[VIDEO] Ambientalistas procesados en Chubut: “Por más que nos condenen, no abandonaremos la lucha”

Conversamos con Diego Oria, trabajador de la salud, y Karina Cruz, docente e integrante de la Comisión contra la impunidad y por la Justicia en Chubut, quienes forman parte de los 16 vecinos de la provincia procesados por el juez federal Gustavo Lleral por ser partícipes de un piquete en Ruta 3 en defensa del proyecto de ley de Iniciativa Popular contra la megaminería en 2021. “No hay que tener miedo, el pueblo unido va a hacer historia como en la Patagonia Rebelde o en el Trelewazo”, adelantan. Informe especial sobre la criminalización de la protesta social.

 

Por Iván Marín

 

El jueves 27 de abril tomó estado público la resolución del juez federal Gustavo Lleral, -el mismo que mantiene impune el caso de Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional en la Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017-, por el cual se procesa a 16 vecinos de Chubut acusados de entorpecimiento de servicios públicos. Se trata del corte de Ruta 3 en el acceso a Trelew transcurrido entre los días 6 y 9 de mayo de 2021 en ocasión de la aprobación en Legislatura del dictamen en rechazo de la Iniciativa Popular (IP) contra la megaminería presentada con más de 40 mil firmas la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut. El piquete fue desalojado en la madrugada del domingo 9 de mayo de forma irregular e ilegal por el entonces ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni. Sobre el particular conversamos en extenso con Karina Cruz, docente e integrante de la Comisión contra la impunidad y por la Justicia en Chubut, y Diego Oria, trabajador de la salud. La entrevista completa puede verse en nuestro canal de YouTube.

 

                                                                Entrevista Completa

¿En qué marco se dan estos procesamientos? ¿Es “solo” contra la militancia ambientalista o guarda relación con las políticas de ajuste a nivel general? Son algunas de las preguntan que nos conducen a este informe. “En una provincia que hace tiempo viene convulsionada por la crisis económica, social y política, se vienen desarrollando procesamientos y condenas a quienes nos manifestamos en contra de los ajustes y la megaminería”, comienza su relato Karina Cruz. Se refiere a la condena del año pasado a Santiago Goodman por el incendio de Legislatura en 2019, que en realidad fue una rebelión desatada por las bases docentes cuando se conoció el fallecimiento en ruta de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, tras participar de un Plenario Provincial de Delegados en el marco de un plan de lucha en defensa del salario y la educación pública. El martes 25 de abril también se conoció la condena de la jueza federal Marta Yáñez a Estela Juárez, secretaria General de la Regional Suroreste de la ATECH, por panfletear en la ruta, también en el marco de la lucha de 2019. El miércoles se trascendió que serán llevados a juicio federal 9 personas por los escraches y agresiones al presidente Alberto Fernández en marzo de 2021 en Lago Puelo, tras la falta de respuestas del Gobierno a los damnificados por los incendios en cordillera. Además, el viernes 29 de abril, se comunicó la decisión del juez Gustavo Castro de llevar a juicio a los 4 imputados por el incendio de la sección publicidad de diario El Chubut en el marco del Chubutazo de diciembre de 2021. Entre los procesados se encuentran militantes del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

 

Tres causas en una semana. A lo que deben agregarse la detención con pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala, la detención domiciliaria de 4 mujeres mapuche con sus 9 hijos de la lof Winkul Lafken Mapu en Río Negro y 24 personas imputadas por el Chubutazo sin ningún policía ni funcionario investigado pese a la feroz represión a la mayor rebelión popular en la historia de nuestra provincia. A nivel nacional tenemos las condenas a César Arakaki, militante del Partido Obrero, y a Daniel Ruiz, militante del PSTU y exdelegado petrolero de Comodoro Rivadavia, por luchar contra la fallida contrarreforma previsional en diciembre de 2017. Esta situación se reproduce en todo el país. 

