Denuncian intervención encubierta de la Escuela N 789 de Puerto Madryn

En la semana en curso se conocieron dos comunicados públicos de docentes y equipo directivo del establecimiento manifestando serias irregularidades en el reemplazo del personal a cargo de la escuela: “falta de cobertura de cargos por cuestiones presupuestaria”, “amiguismo”, “corrupción” y “vulneración de los derechos del colectivo docente”, son algunas de las denuncias que ya se formalizaron ante el ministerio de Educación a cargo de José Luis Punta.

 

Por Iván Marín

Con la firma de la “Comunidad Educativa Escuela Secundaria N° 789”, el jueves 8 de septiembre se conoció un comunicado cuyo título tuvo por objetivo dar a conocer la situación irregular que atraviesa la institución. La principal denuncia es que hace tres meses que el ministerio de Educación se niega a cubrir los cargos suplentes de la vicedirección aduciendo “no contar con recursos”. Sin embargo, el dinero sí habría aparecido para nombrar un “Director Organizador”  y un Vicedirector Organizador”, ante la licencia del equipo directivo sobreexplotado durante semanas por la falta de personal.

El texto mencionado informó la creación de cargos inexistentes en la legislación educativa chubutense para la situación real de dicha escuela: “El día 04/09/26 se dio a conocer la Disposición N° 25/26 explicitada en el acta por el mismo supervisor técnico, mediante la cual se designó Director Organizador ( el docente que renunció al cargo de vicedirector el día miércoles 2/09) y Vicedirector Organizador (un docente de la escuela) para la Escuela 789”.

Además, el texto manifestó irregularidades en el llamado para cubrir la vicedirección: “Luego de múltiples reclamos y situaciones de hostigamiento hacia el equipo directivo y la supervisión de la jurisdicción correspondiente, se logró la aprobación de un cargo de vicedirector turno tarde. Se realizó un primer llamado por Junta. Se presentaron dos docentes. Asumió el docente con mayor puntaje el día lunes 31/08/26”. Agregaron: “El día miércoles 02/09/26 dicho docente presentó renuncia argumentando rumores sobre el posible regreso de la titular del cargo. Cabe aclarar que la licencia de la titular corresponde al Art. 25, normativa que establece expresamente que el suplente puede cesar en cualquier momento ante el regreso de la titular. No se trata de un cargo estable, condición conocida por todo docente al momento de tomar el cargo”. Prosiguieron: “Ante esa renuncia se convocó a un segundo llamado que cerró el día lunes 07/09/26. Sobre este segundo llamado surgen interrogantes que no han sido aclarados: Si en el primer llamado existía un segundo docente en orden de mérito, ¿por qué no se lo convocó? ¿Qué ocurrió con el listado del segundo llamado del 07/09? No se publicó acta de designación. ¿Se respetó la normativa que establece que quien renuncia a un cargo pasa al final del listado? La falta de transparencia hace presumir desvío de poder y designación direccionada”.

Sumaron graves denuncias por hostigamiento de parte del ministerio de Educación del Chubut: “A partir del pedido legítimo de cobertura de cargos, se han denunciado situaciones de hostigamiento, amenazas de sumarios, amedrentamientos telefónicos, presiones para eliminar publicaciones en redes sociales y cajoneo de impugnaciones presentadas los días 04/09/26 a las 16:50 hs y 06/09/26 a las 17:00 hs”.

Por su parte, la directora y el vicedirector vespertino del establecimiento difundieron ayer un comunicado con sus firmas en el que amplían estas graves denuncias. A continuación, el documento:

 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y COLEGAS DE LA ESCUELA N° 789

 

Nos dirigimos a ustedes como parte del Equipo Directivo (concursado) para advertir sobre una serie de hechos de máxima gravedad: lo que está sucediendo en nuestra escuela no es un episodio aislado, sino un encadenamiento de maniobras que intentan sentar las bases de una práctica ilegal, corrupta y antidemocrática que vulnera los derechos de todo el colectivo docente.

Mediante la Disposición N° 25/26 DGES, el Ministerio de Educación impuso de forma arbitraria dos cargos atípicos: un "Director Organizador" y un "Vicedirector Organizador". Frente a esta imposición, resulta urgente preguntarnos: ¿Acaso estas figuras de "organizadores" o "normalizadores" son un intento encubierto de intervenir nuestra escuela? ¿En qué criterios se basan para elegir a dedo a estos directivos? ¿Será que lo que buscan verdaderamente es imponer el "control" sobre los equipos directivos seleccionando personal afín y funcional a sus intereses? ¿Pretenden disciplinar a las escuelas que reclaman y anular la autonomía institucional colocando agentes que responden a órdenes políticas y no al Estatuto Docente?

Desde el Ministerio justifican la cobertura de cargos mediante estas figuras "organizadoras" bajo la excusa de encontrarnos en una supuesta "emergencia", cuando en realidad el deterioro y la emergencia misma devienen del abandono sistemático por parte del Estado provincial. Las autoridades, lejos de acompañar las necesidades reales de la institución, han desgastado a nuestra comunidad para aprovechar esa fragilidad e imponer a estas personas sin concurso previo ni el marco de legalidad correspondiente.

Durante meses sostuvimos la institución en soledad ante la falta de cobertura de cargos, el exceso laboral inhumano, el hostigamiento constante y una postura ministerial abiertamente extorsiva. Cuando debimos pasar a la virtualidad en el Turno Tarde para resguardar la seguridad de los estudiantes, la única respuesta del Estado fue la persecución y la amenaza de sumarios.

A esta cadena de atropellos se suma la omisión deliberada del orden de mérito y la anulación arbitraria de un segundo llamado a concurso, maniobra que profundiza la gravedad del escenario:

• La figura "Organizadora" (Art. 32, Ley VIII N° 20) existe únicamente para escuelas de reciente creación, no para la 789, que tiene 18 años de trayectoria.
• Si había presupuesto, ¿por qué nos dejaron al descubierto dos cargos directivos desde el mes de junio? ¿De dónde salen de pronto los recursos para pagar cargos jerárquicos designados a dedo?
• Con las Actas N° 35/26 y 36/26 se vició el trabajo de la Junta de Clasificación Docente, anulando el concurso vigente y pisoteando el derecho laboral de los colegas en lista de mérito.
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No solo es grave que las autoridades ejecuten esta serie de irregularidades, sino que existan compañeros que las apañen, las convaliden o sean partícipes de ellas. Aceptar estas acciones fortalece el amiguismo, invalida el esfuerzo de años de carrera docente y abre las puertas a la elección de personal por afinidad política.

Queremos dejar expresado de manera categórica: este Equipo Directivo no será cómplice de semejantes actos de corrupción, intervención encubierta y atropello.

Informamos a la comunidad que ya iniciamos las acciones legales correspondientes y los gremios docentes ya están al tanto de esta grave situación. Si estas malas prácticas no se frenan hoy, sentarán un precedente nefasto de vulneración de derechos para todas las escuelas de la provincia. Seguiremos adelante con la convicción intacta, sin ceder un solo milímetro en la protección del marco legal, los derechos docentes y nuestra querida escuela pública.

