El ghetto de los pibes: estigmatización, criminalización y rebelión de la juventud en las escuelas de Chubut

De potenciales asesinos seriales a “piqueteros subversivos” en menos de un mes. Las autoridades educativas chubutenses dicen promover el pensamiento crítico y la defensa de los derechos de los adolescentes pero clausuran su ejercicio en las aulas. Rememorando una histórica escena de la película The Wall, desde Supervisión se ordenó que una movilización de decenas de estudiantes de una secundaria de arte en apoyo a la lucha de docentes y auxiliares de la educación no trascendiera públicamente y quedara encorsetada en los muros de su patio interno. La censura a la solidaridad de clase como política de Estado no deja afuera a los pibes que intentan levantar su voz. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

 

Por Iván Marín

 

Una suerte de estado policial transita los pasillos de los establecimientos educativos chubutenses desde la llegada de Ignacio Torres a la gobernación. Bajo el ropaje de una supuesta mayor profesionalización, se erige sobre las espaldas de la docencia y los auxiliares de la educación un aumento de las responsabilidades que no va acompañada por una recomposición del poder adquisitivo de sus salarios. Por el contrario, los sueldos de estos trabajadores se ubican entre los más bajos del país. En el caso de la docencia apenas rozan los 700 mil pesos por cargo para un ingresante. Este ajuste fenomenal viene escoltado por una reestructuración reaccionaria de la vida escolar en general, que en las últimas semanas pegó un salto sobre su sujeto social mayoritario: los estudiantes. La regimentación en curso se choca de frente con los más elementales derechos constitucionales. El despotismo del ministerio de Educación crece al calor de la crisis económica con el principal objetivo estratégico de romper cualquier lazo de solidaridad y rebeldía de los que osen levantar la voz contra sus políticas.

Como señalamos en este artículo, el abordaje punitivista de los retos virales de adolescentes en las escuelas debe inscribirse en el escenario provincial descripto, que no dista en demasía de lo que ocurre a nivel nacional. La militarización de las escuelas -y, con ella, medidas de estrechísima profundidad intelectual como la revisación de mochilas y/o la obligación de llevar los útiles en bolsas transparentes- tienen al menos un doble objetivo: por un lado, la venta de humo a través de la prensa y redes sociales; y, por el otro, contribuir a un estado de incertidumbre, a un miedo paralizante que pide a gritos “orden”, entendido como la respuesta policíaca a todas las problemáticas de la vida en sociedad. “Algún día será esta vida hermosa y me someto por eso a tu voluntad”, dice una reconocida canción sobre el tema.

El miércoles 13 de mayo estudiantes de la Escuela 759, con orientación artística, llevaron adelante una sentada y movilización con cánticos en el patio interno del establecimiento en solidaridad con la lucha docente y de auxiliares de la educación. La actividad fue difundida el día anterior y estuvo promovida por el Centro de Estudiantes. Duró alrededor de una hora y contó con la participación de varias decenas de pibes y pibas. Como ocurre generalmente con este tipo de acciones, no faltaron los registros fílmicos ni las fotografías con celulares. Sin embargo, llegó una orden por vía jerárquica para que no se difundieran imágenes en redes sociales de la iniciativa para garantizar un supuesto resguardo de la privacidad de sus participantes. La censura dejó insatisfecha a una porción significativa de sus protagonistas y en una movilización pública de la docencia al día siguiente en Trelew anunciaron que el 15 de mayo se registraría una sentada de estudiantes autoconvocados con el mismo propósito de sumar su solidaridad a los sectores en lucha. Esa otra actividad también fue censurada ya que no se dejó salir a los estudiantes a la vereda del establecimiento bajo el argumento de que no contaban con autorización de los padres. Los pibes no corrían ningún peligro. Aunque los estudiantes no pretendían cortarla, la calle que da al ingreso de la escuela es una de las menos transitada de la ciudad.

Silvina Veira es la supervisora de esta escuela y, por ende, la encargada de impartir las órdenes que bajan desde el ministerio de Educación a cargo de José Luis “Spider-Man” Punta. Veira también tiene a cargo la escuela 7716, en la que las autoridades prohibieron a sus docentes realizar asambleas bajo amenaza de apercibimiento, cuestión que terminó ocurriendo con el descuento de sus salarios. Es la misma supervisora de la escuela 747, en la que se obligó a los estudiantes a ir sin mochilas y con los útiles en ridículas bolsas transparentes, como si todos fueran potenciales asesinos seriales. Otras escuelas utilizaron las mismas decisiones punitivistas respecto a los retos virales.

