguridad en la Provincia del Chubut
por el término de UN (1) año a partir de la sanción de la presente”. En las
cuentas de Facebook de algunos sindicatos, por ejemplo de la regional Este de
ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut), se agrega más
confusión al asunto al convocar para este martes a las 14 horas a que se apoye
a la MUS y su proyecto de “ley tributaria extraordinaria”, ocultando
deliberadamente el título concreto que en realidad se está discutiendo en los
estrechos pasillos de la Legislatura Provincial. Otra maniobra más del PJ y el kichnerismo para garantizarle gobernabilidad a Mariano Arcioni, como vienen haciendo con el presidente Mauricio Macri a nivel nacional.
El artículo 2 del borrador el susodicho proyecto de ley
versa lo siguiente: “Créase un fondo especial denominado “FONDO DE EMERGENCIA
DE LA EDUCACION, LA SALUD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA”, en el ámbito del Poder
Ejecutivo, el que estará integrado por los importes que se recauden mientras
dure la emergencia, como producto de la aplicación de la presente Ley, en el
marco de la responsabilidad social empresaria”.
Si bien el tiempo para un estudio concienzudo y minucioso
del proyecto es inexistente, ya se han levantado algunas voces de
disconformidad. En la cuenta de Facebook Asamblea de la Plaza-Docentes
Autoconvocadxs en Lucha se escribo esta mañana que: “Hoy, lunes, análisis y
debate abierto del proyecto de ley - 17 hs en Moreno y 25 de mayo. ¿Sabés qué
se trata este martes 3/9 en legislatura? El proyecto de Ley de emergencia
educativa, salud y seguridad ¿Es el proyecto que presentó la MUS el año pasado?
Parecido pero no. Tiene una modificación muy importante y con consecuencias
perjudiciales para la crisis que ya estamos pagando les trabajadores”. Y
agregan: “Casi en su totalidad refiere a adelantos, no a cargas impositivas
nuevas. O sea, vamos a prescindir de ese monto en un futuro; “deja exenta de
aportes y adelantos a Aluar y las grandes pesqueras”.
La legítima inquietud del colectivo docente madrynense tiene
basamentos objetivos que se desprenden claramente del borrador mencionado,
aunque, si bien es cierto que se modificó respecto del año anterior, ello no
implica que sea necesariamente para mejor o peor, pues nunca fue un proyecto
que beneficiase al conjunto de las masas laboriosas. Por el contrario, el
contenido y el objetivo que se busca es más o menos similar. Veamos a qué nos
referimos.
Uno de los principales cambios respecto al proyecto del año
anterior es la incorporación de la adjetivación “ciudadana” a “seguridad”. Esto
viene a partir de las furibundas críticas que recibieron a partir de que la ley
podría beneficiar a las fuerzas de seguridad provincial, las mismas que
reprimieron en varias oportunidades a los estatales en pleno conflicto del año
pasado. La adjetivación echa raíces en una perspectiva a la que suelen adherir
fuerzas políticas del llamado “progresismo”, y que tiene por fundamento
principal la concepción de seguridad ciudadana esgrimida por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“La seguridad ciudadana es el proceso de establecer,
fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de
violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se
le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos
humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la
integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de
movimiento”, resume un pasaje del PNUD. Si bien se específica que se busca
salvaguardar los derechos humanos, lo cierto es que la definición al hablar de “democracia”
en general desconoce la existencia de clases sociales, fundamento supremo de
las relaciones sociales y de la existencia del Estado, y por ende del monopolio
legítimo de sus fuerzas represivas, como la define cualquier manualcito de
secundario de lo que se conoció hace años como Instrucción Cívica, o, en la
actualidad, Construcción Ciudadana.
Una vez más citamos: “El enfoque del PNUD a la seguridad
ciudadana y comunitaria trata de atender todas las causas potenciales de los
delitos y de la violencia. Este enfoque multifacético ayuda a los países a
incorporar las medidas de prevención de la violencia y de control de la
criminalidad, a ocuparse de una amplia gama de problemas como la falta de
cohesión social, la impunidad, el tráfico de drogas, la proliferación de armas
ilegales, el tráfico de seres humanos y la migración”.
