Docentes Autoconvocados exigen a la conducción provincial de la ATECH la difusión de los mandatos

Alrededor del mediodía presentaron una nota de pronto despacho en la sede central del sindicato en Rawson. La semana pasada en Trelew corroboraron que los resultados de los últimos dos mandatos de la regional ESTE no se correspondían con los que difundió la conducción. En el resto de las regionales dirigidas por la CELESTE se niegan a mostrarlos.

 

Por Iván Marín

 

Docentes Autoconvocados presentaron este mediodía una nota de pronto despacho a la Comisión Directiva de la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) solicitando en el plazo de 24 horas la exhibición de los mandatos correspondientes al mes de mayo. Esta actuación es complementaria de la impugnación de los últimos dos mandatos realizada el primero de junio por Docentes Autoconvocados de Trelew tras constatar la falta de correspondencia entre los resultados difundidos por la regional Este y los mandatos efectivamente efectuados por las bases docente.

Como es normal desde que asumieron como gestión al frente del sindicato, Martín Pena, su secretario General, no se encontraba en la sede central, ubicada en Rawson. La única integrante de la Junta Ejecutiva en la dependencia era Alejandra Beltrán, secretaria de Género y Diversidades, quien le adelantó a los docentes autoconvocados que la conducción provincial decidió no mostrar los mandatos para resguardar la intimidad de los que participaron. Cuando se le aclaró que en la sede Trelew se tuvo acceso a dicha requisitoria, contestó que fue un error y que no se debió habilitar los mandatos. Con este criterio, cualquier conducción puede hacer lo que le plazca pues no tiene obligación de rendir cuenta ante sus afiliados. El fraude está a la vista.

Más allá de sus resultados legales, la nota de pronto despacho y la impugnación de la semana pasada representan dos antecedentes legales que las bases podrán utilizar en un futuro frente a nuevos fraudes por partes de la burocracia al frente del sindicato. Incluso puede representar un punto de partida legal para la juntada de firma con el objetivo de convocar a un nuevo acto eleccionario. 

 

A continuación, se comparte el texto presentado este mediodía:

 

PRONTO DESPACHO

SOLICITA EXHIBICION DE MANDATOS

 

Rawson, 9 de junio de 2026.-

A LA COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL

DE ATECH

RAWSON – CHUBUT

 

Quienes suscriben la presente, afiliados y afiliadas a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), constituyendo domicilio a los efectos de esta presentación en (…), nos dirigimos a esa Comisión Directiva Provincial y respetuosamente decimos:

I.- OBJETO

Que venimos a solicitar el acceso, exhibición y compulsa de la documentación original utilizada para la recepción, validación, escrutinio, consolidación y difusión de los resultados correspondientes a los mandatos escolares vinculados a las consultas efectuadas sobre las propuestas salariales formuladas por el Gobierno de la Provincia del Chubut durante el mes de mayo de 2026.

Asimismo, solicitamos se nos permita verificar la documentación respaldatoria que sirvió de fundamento para la difusión pública de los resultados comunicados por ATECH respecto de dichas consultas.

II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

La presente solicitud se formula en ejercicio de los derechos de participación, información y control que corresponden a los afiliados de una organización sindical, reconocidos por los artículos 4 inciso e) y 8 de la Ley 23.551, los cuales garantizan el derecho de los trabajadores a participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, la existencia de una comunicación fluida entre los órganos de conducción y los afiliados, el respeto de los mandatos de los representados y la efectiva participación de todos los afiliados en la vida institucional de la organización.

Asimismo, el Estatuto de ATECH establece expresamente como obligación de quienes ejercen cargos electivos cumplir los mandatos y disposiciones emanadas de los afiliados, impone a las autoridades sindicales deberes permanentes de información y comunicación con las bases y dispone mecanismos específicos para la conformación de la voluntad colectiva mediante la realización de asambleas escolares y la emisión de mandatos.

Particular relevancia reviste el artículo 76 del Estatuto, que establece que antes de cada Plenario deberá realizarse la correspondiente Asamblea Escolar y que los presentes deberán suscribir un mandato que será expuesto por el Delegado en el ámbito respectivo. Ello demuestra que el mandato escolar constituye el instrumento mediante el cual las bases expresan formalmente su voluntad y participan de la formación de las decisiones colectivas de la organización.

Durante el desarrollo del conflicto salarial docente correspondiente al presente ciclo lectivo, numerosos afiliados han advertido situaciones que generan razonables dudas respecto de la transparencia, publicidad y control del procedimiento utilizado para la recepción, escrutinio y consolidación de los mandatos escolares mediante los cuales se expresó la voluntad de las bases docentes.

En particular con fecha 01 de junio de 2026 se presentó una impugnación formal ante la Regional Este (Trelew) vinculada al procedimiento de recepción, escrutinio y cómputo de mandatos, respecto de la cual no se ha recibido respuesta alguna hasta la fecha.

Asimismo, distintos afiliados de la Provincia han señalado inconsistencias entre mandatos efectivamente emitidos y remitidos por establecimientos educativos y los resultados posteriormente difundidos por la organización sindical.

Particularmente, se ha cuestionado la falta de contabilización de mandatos correspondientes a establecimientos educativos de la Regional Este que habrían sido remitidos dentro de los plazos y por los canales oportunamente habilitados por la organización sindical.

Del mismo modo, afiliados de otras Regionales han manifestado dificultades para acceder a la documentación utilizada para respaldar los resultados comunicados por la organización sindical, situación que impide verificar de manera independiente la correspondencia entre los mandatos efectivamente emitidos y los resultados finalmente informados.

A ello se suma que los afiliados no hemos tenido acceso a las planillas de escrutinio, registros de recepción, consolidaciones provinciales, libros de actas ni documentación respaldatoria que permita ejercer un adecuado control respecto de la formación de la voluntad colectiva provincial que posteriormente fue presentada públicamente como expresión de la docencia chubutense.

Asimismo, genera particular preocupación la secuencia temporal mediante la cual se desarrolló el proceso de consulta salarial durante los últimos días del mes de mayo de 2026.

En efecto, los mandatos correspondientes a una de las consultas efectuadas por la organización sindical fueron recepcionados hasta el día 25 de mayo de 2026, habiéndose informado que la posición resultante de dicho proceso fue trasladada al Gobierno Provincial el día 26 de mayo de 2026. Los docentes sabemos del tenor de ese mandato y las acciones de la conducción de Atech lo confirman. Ese mandato fue un rotundo rechazo a la propuesta del gobierno y exigencia de parte de las bases de medidas de acción de lucha acordes a dinámica del conflicto.

Posteriormente, en fecha 27/05/2026 el gobierno Provincial formuló una nueva propuesta salarial que fue puesta nuevamente a consideración de las bases docentes, convocándose a un nuevo proceso de mandatos con vencimiento el día 28 de mayo de 2026 a las 20hs.

Ello implicó que los establecimientos educativos y sus trabajadores contaran con un plazo extremadamente reducido para debatir la nueva propuesta, celebrar asambleas, confeccionar los mandatos correspondientes y remitirlos por los canales habilitados por la organización sindical.

Diversos afiliados entendieron que la nueva propuesta salarial no introducía modificaciones sustanciales respecto de los aspectos centrales que venían siendo cuestionados por las bases docentes y que la diferencia existente respecto de la propuesta anterior resultaba insuficiente para satisfacer los reclamos expresados en numerosos mandatos escolares.