El 6 de mayo, Helga Paz, Supervisora Técnica Secretaria, y Karina Pugh, de la Supervisión Técnica General de Educación Primaria, emitieron una orden para que los directivos de las escuelas informaran la adhesión a las medidas de fuerza de la docencia. El documento fue enviado a Prosa Urgente por personal del ministerio de Educación. Una vez viralizado en nuestro muro de Facebook llovieron los comentarios sobre estos personajes. Respecto de Pugh se señaló que en luchas anteriores estuvo al pie del cañón y que ahora se “pasó de bando”. De Paz se informó que se la había visto en una movilización de la docencia autoconvocada en la que se exigía aumento salarial desarrollada tan solo 3 o 4 días antes.

Este abordaje policíaco de las problemáticas educativas guarda no pocas semejanzas con las justificaciones del personal de las fuerzas represivas -y también del burocrático y del político- de regímenes dictatoriales o genocidas respecto de sus crímenes. La tan criticada ley de “obediencia debida” promovida por Raúl Alfonsín para dejar libre a la inmensa mayoría de los milicos involucrados en la desaparición y tortura de miles de personas por la última dictadura militar se ha hecho carne a su modo en el régimen educativo chubutense.  Lo cierto es que nadie obliga a un docente a ser supervisor u ocupar otro cargo directivo de mayor o menor responsabilidad. La aceptación acrítica implica necesariamente la adhesión a la política educativa del gobierno de ocasión, en este caso de un reaccionario de pe a pa como Ignacio Torres.

No hace falta mucha lucidez para concluir que no asistimos a un resguardo de la imagen y la integridad física de los estudiantes sino a un disciplinamiento que pretende formatearlos según los valores individualistas de esta sociedad capitalista. Por ello la necesidad de responder de manera punitivista a todas sus iniciativas, ya sean aquellas cuestionables, como pueden ser los retos virales, o las que tienen por objetivo la solidaridad entre sectores que luchan por una calidad de vida más digna. El gobierno de Ignacio Torres gasta millones de pesos en propaganda oficial donde decenas, cuando no centenares o miles, de jóvenes aparecen con sus rostros al descubierto en actos escolares o inauguraciones de obras de su gestión. Las propias escuelas suben a diestra y siniestra imágenes de sus estudiantes en redes sociales sin consultarles a nadie. En ninguno de estos casos aparecen llamados telefónicos de supervisores prohibiéndolos. Estas órdenes, por otra parte, no suelen darse por escrito: no vaya a ser cosa que trasciendan públicamente y queden como lo que realmente son, censores profesionales de la solidaridad de la juventud para con sus docentes, auxiliares o cualquier otro sector que se encuentre en lucha.

¿Qué harían estos censores frente a una movilización contra un caso de racismo, femicidio o de violencia policial ocurrido en la ciudad? ¿También prohibirían que trascendieran imágenes de dicha manifestación si se realiza en el interior de un establecimiento escolar? Como dijimos, este abordaje policíaco de la vida en las escuelas también se expresa en las disposiciones por las cuales la totalidad de los centros de estudiantes están totalmente integrados a la vida institucional y no tienen independencia política ni organizativa de los equipos directivos. Pretenden que el sindicato de los estudiantes no intervenga como representante de los derechos de los pibes sino como un brazo de la política de la gestión de turno hacia el interior del estudiantado. No tienen por objetivo formar ciudadanos con pensamiento crítico, sino, como diría otra canción, sumar nuevos ladrillos a la pared. Esta estrategia reaccionaria abona el desarrollo de la autoorganización estudiantil, perspectiva que asusta a todo el establishment mencionado. Más temprano que tarde, los estudiantes y toda la comunidad educativa se rebelará, contra estas prácticas de tinte fascistoides. 

Docentes Autoconvocados de Trelew denunciaron la aceptación salarial de la conducción de la ATECH

En un comunicado emitido ayer señalaron, entre otras cosas, que dieron menos de 24 horas para realizar un mandato sobre una propuesta que ya había sido rechazada en dos oportunidades, que el conteo se dio con el sindicato a puertas cerradas y que no se difunden los detalles de las escuelas que participaron.

