La provisoria cifra arroja al menos 59 asesinatos de la
Policía del Chubut entre los años 1.994 y 2.017 e incluye al menos 13
desapariciones forzadas de personas. Por primera vez se desglosan los datos por
ciudad, año y edad. Además, desde 2.004 a 2.016 se contabilizaron más de 3.500
casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por Iván Marín
Al menos 59 asesinatos de personas en tan solo 23 años es
la espeluznante cifra que carga en su prontuario la Policía del Chubut. De
ellos, 13 son desapariciones forzadas de personas. Comodoro Rivadavia puntea en
el criminal ranking con 18 muertos, pero Trelew le pisa los talones al
contabilizar 16, con menos del doble de habitantes que la ciudad petrolera. La
data surge del informe anual de personas asesinadas por el aparato represivo
del Estado que realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (Correpi).
El último relevamiento de la organización se publicó en
diciembre del año pasado. Para la provincia del Chubut se contabilizan 80
muertes en manos de las distintas fuerzas represivas del Estado. Sin embargo,
si se desglosa por institución se encuentra no solo que la inmensa mayoría
tienen como protagonista a la Policía del Chubut (73%), sino que los al menos
59 casos que la involucran se dan entre los años 1.994 y 2.017.
Correpi realiza este fundamental trabajo desde 1.996,
y se propuso comenzar el relevamiento de casos desde 1.983, último año en el
poder de la dictadura militar que comenzara en 1.976. Si bien con el avance de la tecnología se profundizó en la precisión de la información, la realidad es
que estas cifras conforman un “piso” desde el cual partir, pues se basan en
denuncias de familiares, en publicaciones en medios de comunicación y en
aportes de organizaciones sociales. Lo que implica que, con toda seguridad, el
número de casos sea significativamente mayor.
Es en ese marco que Chubut se encuentra quinta en el ranking
de asesinatos en manos del aparato represivo del estado desde 1.983 a diciembre
de 2.017, si se toma el índice por millón de habitantes. Sin embargo, como se
dijo, hay que tener en cuenta que en realidad el primer registro del informe
para nuestra provincia data de 1.994 y corresponde a Alejandra del Carmen
Sales, de Comodoro Rivadavia, desaparecida desde el 7 de abril de aquel año. El
14 de noviembre del mismo año se registró el otro caso del que se tiene
información hasta el momento: Nadia Pino, quien recibió un balazo mientras se
encontraba en su casa efectuado por un policía que se encontraba en la calle.
De este modo, así queda el listado de ciudades y pueblos con
personas asesinadas por la Policía del Chubut: Comodoro Rivadavia (18); Trelew (16);
Puerto Madryn 7; Esquel (4); Corcovado (4); Rawson (3). Las siguientes
localidades contabilizan al menos un asesinato en manos de esta institución: Sarmiento,
Puerto Pirámides, Facundo, Trevelin, Gobernador Costa y El Hoyo. Y hay un caso
que se desconoce el lugar donde fuera asesinada la víctima.
El 18 de mayo de 2.011 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sancionó a Chubut y a la Nación por la violación al derecho a la
libertad e integridad personal en perjuicio de Iván Eladio Torres, joven
desaparecido el 2 de octubre 2.003. Sin embargo, este no será el primer ni
último caso de desaparición forzada en la provincia, es decir donde tiene
participación necesaria alguna fuerza represiva del Estado. El último conocido
fue el de Santiago Maldonado, el primero de agosto del año pasado, tras ser
reprimido junto a otras personas que se encontraban en la Pu Lof en Resistencia
Cushamen reclamando por la libertad del lonko Facundo Jones Huala. El cuerpo de
Maldonado finalmente fue encontrado en el río Chubut el 17 de octubre. Como se
sabe, hasta el momento todas las miradas recaen sobre la Gendarmería Nacional,
y según los familiares de la víctima y su abogada, Verónica Heredia, las
responsabilidades llegan hasta la misma ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich. Pero el presente artículo tiene por objetivo centrarse exclusivamente
en casos que tienen como protagonista a la Policía del Chubut. En lo que hace a
desapariciones, la Correpi suma al menos 13 casos: Comodoro Rivadavia (7); Corcovado
(3); Trelew (1); Puerto Madryn (1) y Gobernador Costa (1). No caben dudas que en
la ciudad petrolera este método se ha convertido en un modus operandi de la
institución.