DIRECTORA Y VICEDIRECTOR DEL VESPERTINO- ESC 789

 

 

Los docentes de secundaria que titularizaron en Chubut no podrán tomarse licencias por 4 años

Supervisión de la Región IV se vale de una disposición emitida la semana pasada para habilitar licencias solamente por maternidad, salud o comisión de servicio. Todas las demás quedan excluidas. Pese a estar al tanto del asunto, las conducciones de ATECh y SiTraEd no han difundido ni denunciado este atentado contra los trabajadores de la educación.

 

Por Iván Marín

El lunes 24 de agosto, con la firma de la Subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana di Sarli, se emitió la Disposición N.º 420/26, cuyo objetivo dice ser aprobar una serie de consideraciones con la intención de precisar el ordenamiento de la vida institucional en secundaria tras la finalización del proceso de titularizaciones. Valiéndose de una interpretación tendenciosa de la Resolución Nº 800/25 y de disposiciones posteriores, aclara que solamente se permitirá el uso de licencias concernientes a motivos de maternidad, salud y comisiones de servicios.

Este periodista pudo dialogar con varios directivos de distintas escuelas de Trelew y ninguno de ellos entendió que la Disposición N.º 420/26 prohíba explícitamente lo señalado más arriba. Es que su redacción no deja de ser ambigua. Sin embargo, Prosa Urgente está en condiciones de informar fehacientemente que ese es el uso que le está dando Supervisión de Escuelas de la Región IV en Trelew.

Tanto la conducción de la ATECh como de SiTraEd están al tanto de este gravísimo ataque contra derechos elementales de la docencia y se mantienen en un silencio público cómplice con la patronal, es decir el gobierno del Chubut a cargo de Ignacio Torres.

A continuación, se comparte la Disposición N.º 420/26 para que el conjunto de la docencia de secundaria chubutense tengas acceso.

Alerta ante posible modificación inconsulta del régimen de suplencias docentes de corta duración

Casi de casualidad, docentes de la Escuela 109, del paraje Entre Ríos en Lago Puelo, se percataron que se estaría dando de baja al personal suplente los días viernes para volver a darles el alta los lunes. El gobierno de Ignacio Torres junto a su ministro de Educación José Luis Punta nunca comunicó esta injusta medida a sindicatos ni trabajadores. A continuación, se comparte una carta abierta de la docencia cordillerana informando sobre el particular y llamando al gobierno a posicionarse públicamente.

 

Por Iván Marín

 

Mientras en Chubut la docencia continúa peleando los últimos puestos de los peores salarios del país, el gobierno provincia sigue empeñado en avanzar contra los derechos más elementales de estos trabajadores. El recorte salarial denunciando, entre otras cosas, no tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los docentes se lleva trabajo a su casa los fines de semana. Es un atentado que debe ser repudiado en las calles inmediatamente. Compartimos la carta abierta de la docencia de la Comarca Andina.

 

 

CARTA ABIERTA

Ante la posible modificación del régimen de suplencias docentes de corta duración

A la comunidad educativa, a las organizaciones sindicales, a las autoridades del Ministerio de Educación, a los equipos directivos y a la sociedad en general:

Quienes formamos parte del sistema educativo de la Comarca Andina expresamos nuestra profunda preocupación por la información que ha comenzado a circular respecto de una posible modificación en la gestión administrativa de las suplencias docentes de corta duración a través del Sistema de Agentes de la Educación (SAE).

Según esa información, las suplencias consideradas de “corta duración” serían dadas de baja cada viernes y nuevamente dadas de alta cada lunes, aun cuando la licencia del titular continúe vigente y el suplente siga siendo, día tras día, quien garantiza la continuidad pedagógica del curso. De concretarse, el docente suplente dejaría de percibir los haberes correspondientes a sábados, domingos y feriados, pese a que la necesidad de cobertura no desaparece y el mismo docente retoma sus funciones el siguiente día hábil. La relación laboral se interrumpiría únicamente en el papel, porque en los hechos el trabajo continúa siendo exactamente el mismo.

No se trata de casos excepcionales: la inmensa mayoría de las suplencias corresponden a licencias por enfermedad, tratamientos prolongados, tareas pasivas, cambios de funciones o licencias sin goce de haberes que, aunque administrativamente se clasifiquen como “de corta duración”, en la práctica se extienden durante meses o años. Un docente puede permanecer al frente del mismo curso por un largo período y, aun así, ser dado de baja y designado nuevamente cada semana, perdiendo de forma sistemática la remuneración de los fines de semana y los feriados.

Por qué esta medida carece de sustento y por qué el reclamo es legítimo

Más allá de la discusión salarial, este reclamo se apoya en principios jurídicos concretos que exceden la mera opinión de quienes suscribimos esta carta:

●            Primacía de la realidad. Es un principio rector del derecho del trabajo, aplicable también al empleo público docente: lo que define la existencia y continuidad de la relación laboral es la prestación efectiva de servicios, no la forma en que se la registra administrativamente. Si el suplente continúa cubriendo el mismo cargo sin solución de continuidad real, dar de baja y alta el vínculo cada fin de semana constituye una ficción administrativa que no puede utilizarse para reducir derechos que corresponden por el trabajo efectivamente prestado.

●            Condiciones dignas y equitativas de labor. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza a todo trabajador condiciones dignas y equitativas de labor y retribución justa. Fragmentar artificialmente una misma prestación de servicios con el único efecto de reducir el salario del suplente resulta difícil de conciliar con esa garantía.

●            Negociación colectiva obligatoria. Las condiciones de trabajo docente —entre ellas, el régimen de licencias, interinatos y suplencias— son materia propia de la negociación paritaria docente, tanto en el ámbito nacional (Ley N.º 23.929) como en el provincial. Un cambio de esta magnitud, que impacta directamente en haberes y en la estabilidad de miles de trabajadores, no puede introducirse por vía de un ajuste en un sistema informático, sin norma pública que lo sustente y sin paso previo por los ámbitos de negociación colectiva previstos para ese fin.

●            Principio de no regresividad. El derecho internacional de los derechos humanos, incorporado a nuestra Constitución (art. 75 inc. 22), reconoce que los derechos sociales y laborales ya reconocidos no deben retroceder sin una justificación seria y excepcional. Reducir haberes de un colectivo de trabajadores sin razón pedagógica, administrativa ni económica atendible contradice ese principio.

●            Derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Educación Nacional reconocen el derecho a la continuidad pedagógica. Precarizar las condiciones de quienes sostienen esa continuidad —los suplentes— termina afectando, de modo indirecto pero concreto, ese derecho.

El contexto agrava la situación

En la Comarca Andina esta problemática adquiere una gravedad particular. Desde hace tiempo las escuelas enfrentan serias dificultades para conseguir suplentes, en gran medida porque muchos docentes optan por trabajar en la vecina provincia de Río Negro, donde las condiciones salariales son considerablemente mejores. Esa realidad ya repercute en la cobertura de cargos y en la organización escolar. Reducir aún más los ingresos de quienes aceptan suplencias solo puede profundizar un problema que ya existe y que afecta directamente a nuestros estudiantes.