 

                                                                   Foto de Aníbal Aguaisol

Por Iván Marín

Otra vez la conducción CELESTE de la ATECH en el centro de todas las críticas. Esta vez por repetir una práctica naturalizada desde que asumieron el 10 de diciembre último: no respetar los mandatos de las bases para acordar con el gobierno de Ignacio Torres propuestas que representan una oficialización de rebaja salarial.

 

A continuación, compartimos comunicado publicado en las últimas horas de este viernes por Docentes Autoconvocados de Trelew.

 

COMUNICADO 29/05

Desde Docentes Autoconvocados/as de Trelew expresamos nuestro desacuerdo y malestar con el anuncio realizado por la conducción provincial de ATECH respecto de la aceptación de la última “propuesta” salarial.

Consideramos que el proceso mediante el cual se definió dicha aceptación carece de las condiciones necesarias para garantizar una verdadera participación de las bases y una resolución legítima.

Nuestros cuestionamientos son claros:

• Se volvió a solicitar mandato sobre una propuesta que ya había sido debatida y rechazada por las escuelas, sin fundamentos que justificaran una nueva consulta.

• La convocatoria se desarrolló en un plazo de apenas 24 horas, limitando las posibilidades de análisis, discusión y participación de la docencia. Además, la decisión fue reducida a la firma de una planilla impuesta como único formato válido, ya que no se aceptaron actas de asambleas ni otros mecanismos de mandato que cada escuela, junto a sus delegados/as o referentes, considerara pertinentes presentar.

• No se difundieron los resultados completos ni la información necesaria para verificar cómo se arribó a la decisión comunicada.

Asimismo, hasta el momento no se informó cuál fue el criterio utilizado para determinar la mayoría, ya que se desconoce si los mandatos fueron considerados por escuela, por turno o mediante otra modalidad.

También denunciamos que el tratamiento de los mandatos se realiza a puertas cerradas, sin la presencia de delegados/as y sin instancias abiertas de participación para docentes afiliados/as y no afiliados/as, cuando un proceso de estas características debería desarrollarse de cara a las bases.

Resulta especialmente preocupante que se anuncie la aceptación de una propuesta salarial que mantiene una diferencia cercana a los $700.000 respecto de lo que vienen reclamando los docentes autoconvocados en toda la provincia.

Entendemos que cualquier definición que involucre a miles de trabajadores y trabajadoras de la educación debe estar acompañada por información pública, procedimientos claros y acceso a los resultados.

Por ello exigimos la publicación de la totalidad de los mandatos, de los resultados obtenidos en cada regional, de la metodología utilizada para arribar a esta definición y el acceso público a toda la documentación correspondiente.

DOCENTES AUTOCONVOCADOS/AS TRELEW

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia se manifestaron contra la persecución hacia quienes adhieren a los paros

En una carta abierta emitida en el día de la fecha expresaron su rechazo a los aprietes que sufren directivos y docentes que adhieren a las medidas de fuerza. Además, cuestionaron con vehemencia el Decreto Nª 508/26 recientemente emitido sobre el uso de licencia en el ámbito estatal.

 

Por Iván Marín

 

A continuación. compartimos la mencionada carta. 

CARTA ABIERTA

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia

 

A la opinión pública, a los poderes del Estado Provincial, a los organismos de defensa de los derechos humanos y a toda la comunidad educativa de la Provincia del Chubut

Queremos dirigirnos a ustedes para denunciar con firmeza y claridad una situación que está afectando gravemente al sistema educativo provincial y que constituye una violación manifiesta de los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación.

Hemos tomado conocimiento de actos sistemáticos de persecución laboral que se están produciendo en toda la provincia, dirigidos especialmente contra directivos de escuelas, y que tienen como objetivo principal identificar, individualizar y sancionar puntualmente a los docentes que deciden ejercer su derecho legítimo a la huelga, como mecanismo de defensa de sus condiciones laborales y de la calidad de la educación que brindan.