 

La persecución no se circunscribe al ámbito penal. Quien escribe este informe fue despedido de diario “El Chubut” en diciembre de 2021 por luchar contra la zonificación minera. En diciembre del año pasado el juez laboral Adrián Duret dictaminó en contra de mi pedido de reincorporación. El fallo se apeló y debió haberse resuelto en febrero último pero desde el 2 de marzo se encuentra para sentencia durmiendo en algún cajón de la Sala A del juzgado civil y comercial de Trelew, cuyo tribunal es presidido por el juez Marcelo Fernando Peral. 

 

“El juez Lleral lo que no hace es tomar el contexto en que se da el corte de ruta. Es un poco lo que pasó con el caso de Estela Juárez en donde la jueza resuelve condenarla sin hacer alusión al contexto que había llevado a los trabajadores y a los representantes de los distintos gremios a hacer un corte de ruta después de haber agotado todas las instancias administrativas posibles”, comienza su relato Oria. Y, agrega: “Un poco se dio lo mismo en esta situación. Nosotros llegamos a un corte de ruta a defender lo que es una herramienta democrática como es una iniciativa popular. Esos años anteriores habíamos hechos multiplicidad de actividades, manifestaciones de todo tipo, se habían canalizado reclamos y recursos legales inclusive en la Legislatura. Y nada había prosperado. La intención de quitar la IP y después aprobar el proyecto de zonificación era clara”.

 

Por su parte, Cruz señala que “el desalojo se desarrolló de una muy mala manera porque se hizo de noche y encabezado por Massoni (Federico) con 400 policías provinciales, lo cual está mal porque en una ruta nacional tienen que intervenir Gendarmería o Policía Federal”. “Nosotros éramos 100 o 120 vecinos contra más de 400 policías a las 3 o 4 de la madrugada”, completa.

 

Oria recuerda que por aquel entonces “la IP era uno de los estorbos más grandes que tenían para poder aprobar el proyecto de zonificación”. Advierte que la bancarrota del Estado provincial fue buscada adrede para presentar a la megaminería como salida a la crisis económica. En ese marco ubica su situación junto a la de sus 15 compañeros procesados: “Es la criminalización de la protesta social. Se está generando con este tipo de precedentes primero que nada algo a aplicar en el caso de que haya un corte de ruta y también el miedo que por ahí le genera a algunos trabajadores a la hora de manifestarse subirse a una ruta”. Resalta que durante todo el proceso de juntadas de firmas para la IP, como así también en las movilizaciones que precedieron y prosiguieron al corte de ruta, estuvieron infiltrados por fuerzas de seguridad. Cruz, agrega que la noche del desalojo llegó a la ruta “a las tres de la madrugada, tenía el carnet de la Comisión contra la Impunidad, que es una ONG de derechos humanos, y a mí me identifican por ese carnet, por lo cual es doblemente grave porque me están procesando por ser miembro de un organismo de derechos humanos”.

 

La docente, además denuncia que “en el Chubutazo tenés otra causa más con 24 personas de Rawson que están encausadas por lo mismo. Claramente es un mensaje de disciplinamiento, de revancha, de decir ´mirá cómo no te pago el sueldo, mirá cómo te violo todos los derechos, y si salís a luchar te proceso, te llevo preso, te reprimo`. Es un contexto de impunidad obsceno y en el que como pueblo tenemos que entender que si nos unimos y salimos todos a la calle y luchamos lo vamos a poder dar vuelta”.

 

Informan que el fallo persecutorio de Lleral será apelado esta semana. “Al margen de lo que se pueda hacer en la Justicia, lo que nosotros estamos haciendo es organizándonos. Hay mucho interés en organismos de derechos humanos que tienen desarrollo en el país de participar, de acompañar este proceso, porque genera un precedente en la provincia, como en el caso de Estela Juárez, pero también a nivel nacional se está viendo que hay una intención de criminalizar la protesta social, de criminalizar a aquellos que se oponen a este tipo de iniciativas que propone el gobierno provincial y nacional, que intentan básicamente generarse recursos para pagar la deuda con el FMI”, recalca Oria.