Un cambio de esta naturaleza no puede implementarse silenciosamente mediante una modificación técnica del SAE. Si existe una decisión administrativa en este sentido, corresponde que sea comunicada oficialmente, que se identifique la norma que la respalda y que se expliquen con claridad sus alcances, sobre todo tratándose de una medida que afecta de manera directa las condiciones laborales y salariales de miles de trabajadores.

Lo que solicitamos

●            Que el Ministerio de Educación informe oficialmente si esta modificación será implementada y en qué consiste exactamente.

●            Que se identifique públicamente la norma o acto administrativo que la fundamenta.

●            Que se explique por qué, de existir, esta decisión no fue comunicada oportunamente a las instituciones educativas ni a las organizaciones sindicales.

●            Que cualquier modificación del régimen de suplencias sea tratada en el ámbito paritario correspondiente, con participación efectiva de las organizaciones gremiales.

●            Que, mientras tanto, se preserve la continuidad de las designaciones mientras subsista la licencia que origina la suplencia, tal como ocurre en la actualidad.

La educación pública se sostiene gracias al compromiso cotidiano de miles de docentes que aceptan suplencias, muchas veces recorriendo grandes distancias y reorganizando su vida familiar para responder con inmediatez cada vez que una escuela necesita cubrir un cargo. Debilitar sus condiciones laborales no fortalece al sistema educativo: lo vuelve más frágil y dificulta garantizar el derecho a aprender de nuestros estudiantes.

Todavía estamos a tiempo de discutir esta situación con la seriedad que merece. Una vez que el sistema funcione bajo esta nueva lógica y sus consecuencias se reflejen en los recibos de sueldo, será mucho más difícil revertir un cambio que no solo afectará a quienes realizan suplencias, sino al funcionamiento cotidiano de nuestras escuelas y, en última instancia, al derecho a la educación de miles de estudiantes.

Firman:

(espacio para adhesiones de docentes, equipos directivos, organizaciones sindicales e instituciones)

Docentes Autoconvocados exigen a la conducción provincial de la ATECH la difusión de los mandatos

Alrededor del mediodía presentaron una nota de pronto despacho en la sede central del sindicato en Rawson. La semana pasada en Trelew corroboraron que los resultados de los últimos dos mandatos de la regional ESTE no se correspondían con los que difundió la conducción. En el resto de las regionales dirigidas por la CELESTE se niegan a mostrarlos.

 

Por Iván Marín

 

Docentes Autoconvocados presentaron este mediodía una nota de pronto despacho a la Comisión Directiva de la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) solicitando en el plazo de 24 horas la exhibición de los mandatos correspondientes al mes de mayo. Esta actuación es complementaria de la impugnación de los últimos dos mandatos realizada el primero de junio por Docentes Autoconvocados de Trelew tras constatar la falta de correspondencia entre los resultados difundidos por la regional Este y los mandatos efectivamente efectuados por las bases docente.

Como es normal desde que asumieron como gestión al frente del sindicato, Martín Pena, su secretario General, no se encontraba en la sede central, ubicada en Rawson. La única integrante de la Junta Ejecutiva en la dependencia era Alejandra Beltrán, secretaria de Género y Diversidades, quien le adelantó a los docentes autoconvocados que la conducción provincial decidió no mostrar los mandatos para resguardar la intimidad de los que participaron. Cuando se le aclaró que en la sede Trelew se tuvo acceso a dicha requisitoria, contestó que fue un error y que no se debió habilitar los mandatos. Con este criterio, cualquier conducción puede hacer lo que le plazca pues no tiene obligación de rendir cuenta ante sus afiliados. El fraude está a la vista.

Más allá de sus resultados legales, la nota de pronto despacho y la impugnación de la semana pasada representan dos antecedentes legales que las bases podrán utilizar en un futuro frente a nuevos fraudes por partes de la burocracia al frente del sindicato. Incluso puede representar un punto de partida legal para la juntada de firma con el objetivo de convocar a un nuevo acto eleccionario. 

 

A continuación, se comparte el texto presentado este mediodía:

 

PRONTO DESPACHO

SOLICITA EXHIBICION DE MANDATOS

 

Rawson, 9 de junio de 2026.-

A LA COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL

DE ATECH

RAWSON – CHUBUT

 

Quienes suscriben la presente, afiliados y afiliadas a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), constituyendo domicilio a los efectos de esta presentación en (…), nos dirigimos a esa Comisión Directiva Provincial y respetuosamente decimos:

I.- OBJETO

Que venimos a solicitar el acceso, exhibición y compulsa de la documentación original utilizada para la recepción, validación, escrutinio, consolidación y difusión de los resultados correspondientes a los mandatos escolares vinculados a las consultas efectuadas sobre las propuestas salariales formuladas por el Gobierno de la Provincia del Chubut durante el mes de mayo de 2026.

Asimismo, solicitamos se nos permita verificar la documentación respaldatoria que sirvió de fundamento para la difusión pública de los resultados comunicados por ATECH respecto de dichas consultas.

II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

La presente solicitud se formula en ejercicio de los derechos de participación, información y control que corresponden a los afiliados de una organización sindical, reconocidos por los artículos 4 inciso e) y 8 de la Ley 23.551, los cuales garantizan el derecho de los trabajadores a participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, la existencia de una comunicación fluida entre los órganos de conducción y los afiliados, el respeto de los mandatos de los representados y la efectiva participación de todos los afiliados en la vida institucional de la organización.

Asimismo, el Estatuto de ATECH establece expresamente como obligación de quienes ejercen cargos electivos cumplir los mandatos y disposiciones emanadas de los afiliados, impone a las autoridades sindicales deberes permanentes de información y comunicación con las bases y dispone mecanismos específicos para la conformación de la voluntad colectiva mediante la realización de asambleas escolares y la emisión de mandatos.

Particular relevancia reviste el artículo 76 del Estatuto, que establece que antes de cada Plenario deberá realizarse la correspondiente Asamblea Escolar y que los presentes deberán suscribir un mandato que será expuesto por el Delegado en el ámbito respectivo. Ello demuestra que el mandato escolar constituye el instrumento mediante el cual las bases expresan formalmente su voluntad y participan de la formación de las decisiones colectivas de la organización.

Durante el desarrollo del conflicto salarial docente correspondiente al presente ciclo lectivo, numerosos afiliados han advertido situaciones que generan razonables dudas respecto de la transparencia, publicidad y control del procedimiento utilizado para la recepción, escrutinio y consolidación de los mandatos escolares mediante los cuales se expresó la voluntad de las bases docentes.

En particular con fecha 01 de junio de 2026 se presentó una impugnación formal ante la Regional Este (Trelew) vinculada al procedimiento de recepción, escrutinio y cómputo de mandatos, respecto de la cual no se ha recibido respuesta alguna hasta la fecha.

Asimismo, distintos afiliados de la Provincia han señalado inconsistencias entre mandatos efectivamente emitidos y remitidos por establecimientos educativos y los resultados posteriormente difundidos por la organización sindical.

Particularmente, se ha cuestionado la falta de contabilización de mandatos correspondientes a establecimientos educativos de la Regional Este que habrían sido remitidos dentro de los plazos y por los canales oportunamente habilitados por la organización sindical.