Esta práctica no es más que un abuso de poder por parte del Estado, que viola de manera flagrante los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, así como las normas internacionales que protegen los derechos de los trabajadores. La persecución individual, la identificación selectiva y la búsqueda de responsabilidades personales por el ejercicio de derechos laborales básicos, no tienen cabida en un sistema democrático, y representa un retroceso inaceptable en el camino de las libertades y los derechos que hemos construido como sociedad.

Al observar estas acciones, no podemos evitar hacer una comparación dolorosa pero necesaria: estamos presenciando conductas que nos remiten a los tiempos más oscuros de la historia argentina, cuando la persecución política y laboral se utilizaba como herramienta de control y represión, cuando se atacaba a las personas por sus ideas y por su forma de defender sus derechos, cuando se buscaba dividir a la comunidad y someterla a la voluntad de quienes detentan el poder. No creemos que estemos viviendo esos momentos, pero los hechos que estamos viendo hoy tienen la misma esencia: la voluntad de castigar a quienes se atreven a reclamar, de atacar a las personas en lugar de atender sus reclamos, de imponer la fuerza por encima del diálogo y la ley.

Rechazamos de manera absoluta cualquier práctica que haga foco sobre las personas en forma individual. Entendemos que cada trabajador tiene derecho a actuar en conjunto con sus pares, a expresar sus opiniones y a tomar medidas de acción sindical sin ser perseguido, sin ser identificado ni sancionado de manera particular. La persecución laboral es un abuso que ataca la dignidad de las personas, que rompe el vínculo de confianza entre el Estado y los ciudadanos, y que pone en riesgo la estabilidad y el funcionamiento mismo de las instituciones educativas.

Para nosotros, la educación es un derecho social y un servicio público esencial, y los docentes somos sus actores fundamentales. No aceptamos que se utilicen mecanismos de control y represión para evitar que se defiendan sus derechos, ni que se intente dividir a la comunidad educativa con prácticas que solo buscan silenciar las voces que reclaman mejoras reales.

Recordamos que en un sistema democrático, el Estado tiene la obligación de garantizar el diálogo, el respeto a los derechos y el cumplimiento de la ley, no de perseguir y castigar. Cualquier medida que tenga como objetivo atacar a las personas en lugar de resolver los problemas, es una violación de los principios que rigen nuestra vida en sociedad.

Exigimos que cesen inmediatamente todos los actos de persecución laboral, que se respete el derecho a la huelga y a la organización gremial, y que se abandonen las prácticas que recuerdan a los momentos más tristes de nuestra historia. Pedimos a las autoridades que vuelvan a la vía del diálogo y la negociación, que atiendan las legítimas demandas de los trabajadores de la educación y que actúen siempre dentro del marco de la ley y de los valores democráticos.

Nos mantenemos firmes en nuestra defensa de los derechos, de la dignidad de los trabajadores y de la calidad de la educación, y seguiremos trabajando para construir un sistema educativo justo, equitativo y respetuoso de los derechos de todos, sin importar las presiones ni las prácticas abusivas que intenten imponernos.

 

CUESTIONAMIENTO DEL DECRETO N° 508/26

 

Tras analizar el Decreto N° 508/26, publicado el pasado 7 de mayo en Rawson, hemos identificado una serie de modificaciones normativas que, lejos de mejorar la situación de los trabajadores del Estado, introducen restricciones y condiciones que cuestionamos profundamente desde la perspectiva de los derechos laborales y el bienestar de los agentes públicos.

En primer lugar, el decreto modifica la regulación de las licencias por vacaciones, estableciendo que no se otorgarán por los periodos en que el agente se encuentre en situación de inactividad por uso de licencias sin goce de haberes o por licencias por enfermedad o cuidado familiar, y solo se reconocerá la parte proporcional si el periodo de inactividad no alcanza a cubrir el año calendario. Esta medida resulta injusta y desproporcionada, ya que castiga a quienes deben ausentarse de su trabajo por motivos de salud propios o por la necesidad de atender a familiares a cargo, reduciendo sus derechos y beneficios sin justificación objetiva. No se explica en la norma cuál es el interés público que se persigue con esta restricción, ni se establecen mecanismos que eviten que la medida afecte a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como personas con enfermedades crónicas o familiares con discapacidad.

