lunes, 13 de enero de 2020

La “reestructuración” del Estado y la megaminería en Chubut vienen de la mano


La anunciada intensificación del ajuste sobre un Estado cuasi desmantelado amenaza con profundizar la creciente pauperización del pueblo chubutense. El plan incluye a la megaminería y divide al oficialismo. El PJ “rosquea” para ser parte del Gobierno. La necesidad de que la lucha ambiental se una a la resistencia de los trabajadores.





Por Iván Marín




Mariano Arcioni se encuentra desorientado. Cuando pactó con las cúpulas de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y del PJ-kirchnerismo para que le tiraran una soga mientras ardían las puertas de ingreso a Legislatura provincial y a Casa de Gobierno, lo hizo pensando en que el acuerdo implicaría un salvataje económico con Alberto Fernández una vez sentado en el Sillón de Rivadavia. Tras el fracaso en las reuniones con el equipo económico de Nación, Arcioni adelantó que esta semana comunicará una “reestructuración” del Estado y confirmó a la minería como parte central para su plan de “desarrollo”. El combo de megaminería y ajuste fue oficializado.


En su edición de hoy diario El Chubut anunció algunos pormenores de la llamada “reestructuración”, sin dudas, eufemismo al palo en una provincia signada por la bancarrota económica, política e institucional. El Gobierno congelaría salarios por 180 días, no habrá cláusula gatillo, se eliminarían las comisiones de servicio, entre otras medidas.


Aproximadamente 60 mil sueldos paga el Estado por mes, entre activos y pasivos, lo que implica una derogación cercana a 4 mil millones de pesos mensuales, alrededor del 80% del presupuesto, según dejó trascender el Gobierno en varias oportunidades. Allí el ajuste se siente hace aproximadamente dos años con el pago de salarios por rangos, suspendido solo en un breve período previo a las elecciones provinciales desarrolladas entre abril y junio pasado. Esta semana recién se pagó el medio aguinaldo y aun no se sabe cuándo se depositarán los sueldos de diciembre, aunque trascendió que el rango de hasta 40 mil pesos podría cobrar el viernes, y algunos sueldos cercanos a los 100 mil pesos recién en febrero. Esta situación obligó a las conducciones de los gremios estatales a movilizar en varias localidades y a realizar piquetes de algunas horas en distintas rutas.


Las escuelas se caen a pedazos y en lo que va del receso escolar el Gobierno no avanzó en nada en sus compromisos para refaccionar los establecimientos. En salud la situación incluso es peor: en los hospitales rurales faltan ambulancias, en la mayoría de los nosocomios el recurso humano no es el suficiente, con los insumos y medicamentos para rayos X sucede lo mismo, y en muchos casos los edificios están venidos a menos. La obra pública está parada hace más de dos años.


Sobre este escenario se anunciarán los detalles de la “reestructuración”. El achicamiento de gastos será necesariamente un golpe a los bolsillos de los más necesitados. A ello se agrega el peligro de la baja (aunque el Gobierno hasta el momento lo desmintió) de los sectores más precarizados que mantienen relación laboral con el Estado, entre ellos los contratados y los “becados”, que rondarían solamente en provincia la cifra cerca de mil personas. Si el ajuste se traslada a los municipios, lo que presumiblemente sucederá, se deberán sumar varios miles de trabajadores a la lista, en particular en Trelew, una de las ciudades con mayor porcentual de desocupación y trabajo precario del país.


Hay que decirlo sin pruritos: este plan precisa sí o sí de la connivencia de las conducciones sindicales para tener alguna posibilidad de realización. Se prevé un escenario similar al del primer semestre de 2018 y al segundo del año pasado.


Foto: Aníbal Aguaisol


Megaminería y rosca política


El gobernador Arcioni “no se deja ayudar”, espetó sin vueltas Ricardo Mutio, presidente del Partido Justicialista en Chubut. En esos días el ministro de Seguridad Federico Massoni manifestó que al PJ lo votaron para ser oposición, no para ser gobierno, en clara alusión a la pretensión de esta fuerza política de tener más incidencia en las políticas del Ejecutivo.


En noviembre pasado la cabeza de Massoni, entonces ministro Coordinador de Gabinete, fue puesta como moneda de cambio con el PJ-kirchnerismo y el resto del oficialismo para tratar de rubricar un “Pacto Social”, que necesariamente debería haber implicado una distribución más equitativa en el gabinete provincial. Los acuerdos no llegaron a buen puerto, a pesar de la encomiable predisposición de las conducciones sindicales.


Rosca va, rosca viene, y la megaminería metió su cola en el asunto. Tras las declaraciones del secretario de Gobierno, Carlos Relly, comunicando las intenciones del Gobierno de modificar la ley 5001 y avanzar con la zonificación minera, las movilizaciones en toda la provincia no se hicieron esperar, y fueron obviamente multitudinarias. Con ellas volvieron a actualizarse las diferencias al interior del oficialismo, con los mellizos Sastre –Gustavo y Ricardo, intendente de Puerto Madryn y vicegobernador de la provincia, respectivamente- distanciándose de las declaraciones del Ejecutivo.


Tres diputados que responden al intendente de Trelew Adrián Maderna -Leila Lloyd Jones, José Giménez y Angel Tirso Chiquichano- también anticiparon su rechazo a la megaminería, aunque aparentemente sin consultarlo con su padrino político. El viernes pasado más de 3500 personas se hicieron presentes en la municipalidad de Trelew para exigir que el mandatario local –quien en varias oportunidades se mostró a favor del avance minero- se manifieste en contra de la modificación de la 5001. Fueron recibido por un funcionario a quien le sacaron un compromiso de respuesta para este lunes a las 18 horas. Ayer, luego de que la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew se negara a reunirse esta mañana con el equipo de gobierno del Intendente, Maderna informó a los medios de comunicación que se encuentra haciéndose chequeos médicos en Buenos Aires. Es decir, no estará presente por la tarde para recibir a la movilización. Se desconoce si mandará una respuesta por escrito. Los ánimos el viernes pasado estuvieron caldeados, y se descuenta que hoy volverán a estarlos si el mandatario gambetea su compromiso de respuesta.


Dirigentes del Frente de Todos también se expresaron contra la megaminería: Nancy González y Alfredo Luenzo, senadores, Santiago Igón diputado nacional y Mónica Saso, diputada provincial.


La impotente rosca política de los partidos patronales en torno al tema minero en realidad es solo la expresión del desconcierto del régimen para encontrarle una salida a una crisis estructural, que tiene como telón de fondo una deuda fenomenal en dólares y a corto plazo.


De todo lo anterior se desprende que la lucha ambiental desligada de los combates contra el ajuste solo es funcional a darle tiempo a sectores políticos desorientados. La gobernabilidad vuelve a pender de un hilo y eso debe ser aprovechado por quienes resisten a estos planes de avance contra las conquistas del pueblo trabajador. Más que nunca cobra actualidad la consigna “Por un´Chubutazo` contra la megaminería y el ajuste”.

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