Por ello, numerosos trabajadores manifestaron preocupación respecto de la brevedad del plazo otorgado para la realización de una nueva consulta, toda vez que la confección de mandatos escolares exige la convocatoria de reuniones, deliberaciones y acuerdos colectivos que demandan tiempo y esfuerzo organizativo por parte de docentes, delegados y afiliados.

Precisamente por ello, y teniendo en cuenta que el resultado final fue difundido públicamente por la conducción provincial como expresión de la voluntad de la docencia chubutense respecto de la propuesta salarial sometida a consideración, entendemos indispensable acceder a la documentación original que permita verificar la correspondencia entre los mandatos efectivamente recepcionados, los procedimientos de escrutinio aplicados y los resultados posteriormente difundidos. Todo esto puesto que llama poderosamente la atención que el gremio en fecha 26/05/2026 no comunicara por ningún medio el rechazo de la docencia a la propuesta del gobierno, pero en cambio si publicara por todos los medios posibles y con celeridad nunca vista en este periodo 2026 la “aceptación” de la propuesta del gobierno.

Toda su conducta y nuestros registros como docentes autoconvocados nos sostenían en duda la veracidad de la expresión de la conducción de Atech respecto del último mandato. Cuestión que pudimos ratificar al examinar los mandatos de la regional de Trelew.

Por otro lado es repudiable la actitud de UD en la sede de Puerto Madryn donde no le permitieron a los afiliados docentes poder observar los mandatos originales.

La presente solicitud no persigue acceder a datos personales de afiliados ni interferir en el funcionamiento institucional de la organización, sino garantizar la transparencia de un procedimiento que fue utilizado para expresar públicamente la posición de la docencia de toda la Provincia del Chubut respecto de una cuestión de indudable trascendencia colectiva.

Encuentra aun mayor respaldo la razón principal del conflicto que son los salarios de indigencia que perciben los docentes de toda la provincia. Situación a la cual el gobierno no parece importarle y a la cual no vemos ni sentimos que UD Conducción de Atech nos este representando.

III.- SOLICITUD DE EXHIBICIÓN Y COMPULSA DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL

Desde la recepción de la presente intimamos plazo de 24hs corridas a que abra las puertas del sindicato, sede principal en la ciudad de Rawson, para la exhibición y compulsa presencial de la documentación original vinculada al proceso de consulta salarial mencionado.

La documentación a exhibir deberá comprender, como mínimo:

a) La totalidad de los mandatos originales recepcionados por todas las Regionales de ATECH correspondientes a las consultas salariales realizadas durante el mes de mayo de 2026.

b) La totalidad de los registros originales de recepción de mandatos.

c) Los originales de las actas de escrutinio confeccionadas por las distintas Regionales.

d) Los originales de las planillas de conteo, clasificación, validación, observación, consolidación y cómputo utilizadas para la determinación de los resultados regionales y provinciales.

e) Los libros de actas originales donde consten actuaciones relacionadas con la recepción, validación, escrutinio y consolidación de los mandatos.

f) Los cuadros de resultados provinciales y toda documentación utilizada para elaborar el resultado final difundido públicamente por la conducción provincial.

g) Los correos electrónicos, registros digitales y constancias informáticas mediante los cuales hubieran sido recepcionados los mandatos remitidos por los establecimientos educativos, incluyendo fecha y hora de recepción.

h) Toda documentación relacionada con la validación, observación, exclusión o incorporación de mandatos al escrutinio provincial.

IV.- COPIAS CERTIFICADAS

Una vez efectuada la compulsa de la documentación original, solicitamos se nos otorgue copia certificada de toda la documentación anteriormente detallada.

Respecto de los mandatos individuales, en caso de considerarse aplicables resguardos vinculados a datos personales de afiliados, solicitamos que las copias se entreguen con el correspondiente testado de nombres, documentos, firmas u otros datos sensibles, sin afectar la posibilidad de verificar el contenido del mandato, el establecimiento de origen, la fecha de emisión, la fecha de recepción y el sentido de la decisión adoptada.

V.- PRESERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Solicitamos expresamente que se disponga la inmediata preservación e integridad de toda la documentación física y digital vinculada al procedimiento de recepción, validación, escrutinio y consolidación de mandatos.

En consecuencia, requerimos que no se destruya, elimine, altere, modifique, sustituya ni descarte documentación alguna relacionada con dicho procedimiento hasta tanto se permita el acceso a la documentación solicitada y se esclarezcan las observaciones formuladas por distintos afiliados respecto del proceso desarrollado.

VI.- DERECHO Y RESERVA

La presente se formula con fundamento en los artículos 4 inciso e) y 8 de la Ley 23.551, en los artículos 8 inciso i), 28 inciso c), 55 incisos a), c), d) y f), 57 y concordantes, así como en los artículos 76 y concordantes del Estatuto de ATECH.

Dejamos expresamente reservada la posibilidad de promover las actuaciones administrativas, sindicales y judiciales que correspondan ante los organismos competentes en caso de persistir la negativa a exhibir la documentación solicitada o de verificarse irregularidades en el procedimiento de recepción, escrutinio y consolidación de mandatos.

Por todo lo expuesto,

SOLICITAMOS:

1.           Se tenga por presentada la presente solicitud.

2.           Se abran las puertas del sindicato, Sede central, indicando hora para la exhibición y compulsa de la documentación original detallada.

3.           Se disponga la preservación integral de toda la documentación vinculada al procedimiento referido.

4.           Oportunamente se otorguen las copias certificadas solicitadas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

 

El ghetto de los pibes: estigmatización, criminalización y rebelión de la juventud en las escuelas de Chubut

De potenciales asesinos seriales a “piqueteros subversivos” en menos de un mes. Las autoridades educativas chubutenses dicen promover el pensamiento crítico y la defensa de los derechos de los adolescentes pero clausuran su ejercicio en las aulas. Rememorando una histórica escena de la película The Wall, desde Supervisión se ordenó que una movilización de decenas de estudiantes de una secundaria de arte en apoyo a la lucha de docentes y auxiliares de la educación no trascendiera públicamente y quedara encorsetada en los muros de su patio interno. La censura a la solidaridad de clase como política de Estado no deja afuera a los pibes que intentan levantar su voz. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

 

Por Iván Marín

 

Una suerte de estado policial transita los pasillos de los establecimientos educativos chubutenses desde la llegada de Ignacio Torres a la gobernación. Bajo el ropaje de una supuesta mayor profesionalización, se erige sobre las espaldas de la docencia y los auxiliares de la educación un aumento de las responsabilidades que no va acompañada por una recomposición del poder adquisitivo de sus salarios. Por el contrario, los sueldos de estos trabajadores se ubican entre los más bajos del país. En el caso de la docencia apenas rozan los 700 mil pesos por cargo para un ingresante. Este ajuste fenomenal viene escoltado por una reestructuración reaccionaria de la vida escolar en general, que en las últimas semanas pegó un salto sobre su sujeto social mayoritario: los estudiantes. La regimentación en curso se choca de frente con los más elementales derechos constitucionales. El despotismo del ministerio de Educación crece al calor de la crisis económica con el principal objetivo estratégico de romper cualquier lazo de solidaridad y rebeldía de los que osen levantar la voz contra sus políticas.