Una vez más observamos: la concepción sobre las diversas
causas sociales de los delitos y lo que denominan “violencia”, para nada niega
que la causa última de las fuerzas de seguridad es la represión. Y, aunque les
cueste reconocer al progresismo culposo, ese objetivo último tiene su razón de
ser en el sostenimiento de las relaciones capitalistas de producción. No es
necesario tener un doctorado en Ciencia Política para llegar a esa conclusión.
El propio Federico Massoni, ministro de Gobierno, reconoció al programa de Jorge
Lanata, Periodismo Para Todos, que una de las funciones de las fuerzas de
seguridad es la “represión”. Verdad incuestionable, por cierto.
El año pasado desde Prosa Urgente advertimos sobre los
peligros de este proyecto de ley. En un artículo titulado “La sombra azul de laimpunidad”, basado en el informe de personas asesinadas por el aparato
represivo del Estado realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional (Correpi) del año 2017, decíamos que: “Al menos 59 asesinatos
de personas en tan solo 23 años es la espeluznante cifra que carga en su
prontuario la Policía del Chubut. De ellos, 13 son desapariciones forzadas de
personas. Comodoro Rivadavia puntea en el criminal ranking con 18 muertos, pero
Trelew le pisa los talones al contabilizar 16, con menos del doble de
habitantes que la ciudad petrolera”.
Agregábamos: “Para la provincia del Chubut se contabilizan
80 muertes en manos de las distintas fuerzas represivas del Estado. Sin
embargo, si se desglosa por institución se encuentra no solo que la inmensa
mayoría tienen como protagonista a la Policía del Chubut (73%), sino que los al
menos 59 casos que la involucran se dan entre los años 1.994 y 2.017”.
Allí advertíamos que “Ante este panorama de crisis
económica, represión y criminalización de la protesta social y resistencia de
las/os trabajadoras/es, es un grave error la presentación del proyecto
presentado en Legislatura del Chubut por la MUS y el bloque del Frente para la
Victoria para declarar la Emergencia en Educación, Salud y Seguridad. Asignar
más recursos económicos a seguridad implica necesariamente reforzar ese aparato
represivo al que detalladamente le dedicamos este informe. Nada bueno para el
pueblo puede derivar de ello”.
A todo lo anterior hay que agregar que en el proyecto de ley
a partir del artículo 3 se hace referencia a la “seguridad” a secas. Se desprende
que el agregado de la adjetivación es una improvisación que pretende contener
el posible descontento de las bases con una ley que busca, entre otras cosas,
reforzar el aparato represivo del Estado.
Debe recordarse, además, que el año pasado a partir de la
toma del Ministerio de Educación por la docencia, y del tsunami de ocupaciones
de delegaciones estatales que le prosiguió a lo largo y ancho de la provincia, las
conducciones gremiales nucleadas en la MUS perdieron el control de la lucha por
varios días. Lograron recuperar la iniciativa con una movilización de miles de
personas a Legislatura para el tratamiento de la ley. A partir de entonces
tuvieron relativamente controlado el proceso. Una lectura posible es que nunca
los estrechos andariveles de los parlamentos burgueses deben reemplazar las
iniciativas de las masas, si es que estas pretenden triunfar en sus luchas.
Otra lectura es que las bases tienen que hacer lo imposible para ser las dueñas
de sus propios destinos y no depositar ninguna expectativa en las conducciones
burocráticas y las fuerzas políticas patronales a las que responden estas
últimas.
De la Legislatura que aprobó el Pacto Fiscal macrista no
saldrá ninguna solución para los trabajadores y el pueblo. Y eso se puede
percibir sin ambigüedad en el proyecto que venimos criticando: en ningún
momento se plantea, por ejemplo, la derogación del pacto fiscal ni mucho menos
impuestos progresivos a las grandes fortunas y empresas. Por ello es
imprescindible construir desde las bases una salida propia de los trabajadores
con plenarios de delegados, asambleas generales en todas las localidades, que
debatan un plan de lucha para vencer, que necesariamente deberá apoyarse en la
convocatoria de la huelga general por parte de las centrales sindicales, en
especial las tres CGTs, que hasta el momento brillan por su ausencia. Esta presión
y deliberación masiva pondrá en apriete a personajes nefastos como Jorge “Loma”
Ávila, secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut,
miembro del directorio de Petrominera y socio político no solo del gobernador
sino también de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de
Kirchner, quien amenazó con “pasar por arriba” de los piquetes que le realizan
trabajadores estatales a las multinacionales petroleras que se la llevan con
pala.
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