 

Consultados sobre cómo continuará la lucha, Oria reflexiona: “Uno cuando toma la iniciativa de participar, que sabe que se enfrenta al poder judicial, al poder político, a las multinacionales que tienen intereses de desarrollar actividades de este tipo en nuestra provincia, uno sabe que se está enfrentando con un monstruo grande, con el monopolio del poder. Pero nosotros a partir de diciembre de 2021 cuando dimos vuelta la zonificación minera demostramos que el pueblo tiene capacidad de ejercer la democracia y frenar las intenciones que ellos tienen. El futuro está en manos del pueblo. Por más que nos terminen condenando, no abandono un segundo la lucha. Invito a comprometerse más a vecinas y vecinos porque de esta salimos todos, las salidas individuales no existen”.

 

En el mismo sentido cierra la entrevista Karina Cruz: “Agradecemos a todos los organismos que han sacado notas y declaraciones repudiando este procesamiento, agradecer todas las muestras de solidaridad. No hay que tener miedo, el pueblo unido va a hacer historia, somos la Patagonia Rebelde, la tierra del Trelewazo”.

La conducción de la ATECh pretende subordinar el Plenario de Delegados a lo decidido por un Congreso sindical de espalda a las bases

Asistimos a un nuevo macaneo de la LILA que, bajo el ropaje asambleario, intenta encubrir su participación activa en las políticas de ajuste del gobierno provincial y nacional: entre otras cosas, en el marco de una nueva escalada del dólar, ahora reclaman un salario 100 mil pesos inferior a la canasta familiar, rompiendo con el mandato que miles de docentes hicimos el año pasado.

 

Por Iván Marín

 

La conducción de la Regional Este de la ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) emitió hoy un comunicado informando la realización de un Plenario Provincial de Delegados y llamando a que las escuelas envíen sus respectivos mandatos: “El próximo 10 de mayo se realizará un Plenario Provincial de Delegades, a los efectos de realizar el Plan de Lucha que buscará lograr los objetivos planteados en el Pliego de Reclamos aprobado por el Congreso Extraordinario del día 30 de marzo de este año (se adjunta resolución)”. Como se observa, no estamos ante un cónclave que vaya a decidir nada, sino que será simplemente el furgón de cola de una reunión marginal que se dio entre 4 paredes hace casi un mes: el Congreso Extraordinario. Decimos marginal porque, en realidad, el susodicho Congreso se hizo de espalda a las bases, ya que contó con una participación ínfima de los afiliados. Por ejemplo, en la Regional Este solo 5 delegados enviaron mandatos, de un total de entre 60 y 70 delegados. La foto que acompaña a este artículo no deja mentir: allí, además de un puñado de delegados, hay congresales y miembros de la comisión directiva del sindicato. En su inmensa mayoría, sus protagonistas están ligados a la LILA.

 

Hace una semana el cargo testigo docente (mínimo $130.000, recurriendo al fondo compensatorio de Nación) con el dólar a 400 pesos equivalía a 325 U$s, hoy con el dólar a 470 equivale a 276U$S. Nos robaron alrededor de 15% de nuestro salario en un puñado de días. Mientras esto ocurre, la conducción de la ATECH en vez de exigir un salario acorde a la canasta familiar (como votamos miles de docentes el año pasado) más cláusula gatillo, en un Congreso vaciado sin participación de las bases, un grupito de congresales y delegados decidieron unilateralmente romper con lo acordado el año pasado y exigir solo $200.000 de salario, un tercio menos de lo que vale la canasta familiar, hoy en alrededor de los 300 mil pesos. ¡Es vergonzoso lo que hicieron! ¡Merece un repudio generalizado de toda la base docente, activos y pasivos!

 

Un Congreso de espalda a las bases

Hay que recordar que unos días antes del Congreso, Raquel Caprano, miembro de la conducción regional del sindicato, participó en una asamblea autoconvocada de docentes activos y pasivos de Trelew remarcando que ellos luchaban por un salario acorde a la canasta familiar porque había sido votado por las bases y no romperían el mandato.

