Las medidas del Gobierno nacional para combatir el COVID 19
se desarrollan en un mar de contradicciones entre un aislamiento acotado y el avance del estado policial. La necesidad de una salida propia de los
trabajadores.
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| Ilustración Gastón Spur |
Por Ana Belinco e Iván Marín
La crisis capitalista mundial se agudiza al calor de una
pandemia de magnitud histórica. En este marco la Argentina presenta una
economía quebrada a la que se suma un gobierno PJ/K que recién asumido mostró
los límites insalvables de sus fallidos intentos de reperfilamiento de la deuda
y de su pseudo discurso progresista. Ataque a las jubilaciones, paritarias a la
baja, despidos, una pobreza según el INDEC a 2019 de 35,4% y precarización laboral
que ronda el 40% de la población activa, presupuestos de salud y educación
reventados que lejos están de poder hacerle frente a la crisis sanitaria que se
está viviendo bajo la extensión del dengue y el coronavirus.
La crisis económica, política y social va en espiral
ascendente, y no hay discurso que aguante cuando las condiciones de existencia
mínimas que implican comer y no morir porque la provisión de insumos y de tests
para detectar el coronavirus en los hospitales no está garantizada.
¿Cuarentena en defensa de las patronales o del pueblo
trabajador?
En los últimos días al calor del avance de la pandemia de
coronavirus en nuestro país se replicó la idea de que "la cuarentena es un
privilegio de clase" porque millones de trabajadores precarios no pueden
frenar sus actividades por amenaza de descuentos y despidos o porque dependen
de su actividad directamente. Lejos de ser un privilegio de clase efectivizar
una cuarentena que tienda a evitar la expansión del virus, se vuelve una
necesidad de primer orden para el pueblo trabajador.
La burguesía a nivel mundial, y en la Argentina con la
connivencia de las burocracias sindicales, se encarga de dividir a la clase
trabajadora entre contratados y precarizados. Entre trabajadores con derecho a
licencias, vacaciones pagas o aguinaldo y otros que ven regimentado su trabajo
por contratos basura por fuera de todo derecho estatutario mientras arroja a
miles a las calles y a la desocupación. Millones de monotributistas, ejércitos
de pibes explotados por empresas negreras como Rappi o Glovo son parte de este
escenario. Combatiendo toda división lo que el movimiento obrero debe buscar es
unirse y que los capitalistas, que sí detentan privilegios de clase, los
pierdan
Mientras el presidente Alberto Fernández no para de repetir
"Todos a sus casas", en las redes sociales se montan hashtags con ese
tópico demostrando una incomprensión insensible frente a las necesidades de
millones de trabajadores precarizados que necesitan para vivir no sólo no
contraer el coronavirus si no, no morir de hambre.
La cuarentena, necesaria para la defensa de la vida, se hace
imposible en los barrios populares si no se despliegan mecanismos de
asignaciones iguales a la canasta familiar y bolsones de comida e higiene
mientras dure la emergencia. La mayoría de estas familias trabajadoras son
inquilinas y tienen hijos y adultos mayores a su cargo. Muchos están por fuera
de la cobertura de planes sociales y los que los reciben deben complementar ese
ingreso con trabajos precarios que hoy no pueden realizar. No garantizar la
subsistencia es empujar a millones de trabajadores al hambre y a ni siquiera
poder hacer frente a los gastos mínimos de la vida cotidiana. ¿Tenemos que
morir en la quietud sin tener acceso al pan? No. No es elección para ningún ser
humano morir de hambre para no morir por un virus. Las medidas que se
anunciarían para monotributistas y asignaciones son totalmente insuficientes.
Que se liberen, a este fin, recursos a través del no pago de la deuda usuraria,
de la nacionalización de la banca, del comercio exterior y de impuestos a las
grandes fortunas.
Las botas del Estado y la perspectiva de una rebelión
popular
“Nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y
social sin precedentes (...)". El vaticinio no salió de ningún “afiebrado”
periódico trotskista si no que la caracterización la adelanta el propio decreto
de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, nombre con el que se le dio
formalidad a la cuarentena en todo el territorio nacional anunciada por el presidente
Alberto Fernández el jueves por la noche. Ese mismo día Carlos Pagni escribía
en La Nación respecto a la intervención del Gobierno en la crisis: “Un equipo
que comenzaba a preocupar por su desorden y falta de operatividad mejoró desde
hace una semana su coordinación y velocidad para tomar decisiones”.
