Una polémica con el periodista Marcelo García de El Extremo Sur
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| Imagen: Aníbal Aguaisol |
Por Iván Marín
Las informaciones y análisis vertidos por el periodista
Marcelo García para El Extremo Sur, en especial los vinculados a la situación
económica de Chubut, suelen servirnos de insumo para nuestras caracterizaciones
de la crisis que se vive en la provincia desde hace más de tres años. En uno de
sus últimos textos, titulado “Arcioni resistió al año de la peste: 2021 vendrá
con ´guerras` por la minería, el ajuste y el control social”, realiza un
balance del año en curso e intenta pronosticar el futuro inmediato para la
gestión. Debatiremos con dos puntos importantes que aborda: la debilidad o
fortalecimiento del gobierno de Mariano Arcioni y la relación entre megaminería
y ajuste.
La crisis política excede a la gestión de Arcioni
En Chubut asistimos a la bancarrota del régimen político. La
fenomenal crisis excede al gobernador Arcioni, más allá de hallarse en el
centro de la escena y ser profundamente denostado por el pueblo. El derrumbe
incluye al conjunto de la dirigencia política patronal de la zona, es decir al
PJ, la UCR, el PRO, la alianza oficialista Chubut al Frente; por ende a la
Legislatura provincial en su totalidad; al Poder Judicial y a la burocracia
sindical. Eso es lo que expresan los recurrentes escándalos por corrupción y la
imposibilidad de imponer las dos grandes acciones que exigen las clases
dominantes para descargar la crisis sobre el pueblo: la llamada ´reestructuración`
del Estado y la megaminería. El endeudamiento ha sido el único recurso en los
últimos años para cumplir (a medias) con obligaciones elementales del Estado, aunque
poco se sabe de gran parte del destino de esos fondos.
García plantea respecto al gobierno de Arcioni que: “La gran
pregunta es si en la actualidad se encuentra más fortalecido o más debilitado
que hace un año. A priori parecería ser que continúa sin adhesión social
notable y casi sin ascendencia de liderazgo político sobre sectores cercanos o
lejanos del justicialismo. Sin embargo, Arcioni encarará 2021 en mejores
condiciones respecto de finales de 2019, aunque con numerosos temas amenazantes”.
Y agrega: “Solamente el devenir de los días irá respondiendo la pregunta con
mayor precisión para un gobierno que aparenta ser el encargado de una frágil
transición hacia 2023”.
En realidad, lo que hay detrás del legítimo interrogante que
se plantea el analista es una intuición no llevada hasta el final con relación
a una supuesta fortaleza de la gestión arcionista. Esa sospecha ha ganado a
buena parte del activismo. No obstante, “la gran pregunta” no consiste en
comparar la debilidad o fortalecimiento del gobierno respecto a un año atrás, sino
en detectar si consiguió dar respuestas satisfactorias a las causas de su
fragilidad de origen, es decir si logró desenvolver una orientación para
revitalizar al degradado régimen político chubutense. Es el propio García el
que da una contestación negativa a la inquietud. “Entre los temas pendientes
asoma la controvertida zonificación minera -que hasta ahora no superó la
instancia legislativa- y el pago de los salarios adeudados a los estatales y jubilados.
Se avecina una ´guerra de poderes` con el sector Judicial”, afirma con razón.
Megaminería y ajuste
Uno de los pasajes más interesantes del artículo es el que
aborda la relación entre la tentativa de avanzar con la megaminería y la
cuestión del ajuste en curso, en especial la aprobación del Presupuesto 2021. Advierte
García: “Aunque el avance de la minería forma parte de una decisión nacional,
política y empresarial, para meter a Chubut en el paquete de las provincias
mineras -derrotando de esa manera el ejemplo emblemático de la disputa dada
desde Esquel hace casi 20 años- la contienda se terminó transformando en el
telón de fondo de otra batalla tanto o más importante”. Y concluye: “Instaurar
la minería en Chubut sin licencia social es una prioridad política donde no hay
grieta -ya que atraviesa a radicales, peronistas y macristas-, pero además
terminó siendo la cortina de humo que sacó de foco el ajuste para achicar el
gasto público y dio por sentada la aceptación de la deuda en dólares”.
