La anunciada intensificación del ajuste sobre un Estado
cuasi desmantelado amenaza con profundizar la creciente pauperización del
pueblo chubutense. El plan incluye a la megaminería y divide al oficialismo. El
PJ “rosquea” para ser parte del Gobierno. La necesidad de que la lucha ambiental
se una a la resistencia de los trabajadores.
Por Iván Marín
Mariano Arcioni se encuentra desorientado. Cuando pactó con
las cúpulas de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y del PJ-kirchnerismo para que
le tiraran una soga mientras ardían las puertas de ingreso a Legislatura
provincial y a Casa de Gobierno, lo hizo pensando en que el acuerdo implicaría
un salvataje económico con Alberto Fernández una vez sentado en el Sillón de
Rivadavia. Tras el fracaso en las reuniones con el equipo económico de Nación,
Arcioni adelantó que esta semana comunicará una “reestructuración” del Estado y
confirmó a la minería como parte central para su plan de “desarrollo”. El combo
de megaminería y ajuste fue oficializado.
En su edición de hoy diario El Chubut anunció algunos
pormenores de la llamada “reestructuración”, sin dudas, eufemismo al palo en
una provincia signada por la bancarrota económica, política e institucional. El
Gobierno congelaría salarios por 180 días, no habrá cláusula gatillo, se
eliminarían las comisiones de servicio, entre otras medidas.
Aproximadamente 60 mil sueldos paga el Estado por mes, entre
activos y pasivos, lo que implica una derogación cercana a 4 mil millones de
pesos mensuales, alrededor del 80% del presupuesto, según dejó trascender el
Gobierno en varias oportunidades. Allí el ajuste se siente hace aproximadamente
dos años con el pago de salarios por rangos, suspendido solo en un breve
período previo a las elecciones provinciales desarrolladas entre abril y junio
pasado. Esta semana recién se pagó el medio aguinaldo y aun no se sabe cuándo
se depositarán los sueldos de diciembre, aunque trascendió que el rango de
hasta 40 mil pesos podría cobrar el viernes, y algunos sueldos cercanos a los
100 mil pesos recién en febrero. Esta situación obligó a las conducciones de
los gremios estatales a movilizar en varias localidades y a realizar piquetes
de algunas horas en distintas rutas.
Las escuelas se caen a pedazos y en lo que va del receso
escolar el Gobierno no avanzó en nada en sus compromisos para refaccionar los
establecimientos. En salud la situación incluso es peor: en los hospitales
rurales faltan ambulancias, en la mayoría de los nosocomios el recurso humano
no es el suficiente, con los insumos y medicamentos para rayos X sucede lo
mismo, y en muchos casos los edificios están venidos a menos. La obra pública
está parada hace más de dos años.
Sobre este escenario se anunciarán los detalles de la
“reestructuración”. El achicamiento de gastos será necesariamente un golpe a
los bolsillos de los más necesitados. A ello se agrega el peligro de la baja (aunque
el Gobierno hasta el momento lo desmintió) de los sectores más precarizados que
mantienen relación laboral con el Estado, entre ellos los contratados y los
“becados”, que rondarían solamente en provincia la cifra cerca de mil personas.
Si el ajuste se traslada a los municipios, lo que presumiblemente sucederá, se
deberán sumar varios miles de trabajadores a la lista, en particular en Trelew,
una de las ciudades con mayor porcentual de desocupación y trabajo precario del
país.
Hay que decirlo sin pruritos: este plan precisa sí o sí de
la connivencia de las conducciones sindicales para tener alguna posibilidad de
realización. Se prevé un escenario similar al del primer semestre de 2018 y al
segundo del año pasado.
Foto: Aníbal Aguaisol |
Megaminería y rosca
política
El gobernador Arcioni “no se deja ayudar”, espetó sin
vueltas Ricardo Mutio, presidente del Partido Justicialista en Chubut. En esos
días el ministro de Seguridad Federico Massoni manifestó que al PJ lo votaron
para ser oposición, no para ser gobierno, en clara alusión a la pretensión de
esta fuerza política de tener más incidencia en las políticas del Ejecutivo.
En noviembre pasado la cabeza de Massoni, entonces ministro
Coordinador de Gabinete, fue puesta como moneda de cambio con el
PJ-kirchnerismo y el resto del oficialismo para tratar de rubricar un “Pacto
Social”, que necesariamente debería haber implicado una distribución más
equitativa en el gabinete provincial. Los acuerdos no llegaron a buen puerto, a
pesar de la encomiable predisposición de las conducciones sindicales.
Rosca va, rosca viene, y la megaminería metió su cola en el
asunto. Tras las declaraciones del secretario de Gobierno, Carlos Relly,
comunicando las intenciones del Gobierno de modificar la ley 5001 y avanzar con
la zonificación minera, las movilizaciones en toda la provincia no se hicieron
esperar, y fueron obviamente multitudinarias. Con ellas volvieron a
actualizarse las diferencias al interior del oficialismo, con los mellizos
Sastre –Gustavo y Ricardo, intendente de Puerto Madryn y vicegobernador de la
provincia, respectivamente- distanciándose de las declaraciones del Ejecutivo.
Tres diputados que responden al intendente de Trelew Adrián
Maderna -Leila Lloyd Jones, José Giménez y Angel Tirso Chiquichano- también
anticiparon su rechazo a la megaminería, aunque aparentemente sin consultarlo
con su padrino político. El viernes pasado más de 3500 personas se hicieron
presentes en la municipalidad de Trelew para exigir que el mandatario local
–quien en varias oportunidades se mostró a favor del avance minero- se
manifieste en contra de la modificación de la 5001. Fueron recibido por un
funcionario a quien le sacaron un compromiso de respuesta para este lunes a las
18 horas. Ayer, luego de que la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew se
negara a reunirse esta mañana con el equipo de gobierno del Intendente, Maderna
informó a los medios de comunicación que se encuentra haciéndose chequeos
médicos en Buenos Aires. Es decir, no estará presente por la tarde para recibir
a la movilización. Se desconoce si mandará una respuesta por escrito. Los
ánimos el viernes pasado estuvieron caldeados, y se descuenta que hoy volverán
a estarlos si el mandatario gambetea su compromiso de respuesta.
Dirigentes del Frente de Todos también se expresaron contra
la megaminería: Nancy González y Alfredo Luenzo, senadores, Santiago Igón
diputado nacional y Mónica Saso, diputada provincial.
La impotente rosca política de los partidos patronales en
torno al tema minero en realidad es solo la expresión del desconcierto del
régimen para encontrarle una salida a una crisis estructural, que tiene como
telón de fondo una deuda fenomenal en dólares y a corto plazo.
De todo lo anterior se desprende que la lucha ambiental
desligada de los combates contra el ajuste solo es funcional a darle tiempo a
sectores políticos desorientados. La gobernabilidad vuelve a pender de un hilo
y eso debe ser aprovechado por quienes resisten a estos planes de avance contra
las conquistas del pueblo trabajador. Más que nunca cobra actualidad la
consigna “Por un´Chubutazo` contra la megaminería y el ajuste”.
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