Chubut adhiere al nuevo protocolo para el uso de armas de
fuego de las fuerzas de seguridad federales impulsado por Patricia Bullrich. La
policía de la provincia puntea en el ranking de asesinatos a nivel nacional,
con al menos 59 muertes en 23 años. Informe especial
Por Iván Marín
Ayer por la tarde el ministro de Gobierno, Federico Massoni,
en diálogo con Radio 3 adelantó que en la reunión que mantuvo ese mediodía con
la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, le confirmó que Chubut
va a adherir al protocolo que amplía los casos de uso de armas de fuego para
las fuerzas de seguridad federales.
De esta manera la Policía del Chubut será una de las
primeras fuerzas provinciales en sumarse a la iniciativa de Bullrich. La
controvertida norma cuenta con el rechazo de todas las organizaciones de
derechos humanos y gran parte del sindicalismo del país, además de partidos de
izquierda y fuerzas progresistas. Sobre el particular, la Coordinadora contra
la Represión Policial e Institucional (Correpi) emitió un puntilloso informe en
el que, entre otras cosas, afirma que la disposición “habilita el uso legal del
arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales
excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa
cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”.
Agrega que “con esta norma en vigencia, no sólo se
multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil,
sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio
ministerial. A la vez, es evidente lo útil que será para justificar represiones
y asesinatos en movilización y manifestaciones populares. Bastará que algún
policía diga ´me pareció ver alguien armado` o ´vi un gesto que indicaba la inminente
utilización de un arma` en la multitud para disponer de tiro limpio contra
todxs. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que
la impunidad es un atributo del poder”.
Según las declaraciones de Massoni a la emisora local,
Chubut le hará “unas pequeñas modificaciones (a la norma), pero estaremos en la
columna vertebral de la disposición nacional”. En la misma entrevista, el
funcionario adelantó que en nuestra provincia, a diferencia de lo dispuesto por
Bullrich, la policía sí tendrá la obligación de decir “alto” antes de disparar.
Durante el transcurrir de 2.018 la Policía del Chubut
reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos, golpes y detenidos/as en no
menos 10 oportunidades a protestas sociales. En ese marco fue que desde Prosa
Urgente, mientras transcurría la histórica lucha de trabajadores/as estatales
de la primera parte del año, emitimos un informe sobre el curriculum de la
fuerza, que puede leerse completo en este link.
Allí se consigna, entre otras cosas, que “al menos 59
asesinatos de personas en tan solo 23 años es la espeluznante cifra que carga
en su prontuario la Policía del Chubut. De ellos, 13 son desapariciones
forzadas de personas. Comodoro Rivadavia puntea en el criminal ranking con 18
muertos, pero Trelew le pisa los talones al contabilizar 16, con menos del
doble de habitantes que la ciudad petrolera. La data surge del informe anual de
personas asesinadas por el aparato represivo del Estado que realiza la
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)”.
Se aclara que por primera vez se desglosó el relevamiento que
hace todos los años la Correpi, y que había arrojado hasta diciembre de 2.017
la cifra de 80 muertos en nuestra provincia desde el año 1.983, de los cuales
el 73 % se le asigna a la Policía del Chubut. En el artículo de Prosa Urgente
se destaca que en realidad el primer muerto consignado en el informe data de
1.994, por lo cual hay un enorme período de tiempo, de al menos una década, en
que no se tiene información. Por lo que esta cifra es un piso, y que
seguramente debe ser mucho mayor.
De los 59 casos mencionados, solo 6 lograron condena,
producto de la movilización popular. Por ello el artículo en cuestión fue
titulado “La sombra azul de la impunidad”.
Esta disposición que habilita la pena de muerte en las
calles se da en un escenario económico-social de una profunda pauperización de
las condiciones de vida de la clase trabajadora, con la disparada del dólar de
los últimos meses y una inflación por las nubes que carcome los bolsillos
obreros, paritarias a la baja, aumento de los despidos y cierres de fábricas,
pérdidas de derechos e incrementos en la precarización laboral.
A pocos días que el juez federal Gustavo Lleral diera por cerrado el caso Maldonado, la ministra Bullrich envalentonada por el fallo y por una briza reaccionaria que recorre el subcontinente, tras el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, impulsa este reaccionario protocolo que busca darle legalidad a la impunidad.
La Patagonia en general, y Chubut en particular, fueron de
las primeras regiones que vieron el impacto de las políticas de ajuste del
gobierno de Mauricio Macri. No por casualidad también es donde los casos de
represión a la protesta social cobraron mayor dureza, con la desaparición
forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, y la ejecución racista de
Rafael Nahuel, hermano mapuche acribillado por la Prefectura, como ejemplos más
notorios.
Sobre el particular reflexiona el periodista Ricardo
Ragendorfer en un artículo publicado ayer con el título de “Segurismo criminal”:
“Quizás ya sea un lugar común comparar la ´epopeya civilizatoria` del macrismo
con la Campaña del Desierto. En realidad –bajo la llamada Doctrina de las
Nuevas Amenazas y la idea de convertir a las etnias originarias en el tan
necesario “enemigo interno– las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén son
para la señora Bullrich y los suyos una versión desmejorada de lo que en 1975
–bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional– fue la provincia de Tucumán
durante el “Operativo Independencia”: un laboratorio represivo”.