Del mismo modo, afiliados de otras Regionales han manifestado dificultades para acceder a la documentación utilizada para respaldar los resultados comunicados por la organización sindical, situación que impide verificar de manera independiente la correspondencia entre los mandatos efectivamente emitidos y los resultados finalmente informados.

A ello se suma que los afiliados no hemos tenido acceso a las planillas de escrutinio, registros de recepción, consolidaciones provinciales, libros de actas ni documentación respaldatoria que permita ejercer un adecuado control respecto de la formación de la voluntad colectiva provincial que posteriormente fue presentada públicamente como expresión de la docencia chubutense.

Asimismo, genera particular preocupación la secuencia temporal mediante la cual se desarrolló el proceso de consulta salarial durante los últimos días del mes de mayo de 2026.

En efecto, los mandatos correspondientes a una de las consultas efectuadas por la organización sindical fueron recepcionados hasta el día 25 de mayo de 2026, habiéndose informado que la posición resultante de dicho proceso fue trasladada al Gobierno Provincial el día 26 de mayo de 2026. Los docentes sabemos del tenor de ese mandato y las acciones de la conducción de Atech lo confirman. Ese mandato fue un rotundo rechazo a la propuesta del gobierno y exigencia de parte de las bases de medidas de acción de lucha acordes a dinámica del conflicto.

Posteriormente, en fecha 27/05/2026 el gobierno Provincial formuló una nueva propuesta salarial que fue puesta nuevamente a consideración de las bases docentes, convocándose a un nuevo proceso de mandatos con vencimiento el día 28 de mayo de 2026 a las 20hs.

Ello implicó que los establecimientos educativos y sus trabajadores contaran con un plazo extremadamente reducido para debatir la nueva propuesta, celebrar asambleas, confeccionar los mandatos correspondientes y remitirlos por los canales habilitados por la organización sindical.

Diversos afiliados entendieron que la nueva propuesta salarial no introducía modificaciones sustanciales respecto de los aspectos centrales que venían siendo cuestionados por las bases docentes y que la diferencia existente respecto de la propuesta anterior resultaba insuficiente para satisfacer los reclamos expresados en numerosos mandatos escolares.

Por ello, numerosos trabajadores manifestaron preocupación respecto de la brevedad del plazo otorgado para la realización de una nueva consulta, toda vez que la confección de mandatos escolares exige la convocatoria de reuniones, deliberaciones y acuerdos colectivos que demandan tiempo y esfuerzo organizativo por parte de docentes, delegados y afiliados.

Precisamente por ello, y teniendo en cuenta que el resultado final fue difundido públicamente por la conducción provincial como expresión de la voluntad de la docencia chubutense respecto de la propuesta salarial sometida a consideración, entendemos indispensable acceder a la documentación original que permita verificar la correspondencia entre los mandatos efectivamente recepcionados, los procedimientos de escrutinio aplicados y los resultados posteriormente difundidos. Todo esto puesto que llama poderosamente la atención que el gremio en fecha 26/05/2026 no comunicara por ningún medio el rechazo de la docencia a la propuesta del gobierno, pero en cambio si publicara por todos los medios posibles y con celeridad nunca vista en este periodo 2026 la “aceptación” de la propuesta del gobierno.

Toda su conducta y nuestros registros como docentes autoconvocados nos sostenían en duda la veracidad de la expresión de la conducción de Atech respecto del último mandato. Cuestión que pudimos ratificar al examinar los mandatos de la regional de Trelew.

Por otro lado es repudiable la actitud de UD en la sede de Puerto Madryn donde no le permitieron a los afiliados docentes poder observar los mandatos originales.

La presente solicitud no persigue acceder a datos personales de afiliados ni interferir en el funcionamiento institucional de la organización, sino garantizar la transparencia de un procedimiento que fue utilizado para expresar públicamente la posición de la docencia de toda la Provincia del Chubut respecto de una cuestión de indudable trascendencia colectiva.

Encuentra aun mayor respaldo la razón principal del conflicto que son los salarios de indigencia que perciben los docentes de toda la provincia. Situación a la cual el gobierno no parece importarle y a la cual no vemos ni sentimos que UD Conducción de Atech nos este representando.

III.- SOLICITUD DE EXHIBICIÓN Y COMPULSA DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL

Desde la recepción de la presente intimamos plazo de 24hs corridas a que abra las puertas del sindicato, sede principal en la ciudad de Rawson, para la exhibición y compulsa presencial de la documentación original vinculada al proceso de consulta salarial mencionado.

La documentación a exhibir deberá comprender, como mínimo:

a) La totalidad de los mandatos originales recepcionados por todas las Regionales de ATECH correspondientes a las consultas salariales realizadas durante el mes de mayo de 2026.

b) La totalidad de los registros originales de recepción de mandatos.

c) Los originales de las actas de escrutinio confeccionadas por las distintas Regionales.

d) Los originales de las planillas de conteo, clasificación, validación, observación, consolidación y cómputo utilizadas para la determinación de los resultados regionales y provinciales.

e) Los libros de actas originales donde consten actuaciones relacionadas con la recepción, validación, escrutinio y consolidación de los mandatos.

f) Los cuadros de resultados provinciales y toda documentación utilizada para elaborar el resultado final difundido públicamente por la conducción provincial.

g) Los correos electrónicos, registros digitales y constancias informáticas mediante los cuales hubieran sido recepcionados los mandatos remitidos por los establecimientos educativos, incluyendo fecha y hora de recepción.

h) Toda documentación relacionada con la validación, observación, exclusión o incorporación de mandatos al escrutinio provincial.

IV.- COPIAS CERTIFICADAS

Una vez efectuada la compulsa de la documentación original, solicitamos se nos otorgue copia certificada de toda la documentación anteriormente detallada.

Respecto de los mandatos individuales, en caso de considerarse aplicables resguardos vinculados a datos personales de afiliados, solicitamos que las copias se entreguen con el correspondiente testado de nombres, documentos, firmas u otros datos sensibles, sin afectar la posibilidad de verificar el contenido del mandato, el establecimiento de origen, la fecha de emisión, la fecha de recepción y el sentido de la decisión adoptada.

V.- PRESERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Solicitamos expresamente que se disponga la inmediata preservación e integridad de toda la documentación física y digital vinculada al procedimiento de recepción, validación, escrutinio y consolidación de mandatos.

En consecuencia, requerimos que no se destruya, elimine, altere, modifique, sustituya ni descarte documentación alguna relacionada con dicho procedimiento hasta tanto se permita el acceso a la documentación solicitada y se esclarezcan las observaciones formuladas por distintos afiliados respecto del proceso desarrollado.

VI.- DERECHO Y RESERVA

La presente se formula con fundamento en los artículos 4 inciso e) y 8 de la Ley 23.551, en los artículos 8 inciso i), 28 inciso c), 55 incisos a), c), d) y f), 57 y concordantes, así como en los artículos 76 y concordantes del Estatuto de ATECH.

Dejamos expresamente reservada la posibilidad de promover las actuaciones administrativas, sindicales y judiciales que correspondan ante los organismos competentes en caso de persistir la negativa a exhibir la documentación solicitada o de verificarse irregularidades en el procedimiento de recepción, escrutinio y consolidación de mandatos.

