El candidato a intendente del Partido Municipal por Trelew,
y funcionario del ministerio de Justicia de la Nación en Patagonia, repudió la
represión a la lof Lafken Winkul Mapu sin mencionar
a los responsables políticos del desalojo: el Gobierno de Alberto Fernández y
Cristina Fernández y su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El progresismo
de buenos modales y lenguaje inclusivo como garante cínico e impotente de las
políticas de ajuste y represión acordadas con el FMI.
Por Iván Marín
Desde hace casi dos años Eduardo Hualpa se desempaña como Coordinador
de la Región Patagonia del Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del
ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Martín Soria. El máximo
referente del Partido Municipal por Trelew durante todo este tiempo ha tratado
de “mediar” en conflictos desarrollados en la zona, en especial en nuestra
localidad. Lo hizo en clave electorarera, es decir, utilizando el cargo para
tratar de instalar su candidatura a la intendencia el año próximo. No obstante,
ello no implicó un compromiso con las luchas en curso, sino más bien al
contrario: fue la pata política del Gobierno nacional al interior de estas. Aun
se recuerda en el activismo cuando mantuvo apagado toda la noche su celular en
ocasión del desalojo de vecinos del “No a la Mina” que se encontraban cortando
Ruta 3 comandado por el ex ministro de Seguridad provincial, el fascistoide
Federico Massoni. Hualpa se había acercado en varias ocasiones al piquete para
mediar pero cuando se precisó de su intervención se borró olímpicamente. Bien
visto, en realidad, no se podía esperar otra cosa.
El funcionario nacional se hizo presente esta tarde en el
acto que se realizó en Trelew para exigir la liberación de las compañeras
mapuches detenidas en el desalojo y represión a la lof Lafken Winkul Mapu. Comenzó
su discurso diciendo que “estamos viviendo horas muy difíciles en cuanto a la vigencia
de las garantías de la Constitución y al derecho en nuestra región. Lo que
venimos viendo, y que está ocurriendo en Bariloche a partir del operativo
conjunto de anteayer, y a partir de ahí una serie de violaciones a los derechos
humanos fundamentales”. Agregó que “realmente no están rigiendo en la región
las garantías, no está rigiendo la Constitución”. Inmediatamente denunció que: “Yo
creo que no exageramos si decimos que Bariloche es Guantánamo en estos
momentos, compañeros y compañeras”. En su rol de comentarista de la realidad,
Hualpa olvidó denunciar a los responsables políticos del “Guantánamo
cordillerano”: el Gobierno Nacional, del cual él forma parte como funcionario.
Como si no se tratase de una política estratégica concienzudamente
elaborada por las clases dominantes, el abogado redujo el asunto a una cuestión
de orden jurídico, la falta de respeto a las leyes por parte de la magistrada a
cargo del caso: “La jueza no ha permitido a los abogados que tomen contacto con
sus defendidas, no ha habido razones suficientes de la detención. La detención
de las personas es una excepción y solamente se las puede detener si hay
razones fundadas suficientes para que evitemos la justicia, para que huyamos,
para que destruyamos pruebas. Seguramente no es lo que las hermanas iban a
hacer ahí y sin embargo siguen detenidas, incluso Romina que está esperando
tener familia, si es que no tuvo en estos minutos”.
Renglón seguido, se despachó sobre su supuesto rol en el
conflicto: “Simplemente decir que hemos estado estos últimos días en contacto
con muchos de ustedes, y con mucha gente que está en estos momentos en
Bariloche o en Buenos Aires siguiendo de cerca el tema, que vamos a hacer todo
lo posible para que se reestablezca la justicia y que ojalá esta jueza o se
corra, porque no corresponde que una jueza actúe así, o retome a lo que tiene
que hacer un juez”. ¿De que restablecimiento de la justicia habla el
funcionario? ¿Acaso pretende devolver la totalidad de las tierras a los pueblos
originarios? ¿O por justicia entiende la elemental inmediata liberación de las
mapuches detenidas? Estamos en presencia de un vende humo que haría quedar a la
incontinencia verbal Ricardo Caruso Lombardi como austera y medida.
Pero hay más. El funcionario no desaprovechó la oportunidad para
espetar el recurrente macaneo progre de la conciliación de clases, es decir esa
propaganda política según la cual pueden dirimirse los antagonismos de clases
mediante el diálogo y el “correcto funcionamiento” de las instituciones, en
particular la del Poder Judicial que, según esta visión, no sería parte del Estado:
“El juez está para evitar que el Estado nos aplaste, el juez está para evitar
que las personas, las minorías, las personas más desaventajadas, sufran el
aplastamiento por parte del poder. Los jueces y las juezas no están para garantizarle
el derecho a los poderosos, para garantizarle los privilegios a la gente que
está en este momento reclamando algo que no compartimos, que es un país para
pocos, una idea de tierra para unos pocos, la tierra como privilegio”. Lo que
esconde esta definición falopa del Estado es que justamente su razón de ser es
el sostenimiento en el poder de una minoría contra la inmensa mayoría de la
población. De ahí que su fundamento último sea el legítimo uso de la fuerza, es
decir, la represión. Para ello se vale de todo un entramado jurídico que justifique
su uso. De conjunto, los jueces y las leyes no existen para defender a las
masas o a los sectores más desventajados sino, por el contrario, para sostener
el statu quo. La legislación que matiza este estado de cosas es el producto de
la movilización popular, no de una función intrínseca al Poder Judicial. Hualpa,
como no podía ser de otra manera, hace una apología descarada y culposa a la
vez del Estado burgués en particular, y del sistema capitalista en general, en
el que todos los antagonismos son susceptibles de ser resueltos mediante un
utópico diálogo y no con el garrote realmente existente que se observa a diario.
Los vínculos del Partido Municipal por Trelew (XTW) con el
PJ-kirchnerismo son directos, más allá que intenten “disimularlos”. Por caso,
el año pasado, semanas antes de las elecciones generales se reunieron con los candidatos del Frente de Todes, en una clara muestra de apoyo público. En
reiteradas ocasiones hemos señalado en este medio que el XTW hegemoniza el
movimiento “No a la Mina” en la zona e influencia a un sector del activismo
mapuche. Para ello cuenta con la complicidad del Frente de Izquierda y fuerzas
populistas, que les hacen seguidismo por un mero cálculo electoral o por
compartir otros espacios.
La defensa consecuente de la causa mapuche y de los pueblos
originarios requiere de una perspectiva independiente de los partidos políticos
patronales y sus variantes “progres”. Bajo el sistema capitalistas la cuestión
de la tierra nunca podrá ser resuelta. Solo un gobierno obrero y socialista podrá
comenzar la imprescindible tarea de construir un sistema social en armonía con
la naturaleza.
La libertad de las compañeras mapuches detenidas precisa de
forma inmediata de masivas movilizaciones en todo el país para lograr concretarla,
no de personajes que se paran en los dos lados del mostrador, es decir, de
personeros políticos del régimen político fondomonetarista que persigue, criminaliza y reprime a
los pueblos originarios y a todos los que luchamos en defensa de nuestros
derechos y contra este sistema.