Asimismo, se modifican las reglas para las licencias por enfermedad, introduciendo plazos y condiciones estrictas que, aunque pretenden ser más precisas, generan nuevas barreras para acceder a estos derechos. Si bien se reconocen situaciones específicas como enfermedades oncológicas, crónicas reagudizadas y poco frecuentes, la forma en que se establecen los plazos y requisitos limita el acceso real a la protección que debería garantizarse. Cuestionamos que se establezcan topes máximos de días y condiciones de recuperación que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad de las patologías que requieren tratamientos prolongados y cuidados permanentes, y que pueden generar que los trabajadores se vean obligados a volver a sus tareas antes de haber recuperado su capacidad laboral, poniendo en riesgo su salud y su integridad física.

Otro punto que genera preocupación es la modificación del artículo 18, que regula las licencias por atención de familiares enfermos. Se introduce el requisito de presentar una declaración jurada del grupo familiar, estableciendo que cualquier falsificación dará lugar a sanciones disciplinarias, lo cual en principio parece razonable, pero se convierte en un elemento de control y vigilancia excesivo. El decreto define el grupo familiar de manera amplia, incluyendo no solo a cónyuge, hijos y padres, sino también a otras personas que convivan con el agente y estén a su cargo, una definición que deja amplios márgenes de interpretación y que puede ser utilizada para generar desconfianza y desprotección. Además, se establecen plazos específicos y condiciones que pueden dificultar el acceso a estas licencias, en un contexto donde el cuidado de las personas es un derecho fundamental y una responsabilidad que el Estado debe apoyar, no limitar.

Cuestionamos también la lógica que sustenta estas modificaciones: se presentan como una mejora técnica y una adaptación a nuevas realidades, pero en la práctica se traducen en una reducción de derechos, una mayor burocracia y un control más estricto sobre la vida personal y familiar de los trabajadores. No se ha realizado una evaluación previa del impacto social y laboral que estas medidas tendrán, ni se ha consultado a los representantes de los trabajadores, lo cual viola el principio de participación y negociación que debería regir cualquier modificación de las condiciones laborales.

Entendemos que el Estado tiene la obligación de organizar el trabajo público y establecer reglas claras, pero estas no pueden ser utilizadas para reducir los derechos de los trabajadores, ni para generar obstáculos que dificulten el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, el cuidado de los familiares y el descanso. Las modificaciones introducidas en el Decreto N° 508/26 van en sentido contrario al principio de protección de los trabajadores, y constituyen un nuevo paso en la dirección de debilitar sus derechos y condiciones laborales, al mismo tiempo que se siguen aplicando prácticas de persecución y control que no tienen lugar en una sociedad democrática.

Estas demandas se sustentan en el principio de que la educación es un servicio público esencial y que los docentes son actores fundamentales para garantizar su calidad. El Estado Provincial tiene la obligación legal y moral de asegurar condiciones dignas de trabajo, formación, remuneración y protección social, tal como lo establecen las normas superiores que rigen la vida en la provincia y en la nación.

               

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia

Provincia del Chubut, 14 de mayo de 2026

Mochilas, mochilas y mochilas

La enorme complejidad multicausal que se esconde detrás de los violentos retos virales de la juventud en las escuelas es respondida por el Estado con la banal y peligrosa simplificación del punitivismo en boga: la prohibición a los pibes de llevar mochilas y la militarización de los establecimientos educativos. Para esta corriente todo estudiante es potencialmente un asesino serial. Pocas veces como en los tiempos que corren la imbecilidad se ha convertido en una de las principales características del personal político a cargo del gobierno de turno. Nada bueno se puede esperar del reemplazo de los libros y del debate crítico por las botas y el fusil facho.

 

                                                     Ilustración de Gastón Spur

Por Iván Marín

Las respuestas ´fáciles`a temas complejos pavimentan siempre posiciones políticas ultrarreaccionarias, -aunque otras opciones de la derecha o, incluso, del progresismo tampoco se quedan atrás. Para ello cuentan con el beneplácito de las empresas de comunicación que, en términos generales, no se caracterizan por contribuir a la gimnasia de la materia gris en su público. Como se imaginará el lector, este combo de idioteces tiene como principal objetivo censurar el pensamiento crítico y desarrollar su contrario: el “sentido común”, que es, entre otras cosas, el modo en que las clases dominantes imponen su visión del mundo a las clases explotadas y oprimidas. Cuando no les alcanza con este “consenso” de ideas naturalizadas en un sector de la sociedad, recurren con más asiduidad al garrote. Pero para poder hacer uso de este último es preciso preparar el camino con la construcción de un consenso represivo. Es en este marco que debe entenderse la brutal -y falsa- simplificación que implica depositar la mayor de las responsabilidades en las escuelas respecto de los retos virales lamentablemente de moda entre una parte ínfima de la juventud en los últimos días.