 

De lo comunicado por la Junta Directiva de la ATECh, se desconoce si en el Congreso en cuestión hubo discrepancias en cuanto a lo acordado, es decir, si otras mociones quedaron en el camino o si se registraron votos en contra. La LILA evita por todos los medios informar el nivel de participación en las reuniones de delegados en las dos regionales que conduce: Este y Sur. No puede sorprender, entonces, que haga lo propio con el Congreso. Estamos ante una práctica antidemocrática: todos los afiliados y docentes en su conjunto deben tener derecho a informarse de los pormenores de estas reuniones. Por su parte, quienes participaron de este Congreso en discrepancia con la línea oficial debieran hacer públicos sus posicionamientos. El silencio es funcional a las maniobras de ocultamiento.  

 

De fondo lo que tenemos es un nuevo intento de la LILA por dilatar la construcción de un plan de lucha, bajo el argumento de una supuesta pasividad de las bases. Pero ninguna pasividad es natural sino que es construida y producto de la propia dinámica social. Desde que asumió la LILA en diciembre de 2021, la adhesión a los paros a nivel general siguió siendo masiva e, incluso, a comienzos del año pasado se expresó en movilizaciones relativamente concurridas. La estrategia de LILA de hacer votar una y otra vez los mismos mandatos -sumado a un desgaste producto de más de 4 años de lucha, la pandemia y el rol de la CELESTE al frente de la conducción- tuvo como consecuencia esta relativa pasividad. Decimos relativa porque, como se señaló más arriba, la adhesión a los paros sigue siendo mayoritaria aunque no se exprese luego en movilizaciones. Hay que decirlo con todas las letras: esto implica un grave problema de conducción: las bases paran pero no se sienten representadas por sus supuestos dirigentes.

 

No estamos ante una conducción sindical cómplice del ajuste de Arcioni y los Fernández y Massa a nivel nacional. La complicidad implica cierto grado de exterioridad. Más allá de la pirotecnia verbal, la LILA objetivamente es una pata necesaria de la avanzada contra los salarios y los derechos de la docencia activa y pasiva.

 

A más de 48 horas de la condena a Estela Juárez, exsecretaria General de la Regional Suroeste, por volantear en la ruta en 2019, la conducción LILA aun no anunció ningún tipo de medida de fuerza, pese a que antes de la condena se realizaron dos paros por el tema. La gravedad del asunto precisa de respuestas inmediatas. Juárez, a su vez, pertenece al mismo espacio político que la conducción. Por otra parte, hoy se conoció la decisión del juez Gustavo Lleral -el mismo del caso Maldonado- de procesar a 16 vecinos por cortar ruta en 2021 en defensa del agua.

 

Es obvio que la LILA pretende mover el avispero la semana anterior al Plenario Provincial de Delegados para encorsetar el descontento en las bases. Llama a realizar asambleas escolares unificadas pero no aclara si serán resolutivas. Por definición toda asamblea es resolutiva pero con la LILA si dicha palabrita –“resolutiva”- no aparece, nos encontramos ante una mera reunión informativa para hacer catarsis.

 

La situación precisa de una intervención masiva e independiente de las bases, único camino para lograr nuestros objetivos: la defensa del salario y la educación pública. Para ello necesitamos autoconvocarnos como primer paso para REORGANIZAR a todo el activismo y con ello construir un verdadero plan de lucha, una huelga general docente que empalme con el resto de los estatales en particular y de los trabajadores en general, ocupados y desocupados, activos y pasivos.

[VIDEO] Cynthia Huichulef: “A mí hermano lo mató la policía, en el Banco Francés"

Por primera vez, tras tener acceso a la causa, habla la hermana de Sergio Daniel Huichulef, asesinado por la Policía del Chubut el 16 de febrero en el interior de la sucursal Trelew del Banco Francés. Entre otras cosas, denuncia que sólo hay dos efectivos investigados de los siete que participaron de los hechos, que ninguno fue separado del cargo y que la foto que trascendió en los medios de comunicación en su momento con su hermano esposado la habría sacado la propia policía cuando Huichulef ya había muerto.