No entraremos en la discusión de si fue o no una cortina de
humo pero sí coincidimos con el autor en que efectivamente hay una relación
entre ambas intenciones. A diferencia de otras oportunidades, esta vez la
intentona minera se da en un período de derrumbe económico provincial, por lo
que la lucha contra la megaminería está íntimamente entrelazada con una
cuestión más amplia. Quienes tienen bien en claro este punto es el
PJ-kirchnerismo y la burocracia estatal antiminera, que se expresaron en contra
de avanzar con el proyecto de zonificación pero nunca llamaron a movilizar a
sus bases, conscientes de que les exigirían acciones contra las políticas de
ajuste. La movilización antiminera fue tomada como un llamado de atención por
este sector que maniobró para seguir garantizando la frágil gobernabilidad al
desactivar el avance de la tentativa en la Legislatura y, con ello, postergar
un “estallido” social generalizado contra la megaminería y el ajuste.
El mérito de García al señalar esta cuestión se contrapone
con el seguidismo al movimiento ambientalista tal cual es por parte del Frente
de Izquierda en la provincia (PO oficial, PTS, MST e IS). La izquierda
concentró su atención exclusivamente en la defensa del agua y en la crítica a
Alberto Fernández y Cristina Fernández. Lo que se presenta como la intención de
elevar el curso de la lucha a un plano “político”, en realidad encubre una
intervención meramente electorarera de diferenciación superestructural pensando
en las elecciones 2021. Impotente, por cierto. Pues nadie en la provincia duda
de las directrices de F-F sobre el tema, incluso la burocracia sindical
antiminera sabe que es un costo asumido y no pierde el tiempo en su defensa. La
tarea inmediata pasaba (¡y pasa!) por una intervención socialista en el curso
de los acontecimientos, en lo concreto esto implica aportar una caracterización
correcta de la etapa del proceso de lucha abierto hace 3 años y una orientación
que se centre en la necesidad de unir las lucha contra la megaminería con las
que se desarrollan en defensa de los salarios, la salud, la educación y demás
conquistas del pueblo.
Esta es la razón por la cual ninguno de los partidos del
Frente de Izquierda denunció que el PJ-kirchnerismo y la burocracia sindical le
dicen “no” a la megaminería y sí al ajuste, ni mucho menos advierten que su
oposición en Legislatura a aprobar el proyecto de zonificación, además de ser
un triunfo de la movilización, es un artilugio para posponer una rebelión
popular.
Tomar aire para volver a irrumpir
La falsa fortaleza que algunos le atribuyen al gobierno de
Arcioni en verdad es la expresión distorsionada de la crisis de dirección del
movimiento obrero en Chubut. La ausencia de una intervención clasista en la
lucha contra la megaminería en curso, -policlasista por definición-, en los
hechos significó la imposición de una orientación de conciliación de clases. Ese
límite por el momento no solo no fue superado sino que la izquierda lo alimentó,
al costo de profundizar su incuestionable marginalidad en el escenario político
provincial.
Toda crisis económica, política y social de envergadura
tiene sus flujos y reflujos, que a su vez dependen de varios factores, no solo
de las direcciones en disputas, sino sobre todo en la experiencia que vayan
viviendo, asimilando y balanceando sus contrincantes. Los trabajadores
estatales en estos tres años de luchas han desarrollado métodos democráticos y
combativos que jugarán un papel decisivo en los tiempos que se avecinan. Nos
referimos a las Asambleas Interhospitalarias de Cordillera, los Plenarios
Provinciales de Delegados Docentes, embrionarias asambleas intersectoriales e
incluso las asambleas contra la megaminería, más allá de los límites que
señalamos más arriba. El 2020 no fue un año más, la cuarentana y la pandemia le
impregnaron duros golpes al pueblo trabajador. A eso se suma el desgaste al que
apostó el gobierno con la falsa oposición y la burocracia sindical.
Las condiciones objetivas marcadas por la catástrofe que
atraviesa el pueblo chubutense se mantienen o se profundizan. Los trabajadores
toman aire para volver a irrumpir como lo hicieron en 2018 y 2019, pero esta
vez con una experiencia a cuesta que no será gratis para el régimen político. De
conjunto su suerte no estará desligada de lo que suceda a nivel nacional. El
triunfo arrancado por el movimiento de mujeres con la legalización del aborto y
el conseguido por los aceiteros en el corazón económico del país, logrando un
salario a la altura del costo de la canasta familiar (superior a los 90 mil
pesos), avizoran tiempos convulsivos.