Como señalamos en este artículo, el abordaje punitivista de los retos virales de adolescentes en las escuelas debe inscribirse en el escenario provincial descripto, que no dista en demasía de lo que ocurre a nivel nacional. La militarización de las escuelas -y, con ella, medidas de estrechísima profundidad intelectual como la revisación de mochilas y/o la obligación de llevar los útiles en bolsas transparentes- tienen al menos un doble objetivo: por un lado, la venta de humo a través de la prensa y redes sociales; y, por el otro, contribuir a un estado de incertidumbre, a un miedo paralizante que pide a gritos “orden”, entendido como la respuesta policíaca a todas las problemáticas de la vida en sociedad. “Algún día será esta vida hermosa y me someto por eso a tu voluntad”, dice una reconocida canción sobre el tema.

El miércoles 13 de mayo estudiantes de la Escuela 759, con orientación artística, llevaron adelante una sentada y movilización con cánticos en el patio interno del establecimiento en solidaridad con la lucha docente y de auxiliares de la educación. La actividad fue difundida el día anterior y estuvo promovida por el Centro de Estudiantes. Duró alrededor de una hora y contó con la participación de varias decenas de pibes y pibas. Como ocurre generalmente con este tipo de acciones, no faltaron los registros fílmicos ni las fotografías con celulares. Sin embargo, llegó una orden por vía jerárquica para que no se difundieran imágenes en redes sociales de la iniciativa para garantizar un supuesto resguardo de la privacidad de sus participantes. La censura dejó insatisfecha a una porción significativa de sus protagonistas y en una movilización pública de la docencia al día siguiente en Trelew anunciaron que el 15 de mayo se registraría una sentada de estudiantes autoconvocados con el mismo propósito de sumar su solidaridad a los sectores en lucha. Esa otra actividad también fue censurada ya que no se dejó salir a los estudiantes a la vereda del establecimiento bajo el argumento de que no contaban con autorización de los padres. Los pibes no corrían ningún peligro. Aunque los estudiantes no pretendían cortarla, la calle que da al ingreso de la escuela es una de las menos transitada de la ciudad.

Silvina Veira es la supervisora de esta escuela y, por ende, la encargada de impartir las órdenes que bajan desde el ministerio de Educación a cargo de José Luis “Spider-Man” Punta. Veira también tiene a cargo la escuela 7716, en la que las autoridades prohibieron a sus docentes realizar asambleas bajo amenaza de apercibimiento, cuestión que terminó ocurriendo con el descuento de sus salarios. Es la misma supervisora de la escuela 747, en la que se obligó a los estudiantes a ir sin mochilas y con los útiles en ridículas bolsas transparentes, como si todos fueran potenciales asesinos seriales. Otras escuelas utilizaron las mismas decisiones punitivistas respecto a los retos virales.

El 6 de mayo, Helga Paz, Supervisora Técnica Secretaria, y Karina Pugh, de la Supervisión Técnica General de Educación Primaria, emitieron una orden para que los directivos de las escuelas informaran la adhesión a las medidas de fuerza de la docencia. El documento fue enviado a Prosa Urgente por personal del ministerio de Educación. Una vez viralizado en nuestro muro de Facebook llovieron los comentarios sobre estos personajes. Respecto de Pugh se señaló que en luchas anteriores estuvo al pie del cañón y que ahora se “pasó de bando”. De Paz se informó que se la había visto en una movilización de la docencia autoconvocada en la que se exigía aumento salarial desarrollada tan solo 3 o 4 días antes.

Este abordaje policíaco de las problemáticas educativas guarda no pocas semejanzas con las justificaciones del personal de las fuerzas represivas -y también del burocrático y del político- de regímenes dictatoriales o genocidas respecto de sus crímenes. La tan criticada ley de “obediencia debida” promovida por Raúl Alfonsín para dejar libre a la inmensa mayoría de los milicos involucrados en la desaparición y tortura de miles de personas por la última dictadura militar se ha hecho carne a su modo en el régimen educativo chubutense.  Lo cierto es que nadie obliga a un docente a ser supervisor u ocupar otro cargo directivo de mayor o menor responsabilidad. La aceptación acrítica implica necesariamente la adhesión a la política educativa del gobierno de ocasión, en este caso de un reaccionario de pe a pa como Ignacio Torres.

No hace falta mucha lucidez para concluir que no asistimos a un resguardo de la imagen y la integridad física de los estudiantes sino a un disciplinamiento que pretende formatearlos según los valores individualistas de esta sociedad capitalista. Por ello la necesidad de responder de manera punitivista a todas sus iniciativas, ya sean aquellas cuestionables, como pueden ser los retos virales, o las que tienen por objetivo la solidaridad entre sectores que luchan por una calidad de vida más digna. El gobierno de Ignacio Torres gasta millones de pesos en propaganda oficial donde decenas, cuando no centenares o miles, de jóvenes aparecen con sus rostros al descubierto en actos escolares o inauguraciones de obras de su gestión. Las propias escuelas suben a diestra y siniestra imágenes de sus estudiantes en redes sociales sin consultarles a nadie. En ninguno de estos casos aparecen llamados telefónicos de supervisores prohibiéndolos. Estas órdenes, por otra parte, no suelen darse por escrito: no vaya a ser cosa que trasciendan públicamente y queden como lo que realmente son, censores profesionales de la solidaridad de la juventud para con sus docentes, auxiliares o cualquier otro sector que se encuentre en lucha.

¿Qué harían estos censores frente a una movilización contra un caso de racismo, femicidio o de violencia policial ocurrido en la ciudad? ¿También prohibirían que trascendieran imágenes de dicha manifestación si se realiza en el interior de un establecimiento escolar? Como dijimos, este abordaje policíaco de la vida en las escuelas también se expresa en las disposiciones por las cuales la totalidad de los centros de estudiantes están totalmente integrados a la vida institucional y no tienen independencia política ni organizativa de los equipos directivos. Pretenden que el sindicato de los estudiantes no intervenga como representante de los derechos de los pibes sino como un brazo de la política de la gestión de turno hacia el interior del estudiantado. No tienen por objetivo formar ciudadanos con pensamiento crítico, sino, como diría otra canción, sumar nuevos ladrillos a la pared. Esta estrategia reaccionaria abona el desarrollo de la autoorganización estudiantil, perspectiva que asusta a todo el establishment mencionado. Más temprano que tarde, los estudiantes y toda la comunidad educativa se rebelará, contra estas prácticas de tinte fascistoides. 

Docentes Autoconvocados de Trelew denunciaron la aceptación salarial de la conducción de la ATECH

En un comunicado emitido ayer señalaron, entre otras cosas, que dieron menos de 24 horas para realizar un mandato sobre una propuesta que ya había sido rechazada en dos oportunidades, que el conteo se dio con el sindicato a puertas cerradas y que no se difunden los detalles de las escuelas que participaron.

 

                                                                   Foto de Aníbal Aguaisol

Por Iván Marín

Otra vez la conducción CELESTE de la ATECH en el centro de todas las críticas. Esta vez por repetir una práctica naturalizada desde que asumieron el 10 de diciembre último: no respetar los mandatos de las bases para acordar con el gobierno de Ignacio Torres propuestas que representan una oficialización de rebaja salarial.

 

A continuación, compartimos comunicado publicado en las últimas horas de este viernes por Docentes Autoconvocados de Trelew.

 

COMUNICADO 29/05

Desde Docentes Autoconvocados/as de Trelew expresamos nuestro desacuerdo y malestar con el anuncio realizado por la conducción provincial de ATECH respecto de la aceptación de la última “propuesta” salarial.