Por Iván Marín

 

Durante casi 20 minutos Cynthia Huichulef se explaya con minuciosidad ante la cámara de Prosa Urgente sobre la muerte de su hermano, Sergio Daniel Huichulef, el 16 de febrero último en la sucursal Trelew del Banco Francés. Según la versión oficial, es decir, de la Policía del Chubut, reproducida por la mayoría de los medios de comunicación de la zona, el fallecimiento se debió a un paro cardiorrespiratorio tras un forcejeo con efectivos policiales. Pero eso no coincide con las pruebas que se recolectaron hasta el momento, según explica Cynthia.

 

La entrevistada denuncia que todo el proceso fue irregular, desde el ingreso de la policía al banco hasta la muerte de su hermano y la posterior investigación. Señala que hasta el momento solo hay dos cabos investigados: Ezequiel Ruiz y Jorge Agustín Rodríguez Castillo. “Son los dos policías que intervienen en el momento, pero en las filmaciones del banco yo veo cómo ingresan 7 policías más. No están sus nombres”, expresó. Ruiz y Castillo no habrían sido apartado de sus funciones, hasta el momento

 

Consultada por el comportamiento de su hermano al interior del banco, responde que “en ningún momento tuvo una actitud violenta”. Y agrega sin dudar: “A mí hermano lo mató la policía. Cualquier persona que tenga acceso a esos videos se va a dar cuenta porque mi hermano es estrangulado. En dos oportunidades en el video se ve que está siendo estrangulado por estas dos personas”. Señala que su hermano permaneció calmo mientras habló con los dos efectivos pero cuando quisieron detenerlo se resistió, allí se produce un forcejeo de aproximadamente tres minutos, lo reducen y lo lleva a una especie de oficina chica detrás de una escalera.

 

“Detrás de la escalera no sé si realmente a mí hermano le hacen el RCP (Reanimación cardiopulmonar) como ellos dicen”, prosigue y refuerza la gravedad de la denuncia a partir de la declaración de la propia policía: “Un dato importante es que le hacen el RCP con las manos esposadas mientras estaba sufriendo el paro cardiorrespiratorio”. En la autopsia también aparece lesionada una de las costillas. “A mi hermano lo torturaron mucho antes de morir”, acusa.

 

IRREGULARIDADES POR DOQUIER CON LAS FILMACIONES

 

Cynthia señala que el 17 de febrero la fiscalía le informó que la Policía Federal llevará adelante la investigación, pero por lo que leyó en el expediente recién el 2 de marzo se le da intervención. Durante todo ese tiempo y hasta la actualidad la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut se estuvo desempeñando en el caso, desde los dos lados del mostrador.

 

El 28 de febrero, Juan Salgado, abogado de la familia Huichulef, pidió los videos a fiscalía y le respondieron que estaban en manos de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia del Chubut, como se dijo, el mismo ente que se está investigando. Recién el 7 de marzo tuvieron acceso a las filmaciones, que se encontraban editadas. En cambio, la policía las tuvo en su poder desde el 27 de febrero. Además de editadas, las filmaciones se encuentran pixeladas en momentos clave. El 13 de marzo solicitaron el crudo de las filmaciones sin editar y la fiscalía demoró hasta el 3 de abril para correr traslado al pedido. Todo turbio.

 

Es obvio que la policía tuvo tiempo de sobra para construir un relato a partir de contar en sus manos con esas filmaciones. Es lo que desprende Cynthia tras tener acceso a las declaraciones de la comisario Laura Mirantes, a quien acusa de contar un relato distinto del que le dio a ella el día del fallecimiento de su hermano. “En ese relato explica que a nosotros nos dice que tuvo un infarto, de que yo en un momento le digo que mi hermano estaba ´pasado`, terminología que no uso. Yo la invito a que haga un careo conmigo para ver quién es la persona que miente”. Mirantes llega al ridículo de decir que el forcejeo entre Huichulef y los policías dura 45 minutos, es decir casi lo que una pelea a dos rounds. Conviene recordar que Mirantes cobró notoriedad durante la cuarentena porque fue echada de la policía en Rawson por Federico Massoni. En esta rencilla entre represores, un sector del feminismo y de organismos de derechos humanos de la zona tomó partida por Mirantes por el mero hecho de ser mujer.