Como no podía ser de otro modo, es el personal político a cargo del Estado -que en la actualidad tiene la peculiaridad de contar con un número más significativo que en otras oportunidades de cuadros fascistoides en puestos de responsabilidad a lo largo y ancho del país- el que elabora las medidas ridículas que se observan para “combatir” los susodichos retos. La respuesta es sacada del recetario reaccionario con el que se han comportado distintos Estados en situaciones similares, en especial ese que irrumpe todas las noches en los sueños del presidente Javier Milei y que lo hace despertar humedecido y eufórico del placer: Estados Unidos.

Es lo que ocurre cuando se comienza con la difusión de protocolos que tienen en su núcleo central advertir con énfasis en que estas amenazas de atentados escolares representan un delito, decidir la prohibición del uso de mochilas y su reemplazo por bizarras bolsas transparentes o, en su defecto, revisar cada una de las mochilas en el ingreso a las escuelas, y publicitar que efectivos policiales se harán presentes en los establecimientos. Estas medidas estúpidas no solo entran en el juego de los retadores virales, sino que, y, sobre todo, sancionan a miles de pibes que poco o nada tienen que ver con lo que se pretende “combatir”. La estrategia es clara: primero la sanción generalizada y, con ello, la contribución a un clima de incertidumbre que para el común de los mortales se le presenta como una amenaza inmediata a ser resuelta de manera decidida y sin contemplaciones: con represión, en sus distintas variantes. Esta “prevención” primero que nada es sanción y esa sanción una visión del mundo, es decir, una forma de afrontar la vida cotidiana en una sociedad desgarrada por la precarización y sobrexplotación laboral y el hambre que se esparce como un virus sin vacuna por las familias trabajadoras. En definitiva, la sanción como sumisión pasiva a estas condiciones de existencia.

La sanción a la que hacemos referencia no solo es pereza intelectual, también es disimulo. Es la coartada casi perfecta para ocultar la inconmensurable pauperización de las condiciones de vida del pueblo y/o la contrarreforma educativa de hecho en curso que barre con derechos adquiridos y que se niega a afrontar nuevas necesidades de la sociedad, como la creciente ansiedad, depresión y estrés en las juventudes y en los trabajadores del sector. En el Chubut del gobernador Ignacio Torres la docencia tiene el peor salario del país, alrededor de 650 mil pesos por cargo. De lo que resulta que trabajando mañana, tarde y noche un docente apenas ronde el millón y medio de pesos. Este salario de hambre y endeudamiento viene acompañado cada vez con mayores responsabilidades, es decir con una mayor sobreexplotación. También viene acompañado de intentos de recortes a derechos elementales, como la prohibición de asambleas en los lugares de trabajo en horarios de clase. Para ello cuentan con la complicidad de equipos directivos -y esto incluye a los supervisores- desclasados que amenazan con sanciones ante cualquier medida de lucha.

La baja en la tasa de natalidad en vez de representar una oportunidad para una relación más cercana entre el docente y sus estudiantes debido a la disminución de la matrícula, implica cierre de cursos y con ello no solo más docentes en las calles sino también más estudiantes en las aulas porque se fusionan los cursos. La racionalización conservadora de la organización escolar no incluye personal profesional en salud mental y, en general, también supone un faltante significativo de auxiliares de la educación.

La escuela no escapa a la reestructuración reaccionaria de las condiciones de vida implementada por los libertarios y sus secuaces -el resto del régimen político-, coloquialmente denominada “ajuste”. Por ende, tampoco es ajena a la violencia entre el pueblo ni mucho menos al resentimiento -en muchos casos entendible- de sectores que observan cómo sus vidas carecen de una perspectiva digna. Este preocupante escenario se ve acicateado por las mayores facilidades legales para acceder a armas de fuego dictadas por un presidente que no sólo reúne todos los atributos de un imbécil y fascista sino también de una persona execrable en el sentido más literal del término: ¿de qué otra manera se puede calificar a un personaje de más de 50 años que se mofa de las personas con síndrome de Down, por citar tan solo una de sus patéticas diatribas en redes sociales?