Otro detalle no menor es que 14 de los 59 asesinatos tienen
como víctimas a jóvenes menores de 21 años, es decir casi una de cada cuatro
personas. En general, al igual que en el resto de edades, las personas asesinadas pertenecen
a barriadas populares de bajos recursos. Son excepciones los casos que
involucran a sectores de medio o altos recursos económicos de la sociedad. A
todo ello, debe aclararse que son varios los casos (9) en lo que se desconoce
si el fallecido es mayor o menor de edad.
Cuando decimos que la cifra seguramente es más alta de la
que se cuenta, no solo tiene como fundamento el hecho de que no se tiene
registros de asesinatos en los 11 años que van desde 1.983 a 1.994, sino que
incluso en al menos cuatro años posteriores tampoco se relevaron casos: 1.995,
1.996, 2.011 y 2.016. A lo que se agrega que en siete oportunidades se
contabiliza al menos un asesinato: 1.998, 1.999, 2.000, 2.006, 2.007, 2.010 y
2.017. Desde ya, estas cifras contrastan con el promedio de 2,56 asesinatos por
año desde 1.994 hasta diciembre de 2.017. Por otra parte, el pico se encuentra 2.014,
7 casos y le siguen 2.003, 2.013 y 2.015, los dos primeros con 6 y el último con
5.
Los lugares de detención son otro factor de peligro: al
menos 15 de los 59 (16,69 %) casos citados se dieron en alguna celda bajo la
responsabilidad de la policía provincial. A ellos se agregan 16 en la Unidad 6
de Rawson, dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Evidentemente, si estas cifras de muertes son provisorias,
debemos inferir que necesariamente el número de personas que sufren la
violencia del accionar policial sin llegar a perder su vida debe ser mayor. Al
respecto, en el año 2.016 el Ministerio de la Defensa Pública del Chubut
publicó los resultados del Banco de Datos de Casos de Tortura y otros Tratos
Crueles, Inhumanos y Degradantes con las cifras acumuladas por la entidad desde
2.004 a 2.016. Allí el informe destaca que son “3.577 hechos relevados en el
Banco de Datos de Casos de Tortura, durante 12 años en todo el territorio
provincial”. De ellos, el 98,5% de los casos tienen como autores a la Policía
del Chubut: “El 53,6% son consignados como personal de las Comisarías; el 34,8%
como personal de patrullas y el resto (11,6%) son referidos como personal de
traslado, GEOP y Comando Radioeléctrico”.
Aunque, como sucede con la Correpi, el informe advierte que
no relevó “la totalidad de situaciones de violencia policial o institucional en
la provincia”, sino solo aquellos que fueron detectados por el organismo. Por
lo cual “se puede afirmar que el universo de casos debe ser mayor que el
relevado en el Banco de Datos”. En un próximo artículo profundizaremos sobre
este estudio.
Chubut vive un año convulsionado con movilizaciones obreras
a lo largo y ancho de la provincia. Si bien el Ejecutivo Nacional a cargo de
Mauricio Macri hizo sentir primero que nada en el sector privado sus políticas
de ajuste, el fallecido gobernador Mario das Neves, y su reemplazante Mariano
Arcioni, no dudaron en replicar en la provincia estas decisiones, pero acentuando
su peso sobre el sector estatal. Ello llevó a recurrentes medidas de fuerza,
con paros por tiempo indeterminado en docentes, y retenciones de servicios que
llevan meses en algunos hospitales, sobre todo en cordillera con la
conformación la Asamblea Interhospitalaria. Sobre los últimos meses del año
pasado se impulsó la Mesa de Unidad Sindical (MUS), que lleva instalada una
carpa hace más de 100 días afuera de Casa de Gobierno. Además, el colectivo docente
ocupó el Ministerio de Educación el 30 de mayo y desde entonces se replicaron
más de una docena de ocupaciones de distintas delegaciones estatales en todo el
territorio.
