Prontuario político de Gustavo Castro, el juez que criminalizó a la conducción de la ATECh

De abogado predilecto de la corporación policial chubutense, defensor de los efectivos que asesinaron a Julián Antillanca y violaron a Maxi Almonacid, a juez penal del corrupto poder económico y político provincial. Te contamos quién es el magistrado que judicializa a 4 sindicalistas por la rebelión popular en Legislatura y Casa de Gobierno.

 

Por Iván Marín

 

En las últimas horas del 17 de septiembre del año pasado y las primeras del día siguiente, se vivió en Rawson una rebelión popular luego de la noticia del fallecimiento de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar cuando volvían a Comodoro Rivadavia tras participar del primer Congreso de Delegados Docentes impulsado por la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut), en el marco del proceso de lucha del conjunto de los estatales por el cobro de sus salarios en forma escalonada. Esa noche se vivieron movilizaciones espontáneas en las ciudades más importantes de la provincia, que continuaron los días siguientes con marchas multitudinarias. En todos los casos se responsabilizaba indirectamente al gobierno a cargo de Mariano Arcioni por el fallecimiento de las compañeras, que perdieron sus vidas organizándose y luchando contras las políticas de ajuste.

 

Es en ese marco que deben entenderse los incendios en los ingresos a Legislatura y a Casa de Gobierno. La espontaneidad y la bronca desatada por la pérdida de las trabajadoras, descarta cualquier pretendida predeterminación. Fue el pueblo el que se rebeló contra aquellas instituciones que considera son las garantes de las políticas criminales que las clases dominantes pretenden hacerles pagar.

 

Por eso la decisión del juez Gustavo Castro de elevar a juicio oral y público a cuatro sindicalistas por un supuesto atentado perpetrado contra esos edificios públicos es lisa y llanamente una infamia que busca profundizar la criminalización de la protesta social en una provincia convulsionada hace 3 años por las movilizaciones contra las políticas de ajuste, proceso bautizado por sus propios protagonistas en las calles como un nuevo “Chubutazo”.

 

Los dirigentes imputados son Santiago Goodman (secretario general), Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

 

Un juez al servicio de un régimen en descomposición

 

La designación de Gustavo Castro como juez penal se realizó en noviembre del año pasado y se trató sin dudas de un juego de componendas entre aquellos sectores que precisan de mayor impunidad para sostener prácticas corruptas inherentes a un sistema decrépito al servicio de las multinacionales expoliadoras. Todo el sistema está infectado por el mismo virus: tanto el Poder Judicial, Legislativo como Ejecutivo, es decir el conjunto del personal político de las patronales.

 

Castro ya prestaba estos servicios como abogado: fue defensor de los policías que asesinaron al joven Julián Antillanca en Trelew y de los que violaron en la comisaría Segunda de la misma localidad a Maximiliano Almonacid. Castro solía hacer estos trabajos en conjunto con Fabián Gabalachis, posiblemente el abogado más reconocido del régimen, quien además de ser codefensor en los casos citados, también lo fue de los policías condenados por la brutal golpiza a la familia Torres del barrio INTA y por representar a los funcionarios dasnevistas de las causas de corrupción Revelación y Embrujo, a uno de los genocidas de la Masacre de Trelew (Rubén Paccganini), y de la mal llamada “Manada de Puerto Madryn”, los hijos del poder que violaron a una joven en Playa Unión en 2012 (el caso que trascendiera nacionalmente por la expresión de “desahogo sexual”), entre otros. Por su parte, Martín Castro, uno de los abogados que representa al ministerio Público Fiscal en la acusación, es del riñón de Gabalachis. 

Hay que tener bien presente el nombre de Gustavo Castro para los tiempos que se avecinan porque este es un claro ejemplo de que fue puesto por el personal político del régimen para garantizar impunidad. 

 

Según se informó, por intermedio de la Oficina Judicial, se conformará un tribunal unipersonal y a la mayor brevedad posible se fijará la audiencia de debate. No se puede dejar que se condene a estos sindicalistas. Una gran movilización debe acompañar el desarrollo de la audiencia exigiendo la absolución de los condenados.