Por todo lo expuesto,

SOLICITAMOS:

1.           Se tenga por presentada la presente solicitud.

2.           Se abran las puertas del sindicato, Sede central, indicando hora para la exhibición y compulsa de la documentación original detallada.

3.           Se disponga la preservación integral de toda la documentación vinculada al procedimiento referido.

4.           Oportunamente se otorguen las copias certificadas solicitadas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

 

El ghetto de los pibes: estigmatización, criminalización y rebelión de la juventud en las escuelas de Chubut

De potenciales asesinos seriales a “piqueteros subversivos” en menos de un mes. Las autoridades educativas chubutenses dicen promover el pensamiento crítico y la defensa de los derechos de los adolescentes pero clausuran su ejercicio en las aulas. Rememorando una histórica escena de la película The Wall, desde Supervisión se ordenó que una movilización de decenas de estudiantes de una secundaria de arte en apoyo a la lucha de docentes y auxiliares de la educación no trascendiera públicamente y quedara encorsetada en los muros de su patio interno. La censura a la solidaridad de clase como política de Estado no deja afuera a los pibes que intentan levantar su voz. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

 

Por Iván Marín

 

Una suerte de estado policial transita los pasillos de los establecimientos educativos chubutenses desde la llegada de Ignacio Torres a la gobernación. Bajo el ropaje de una supuesta mayor profesionalización, se erige sobre las espaldas de la docencia y los auxiliares de la educación un aumento de las responsabilidades que no va acompañada por una recomposición del poder adquisitivo de sus salarios. Por el contrario, los sueldos de estos trabajadores se ubican entre los más bajos del país. En el caso de la docencia apenas rozan los 700 mil pesos por cargo para un ingresante. Este ajuste fenomenal viene escoltado por una reestructuración reaccionaria de la vida escolar en general, que en las últimas semanas pegó un salto sobre su sujeto social mayoritario: los estudiantes. La regimentación en curso se choca de frente con los más elementales derechos constitucionales. El despotismo del ministerio de Educación crece al calor de la crisis económica con el principal objetivo estratégico de romper cualquier lazo de solidaridad y rebeldía de los que osen levantar la voz contra sus políticas.

Como señalamos en este artículo, el abordaje punitivista de los retos virales de adolescentes en las escuelas debe inscribirse en el escenario provincial descripto, que no dista en demasía de lo que ocurre a nivel nacional. La militarización de las escuelas -y, con ella, medidas de estrechísima profundidad intelectual como la revisación de mochilas y/o la obligación de llevar los útiles en bolsas transparentes- tienen al menos un doble objetivo: por un lado, la venta de humo a través de la prensa y redes sociales; y, por el otro, contribuir a un estado de incertidumbre, a un miedo paralizante que pide a gritos “orden”, entendido como la respuesta policíaca a todas las problemáticas de la vida en sociedad. “Algún día será esta vida hermosa y me someto por eso a tu voluntad”, dice una reconocida canción sobre el tema.

El miércoles 13 de mayo estudiantes de la Escuela 759, con orientación artística, llevaron adelante una sentada y movilización con cánticos en el patio interno del establecimiento en solidaridad con la lucha docente y de auxiliares de la educación. La actividad fue difundida el día anterior y estuvo promovida por el Centro de Estudiantes. Duró alrededor de una hora y contó con la participación de varias decenas de pibes y pibas. Como ocurre generalmente con este tipo de acciones, no faltaron los registros fílmicos ni las fotografías con celulares. Sin embargo, llegó una orden por vía jerárquica para que no se difundieran imágenes en redes sociales de la iniciativa para garantizar un supuesto resguardo de la privacidad de sus participantes. La censura dejó insatisfecha a una porción significativa de sus protagonistas y en una movilización pública de la docencia al día siguiente en Trelew anunciaron que el 15 de mayo se registraría una sentada de estudiantes autoconvocados con el mismo propósito de sumar su solidaridad a los sectores en lucha. Esa otra actividad también fue censurada ya que no se dejó salir a los estudiantes a la vereda del establecimiento bajo el argumento de que no contaban con autorización de los padres. Los pibes no corrían ningún peligro. Aunque los estudiantes no pretendían cortarla, la calle que da al ingreso de la escuela es una de las menos transitada de la ciudad.

Silvina Veira es la supervisora de esta escuela y, por ende, la encargada de impartir las órdenes que bajan desde el ministerio de Educación a cargo de José Luis “Spider-Man” Punta. Veira también tiene a cargo la escuela 7716, en la que las autoridades prohibieron a sus docentes realizar asambleas bajo amenaza de apercibimiento, cuestión que terminó ocurriendo con el descuento de sus salarios. Es la misma supervisora de la escuela 747, en la que se obligó a los estudiantes a ir sin mochilas y con los útiles en ridículas bolsas transparentes, como si todos fueran potenciales asesinos seriales. Otras escuelas utilizaron las mismas decisiones punitivistas respecto a los retos virales.

El 6 de mayo, Helga Paz, Supervisora Técnica Secretaria, y Karina Pugh, de la Supervisión Técnica General de Educación Primaria, emitieron una orden para que los directivos de las escuelas informaran la adhesión a las medidas de fuerza de la docencia. El documento fue enviado a Prosa Urgente por personal del ministerio de Educación. Una vez viralizado en nuestro muro de Facebook llovieron los comentarios sobre estos personajes. Respecto de Pugh se señaló que en luchas anteriores estuvo al pie del cañón y que ahora se “pasó de bando”. De Paz se informó que se la había visto en una movilización de la docencia autoconvocada en la que se exigía aumento salarial desarrollada tan solo 3 o 4 días antes.

Este abordaje policíaco de las problemáticas educativas guarda no pocas semejanzas con las justificaciones del personal de las fuerzas represivas -y también del burocrático y del político- de regímenes dictatoriales o genocidas respecto de sus crímenes. La tan criticada ley de “obediencia debida” promovida por Raúl Alfonsín para dejar libre a la inmensa mayoría de los milicos involucrados en la desaparición y tortura de miles de personas por la última dictadura militar se ha hecho carne a su modo en el régimen educativo chubutense.  Lo cierto es que nadie obliga a un docente a ser supervisor u ocupar otro cargo directivo de mayor o menor responsabilidad. La aceptación acrítica implica necesariamente la adhesión a la política educativa del gobierno de ocasión, en este caso de un reaccionario de pe a pa como Ignacio Torres.

No hace falta mucha lucidez para concluir que no asistimos a un resguardo de la imagen y la integridad física de los estudiantes sino a un disciplinamiento que pretende formatearlos según los valores individualistas de esta sociedad capitalista. Por ello la necesidad de responder de manera punitivista a todas sus iniciativas, ya sean aquellas cuestionables, como pueden ser los retos virales, o las que tienen por objetivo la solidaridad entre sectores que luchan por una calidad de vida más digna. El gobierno de Ignacio Torres gasta millones de pesos en propaganda oficial donde decenas, cuando no centenares o miles, de jóvenes aparecen con sus rostros al descubierto en actos escolares o inauguraciones de obras de su gestión. Las propias escuelas suben a diestra y siniestra imágenes de sus estudiantes en redes sociales sin consultarles a nadie. En ninguno de estos casos aparecen llamados telefónicos de supervisores prohibiéndolos. Estas órdenes, por otra parte, no suelen darse por escrito: no vaya a ser cosa que trasciendan públicamente y queden como lo que realmente son, censores profesionales de la solidaridad de la juventud para con sus docentes, auxiliares o cualquier otro sector que se encuentre en lucha.