Consideramos que el proceso mediante el cual se definió dicha aceptación carece de las condiciones necesarias para garantizar una verdadera participación de las bases y una resolución legítima.

Nuestros cuestionamientos son claros:

• Se volvió a solicitar mandato sobre una propuesta que ya había sido debatida y rechazada por las escuelas, sin fundamentos que justificaran una nueva consulta.

• La convocatoria se desarrolló en un plazo de apenas 24 horas, limitando las posibilidades de análisis, discusión y participación de la docencia. Además, la decisión fue reducida a la firma de una planilla impuesta como único formato válido, ya que no se aceptaron actas de asambleas ni otros mecanismos de mandato que cada escuela, junto a sus delegados/as o referentes, considerara pertinentes presentar.

• No se difundieron los resultados completos ni la información necesaria para verificar cómo se arribó a la decisión comunicada.

Asimismo, hasta el momento no se informó cuál fue el criterio utilizado para determinar la mayoría, ya que se desconoce si los mandatos fueron considerados por escuela, por turno o mediante otra modalidad.

También denunciamos que el tratamiento de los mandatos se realiza a puertas cerradas, sin la presencia de delegados/as y sin instancias abiertas de participación para docentes afiliados/as y no afiliados/as, cuando un proceso de estas características debería desarrollarse de cara a las bases.

Resulta especialmente preocupante que se anuncie la aceptación de una propuesta salarial que mantiene una diferencia cercana a los $700.000 respecto de lo que vienen reclamando los docentes autoconvocados en toda la provincia.

Entendemos que cualquier definición que involucre a miles de trabajadores y trabajadoras de la educación debe estar acompañada por información pública, procedimientos claros y acceso a los resultados.

Por ello exigimos la publicación de la totalidad de los mandatos, de los resultados obtenidos en cada regional, de la metodología utilizada para arribar a esta definición y el acceso público a toda la documentación correspondiente.

DOCENTES AUTOCONVOCADOS/AS TRELEW

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia se manifestaron contra la persecución hacia quienes adhieren a los paros

En una carta abierta emitida en el día de la fecha expresaron su rechazo a los aprietes que sufren directivos y docentes que adhieren a las medidas de fuerza. Además, cuestionaron con vehemencia el Decreto Nª 508/26 recientemente emitido sobre el uso de licencia en el ámbito estatal.

 

Por Iván Marín

 

A continuación. compartimos la mencionada carta. 

CARTA ABIERTA

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia

 

A la opinión pública, a los poderes del Estado Provincial, a los organismos de defensa de los derechos humanos y a toda la comunidad educativa de la Provincia del Chubut

Queremos dirigirnos a ustedes para denunciar con firmeza y claridad una situación que está afectando gravemente al sistema educativo provincial y que constituye una violación manifiesta de los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación.

Hemos tomado conocimiento de actos sistemáticos de persecución laboral que se están produciendo en toda la provincia, dirigidos especialmente contra directivos de escuelas, y que tienen como objetivo principal identificar, individualizar y sancionar puntualmente a los docentes que deciden ejercer su derecho legítimo a la huelga, como mecanismo de defensa de sus condiciones laborales y de la calidad de la educación que brindan.

Esta práctica no es más que un abuso de poder por parte del Estado, que viola de manera flagrante los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, así como las normas internacionales que protegen los derechos de los trabajadores. La persecución individual, la identificación selectiva y la búsqueda de responsabilidades personales por el ejercicio de derechos laborales básicos, no tienen cabida en un sistema democrático, y representa un retroceso inaceptable en el camino de las libertades y los derechos que hemos construido como sociedad.

Al observar estas acciones, no podemos evitar hacer una comparación dolorosa pero necesaria: estamos presenciando conductas que nos remiten a los tiempos más oscuros de la historia argentina, cuando la persecución política y laboral se utilizaba como herramienta de control y represión, cuando se atacaba a las personas por sus ideas y por su forma de defender sus derechos, cuando se buscaba dividir a la comunidad y someterla a la voluntad de quienes detentan el poder. No creemos que estemos viviendo esos momentos, pero los hechos que estamos viendo hoy tienen la misma esencia: la voluntad de castigar a quienes se atreven a reclamar, de atacar a las personas en lugar de atender sus reclamos, de imponer la fuerza por encima del diálogo y la ley.

Rechazamos de manera absoluta cualquier práctica que haga foco sobre las personas en forma individual. Entendemos que cada trabajador tiene derecho a actuar en conjunto con sus pares, a expresar sus opiniones y a tomar medidas de acción sindical sin ser perseguido, sin ser identificado ni sancionado de manera particular. La persecución laboral es un abuso que ataca la dignidad de las personas, que rompe el vínculo de confianza entre el Estado y los ciudadanos, y que pone en riesgo la estabilidad y el funcionamiento mismo de las instituciones educativas.

Para nosotros, la educación es un derecho social y un servicio público esencial, y los docentes somos sus actores fundamentales. No aceptamos que se utilicen mecanismos de control y represión para evitar que se defiendan sus derechos, ni que se intente dividir a la comunidad educativa con prácticas que solo buscan silenciar las voces que reclaman mejoras reales.

Recordamos que en un sistema democrático, el Estado tiene la obligación de garantizar el diálogo, el respeto a los derechos y el cumplimiento de la ley, no de perseguir y castigar. Cualquier medida que tenga como objetivo atacar a las personas en lugar de resolver los problemas, es una violación de los principios que rigen nuestra vida en sociedad.

Exigimos que cesen inmediatamente todos los actos de persecución laboral, que se respete el derecho a la huelga y a la organización gremial, y que se abandonen las prácticas que recuerdan a los momentos más tristes de nuestra historia. Pedimos a las autoridades que vuelvan a la vía del diálogo y la negociación, que atiendan las legítimas demandas de los trabajadores de la educación y que actúen siempre dentro del marco de la ley y de los valores democráticos.

Nos mantenemos firmes en nuestra defensa de los derechos, de la dignidad de los trabajadores y de la calidad de la educación, y seguiremos trabajando para construir un sistema educativo justo, equitativo y respetuoso de los derechos de todos, sin importar las presiones ni las prácticas abusivas que intenten imponernos.

 

CUESTIONAMIENTO DEL DECRETO N° 508/26

 

Tras analizar el Decreto N° 508/26, publicado el pasado 7 de mayo en Rawson, hemos identificado una serie de modificaciones normativas que, lejos de mejorar la situación de los trabajadores del Estado, introducen restricciones y condiciones que cuestionamos profundamente desde la perspectiva de los derechos laborales y el bienestar de los agentes públicos.

En primer lugar, el decreto modifica la regulación de las licencias por vacaciones, estableciendo que no se otorgarán por los periodos en que el agente se encuentre en situación de inactividad por uso de licencias sin goce de haberes o por licencias por enfermedad o cuidado familiar, y solo se reconocerá la parte proporcional si el periodo de inactividad no alcanza a cubrir el año calendario. Esta medida resulta injusta y desproporcionada, ya que castiga a quienes deben ausentarse de su trabajo por motivos de salud propios o por la necesidad de atender a familiares a cargo, reduciendo sus derechos y beneficios sin justificación objetiva. No se explica en la norma cuál es el interés público que se persigue con esta restricción, ni se establecen mecanismos que eviten que la medida afecte a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como personas con enfermedades crónicas o familiares con discapacidad.