 

Más de conjunto, esta situación vuelve a ratificar la imperiosa necesidad de la convocatoria a plenarios de delegados en todas las localidades en todos los sindicatos para organizarse contra las políticas de ajuste del gobernador Mariano Arcioni y la Legislatura del Chubut, que incluye en el corto plazo una "reestructuración del Estado" y la tentativa de avanzar con la megaminería, en ambos casos para pagar la deuda con los acreedores internacionales. 

A 10 años del asesinato de Julián Antillanca por la Policía del Chubut

Sandra, su madre; César, su padre y Ayelén, su hermana, rememoran una década de lucha y reflexionan sobre el rol de las fuerzas represivas del Estado. Un crimen que no es un caso aislado. 

 

                                                             Ilustración: Gastón Spur

Por Iván Marín

 

“Esta fecha es muy importante para mí porque me marcó para siempre. Este 5 de septiembre me lleva al 5 de septiembre de 2010. Todos los años igual. Me pone triste, por supuesto, porque lo sigo extrañando. Julián era muy alegre, ¿viste? Julián era amigo, protector, buen hermano. Y siempre tenía la casa llena de chicos, de sus amigos. Todo el día acá era gente. Extraño todo eso de Julián, y lo extraño a él”.

 

“Acá de mixtura lo que tiene que ver con lo familiar, con los afectos directos y también que hubo un proceso social muy intenso en Trelew, el Valle y la provincia, por la muerte de Julián. Que no es porque haya sido él sino por cómo se fueron dando todas las denuncias de visibilización de cómo el sistema se ocupa de las vejaciones y de los delitos aberrantes contra nuestros hijos. Y digo contra nuestros hijos porque pasan a ser causas común todos los niños y niñas, jóvenes varones y mujeres, que son víctimas de las violencias de estos gobiernos. Y me atrevo a decir gobiernos porque los responsables de las fuerzas represivas son los Poderes Ejecutivos y tienen absoluto conocimiento, y también plena responsabilidad de los delitos que cometen”.

 

Sandra Tolosa y César Antillanca, madre y padre de Julián Antillanca respectivamente, recuerdan ante el micrófono de Prosa Urgente, una fecha que quedó incrustada en sus pieles para siempre. En la madrugada del 5 de septiembre de 2010 un grupo de efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Trelew se ensañó con la juventud que salió a bailar a los boliches de la zona sur de la ciudad, golpeando ferozmente durante distintos tramos de la jornada a varias personas. Una de ellas fue Julián, a quien luego descartaron arrojando su cadáver desde un patrullero a pocas cuadras del lugar. Diario El Chubut titularía en su tapa que su muerte se produjo por “coma alcohólico”, reproduciendo la versión policial.

 

“Recordando, tratando de hacer memoria. Pero al mismo tiempo entendiendo que estos hechos siguen sucediendo. Tenemos el caso de Facundo. Hace algunos días se supo lo que veníamos diciendo desde el principio de su desaparición. La policía bonaerense como la chubutense, y todas las fuerzas estatales, siguen perpetuando las mismas aberraciones hacia los derechos humanos, hacia la vida de nuestros hermanos, apañados por el poder político, sea del color que sea, y mucho más en este contexto”, reflexiona Ayelén, hermana de Julián, consultada por este medio sobre el significado de la fecha.

 

El 29 de diciembre de 2016 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut ratificó la condena a cadena perpetua a los policías Martín Solís y Jorge Abraham por el asesinato de Julián. Sin embargo, la familia del joven tuvo que recorrer un tortuoso periplo para que el crimen no quede impune. A principios de 2012 comenzó el primer juicio por el caso, en el que estuvieron en el banquillo de los acusados Jorge Abraham, Martín Solís, Laura Córdoba, Pablo Morales y Carlos Sandoval. Todos ellos policías, el último era comisario de la Comisaría Cuarta al momento de producirse los hechos. Los jueces Alejandro De Franco, Ivana González y Ana Laura Servent absuelven a todos los acusados. La familia apela el fallo y el STJ resuelve revocar la absolución y ordena que se vuelva a realizar el juicio, que se efectúa en 2015 y en el cual se condena a todos los acusados a prisión perpetua, con excepción de Pablo Morales, a quien se absuelve. Para el caso del excomisario Sandoval se lo condena por encubrimiento agravado. El 25 de noviembre en la audiencia de revisión de condena, el tribunal absuelve a Sandoval y a Laura Córdoba.