¿Qué harían estos censores frente a una movilización contra un caso de racismo, femicidio o de violencia policial ocurrido en la ciudad? ¿También prohibirían que trascendieran imágenes de dicha manifestación si se realiza en el interior de un establecimiento escolar? Como dijimos, este abordaje policíaco de la vida en las escuelas también se expresa en las disposiciones por las cuales la totalidad de los centros de estudiantes están totalmente integrados a la vida institucional y no tienen independencia política ni organizativa de los equipos directivos. Pretenden que el sindicato de los estudiantes no intervenga como representante de los derechos de los pibes sino como un brazo de la política de la gestión de turno hacia el interior del estudiantado. No tienen por objetivo formar ciudadanos con pensamiento crítico, sino, como diría otra canción, sumar nuevos ladrillos a la pared. Esta estrategia reaccionaria abona el desarrollo de la autoorganización estudiantil, perspectiva que asusta a todo el establishment mencionado. Más temprano que tarde, los estudiantes y toda la comunidad educativa se rebelará, contra estas prácticas de tinte fascistoides. 

Docentes Autoconvocados de Trelew denunciaron la aceptación salarial de la conducción de la ATECH

En un comunicado emitido ayer señalaron, entre otras cosas, que dieron menos de 24 horas para realizar un mandato sobre una propuesta que ya había sido rechazada en dos oportunidades, que el conteo se dio con el sindicato a puertas cerradas y que no se difunden los detalles de las escuelas que participaron.

 

                                                                   Foto de Aníbal Aguaisol

Por Iván Marín

Otra vez la conducción CELESTE de la ATECH en el centro de todas las críticas. Esta vez por repetir una práctica naturalizada desde que asumieron el 10 de diciembre último: no respetar los mandatos de las bases para acordar con el gobierno de Ignacio Torres propuestas que representan una oficialización de rebaja salarial.

 

A continuación, compartimos comunicado publicado en las últimas horas de este viernes por Docentes Autoconvocados de Trelew.

 

COMUNICADO 29/05

Desde Docentes Autoconvocados/as de Trelew expresamos nuestro desacuerdo y malestar con el anuncio realizado por la conducción provincial de ATECH respecto de la aceptación de la última “propuesta” salarial.

Consideramos que el proceso mediante el cual se definió dicha aceptación carece de las condiciones necesarias para garantizar una verdadera participación de las bases y una resolución legítima.

Nuestros cuestionamientos son claros:

• Se volvió a solicitar mandato sobre una propuesta que ya había sido debatida y rechazada por las escuelas, sin fundamentos que justificaran una nueva consulta.

• La convocatoria se desarrolló en un plazo de apenas 24 horas, limitando las posibilidades de análisis, discusión y participación de la docencia. Además, la decisión fue reducida a la firma de una planilla impuesta como único formato válido, ya que no se aceptaron actas de asambleas ni otros mecanismos de mandato que cada escuela, junto a sus delegados/as o referentes, considerara pertinentes presentar.

• No se difundieron los resultados completos ni la información necesaria para verificar cómo se arribó a la decisión comunicada.

Asimismo, hasta el momento no se informó cuál fue el criterio utilizado para determinar la mayoría, ya que se desconoce si los mandatos fueron considerados por escuela, por turno o mediante otra modalidad.

También denunciamos que el tratamiento de los mandatos se realiza a puertas cerradas, sin la presencia de delegados/as y sin instancias abiertas de participación para docentes afiliados/as y no afiliados/as, cuando un proceso de estas características debería desarrollarse de cara a las bases.

Resulta especialmente preocupante que se anuncie la aceptación de una propuesta salarial que mantiene una diferencia cercana a los $700.000 respecto de lo que vienen reclamando los docentes autoconvocados en toda la provincia.

Entendemos que cualquier definición que involucre a miles de trabajadores y trabajadoras de la educación debe estar acompañada por información pública, procedimientos claros y acceso a los resultados.

Por ello exigimos la publicación de la totalidad de los mandatos, de los resultados obtenidos en cada regional, de la metodología utilizada para arribar a esta definición y el acceso público a toda la documentación correspondiente.

DOCENTES AUTOCONVOCADOS/AS TRELEW

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia se manifestaron contra la persecución hacia quienes adhieren a los paros

En una carta abierta emitida en el día de la fecha expresaron su rechazo a los aprietes que sufren directivos y docentes que adhieren a las medidas de fuerza. Además, cuestionaron con vehemencia el Decreto Nª 508/26 recientemente emitido sobre el uso de licencia en el ámbito estatal.

 

Por Iván Marín

 

A continuación. compartimos la mencionada carta. 

CARTA ABIERTA

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia

 

A la opinión pública, a los poderes del Estado Provincial, a los organismos de defensa de los derechos humanos y a toda la comunidad educativa de la Provincia del Chubut

Queremos dirigirnos a ustedes para denunciar con firmeza y claridad una situación que está afectando gravemente al sistema educativo provincial y que constituye una violación manifiesta de los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación.

Hemos tomado conocimiento de actos sistemáticos de persecución laboral que se están produciendo en toda la provincia, dirigidos especialmente contra directivos de escuelas, y que tienen como objetivo principal identificar, individualizar y sancionar puntualmente a los docentes que deciden ejercer su derecho legítimo a la huelga, como mecanismo de defensa de sus condiciones laborales y de la calidad de la educación que brindan.

Esta práctica no es más que un abuso de poder por parte del Estado, que viola de manera flagrante los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, así como las normas internacionales que protegen los derechos de los trabajadores. La persecución individual, la identificación selectiva y la búsqueda de responsabilidades personales por el ejercicio de derechos laborales básicos, no tienen cabida en un sistema democrático, y representa un retroceso inaceptable en el camino de las libertades y los derechos que hemos construido como sociedad.

Al observar estas acciones, no podemos evitar hacer una comparación dolorosa pero necesaria: estamos presenciando conductas que nos remiten a los tiempos más oscuros de la historia argentina, cuando la persecución política y laboral se utilizaba como herramienta de control y represión, cuando se atacaba a las personas por sus ideas y por su forma de defender sus derechos, cuando se buscaba dividir a la comunidad y someterla a la voluntad de quienes detentan el poder. No creemos que estemos viviendo esos momentos, pero los hechos que estamos viendo hoy tienen la misma esencia: la voluntad de castigar a quienes se atreven a reclamar, de atacar a las personas en lugar de atender sus reclamos, de imponer la fuerza por encima del diálogo y la ley.

Rechazamos de manera absoluta cualquier práctica que haga foco sobre las personas en forma individual. Entendemos que cada trabajador tiene derecho a actuar en conjunto con sus pares, a expresar sus opiniones y a tomar medidas de acción sindical sin ser perseguido, sin ser identificado ni sancionado de manera particular. La persecución laboral es un abuso que ataca la dignidad de las personas, que rompe el vínculo de confianza entre el Estado y los ciudadanos, y que pone en riesgo la estabilidad y el funcionamiento mismo de las instituciones educativas.