Asimismo, se modifican las reglas para las licencias por enfermedad, introduciendo plazos y condiciones estrictas que, aunque pretenden ser más precisas, generan nuevas barreras para acceder a estos derechos. Si bien se reconocen situaciones específicas como enfermedades oncológicas, crónicas reagudizadas y poco frecuentes, la forma en que se establecen los plazos y requisitos limita el acceso real a la protección que debería garantizarse. Cuestionamos que se establezcan topes máximos de días y condiciones de recuperación que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad de las patologías que requieren tratamientos prolongados y cuidados permanentes, y que pueden generar que los trabajadores se vean obligados a volver a sus tareas antes de haber recuperado su capacidad laboral, poniendo en riesgo su salud y su integridad física.

Otro punto que genera preocupación es la modificación del artículo 18, que regula las licencias por atención de familiares enfermos. Se introduce el requisito de presentar una declaración jurada del grupo familiar, estableciendo que cualquier falsificación dará lugar a sanciones disciplinarias, lo cual en principio parece razonable, pero se convierte en un elemento de control y vigilancia excesivo. El decreto define el grupo familiar de manera amplia, incluyendo no solo a cónyuge, hijos y padres, sino también a otras personas que convivan con el agente y estén a su cargo, una definición que deja amplios márgenes de interpretación y que puede ser utilizada para generar desconfianza y desprotección. Además, se establecen plazos específicos y condiciones que pueden dificultar el acceso a estas licencias, en un contexto donde el cuidado de las personas es un derecho fundamental y una responsabilidad que el Estado debe apoyar, no limitar.

Cuestionamos también la lógica que sustenta estas modificaciones: se presentan como una mejora técnica y una adaptación a nuevas realidades, pero en la práctica se traducen en una reducción de derechos, una mayor burocracia y un control más estricto sobre la vida personal y familiar de los trabajadores. No se ha realizado una evaluación previa del impacto social y laboral que estas medidas tendrán, ni se ha consultado a los representantes de los trabajadores, lo cual viola el principio de participación y negociación que debería regir cualquier modificación de las condiciones laborales.

Entendemos que el Estado tiene la obligación de organizar el trabajo público y establecer reglas claras, pero estas no pueden ser utilizadas para reducir los derechos de los trabajadores, ni para generar obstáculos que dificulten el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, el cuidado de los familiares y el descanso. Las modificaciones introducidas en el Decreto N° 508/26 van en sentido contrario al principio de protección de los trabajadores, y constituyen un nuevo paso en la dirección de debilitar sus derechos y condiciones laborales, al mismo tiempo que se siguen aplicando prácticas de persecución y control que no tienen lugar en una sociedad democrática.

Estas demandas se sustentan en el principio de que la educación es un servicio público esencial y que los docentes son actores fundamentales para garantizar su calidad. El Estado Provincial tiene la obligación legal y moral de asegurar condiciones dignas de trabajo, formación, remuneración y protección social, tal como lo establecen las normas superiores que rigen la vida en la provincia y en la nación.

               

Docentes Autoconvocados de Comodoro Rivadavia

Provincia del Chubut, 14 de mayo de 2026

Mochilas, mochilas y mochilas

La enorme complejidad multicausal que se esconde detrás de los violentos retos virales de la juventud en las escuelas es respondida por el Estado con la banal y peligrosa simplificación del punitivismo en boga: la prohibición a los pibes de llevar mochilas y la militarización de los establecimientos educativos. Para esta corriente todo estudiante es potencialmente un asesino serial. Pocas veces como en los tiempos que corren la imbecilidad se ha convertido en una de las principales características del personal político a cargo del gobierno de turno. Nada bueno se puede esperar del reemplazo de los libros y del debate crítico por las botas y el fusil facho.

 

                                                     Ilustración de Gastón Spur

Por Iván Marín

Las respuestas ´fáciles`a temas complejos pavimentan siempre posiciones políticas ultrarreaccionarias, -aunque otras opciones de la derecha o, incluso, del progresismo tampoco se quedan atrás. Para ello cuentan con el beneplácito de las empresas de comunicación que, en términos generales, no se caracterizan por contribuir a la gimnasia de la materia gris en su público. Como se imaginará el lector, este combo de idioteces tiene como principal objetivo censurar el pensamiento crítico y desarrollar su contrario: el “sentido común”, que es, entre otras cosas, el modo en que las clases dominantes imponen su visión del mundo a las clases explotadas y oprimidas. Cuando no les alcanza con este “consenso” de ideas naturalizadas en un sector de la sociedad, recurren con más asiduidad al garrote. Pero para poder hacer uso de este último es preciso preparar el camino con la construcción de un consenso represivo. Es en este marco que debe entenderse la brutal -y falsa- simplificación que implica depositar la mayor de las responsabilidades en las escuelas respecto de los retos virales lamentablemente de moda entre una parte ínfima de la juventud en los últimos días.

Como no podía ser de otro modo, es el personal político a cargo del Estado -que en la actualidad tiene la peculiaridad de contar con un número más significativo que en otras oportunidades de cuadros fascistoides en puestos de responsabilidad a lo largo y ancho del país- el que elabora las medidas ridículas que se observan para “combatir” los susodichos retos. La respuesta es sacada del recetario reaccionario con el que se han comportado distintos Estados en situaciones similares, en especial ese que irrumpe todas las noches en los sueños del presidente Javier Milei y que lo hace despertar humedecido y eufórico del placer: Estados Unidos.

Es lo que ocurre cuando se comienza con la difusión de protocolos que tienen en su núcleo central advertir con énfasis en que estas amenazas de atentados escolares representan un delito, decidir la prohibición del uso de mochilas y su reemplazo por bizarras bolsas transparentes o, en su defecto, revisar cada una de las mochilas en el ingreso a las escuelas, y publicitar que efectivos policiales se harán presentes en los establecimientos. Estas medidas estúpidas no solo entran en el juego de los retadores virales, sino que, y, sobre todo, sancionan a miles de pibes que poco o nada tienen que ver con lo que se pretende “combatir”. La estrategia es clara: primero la sanción generalizada y, con ello, la contribución a un clima de incertidumbre que para el común de los mortales se le presenta como una amenaza inmediata a ser resuelta de manera decidida y sin contemplaciones: con represión, en sus distintas variantes. Esta “prevención” primero que nada es sanción y esa sanción una visión del mundo, es decir, una forma de afrontar la vida cotidiana en una sociedad desgarrada por la precarización y sobrexplotación laboral y el hambre que se esparce como un virus sin vacuna por las familias trabajadoras. En definitiva, la sanción como sumisión pasiva a estas condiciones de existencia.

La sanción a la que hacemos referencia no solo es pereza intelectual, también es disimulo. Es la coartada casi perfecta para ocultar la inconmensurable pauperización de las condiciones de vida del pueblo y/o la contrarreforma educativa de hecho en curso que barre con derechos adquiridos y que se niega a afrontar nuevas necesidades de la sociedad, como la creciente ansiedad, depresión y estrés en las juventudes y en los trabajadores del sector. En el Chubut del gobernador Ignacio Torres la docencia tiene el peor salario del país, alrededor de 650 mil pesos por cargo. De lo que resulta que trabajando mañana, tarde y noche un docente apenas ronde el millón y medio de pesos. Este salario de hambre y endeudamiento viene acompañado cada vez con mayores responsabilidades, es decir con una mayor sobreexplotación. También viene acompañado de intentos de recortes a derechos elementales, como la prohibición de asambleas en los lugares de trabajo en horarios de clase. Para ello cuentan con la complicidad de equipos directivos -y esto incluye a los supervisores- desclasados que amenazan con sanciones ante cualquier medida de lucha.