En ese marco no deben sorprender las cifras que arrojaron el
estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) donde ubica al
aglomerado Trelew-Rawson en la cima del ranking con mayor nivel de desocupación
del país, con un 12,5% para el primer trimestre del año. A la vez, la Cátedra
Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales de
la Universidad Nacional de la Patagonia y el Movimiento de Trabajadores Excluidos efectuaron un relevamiento sobre
inflación, pobreza e indigencia en Trelew que dio como resultado, que una familia
con dos mayores y dos menores, precisa $26.940,06 para no caer debajo de la
línea de pobreza y superar los $9.621,45 para no hacerlo en la de indigencia.
Además, registraron una inflación del 8,81% para el período marzo-mayo, en
contraste con el 2% del Indec para los mismos meses en Patagonia. Los autores
del estudio aclararon que lo realizaron con el dólar a $24, por lo que se
infiere que estos números serán considerablemente mayores en junio.
Durante el transcurrir de estos meses, el gobierno no
escatimó esfuerzos en reprimir y criminalizar la protesta social. En lo que va
del año hubo al menos cinco represiones. En una de ellas, falleció producto de
un paro cardíaco el comisario Néstor Chávez, quien se desempeñaba en Asuntos Internos
de la Policía del Chubut justamente por sus problemas de salud. Inmediatamente
producido su deceso el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, y con él todo
el Gobierno, lideró una campaña para criminalizar a dirigentes de la MUS, entre
ellos Santiago Goodman, secretario General de la Asociación de Trabajadores de
la Educación del Chubut (ATECh) y Guillermo Quiroga, delegado normalizador de
ATE, además de militantes contra la megaminería. Como si esto no fuera
suficiente, para resguardar a su tropa, el gobierno dispuso que la Policía del
Chubut sea el único estamento estatal en no cobrar en forma escalonada.
Ante este panorama de crisis económica, represión y
criminalización de la protesta social y resistencia de las/os trabajadoras/es,
es un grave error la presentación del proyecto presentado en Legislatura del
Chubut por la MUS y el bloque del Frente para la Victoria para declarar la Emergencia
en Educación, Salud y Seguridad. Asignar más recursos económicos a seguridad
implica necesariamente reforzar ese aparato represivo al que detalladamente le
dedicamos este informe. Nada bueno para el pueblo puede derivar de ello. De hecho,
el propio gobierno acaba de anunciar con bombos y platillos un aumento de
$1.900 al básico de los policías, cuando al sector docente amenaza con
otorgarles $1.200 y por decreto.
Para finalizar el artículo, abordaremos uno de los temas más
importantes que se desprenden del imprescindible trabajo de la Correpi: la
lucha contra la impunidad del aparato represivo del Estado. De los 59 casos
citados, solo 6 tuvieron condena. El más significativo de ellos fue el del
joven Julián Antillanca, asesinado el 5 de septiembre de 2.010. Luego de un
primer juicio en 2.012 donde los jueces absolvieron a todos los policías
involucrados, mediante la lucha y movilización de familiares y organizaciones
sociales se logró hacer un segundo juicio en
2.015 donde se condenó a prisión perpetua a dos de sus asesinos: Jorge Abraham
y Martín Solís. Similar fue el caso de Maxi Almonacid, joven de 16 años violado
en la Comisaría Segunda de Trelew en el año 2.012, donde también la familia y
organizaciones tuvieron que movilizar para que en un segundo juicio se
condenara a al menos 2 de los policías involucrados en este atroz hecho: Aníbal
Muñoz y Carlos Treuquil. Hace pocos días se pudo ver a familiares de estos
efectivos en el acampe que levantaron policías frente al Ministerio de
Educación y que fue retirado hace pocas horas. Estos personajes siniestros se
valieron de cuentas falsas para despotricar contra militantes de derechos humanos.
Una de ellas tenía el nombre de Alfredo Rolón, pero en el listado aportado por
la página oficial del Gobierno del Chubut no aparece ningún policía con ese
nombre y apellido. En cambio, sí se puede observar al menos 14 personas con el
apellido Treuquil. Uno de ellos estuvo tomando mates en ese acampe. Se sabe, la sombra azul de la impunidad carece
de escrúpulos…