Para nosotros, la educación es un derecho social y un servicio público esencial, y los docentes somos sus actores fundamentales. No aceptamos que se utilicen mecanismos de control y represión para evitar que se defiendan sus derechos, ni que se intente dividir a la comunidad educativa con prácticas que solo buscan silenciar las voces que reclaman mejoras reales.

Recordamos que en un sistema democrático, el Estado tiene la obligación de garantizar el diálogo, el respeto a los derechos y el cumplimiento de la ley, no de perseguir y castigar. Cualquier medida que tenga como objetivo atacar a las personas en lugar de resolver los problemas, es una violación de los principios que rigen nuestra vida en sociedad.

Exigimos que cesen inmediatamente todos los actos de persecución laboral, que se respete el derecho a la huelga y a la organización gremial, y que se abandonen las prácticas que recuerdan a los momentos más tristes de nuestra historia. Pedimos a las autoridades que vuelvan a la vía del diálogo y la negociación, que atiendan las legítimas demandas de los trabajadores de la educación y que actúen siempre dentro del marco de la ley y de los valores democráticos.

Nos mantenemos firmes en nuestra defensa de los derechos, de la dignidad de los trabajadores y de la calidad de la educación, y seguiremos trabajando para construir un sistema educativo justo, equitativo y respetuoso de los derechos de todos, sin importar las presiones ni las prácticas abusivas que intenten imponernos.

 

CUESTIONAMIENTO DEL DECRETO N° 508/26

 

Tras analizar el Decreto N° 508/26, publicado el pasado 7 de mayo en Rawson, hemos identificado una serie de modificaciones normativas que, lejos de mejorar la situación de los trabajadores del Estado, introducen restricciones y condiciones que cuestionamos profundamente desde la perspectiva de los derechos laborales y el bienestar de los agentes públicos.

En primer lugar, el decreto modifica la regulación de las licencias por vacaciones, estableciendo que no se otorgarán por los periodos en que el agente se encuentre en situación de inactividad por uso de licencias sin goce de haberes o por licencias por enfermedad o cuidado familiar, y solo se reconocerá la parte proporcional si el periodo de inactividad no alcanza a cubrir el año calendario. Esta medida resulta injusta y desproporcionada, ya que castiga a quienes deben ausentarse de su trabajo por motivos de salud propios o por la necesidad de atender a familiares a cargo, reduciendo sus derechos y beneficios sin justificación objetiva. No se explica en la norma cuál es el interés público que se persigue con esta restricción, ni se establecen mecanismos que eviten que la medida afecte a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como personas con enfermedades crónicas o familiares con discapacidad.

Asimismo, se modifican las reglas para las licencias por enfermedad, introduciendo plazos y condiciones estrictas que, aunque pretenden ser más precisas, generan nuevas barreras para acceder a estos derechos. Si bien se reconocen situaciones específicas como enfermedades oncológicas, crónicas reagudizadas y poco frecuentes, la forma en que se establecen los plazos y requisitos limita el acceso real a la protección que debería garantizarse. Cuestionamos que se establezcan topes máximos de días y condiciones de recuperación que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad de las patologías que requieren tratamientos prolongados y cuidados permanentes, y que pueden generar que los trabajadores se vean obligados a volver a sus tareas antes de haber recuperado su capacidad laboral, poniendo en riesgo su salud y su integridad física.

Otro punto que genera preocupación es la modificación del artículo 18, que regula las licencias por atención de familiares enfermos. Se introduce el requisito de presentar una declaración jurada del grupo familiar, estableciendo que cualquier falsificación dará lugar a sanciones disciplinarias, lo cual en principio parece razonable, pero se convierte en un elemento de control y vigilancia excesivo. El decreto define el grupo familiar de manera amplia, incluyendo no solo a cónyuge, hijos y padres, sino también a otras personas que convivan con el agente y estén a su cargo, una definición que deja amplios márgenes de interpretación y que puede ser utilizada para generar desconfianza y desprotección. Además, se establecen plazos específicos y condiciones que pueden dificultar el acceso a estas licencias, en un contexto donde el cuidado de las personas es un derecho fundamental y una responsabilidad que el Estado debe apoyar, no limitar.

Cuestionamos también la lógica que sustenta estas modificaciones: se presentan como una mejora técnica y una adaptación a nuevas realidades, pero en la práctica se traducen en una reducción de derechos, una mayor burocracia y un control más estricto sobre la vida personal y familiar de los trabajadores. No se ha realizado una evaluación previa del impacto social y laboral que estas medidas tendrán, ni se ha consultado a los representantes de los trabajadores, lo cual viola el principio de participación y negociación que debería regir cualquier modificación de las condiciones laborales.

Entendemos que el Estado tiene la obligación de organizar el trabajo público y establecer reglas claras, pero estas no pueden ser utilizadas para reducir los derechos de los trabajadores, ni para generar obstáculos que dificulten el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, el cuidado de los familiares y el descanso. Las modificaciones introducidas en el Decreto N° 508/26 van en sentido contrario al principio de protección de los trabajadores, y constituyen un nuevo paso en la dirección de debilitar sus derechos y condiciones laborales, al mismo tiempo que se siguen aplicando prácticas de persecución y control que no tienen lugar en una sociedad democrática.

Estas demandas se sustentan en el principio de que la educación es un servicio público esencial y que los docentes son actores fundamentales para garantizar su calidad. El Estado Provincial tiene la obligación legal y moral de asegurar condiciones dignas de trabajo, formación, remuneración y protección social, tal como lo establecen las normas superiores que rigen la vida en la provincia y en la nación.

               

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia

Provincia del Chubut, 14 de mayo de 2026

Mochilas, mochilas y mochilas

La enorme complejidad multicausal que se esconde detrás de los violentos retos virales de la juventud en las escuelas es respondida por el Estado con la banal y peligrosa simplificación del punitivismo en boga: la prohibición a los pibes de llevar mochilas y la militarización de los establecimientos educativos. Para esta corriente todo estudiante es potencialmente un asesino serial. Pocas veces como en los tiempos que corren la imbecilidad se ha convertido en una de las principales características del personal político a cargo del gobierno de turno. Nada bueno se puede esperar del reemplazo de los libros y del debate crítico por las botas y el fusil facho.

 

                                                     Ilustración de Gastón Spur

Por Iván Marín

Las respuestas ´fáciles`a temas complejos pavimentan siempre posiciones políticas ultrarreaccionarias, -aunque otras opciones de la derecha o, incluso, del progresismo tampoco se quedan atrás. Para ello cuentan con el beneplácito de las empresas de comunicación que, en términos generales, no se caracterizan por contribuir a la gimnasia de la materia gris en su público. Como se imaginará el lector, este combo de idioteces tiene como principal objetivo censurar el pensamiento crítico y desarrollar su contrario: el “sentido común”, que es, entre otras cosas, el modo en que las clases dominantes imponen su visión del mundo a las clases explotadas y oprimidas. Cuando no les alcanza con este “consenso” de ideas naturalizadas en un sector de la sociedad, recurren con más asiduidad al garrote. Pero para poder hacer uso de este último es preciso preparar el camino con la construcción de un consenso represivo. Es en este marco que debe entenderse la brutal -y falsa- simplificación que implica depositar la mayor de las responsabilidades en las escuelas respecto de los retos virales lamentablemente de moda entre una parte ínfima de la juventud en los últimos días.