La baja en la tasa de natalidad en vez de representar una oportunidad para una relación más cercana entre el docente y sus estudiantes debido a la disminución de la matrícula, implica cierre de cursos y con ello no solo más docentes en las calles sino también más estudiantes en las aulas porque se fusionan los cursos. La racionalización conservadora de la organización escolar no incluye personal profesional en salud mental y, en general, también supone un faltante significativo de auxiliares de la educación.

La escuela no escapa a la reestructuración reaccionaria de las condiciones de vida implementada por los libertarios y sus secuaces -el resto del régimen político-, coloquialmente denominada “ajuste”. Por ende, tampoco es ajena a la violencia entre el pueblo ni mucho menos al resentimiento -en muchos casos entendible- de sectores que observan cómo sus vidas carecen de una perspectiva digna. Este preocupante escenario se ve acicateado por las mayores facilidades legales para acceder a armas de fuego dictadas por un presidente que no sólo reúne todos los atributos de un imbécil y fascista sino también de una persona execrable en el sentido más literal del término: ¿de qué otra manera se puede calificar a un personaje de más de 50 años que se mofa de las personas con síndrome de Down, por citar tan solo una de sus patéticas diatribas en redes sociales?

En tiempos donde pareciera ser una virtud aristotélica ser egoísta; tramposo; maltratador orgulloso; festejador de despidos de trabajadores; delator rabioso de luchadores; aplaudidor de genocidios en curso, como el que padece el pueblo palestino en manos del Estado sionista de Israel; lamebotas de invasores de soberanías ajenas que suponen miles de muertos, como es el caso de Estados Unidos en su avanzada bélica por doquier; justificador convencido de la última dictadura militar o defensor insulso de una supuesta “apoliticidad”, ¿en serio puede llamar la atención que un sector de la juventud exprese su descontento con este estado de cosas mediante la violencia hacia el prójimo? La sanción como prevención a estos actos es también una forma de quitarse responsabilidad y arrojársela al que está en una posición de mayor debilidad en el asunto: el trabajador de la educación, por ejemplo. Es también lo que explica los intentos de linchamientos en la Escuela 21 de Trelew en la última semana, tras la difusión de posibles casos de abusos sexuales a menores que cursan sus estudios en esa primaria.

En el muy recomendable documental Bowling for Columbine, su director Michael Moore entrevista a Marilyn Manson sobre la masacre ocurrida en dicho instituto, en el que murieron asesinadas tres personas, y luego sus dos asesinos se suicidaron. Tras conocerse que los asesinos escuchaban al músico, los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana lo responsabilizaron de la matanza. En un pasaje de la conversación Moore le pregunta: “Si pudieras hablar con los chicos de Columbine, ¿qué les dirías?”. A lo que Manson responde: “No diría nada. Los escucharía. Eso es justamente lo que nadie hizo”.

No se trata tanto de si un Estado deba decir o no algo frente a los retos virales, sino a la lógica -y a la filosofía- que entraña el razonamiento de Manson: darle el lugar de sujetos políticos a los principales protagonistas de estas prácticas, la juventud. Por el contrario, el Estado respondió subestimando hasta el caracú la inteligencia y la creatividad de los pibes para intentar entender lo que ocurre y buscarle soluciones. En la inmensa mayoría de los casos el viernes último se bajaron protocolos a los establecimientos escolares ya definidos unilateralmente. En algunas escuelas se intentó disimular este naturalizado autoritarismo pidiéndole opinión a algún que otro estudiante y a algún que otro docente, pero ya con las decisiones consumadas.

En la campaña electoral de 1992 el entonces candidato presidencial demócrata Bill Clinton popularizó la frase “Es la economía, estúpido”, con la que intentaba poner en el centro de su agitación la recesión en curso que se vivía. Desde entonces su formulación ha cobrado distintos ribetes en los debates políticos, siempre manteniendo la adjetivación con la que finaliza. Inspirándonos en ella decimos sin titubear: ¡No son las mochilas, estúpido!

Preocupación en Paso de Indios ante rumores de modificación de la Ley 5001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto

Aunque el gobernador Ignacio Torres adelantó sus intenciones de avanzar exclusivamente con la minería de uranio, Piche Resources S.A., la empresa encargada de llevar adelante los trabajos de exploración en Cerro Chacón difundió en su página oficial la preeminencia de yacimientos de oro sin nombrar al mineral fundamental para la realización de la energía nuclear. Por su parte, ConoSur Drilling S.A., compañía argentina especializada en perforaciones mineras, ya se encuentra en la zona. Un trabajador de la construcción de la localidad informa y denuncia avances de estas actividades que se hacen bajo absoluto sigilo mediático y comunica que en el pueblo se corre el rumor de una inminente modificación legislativa para avanzar con los emprendimientos.

 

Por Iván Marín

 

“Lobistas mineros prometieron trabajo en Paso de Indios y no cumplieron”, podría haber sido otro de los titulares del presente artículo. Ocurre que decenas de trabajadores de la construcción desocupados del pueblo recibieron promesas incumplidas para comenzar a trabajar en el yacimiento Cerro Chacón. Según el testimonio que uno de ellos dio de manera anónima a Prosa Urgente, dos son los personajes principales encargados de intentar avanzar con la actividad en la zona a como dé lugar, y esto no quita obviamente la metodología del embuste: uno de ellos es Rubén Reinoso, de los principales lobistas mineros en la meseta provincial. Reinoso supo estar muy vinculado en su momento con Gerardo Bulacios, ex presidente del Instituto Provincial del Agua. Ambos desde ese organismo estratégico, en vez de velar por la defensa de este preciado recurso, utilizaron sus influencias para mediar entre los CEOs de las mineras, en especial de Pan American Silver, y las autoridades y poblaciones de los pueblos de la meseta. Bulacios, además, proveía un servicio de cáterin a la multinacional, según informó un vecino de la meseta a este medio hace varios años atrás. Esta dupla se encargaba de alquilar colectivos y organizar delegaciones de vecinos desde la meseta al Valle con el objetivo de presionar para que se apruebe la actividad.

 

Francisco José Parra es el otro personaje. Geólogo de dilatado currículum vinculado a la minera de uranio: perteneció a la Comisión Nacional de Energía Atómica y actualmente es Gerente de Proyecto de la empresa Piche Resources, la dueña hasta el momento del yacimiento Cerro Chacón.

 

                                                                Ingreso al yacimiento

El yacimiento Cerro Chacón se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros al sur de Paso de Indios, en cercanía de una propiedad conocida como La Jabiela o Toro Osco (también mencionada como simplemente “Torozco”). “Hicieron caminos por todos lados, pero tienen su eje en la Ruta Provincial 24, en la zona del Torozco. Tienen como 5 campos alquilados, incluyendo uno que se llama Cañadón Grande, propiedad de Martín Aguirre. Estaría metido Genaro Pérez y el diputado Bowman (Leonardo, ex intendente de Telsen)”, informa nuestro entrevistado. Agrega que en los primeros días de enero se sumarían dos empresas subcontratadas a las actividades y que tienen pensado avanzar en alrededor de 80 pozos: “Están laburando día y noche”, subraya.