En tiempos donde pareciera ser una virtud aristotélica ser egoísta; tramposo; maltratador orgulloso; festejador de despidos de trabajadores; delator rabioso de luchadores; aplaudidor de genocidios en curso, como el que padece el pueblo palestino en manos del Estado sionista de Israel; lamebotas de invasores de soberanías ajenas que suponen miles de muertos, como es el caso de Estados Unidos en su avanzada bélica por doquier; justificador convencido de la última dictadura militar o defensor insulso de una supuesta “apoliticidad”, ¿en serio puede llamar la atención que un sector de la juventud exprese su descontento con este estado de cosas mediante la violencia hacia el prójimo? La sanción como prevención a estos actos es también una forma de quitarse responsabilidad y arrojársela al que está en una posición de mayor debilidad en el asunto: el trabajador de la educación, por ejemplo. Es también lo que explica los intentos de linchamientos en la Escuela 21 de Trelew en la última semana, tras la difusión de posibles casos de abusos sexuales a menores que cursan sus estudios en esa primaria.

En el muy recomendable documental Bowling for Columbine, su director Michael Moore entrevista a Marilyn Manson sobre la masacre ocurrida en dicho instituto, en el que murieron asesinadas tres personas, y luego sus dos asesinos se suicidaron. Tras conocerse que los asesinos escuchaban al músico, los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana lo responsabilizaron de la matanza. En un pasaje de la conversación Moore le pregunta: “Si pudieras hablar con los chicos de Columbine, ¿qué les dirías?”. A lo que Manson responde: “No diría nada. Los escucharía. Eso es justamente lo que nadie hizo”.

No se trata tanto de si un Estado deba decir o no algo frente a los retos virales, sino a la lógica -y a la filosofía- que entraña el razonamiento de Manson: darle el lugar de sujetos políticos a los principales protagonistas de estas prácticas, la juventud. Por el contrario, el Estado respondió subestimando hasta el caracú la inteligencia y la creatividad de los pibes para intentar entender lo que ocurre y buscarle soluciones. En la inmensa mayoría de los casos el viernes último se bajaron protocolos a los establecimientos escolares ya definidos unilateralmente. En algunas escuelas se intentó disimular este naturalizado autoritarismo pidiéndole opinión a algún que otro estudiante y a algún que otro docente, pero ya con las decisiones consumadas.

En la campaña electoral de 1992 el entonces candidato presidencial demócrata Bill Clinton popularizó la frase “Es la economía, estúpido”, con la que intentaba poner en el centro de su agitación la recesión en curso que se vivía. Desde entonces su formulación ha cobrado distintos ribetes en los debates políticos, siempre manteniendo la adjetivación con la que finaliza. Inspirándonos en ella decimos sin titubear: ¡No son las mochilas, estúpido!

Preocupación en Paso de Indios ante rumores de modificación de la Ley 5001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto

Aunque el gobernador Ignacio Torres adelantó sus intenciones de avanzar exclusivamente con la minería de uranio, Piche Resources S.A., la empresa encargada de llevar adelante los trabajos de exploración en Cerro Chacón difundió en su página oficial la preeminencia de yacimientos de oro sin nombrar al mineral fundamental para la realización de la energía nuclear. Por su parte, ConoSur Drilling S.A., compañía argentina especializada en perforaciones mineras, ya se encuentra en la zona. Un trabajador de la construcción de la localidad informa y denuncia avances de estas actividades que se hacen bajo absoluto sigilo mediático y comunica que en el pueblo se corre el rumor de una inminente modificación legislativa para avanzar con los emprendimientos.