Las distintas reuniones del presidente con gobernadores,
legisladores y referentes de todo el arco político patronal muestran sino un
nivel superlativo de consenso en la burguesía para abordar la situación, al
menos sí la necesidad de mostrarse unida ante la posibilidad de que el
escenario adelantado en el decreto, y del cual se viene advirtiendo en la
prensa, se concrete. Si ello sucediera, la endeble “unidad” pasará a ser un
episodio menor de una más que segura rebelión popular, y con ella también mostrará
los límites en los intentos por fortalecer la imagen presidencial.
En ese marco debe entenderse el recrudecimiento no solo de
las medidas represivas efectivamente ordenadas sino también todo el arsenal
propagandístico para legitimarlas en el presente, pero sobre todo para abordar
la posibilidad de un estallido en el mediano plazo. Esta preocupación le llegó
al presidente de parte de distintos sectores, entre ellos gobernadores e
intendentes de grandes aglomeraciones urbanas. El AMBA (Área Metropolitana de
Buenos Aires), según el censo de 2010, cuenta con 14.800.000 habitantes, que
representan el 37% de los habitantes de la Argentina, es el principal foco de
preocupación por cuestiones objetivas que ya fueron señaladas al comienzo del
artículo. Pero el país con antelación a esta crisis sanitaria, ya supo de
movilizaciones masivas en distintas provincias por parte de los trabajadores,
entre ellas Tucumán, Salta, Chaco, Santa Fe y Chubut.
Que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic,
no haya descartado la posibilidad de decretar el estado de sitio, y que los
gobernadores ya se lo hayan solicitado al presidente, es una clara muestra de
que la preocupación en el personal político de la burguesía está a la orden del
día. Por el momento, pareciera que Fernández no lo considera necesario. Pero es
cuestión de tiempo. Según trascendió, los expertos esperan que el pico de la
epidemia se dé a finales de abril y principios de mayo. La precariedad del
sistema de salud, sin las unidades de terapia intensiva necesarias para
afrontar la situación, ni las camas, ni test, ni respiradores artificiales, que
en provincia de Buenos Aires llegan a tan solo 500 unidades, será
inevitablemente objeto de ira de los pacientes infectados, de sus familiares y
allegados.
El represtigio de las fuerzas armadas es una tarea de
carácter estratégico pendiente de las clases dominantes de nuestro país, más
allá de los innumerables intentos desde la vuelta al régimen constitucional en
1983. Raúl Alfonsín con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Carlos
Menem con los indultos y los Kirchner con el procesamiento y encarcelamiento de
un puñado de genocidas en detrimento de su inmensa mayoría, apuntaron en ese
sentido. La intentona de Mauricio Macri del 2 por 1 para dejar libre a los
milicos fue respondida por millones en las calles de todo el país. Hoy van en
un nuevo intento y bajo el manto de "ayuda humanitaria" pasan
represión. Como se observa, la cuestión es bien política e implica para los
intereses del conjunto de la clase obrera una cuestión estratégica.
Por todo ello, el avance del ejército en las calles, el
estado de sitio o medidas similares, deben ser repudiadas desde un primer
instante por el movimiento popular y las organizaciones de derechos humanos.
Los trabajadores deben dotarse de sus propias herramientas para deliberar y
encontrarle una salida propia a sus padecimientos. Las asambleas y
movilizaciones serán una realidad objetiva para afrontar el empalme de la
crisis sanitaria, social y económica. Oponerse desde temprano a las mismas
denota un pacifismo criminal ante los intentos de la patronales para cambiar la
correlación de fuerzas con los trabajadores. La precaria cuarentena impulsada
por gobiernos burgueses no hace más que confirmar las contradicciones insalvables
entre regímenes de salud de calidad y el sistema capitalista. La perspectiva de
la huelga general para hacer efectiva la cuarentena debe ser construida desde
abajo mediante comités obreros y la organización de los propios vecinos en los
barrios. Su coordinación implicará una pedagogía embrionaria para las masas de
lo que es un gobierno obrero, único sistema posible para empezar a dar
respuestas estructurales a las necesidades de los explotados y oprimidos.