 

La entrevista que estamos compartiendo por pasajes se realizó el 22 de diciembre último. Allí también alerta este trabajador que tanto Reinoso como Parra le adelantaron a él y a varios pobladores de la zona que la Legislatura del Chubut haría una modificación legislativa inminente en los primeros días del corriente año. Debe recordarse que la ley 5001 prohíbe la actividad minera a cielo abierto con uso de cianuro, pero que el gobernador Ignacio Torres adelantó que se usará otro método para la extracción del uranio y que no habría intención en avanzar con otros minerales, en especial el oro y la plata. Este doble embuste del mandatario provincial fue desmentido por la propia Piche Resources, quien en su “Informe de Impacto Ambiental para la Etapa de Exploración” del mencionado yacimiento pone énfasis en las reservas de oro (página 41), sin hacer mención del uranio.  

 En abril entrevistamos a Pablo Lada, ambientalista, referente del Movimiento Antinuclear del Chubut y activo participante de la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut. Allí denuncia que la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informa que la minería de uranio aumenta ostensiblemente el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer en las poblaciones cercanas. Agrega que el posible método a utilizar, lixiviación in situ, es tan o más contaminante que la minería a cielo abierto y que en realidad es la puerta de entrada para este último tipo de explotación ya que es la propia CNEA la que resalta que la única forma rentable para desarrollar esta actividad es hacerla a cielo abierto.

 

A todo ello hay que agregar que en los últimos días trascendió que el gobierno pretende modificar la ley 5001. La información se publicó en un artículo por la periodista Giselle Leclercq en ADN Sur, que después desapareció del sitio web del medio, pero que con posterioridad fue rescatado por la página “No a la mina”.

 

Hay que recalcar, de todas formas, que la etapa de exploración no está exenta de peligros. En la página 50 del Informe de Impacto Ambiental mencionado se reconoce como irreversible el impacto generado por un derrame o filtración de la minería mediante el método de lixiviación del suelo en esta etapa. 

Mientras todo esto ocurre, en Mendoza el pueblo se encuentra en las calles porque el gobernador Alfredo Cornejo decidió avanzar con la megaminería, y en pararlelo el gobierno de Chubut y el Poder Judicial condenaron a 5 vecinos por participar del Chubutazo contra la zonificación minera de 2021. Dos de ellos, Naum Vargas y Damián Díaz, se encuentran en prisión de manera ilegal. 

Mendozazo en defensa del agua a punto caramelo

 

                               Imagen de Valentina Spalenza

 

Por Iván Marín

 

La media sanción de la Legislatura Provincial a un paquete de leyes para avanzar con la megaminería reanimó una añeja tradición mendocina en defensa del agua. La memoria de la rebelión popular de 2019 no es rememorativa sino estratégica: implica una perspectiva para el futuro y la deliberación activa del pueblo sobre métodos de lucha con el objetivo de triunfar. Si bien se descuenta que el Senado ratificará la embestida minera, la fecha clave del próximo martes 9 no significará el fin de la batalla sino un round más de un combate que lleva décadas de resistencia: se esperan que entre 80 mil y 100 mil personas de distintos puntos de la provincia movilicen a la Ciudad Capital. Aunque la mayoría de las conducciones sindicales le den la espalda a la gesta, se prevén numerosos cortes de rutas, un masivo ausentismo laboral y, con ello, la imposición autoconvocada del embrión de la huelga general en un escenario nacional marcado por una brutal reestructuración reaccionaria de las condiciones de vida de los trabajadores. El Mendozazo en ciernes es visto con minuciosa atención no solo por el Gobierno libertario, sino también por el FMI y el imperialismo estadounidense, principal aliado del régimen político nacional y provincial.

Cualquier informe, análisis o crónica que se escriba sobre el panorama actual mendocino no puede prescindir de la referencia a la histórica rebelión popular de diciembre de 2019 en defensa de la ley 7722 que regula la actividad minera en la provincia. La analogía tiene sus similitudes y diferencias. En aquella oportunidad la masividad se dio luego de la aprobación de la Legislatura provincial de la derogación de la susodicha ley; en cambio, este martes el gobierno radical de Alfredo Cornejo, los medios de comunicación hegemónicos y promineros de la provincia y los propios manifestantes prevén una multitud movilizando no solo a la Ciudad de Mendoza sino también en las propias localidades del interior antes de su aprobación. Este mar de gente anticipa la primera rebelión popular de envergadura desde que el fascistoide de Javier Milei llegó al Ejecutivo Nacional. Todos los pronósticos vaticinan un fuerte operativo policial y el peligro para el Gobierno de no lograr controlar las consecuencias de una embestida represiva contra los manifestantes. A aproximadamente 1200 kilómetros del inevitable Mendozazo, el Congreso Nacional se prestará a recibir a los legisladores electos en octubre y comenzar el tratamiento de un paquete de leyes reaccionarias, entre ellas el Presupuesto Nacional, la contrarreforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares. El Mendozazo abrirá las puertas de un escenario explosivo en todo el territorio nacional.

 

Marcelo Giraud, profesor de la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, se refiere a cómo llega el pueblo mendocino a este escenario: “Realmente ha sido una sorpresa muy bienvenida que en muy poco tiempo la sociedad mendocina está reaccionando con mucha fuerza ante la inminencia de que el martes 9 la Cámara de Senadores pueda darle sanción definitiva a la ley que ratifica la aprobación ambiental dada por el Poder Ejecutivo a cargo de Cornejo a un paquete de leyes mineras, de las cuales la que más moviliza está siendo el Proyecto de Explotación San Jorge en el Valle de Uspallata, que ya había sido rotundamente rechazado en el año 2011. El proyecto presentado este año es prácticamente un refrito”. Agrega que hay decenas de proyectos aprobados y por aprobar para la región de Malargüe que se encuentran en zona de glaciares y periglaciares y que fue el propio Cornejo junto a su par de San Juan Marcelo Orrego quienes les pidieron a Milei la modificación de la Ley de Glaciares.

Giraud advierte: “Por más que el oficialismo llegue a imponer su mayoría de votos en la Legislatura, ya viene siendo un cierto triunfo de nuestra parte este rechazo popular que está creciendo rápidamente en intensidad y masividad. Así que el escenario está abierto”.

 

LA GESTA LIBERTADORA POR EL AGUA, DESDE USPALLATA A TODA LA PROVINCIA

 

Dialogamos con Federico Soria, uno de los voceros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata sobre la próxima movilización contra los intentos del régimen político provincial de aprobar la megaminería en Mendoza. Manifestó que el próximo lunes saldrán a las 8 de la mañana desde la localidad cordillerana a pie y recorrerán 120 kilómetros para llegar a la ciudad capital al otro día a las 10 de la mañana, cuando el Senado se preste a aprobar un paquete de leyes mineras. La acción fue bautizada como “Gesta Libertadora por el Agua” e incluye movilizaciones de todos los puntos de la provincia.  Consultado sobre las similitudes con la lucha de diciembre de 2019, Soria responde que “entendemos que esta gesta emancipadora que terminó significando la recuperación de la ley 7722 es muy simbólica, está muy sentida y arraigada en la lucha por la defensa del agua en Mendoza, y por eso decidimos imitar esa gesta. Obviamente con la impronta de la campaña del General San Martín, que es una figura muy emblemática en Mendoza y especialmente acá en la zona de la alta montaña, en Uspallata. Van a participar movimientos religiosos, pueblos originarios, productores con sus tractores, las agrupaciones gauchas con sus caballos. El arranque de la movilización va a ser muy movido. Van a venir figuras nacionales, referentes del ambientalismo como Enrique Viale, Maristella Svampa , Guillermo Folguera, que van a participar en el inicio. Esperamos que sea una gran movilización y estar llegando a Mendoza con este mensaje de defensa del agua y oposición a la megaminería”.