 

A los pocos minutos de los hechos en el banco francés, trascendió una foto en los medios de comunicación de la zona de Huichulef en el piso, esposado, con las manos violetas debajo de un policía. Por los datos recabados, Cynthia infiere que esa foto fue sacada por un efectivo policial cuando su hermano ya se encontraba sin vida.

 

Según pudo averiguar Prosa Urgente por otra fuente, la foto la habría sacado una mujer policía. De la única efectivo femenino que hasta el momento se tiene conocimiento que participó del operativo es de Marcela Treuquil, quien es sobrina Carlos Treuquil, uno de los policías condenados por vejaciones en el caso de Maximiliano Almonacid, el joven de 16 años violado en la comisaria segunda de Trelew en 2012.

 

UNA ACLARACIÓN

 

En la entrevista Cynthia declara que el gerente del Banco Francés no firmó el informe policial pero sí lo hizo. La hermana del asesinado en pocos días tuvo que leer cientos de páginas y se le pasó ese detalle.

 

OTRA DENUNCIA Y CÓMO SIGUE LA LUCHA

 

La entrevistada denuncia que en vez de investigar a la institución policial, se está investigando a la familia del asesinado pese a que ninguno de ellos estuvieron en el banco cuando murió Huichulef. Su madre está bajo tratamiento psicológico por la pérdida de un hijo y pretenden hacerla declarar.

 

Ante la consulta de quiénes están involucrados en la muerte de su hermano, la entrevistada responde: “Entiendo de que no sólo están estos policías que intervinieron sino toda la policía porque están tratando de encubrir algo de que es muy evidente. Cualquier persona que tenga acceso al expediente se da cuenta de todo lo que están haciendo”.

 

Finaliza adelantando cómo seguirá la lucha para que el caso no quede impune diciendo que convocarán a movilizar “dado que ya pasaron dos meses y que en el expediente no hay nada concreto. Aparentemente a mi hermano lo mató un fantasma porque los dos policías ni siquiera están separados del cargo o intervenidos de alguna manera”.

¿Acción aislada o movilización de masas? Un balance de la “ocupación” del ministerio de Educación

A pesar de que en la última semana el Gobierno no pagó en tiempo y forma a los docentes y que en Trelew varias escuelas no funcionan con normalidad por falta de mantenimiento, la conducción LILA de la ATECH en vez de organizar a toda la comunidad educativa para movilizar en la localidad en el marco del paro provincial contra el procesamiento de Estela Juárez, decidió convocar con menos de un día de antelación a una acción aislada en Rawson que terminó en una improvisada “ocupación” del ministerio de Educación por una veintena de trabajadores. ¿A qué se debe el recurrente rechazo de la conducción LILA de la ATECH a reorganizar y movilizar a las bases docentes en Trelew? Te contamos todo en este artículo.

 

Por Iván Marín

El 30 de marzo último se llevó a cabo un Congreso Extraordinario de la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) de espalda a las bases, pues en muy pocas escuelas de la provincia se discutieron acciones de lucha. Por ejemplo, en la Regional Este, de aproximadamente 70 delegados tan solo 5 llevaron mandatos. El cónclave resultó un fiasco en el que, al igual que el año pasado, se resolvieron medidas aisladas: un paro el 4 de abril para exigir reapertura de paritarias y otro el viernes 14 de abril contra el procesamiento de la compañera Estela Juárez, a quien la llevan a juicio por cortar ruta en 2019. Además, en ese Congreso se resolvió romper unilateralmente con el mandato de las bases en 2022: ya no se exige un sueldo acorde a la canasta familiar (alrededor de $280.000) sino un salario de 80 mil pesos por debajo de esa cifra: $200.000. Hoy un para que un docente -cargo testigo- llegue a los 130 mil pesos, debe utilizarse el fondo compensatorio de Nación, de lo contrario su salario con suerte está en los $100.000. Como observará el lector, no estamos ante un plan de lucha de conjunto, que es lo que vienen exigiendo las bases desde el año pasado.

 

El viernes 7 el Gobierno de Mariano Arcioni depositó los salarios a los docentes de manera parcial en algunos casos, pues no pagó recursos materiales, el fondo compensatorio ni la quinta hora en primaria -que, dicho sea de paso, la conducción LILA de la ATECH nunca la rechazó-, entre otros ítems. A muchos trabajadores directamente no le depositaron el sueldo.