 

Por Iván Marín

 

“Lobistas mineros prometieron trabajo en Paso de Indios y no cumplieron”, podría haber sido otro de los titulares del presente artículo. Ocurre que decenas de trabajadores de la construcción desocupados del pueblo recibieron promesas incumplidas para comenzar a trabajar en el yacimiento Cerro Chacón. Según el testimonio que uno de ellos dio de manera anónima a Prosa Urgente, dos son los personajes principales encargados de intentar avanzar con la actividad en la zona a como dé lugar, y esto no quita obviamente la metodología del embuste: uno de ellos es Rubén Reinoso, de los principales lobistas mineros en la meseta provincial. Reinoso supo estar muy vinculado en su momento con Gerardo Bulacios, ex presidente del Instituto Provincial del Agua. Ambos desde ese organismo estratégico, en vez de velar por la defensa de este preciado recurso, utilizaron sus influencias para mediar entre los CEOs de las mineras, en especial de Pan American Silver, y las autoridades y poblaciones de los pueblos de la meseta. Bulacios, además, proveía un servicio de cáterin a la multinacional, según informó un vecino de la meseta a este medio hace varios años atrás. Esta dupla se encargaba de alquilar colectivos y organizar delegaciones de vecinos desde la meseta al Valle con el objetivo de presionar para que se apruebe la actividad.

 

Francisco José Parra es el otro personaje. Geólogo de dilatado currículum vinculado a la minera de uranio: perteneció a la Comisión Nacional de Energía Atómica y actualmente es Gerente de Proyecto de la empresa Piche Resources, la dueña hasta el momento del yacimiento Cerro Chacón.

 

                                                                Ingreso al yacimiento

El yacimiento Cerro Chacón se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros al sur de Paso de Indios, en cercanía de una propiedad conocida como La Jabiela o Toro Osco (también mencionada como simplemente “Torozco”). “Hicieron caminos por todos lados, pero tienen su eje en la Ruta Provincial 24, en la zona del Torozco. Tienen como 5 campos alquilados, incluyendo uno que se llama Cañadón Grande, propiedad de Martín Aguirre. Estaría metido Genaro Pérez y el diputado Bowman (Leonardo, ex intendente de Telsen)”, informa nuestro entrevistado. Agrega que en los primeros días de enero se sumarían dos empresas subcontratadas a las actividades y que tienen pensado avanzar en alrededor de 80 pozos: “Están laburando día y noche”, subraya.

 

La entrevista que estamos compartiendo por pasajes se realizó el 22 de diciembre último. Allí también alerta este trabajador que tanto Reinoso como Parra le adelantaron a él y a varios pobladores de la zona que la Legislatura del Chubut haría una modificación legislativa inminente en los primeros días del corriente año. Debe recordarse que la ley 5001 prohíbe la actividad minera a cielo abierto con uso de cianuro, pero que el gobernador Ignacio Torres adelantó que se usará otro método para la extracción del uranio y que no habría intención en avanzar con otros minerales, en especial el oro y la plata. Este doble embuste del mandatario provincial fue desmentido por la propia Piche Resources, quien en su “Informe de Impacto Ambiental para la Etapa de Exploración” del mencionado yacimiento pone énfasis en las reservas de oro (página 41), sin hacer mención del uranio.  

 En abril entrevistamos a Pablo Lada, ambientalista, referente del Movimiento Antinuclear del Chubut y activo participante de la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut. Allí denuncia que la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informa que la minería de uranio aumenta ostensiblemente el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer en las poblaciones cercanas. Agrega que el posible método a utilizar, lixiviación in situ, es tan o más contaminante que la minería a cielo abierto y que en realidad es la puerta de entrada para este último tipo de explotación ya que es la propia CNEA la que resalta que la única forma rentable para desarrollar esta actividad es hacerla a cielo abierto.

 

A todo ello hay que agregar que en los últimos días trascendió que el gobierno pretende modificar la ley 5001. La información se publicó en un artículo por la periodista Giselle Leclercq en ADN Sur, que después desapareció del sitio web del medio, pero que con posterioridad fue rescatado por la página “No a la mina”.

 

Hay que recalcar, de todas formas, que la etapa de exploración no está exenta de peligros. En la página 50 del Informe de Impacto Ambiental mencionado se reconoce como irreversible el impacto generado por un derrame o filtración de la minería mediante el método de lixiviación del suelo en esta etapa. 

Mientras todo esto ocurre, en Mendoza el pueblo se encuentra en las calles porque el gobernador Alfredo Cornejo decidió avanzar con la megaminería, y en pararlelo el gobierno de Chubut y el Poder Judicial condenaron a 5 vecinos por participar del Chubutazo contra la zonificación minera de 2021. Dos de ellos, Naum Vargas y Damián Díaz, se encuentran en prisión de manera ilegal.