 

¿Ustedes ven un panorama similar al del 2019 en cuanto a la masividad?

Sí. Estamos hablando que incluso desde los medios pautados y desde el mismo Gobierno han dejado entrever que esperan eso y por eso también han dispuestos unos operativos de seguridad que todavía no tenemos a ciencia cierta cómo van a ser pero ya han anunciado que va a haber un vallado importante en la Legislatura de Mendoza y en las calles del centro. Tenemos la expectativa de que haya una cantidad de gente similar, estamos hablando de 80 a 100 mil personas.

 

“SI USPALLATA LLAMA, SAN CARLOS SALE”

 

Daniel Funes es referente de la Asamblea por el Agua Pura de San Carlos, localidad emblemática en la organización en defensa del agua y ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de la Ciudad Capital. “Nosotros anoche -el jueves- dijimos ´si Uspallata llama, San Carlos sale`. Así que va a ser la segunda columna importante, larga. Serán dos días de marcha, dos días de caminata. Nos juntaremos con ellos antes de entrar a Capital para exigir al Senado de la provincia que no lo apruebe”.

El entrevistado añade que “nosotros lo que estamos tratando de demostrar -pase lo que pase el martes en el Senado- es que la licencia social no existe y que nunca va a haber una política de Estado mientras la gente no esté de acuerdo. Así que lo que estamos tratando es de desmentirle en las calles a este Gobierno que ha hecho todo lo posible para decir que estamos todos de acuerdo”. 

Funes informa sobre el recorrido de la caravana: “El lunes arrancamos a las 6 de la mañana desde San Carlos. Caminaremos hasta las 10 u 11 de la noche. Haremos un acampe en la ruta esperando a la gente de Uspallata en un punto de encuentro que es Luján y ahí a las 5 de la mañana partimos de nuevo para llegar a Mendoza”.

 

¿Van a hacer un corte de ruta?

 

Como política nuestra hay una idea que es marchar y después el que está poniendo el cuerpo es el que toma las decisiones. En el 2019 no necesitamos cortar porque la Gendarmería ante la magnitud de la gente, de la caravana de autos, fue ella misma la que cortó el tránsito en la Ruta 40 e hizo un operativo para que todos pasaran por una de las vías y a nosotros nos dejaron expedita una mano solamente para marchar.

 

GENERAL ALVEAR TAMBIÉN SE MOVILIZA

 

Pilar Castilla es referente de la “Asamblea del Pueblo de General Alvear”, otra de las localidades con tradición de lucha en defensa del agua. “Nosotros estamos con movilizaciones, charlas y entrevistas en distintos medios locales desde hace bastante. General Alvear fue uno de los departamentos que se levantó en el año 2007 y por el cual se consiguió finalmente la ley 7722, que es nuestra guardiana del agua en la provincia. Ahora estamos organizando eventos para este fin de semana largo”, le comenta por vía telefónica a Prosa Urgente.

 

Imágene, Verónica Torres

Comunica que el este domingo harán una marcha de antorchas en la ciudad, como hicieron en 2019 y el lunes realizarán un evento cultural en el Paseo de los Artesanos, donde además deliberarán en asamblea las acciones para el día siguiente. Agrega, que quienes puedan viajar a la Capital, saldrán “el martes a la madrugada y nos sumaremos en algunas de las postas a esa caravana. Estamos a 320 kilómetros. Estamos concentrando las actividades en nuestra ciudad”.

 

TUPUNGATO SE SUMA A LA CARAVANA

 

Karina Castañar es una de las voceras de la Asamblea Tupungato por el Agua Pura e informa que “estamos muy movilizados y haciendo diversas actividades antes de la marcha del martes 9. En este momento -viernes- estamos en una localidad de Tupungato que se llama El Cordón del Plata, en donde los niños están dibujando gotitas para poder llevar a la marcha. Anoche realizamos una marcha por las calles del centro de Tupungato y esta tarde tenemos la Asamblea en la plaza departamental de Tupungato para organizarnos y ver cómo nos sumamos a esta gran marcha en toda la provincia el martes”. 

Tupungato se ubica al noroeste de San Carlos y a 70 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, por lo que ellos serán parte de una de las postas del recorrido: “Están pasando por una zona de la Ruta 40, que es Zapata que es una de las entradas a Tupungato. Así que ahí prepararemos una posta como se hizo en el año 2019. En aquella oportunidad esperamos ahí a la gente de San Carlos con agua, alimento y algunos se sumaron y otros estuvieron ahí atendiendo las necesidades de los compañeros”.

 

TUNUYÁN YA ACAMPA SOBRE RUTA 40 EN DEFENSA DEL AGUA

 

Que las rutas provinciales y nacionales serán uno de los centros de concentración del Mendozazo no cabe ninguna duda. Y quien tomó la delantera fue la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Agua de Tunuyán. Dialogamos con una de sus integrantes, Edith Corvalán: “Hemos pensado repetir la pueblada de 2019. En esta oportunidad estamos en Tunuyán organizados ya para un acampe sobre la ruta 40 donde va a haber de todo un poco. Habrá funciones artísticas, de música, muchos cantantes. La verdad es que nos sobra la gente que quiere participar. Un montón de gente que se ha sumado para colaborar con la cocina. Un montón de gente que hace sus donaciones. Y un montón de gente que está dispuesta a poner el cuerpo nuevamente para que ganemos esta batalla. Una batalla más”. El acampe comenzó el sábado al mediodía y se prolongará de mínima hasta el martes. 

“La lucha en Mendoza siempre ha sido una fiesta y así la vamos a vivir, la vamos a disfrutar y la vamos a pelear”, relata con orgullo la entrevistada. Por ese acampe pasará la delegación que saldrá de San Carlos.

 

¿El acampe incluirá corte de ruta?

La verdad es que lo hemos venido charlando con los compañeros. Como se sabe, hoy hay mucho miedo porque hemos tenido varios compañeros judicializados, pero lo que venimos pensando muchos es que esta lucha hay que ganarla y vamos a tener que repensar cómo. La lucha en el puente en 2019 se realizó con cortes en varios puntos de la Ruta 40 y estaremos evaluando eso a último momento. Inclusive el acampe está programado para los 4 días. Vamos a esperar en el puente a la gente que no puede ir a Legislatura para que la gente resista en el puente con cortes informativos hasta último momento y veremos qué decisiones asamblearias se toman llegado el momento en que esta gente no nos quiera escuchar y siga con su plan.

Las entrevistas a estos referentes no agotan la cantidad de localidades que serán parte de esta épica. Todo el Gran Mendoza se encontrará movilizado, al igual que las ciudades y poblados rurales del este, con especial adhesión de comunidades huarpes.

Como se dijo, todo este movimiento tiene en el centro el método de las autoconvocatorias y, hasta el momento, no cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de las cúpulas sindicales ni de los partidos tradicionales, ambas piezas fundamentales del régimen político mendocino que pretende tomar la delantera en la recolonización del país impulsada por el imperialismo estadounidense bajo la batuta de Milei y sus aliados. Un triunfo del Mendozazo cambiará en lo inmediato las perspectivas de todas las luchas en curso en Argentina.