 

Paralelamente, se conocía que en Trelew alrededor de una decena de escuelas atraviesan serios problemas edilicios, en especial con la calefacción. La conducción de la ATECh, en vez de aprovechar este contexto para organizar el descontento, convocar a la docencia, a los estudiantes y a sus padres a acciones masivas por las calles de la ciudad, decidió solamente difundir afiches en redes sociales denunciando la situación. Por presión de un grupo de delegados, la conducción de la Regional Este del sindicato se vio obligada a impulsar una acción para este viernes 14 de abril, que convocó con menos de 24 horas de antelación, y que decidió que fuera en Rawson y no en Trelew. Es claro que estamos ante una maniobra para que la docencia en Trelew no se reorganice. Sin demasiado esfuerzo se podría haber convocado no menos de 500 personas el día del paro, si tenemos en cuenta el gran número de escuelas afectadas y, por ende, de familias involucradas. ¡Se tuvo más de una semana para lograr ese cometido!

 

Sin embargo, la conducción hizo lo mismo de siempre: convocar a acciones aisladas en Rawson a las que hace varios meses no va casi nadie. Es en ese marco que debe entenderse la concentración primero en la Dirección General de Obras Públicas y luego la “ocupación” del ministerio de Educacuón por un grupo minúsculo de docentes. La “ocupación” no solo fue improvisada, sino que además logró llevarse adelante producto de su propia debilidad: al ser un grupo de apenas 20 personas, el Gobierno no se preparó como en otras ocasiones, subestimó la situación, y los docentes lograron ingresar por una ventanilla. Como no podía ser de otra manera, una vez adentro los compañeros quedaron aislados, el Gobierno aprovechó y alentó esta debilidad, y les prohibió el acceso a los baños y que desde afuera se les abasteciera con alimento y agua. ¿Se podía esperar otra cosa? Obviamente que NO: el gobierno lleva adelante una política de ajuste contra los trabajadores en favor de las multinacionales dueñas de la provincia y, más de conjunto, de los planes dictados por el FMI (Fondo Monetario Internacional). Por si no se entendió: el gobierno es nuestro ENEMIGO y hará todo lo que esté a su alcance para derrotarnos e imponernos sus políticas. El llanto de la LILA porque no les dejaron usar los baños ni comer sandwichitos lo único que pone de manifiesto es la improvisación de la acción y, con ella, de que nunca se la tomó en serio.

 

Pese a que durante varias horas proliferaron mensajes en todas las redes, en especial en los grupos de WhatsApp de docentes de la zona, la aventura en el Ministerio terminó de la única manera posible: con el abandono por goteo de la ocupación y el retiro definitivo del grupito que se quedó hasta aproximadamente las 21 horas. La foto que acompaña este artículo se tomó cerca de las 22 horas y en ella se observa un grupo de 30 personas, de las cuales solo la mitad se acercó a la iniciativa. Como resultado, el Gobierno entregó una nota en la que no se compromete en nada. Es decir, más allá de las buenas intenciones de los delegados (no así de la conducción, que fue a Rawson no solo por presión de estos delegados sino -y, sobre todo- para no movilizar a cientos de compañeros en Trelew), la acción terminó en un rotundo fracaso: no se le arrancó NADA al Gobierno ni tampoco sirvió para que las bases docentes se acercasen.

 

Quienes pretendían que la pseudo “ocupación” despertase un nivel de solidaridad o masividad similar a la del 2018, olvidan que en aquella oportunidad la ocupación fue precedida de innumerables acciones de luchas en todos los puntos de la provincia, con miles de trabajadores en las calles. Por el contrario, esta aventura prescindió de un contexto propicio para que fuera exitosa.

