Los ritmos de lucha deben marcarlos las autoconvocatorias, las asambleas y la coordinación de las bases obreras y populares; no los “Gordos” burócratas al frente de las centrales sindicales.
Por Iván Marín
Cualquier referencia al aislado paro de 12 horas decretado
por la CGT (Confederación General de Trabajo) para el 24 de enero debe empezar
para la denuncia de la fecha en que se llevará adelante: a más de un mes de la
asunción del presidente Javier Milei y su brutal política antiobrera. No hacerlo
y, por el contrario, reducir la cuestión a una supuesta “preparación” del paro
en el mes que lo antecede, como está haciendo el Frente de Izquierda y otras
organizaciones populistas, implica ubicarse como ladero izquierdista de la
burocracia sindical y, por ende, propiciar un seguidismo a sus maniobras
dilatorias. A la CGT no se le “arrancó” ningún paro, como se han cansado de
agitar los partidos del FITU. La burocracia solo busca ganar tiempo en la rosca
parlamentaria para negociar qué puntos pasarán y no pasarán de los casi mil
artículos que componen la sumatoria del DNU y la ley ómnibus enviada por Milei
al Congreso. En este escenario, las cacerolas se posicionaron a la izquierda no
sólo de la CGT sino del propio Frente de Izquierda, autoconvocándose y ganando
las calles en las principales ciudades del país contra las tentativas
reaccionarias del Gobierno.
La asunción de Milei estuvo marcada, entre otras cosas, por una
devaluación del peso de más del 100%, lo que implicará de facto una inflación
mínima del 60% para diciembre y enero, que redundará en una pérdida brutal del
poder adquisitivo de los salarios. Eso sólo ya es un motivo más que suficiente
para un paro general y deja al descubierto la connivencia cegetista con la
política del presidente. Con el DNU y la ley ómnibus asistimos a una tentativa
reaccionaria de reforma del régimen político: un gobierno que en las elecciones
generales obtuvo alrededor del 30% de los votos, y al que votó sólo el 20% del
total del electorado, no puede sino ser un gobierno débil. Como esa fragilidad
es un escollo para imponer el programa político que defiende, debe recurrir a
facultades extraordinarias para regimentar el escenario social con una
concentración extraordinaria de poder sobre el Ejecutivo Nacional: una clausura
del Congreso pactada con el propio Congreso y la instauración de un estado de
sitio permanente, porque no es otra cosa la prohibición de reuniones en la vía
pública de 3 o más personas. Es una declaración de guerra sin atenuantes contra
la clase obrera y el pueblo en su conjunto.
Información tomada de la cuenta de Facebook del economista Andrés Asiain
Toda declaración de guerra es en defensa de intereses
concretos: en este caso asistimos, como se dijo, a un programa político de
conjunto, con la profundización de la liberalización de la economía, es decir
de facilitar aun más la intromisión imperialista en el país y con ello
acrecentar su dependencia económica y política. Todos los puntos económicos que
aborda este programa son un golpe a los sectores populares pero su principal
objetivo estratégico es la contrarreforma laboral, con privatizaciones de
empresas estatales y miles de despidos incluidos. Allí se concentrará la madre
de todas las batallas. De ahí que la CGT, las CTAs y todas las burocracias
sindicales sean sus aliados estratégicos en el interior del movimiento obrero. Pero
no son los únicos, porque más allá del cacareo la burocracia al frente de los
movimientos de desocupados y, por supuesto, todo el arco político patronal
(PJ-kirchnerismo, PRO y partidos provinciales), forman parte del banquete de
negociaciones habidas y por haber. El Frente de Izquierda aborda estos ataques
con los métodos que les son propios: el oportunismo, el arribismo parlamentarista
y el electoralismo ramplón. O sea, no lo hace desde una perspectiva clasista ni
mucho menos socialista. Al no promover las autoconvocatorias y la coordinación
de las bases, para que sea el pueblo movilizado el que imponga los tiempos de
la lucha y, con ello, de la huelga general, va a la zaga de la burocracia
sindical, es decir de la oposición patronal. Es un método de aparato que busca
insertarse en las negociaciones en curso y no darle una perspectiva de independencia
e intervención política propia a los trabajadores.
Las tareas inmediatas del activismo deben ser las de promover
las autoconvocatorias en los lugares de trabajo y asambleas populares con la perspectiva de su coordinación e imponer la huelga general lo antes posible,
según los tiempos propios y no los de los aparatos. Los planes de lucha deben surgir
de las bases movilizadas, no de la “exigencia” a conducciones sindicales
anquilosadas cuya razón de existencia es justamente la de ser un dique de
contención a las iniciativas independientes de las masas. Sumarse a la “preparación”
durante un mes del paro convocado de la CGT es entrar en el juego dilatorio de
estos sectores, que, por otra parte, nada asegura que sea exitoso en sus
propósitos. La propia dinámica de los acontecimientos puede acelerar los
tiempos e imponer la huelga general con antelación. Es a lo que debe apuntalar
y apostar cualquier organización que se reclame de izquierda y socialista. Esta
orientación debe tener como objetivo la concreción de un Congreso de
Trabajadores Ocupados y Desocupados que delibere una salida propia a la crisis,
es decir, que contraponga un programa de independencia de clase al de las
patronales.
¡POR AUTOCONVOCATORIAS OBRERAS Y ASAMBLEAS POPULARES!
¡POR LA COORDINACIÓN DE LAS BASES MOVILIZADAS!
¡POR LA HUELGA GENERAL HASTA DERROTAR EL DNU Y LA LEY
ÓMNIBUS!
¡POR UN CONGRESO DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS!
¡POR UN GOBIERNO DE TRABAJADORES!