Como no podía ser de otro modo, es el personal político a cargo del Estado -que en la actualidad tiene la peculiaridad de contar con un número más significativo que en otras oportunidades de cuadros fascistoides en puestos de responsabilidad a lo largo y ancho del país- el que elabora las medidas ridículas que se observan para “combatir” los susodichos retos. La respuesta es sacada del recetario reaccionario con el que se han comportado distintos Estados en situaciones similares, en especial ese que irrumpe todas las noches en los sueños del presidente Javier Milei y que lo hace despertar humedecido y eufórico del placer: Estados Unidos.

Es lo que ocurre cuando se comienza con la difusión de protocolos que tienen en su núcleo central advertir con énfasis en que estas amenazas de atentados escolares representan un delito, decidir la prohibición del uso de mochilas y su reemplazo por bizarras bolsas transparentes o, en su defecto, revisar cada una de las mochilas en el ingreso a las escuelas, y publicitar que efectivos policiales se harán presentes en los establecimientos. Estas medidas estúpidas no solo entran en el juego de los retadores virales, sino que, y, sobre todo, sancionan a miles de pibes que poco o nada tienen que ver con lo que se pretende “combatir”. La estrategia es clara: primero la sanción generalizada y, con ello, la contribución a un clima de incertidumbre que para el común de los mortales se le presenta como una amenaza inmediata a ser resuelta de manera decidida y sin contemplaciones: con represión, en sus distintas variantes. Esta “prevención” primero que nada es sanción y esa sanción una visión del mundo, es decir, una forma de afrontar la vida cotidiana en una sociedad desgarrada por la precarización y sobrexplotación laboral y el hambre que se esparce como un virus sin vacuna por las familias trabajadoras. En definitiva, la sanción como sumisión pasiva a estas condiciones de existencia.

La sanción a la que hacemos referencia no solo es pereza intelectual, también es disimulo. Es la coartada casi perfecta para ocultar la inconmensurable pauperización de las condiciones de vida del pueblo y/o la contrarreforma educativa de hecho en curso que barre con derechos adquiridos y que se niega a afrontar nuevas necesidades de la sociedad, como la creciente ansiedad, depresión y estrés en las juventudes y en los trabajadores del sector. En el Chubut del gobernador Ignacio Torres la docencia tiene el peor salario del país, alrededor de 650 mil pesos por cargo. De lo que resulta que trabajando mañana, tarde y noche un docente apenas ronde el millón y medio de pesos. Este salario de hambre y endeudamiento viene acompañado cada vez con mayores responsabilidades, es decir con una mayor sobreexplotación. También viene acompañado de intentos de recortes a derechos elementales, como la prohibición de asambleas en los lugares de trabajo en horarios de clase. Para ello cuentan con la complicidad de equipos directivos -y esto incluye a los supervisores- desclasados que amenazan con sanciones ante cualquier medida de lucha.

La baja en la tasa de natalidad en vez de representar una oportunidad para una relación más cercana entre el docente y sus estudiantes debido a la disminución de la matrícula, implica cierre de cursos y con ello no solo más docentes en las calles sino también más estudiantes en las aulas porque se fusionan los cursos. La racionalización conservadora de la organización escolar no incluye personal profesional en salud mental y, en general, también supone un faltante significativo de auxiliares de la educación.

La escuela no escapa a la reestructuración reaccionaria de las condiciones de vida implementada por los libertarios y sus secuaces -el resto del régimen político-, coloquialmente denominada “ajuste”. Por ende, tampoco es ajena a la violencia entre el pueblo ni mucho menos al resentimiento -en muchos casos entendible- de sectores que observan cómo sus vidas carecen de una perspectiva digna. Este preocupante escenario se ve acicateado por las mayores facilidades legales para acceder a armas de fuego dictadas por un presidente que no sólo reúne todos los atributos de un imbécil y fascista sino también de una persona execrable en el sentido más literal del término: ¿de qué otra manera se puede calificar a un personaje de más de 50 años que se mofa de las personas con síndrome de Down, por citar tan solo una de sus patéticas diatribas en redes sociales?

En tiempos donde pareciera ser una virtud aristotélica ser egoísta; tramposo; maltratador orgulloso; festejador de despidos de trabajadores; delator rabioso de luchadores; aplaudidor de genocidios en curso, como el que padece el pueblo palestino en manos del Estado sionista de Israel; lamebotas de invasores de soberanías ajenas que suponen miles de muertos, como es el caso de Estados Unidos en su avanzada bélica por doquier; justificador convencido de la última dictadura militar o defensor insulso de una supuesta “apoliticidad”, ¿en serio puede llamar la atención que un sector de la juventud exprese su descontento con este estado de cosas mediante la violencia hacia el prójimo? La sanción como prevención a estos actos es también una forma de quitarse responsabilidad y arrojársela al que está en una posición de mayor debilidad en el asunto: el trabajador de la educación, por ejemplo. Es también lo que explica los intentos de linchamientos en la Escuela 21 de Trelew en la última semana, tras la difusión de posibles casos de abusos sexuales a menores que cursan sus estudios en esa primaria.

En el muy recomendable documental Bowling for Columbine, su director Michael Moore entrevista a Marilyn Manson sobre la masacre ocurrida en dicho instituto, en el que murieron asesinadas tres personas, y luego sus dos asesinos se suicidaron. Tras conocerse que los asesinos escuchaban al músico, los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana lo responsabilizaron de la matanza. En un pasaje de la conversación Moore le pregunta: “Si pudieras hablar con los chicos de Columbine, ¿qué les dirías?”. A lo que Manson responde: “No diría nada. Los escucharía. Eso es justamente lo que nadie hizo”.

No se trata tanto de si un Estado deba decir o no algo frente a los retos virales, sino a la lógica -y a la filosofía- que entraña el razonamiento de Manson: darle el lugar de sujetos políticos a los principales protagonistas de estas prácticas, la juventud. Por el contrario, el Estado respondió subestimando hasta el caracú la inteligencia y la creatividad de los pibes para intentar entender lo que ocurre y buscarle soluciones. En la inmensa mayoría de los casos el viernes último se bajaron protocolos a los establecimientos escolares ya definidos unilateralmente. En algunas escuelas se intentó disimular este naturalizado autoritarismo pidiéndole opinión a algún que otro estudiante y a algún que otro docente, pero ya con las decisiones consumadas.

En la campaña electoral de 1992 el entonces candidato presidencial demócrata Bill Clinton popularizó la frase “Es la economía, estúpido”, con la que intentaba poner en el centro de su agitación la recesión en curso que se vivía. Desde entonces su formulación ha cobrado distintos ribetes en los debates políticos, siempre manteniendo la adjetivación con la que finaliza. Inspirándonos en ella decimos sin titubear: ¡No son las mochilas, estúpido!