 

Como era de esperarse, la LILA está aprovechando esta acción aislada para mostrarse como lo que no son: los únicos “luchadores” y, sobre todo, responsabilizar a las bases de la situación en que se encuentra la docencia. Desde el año pasado vienen llamando a sumarse a acciones falopa en donde lo único que hacen es presentar notitas sin ningún resultado positivo. Esto llevó a un desgaste en las bases, que además se vio obligada a votar mandatos TODAS las semanas sobre decisiones que ya habían sido votadas.

Un "detalle" para entender la situación: en toda reunión donde haya mínimo 10 docentes y se encuentre la LILA, son repudiados por su tibieza. Esa es una de las principales razones por las que esquivan convocar en Trelew. 

 

CÓMO SEGUIR

 

Lo primero que debe tenerse presente es que, más allá de la pirotecnia verbal, la conducción LILA de la ATECH objetivamente viene desempeñándose a favor de las políticas de ajuste del gobierno de Arcioni. Durante todo el año pasado hicieron lo imposible para evitar un plan de lucha, en especial haciéndonos mandatar todas las semanas acciones que -como ya se dijo- nos llevaron al desgaste y, además, oponiéndose a que las asambleas interescuelas en la Regional Este fueran resolutivas. Es decir, no hay que depositar ninguna expectativa en una conducción que viene jugando a favor del Gobierno.

 

Segundo, la tarea principal del activismo docente pasa principalmente por la reorganización de las bases. Las iniciativas que surjan deben tener como propósito fundamental lograr que cada vez más compañeros se sumen a los reclamos y podamos construir un verdadero plan de lucha, cuyo requisito fundamental para triunfar deber la masividad y a partir de ahí acciones duras que toquen los intereses de los dueños de esta provincia.

 

En Trelew hace más de un mes se viene desarrollando un embrionario proceso de autoconvocatorias impulsado por docentes jubilados al que se le fueron sumando activos. Se han realizado varias asambleas y dos movilizaciones por la tarde con el objetivo de sumar cada vez más compañeros y con ello dar un salto en la lucha. El próximo jueves 20 de abril a las 18:15 horas se llevará adelante una nueva asamblea en la Escuela 199 para debatir cómo seguir. Sumarse a esa asamblea es fortalecer el único polo de lucha de la docencia en el Valle.

Impulsan una Red Nacional de Docentes Autoconvocados

La embrionaria iniciativa tiene como protagonistas a trabajadores de la educación de La Rioja, Córdoba, San Juan y Mendoza. Entre otras cosas, le exigen a CTERA un paro nacional. Tendrán una nueva reunión virtual en los próximos días y llaman a docentes de todo el país a sumarse.

 

Por Iván Marín

 

Hace poco más de una semana publicamos en este sitio un extenso informe sobre la proliferación de autoconvocatorias docentes en varias provincias del país en el que el sector se encuentra en lucha contra el acuerdo firmado por la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) con el Gobierno de los Fernández y Massa. Graciela Caballero, referente de autoconvocados de La Rioja, a quien también entrevistamos en aquella oportunidad, nos comunica que están impulsando una Red Nacional de Docentes Autoconvocados junto a compañeros de Córdoba, San Juan y Mendoza.

 

Hasta el momento han tenido dos reuniones virtuales en las que decidieron hacer el video que compartimos a continuación, en el cual se le exige a la CTERA un paro nacional. El video además, tiene “la intención de mostrar la unión de los autoconvocados en todo el país”, expresó Caballero.

 

La entrevistada señaló que lo primero que exigen es “un sueldo acorde a la canasta familiar con cláusula de indexación según la inflación”. A lo que se agrega “la denuncia y repudio a las persecuciones que se están llevando a cabo en cada provincia de forma sistemática, lo que consideramos un ataque a la docencia.

 

Caballero destacó que “nosotros sabemos que hoy por hoy la burocracia sindical si bien tiene el poder de sentarse, no son lo más representativo. Entonces nos parece importante esto de legitimar esta red y que pueda llegar a todo el país”. Al respecto, afirmó que “sueñan con un encuentro nacional de autoconvocados en alguna ciudad y medidas fuertes que muestren al país que estamos en pie de lucha”. El mail para contactarse por cualquier inquietud o información de cómo sumarse a la próxima reunión virtual es el siguiente:  autoconvocadoslr@gmail.com.