 

“Cada vez que pasa algo así me acuerdo de Julián”

 

En julio de 2018 escribimos un artículo titulado “La sombra azul de la impunidad” en el que informamos los casos de asesinatos y desapariciones forzadas de la Policía del Chubut desde 1983 hasta diciembre de 2017, a partir del informe anual de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado que realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Allí consignamos que en nuestra provincia al menos “se contabilizan 80 muertes en manos de las distintas fuerzas represivas del Estado. Sin embargo, si se desglosa por institución se encuentra no solo que la inmensa mayoría tienen como protagonista a la Policía del Chubut (73%), sino que los al menos 59 casos que la involucran se dan entre los años 1.994 y 2.017”.

 

No cabe duda que el homicidio de Julián no es un caso aislado, sino que expresa una práctica sistemática de las fuerzas represivas estatales. Consultada si casos como el de Facundo Astudillo Castro le traen a la memoria el crimen de su hijo, la respuesta de Sandra no por previsible deja de ser significativa: “Sí, siempre. Cada vez que pasa algo así me acuerdo de Julián”, manifiesta.

 

Lo propio sucede con César, quien esgrime además una lectura del entramado de impunidad en el que se sostienen estos crímenes: “Lamentablemente la mediocridad y la decadencia que hay en los gobiernos creo que se acrecienta. No solo que no cesó sino que se incrementó y se profundiza porque acá sí es donde se puede analizar con claridad la diferencia que hay entre la violencia institucional y la violencia del Estado”, comienza. Y agrega: “Usted hablaba recién de Facundo, y es un caso también paradigmático, pero es un caso común, es un caso como todos, porque en todas las provincias suceden hechos de este tipo, solo que hay algunos que logran tener el impulso y la mediatización de la denuncia para que se conozca. Lamentablemente debemos llorar a nuestros niños, en el marco en que históricamente me atrevo a decir que se comportan estos gobiernos”.

El 10 de octubre de 2010, mientras distintas organizaciones sociales se manifestaban en repudio al asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, por la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria comandada por José Pedraza, César Antillanca se hizo presente, tomó la palabra para repudiar el crimen y trazar una conexión con el asesinato de su hijo. Aquel día se comenzó a tejer una unión entre la familia y amigos de Julián con las organizaciones sociales que llega hasta el día de la fecha, que no se reduce a dicha causa y a las de violencia policial, sino que se amplía al conjunto de las luchas del pueblo en la zona.

 

Esas movilizaciones, síntesis de la necesaria unidad en la lucha contra los crímenes del sistema social hacia el pueblo, fueron el principal factor para que el asesinato de Julián no quedara impune, más allá de que la inmensa mayoría de sus responsables aun no hayan sido juzgados ni condenados. Tal es así, que desde la fuerza policial no pierden oportunidad para pasar factura a quienes participaron de la lucha o prestaron testimonios clave en el caso. Es lo que sucede con la condena a Jorgelina Domínguez Reyes, la testigo que vio cómo descartaban el cuerpo de Julián desde el móvil policial 234 sobre el asfalto de la calle Patagonia. Es vox populi en las barriadas populares trelewenses que Domínguez Reyes no disparó contra Candela González, y que la causa fue armada en los despachos de las comisarías y fiscalía de la zona.

 

Por todo ello, la familia de Julián no desea terminar la entrevista sin agradecer al pueblo trelewense y de la provincia en general, como así también a las organizaciones sociales, por el acompañamiento en la causa. Ayer en Trelew, como todos los 4 de cada mes en distintos puntos de la provincia, se movilizó contra la megaminería pasando por la Unidad Regional para recordar la memoria de Antillanca. Es que, como bien afirma su hermana, “el Negro no va a volver pero es lucha en todos los sentidos”.