¿A quiénes beneficia una salida institucional del conflicto?
¿Por qué pone tan nerviosa a las conducciones sindicales la autoorganización de
los trabajadores? ¿Los ejemplos de la Asamblea Interhospitalaria de Cordillera en 2018 y del Plenario de Delegados Provinciales Docentes marcan el camino?
Por Alejandro Marino
Desde que la crisis económica y política estallara en el
primer semestre del año pasado un sector del kirchnerismo trata de instalar la
necesidad de un juicio político al gobernador del Chubut, Mariano Arcioni. Los
propósitos nunca estuvieron claros. Con el pasar de las semanas, y en paralelo
al pacto de gobernabilidad implícito proporcionado por las conducciones
sindicales y la Legislatura provincial, esta idea se fue diluyendo. Incluso
durante los últimos meses del 2018 y hasta el cierre de listas provinciales del
presente año (mediados de febrero), sectores que responden a Cristina Fernández
de Kirchner, como el diputado nacional de La Cámpora, Santiago Igón, hicieron
lo imposible para convencer a Arcioni de ir juntos a las PASO (Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Como se sabe, el gobernador no aceptó
esta propuesta de alianza y fue reelecto, acompañado por el intendente de
Puerto Madryn, Ricardo Sastre, para seguir al frente del Ejecutivo provincial
por los próximos 4 años. Ello no fue un inconveniente para que Alberto
Fernández y Cristina Fernández lo recibieran con los brazos abiertos y lo
invitaran a distintos actos de la campaña electoral. Sergio Massa, padrino
político de Arcioni, cumplió un rol fundamental al respecto.
La situación económica de la provincia es acuciante. Al
endeudamiento iniciado en la última parte del segundo período de Mario das
Neves al frente de la Gobernación (2007-2011), continuado por Martín Buzzi del
Frente para la Victoria (2011-2015), se le sumó el realizado por la actual
gestión. Antes de fallecer, Das Neves volvió a pedir préstamos casi en su
totalidad en dólares. En mayo de 2016 solicitó 50 millones de dólares y en
julio del mismo año otros 650 millones en la moneda estadounidense a una tasa
del 7,75% a pagar en 10 años. “Entre 2017 y 2022 la provincia deberá pagar 54
millones de dólares anuales en concepto de intereses, en 2023 serán 52
millones, mientras que en el período 2024-2025, otros 50 millones por cada año,
y el último pago serán 38 millones de dólares en 2026. En total son 514
millones de dólares en concepto de servicios por la deuda adquirida en moneda
extranjera durante 2016 (sin contemplar la devolución del capital)”, describe
el periodista Sebastián Premici en su libro, recientemente editado, titulado “La Patagonia ajustada. Las políticas del
macrismo en la región (Premici , 2019, pág. 30) ”.
A ello se agrega que la inflación en la Patagonia fue la más
alta del país en el último período, llegando al 50,6%, mientras que en el resto
del país promedió el 47,6%. Por su parte, la desocupación también aumentó,
produciéndose la “pérdida de al menos 7100 puestos de trabajo directos, de los
cuales 2100 correspondieron al sector de hidrocarburos” (Ibídem, Pág. 66). A
esta cifra hay que sumarle los puestos indirectos, que según el autor
mencionado en el sector hidrocarburos serían de otras 2000 personas. El
aglomerado Trelew-Rawson llegó a estar liderando el ranking de desocupación con
más del 12% de trabajadores en esa situación. Y 35% de su población se registró
por debajo de la línea de la pobreza en el segundo semestre de 2018, es decir
49.151 personas. Como bien señala Premici, “El Pacto Fiscal fue la estratagema
del Gobierno nacional para trasladarle a las provincias su política de ajuste”
(Ibídem Pág. 86).
Más de dos meses sin clases por el paro de docentes y
auxiliares de la educación, escuelas ocupadas por los estudiantes que reclaman
mejores condiciones edilicias, jubilados movilizados, la obra social provincial
(SEROS) suspendida porque el Gobierno no realiza los aportes en tiempo y forma,
la ruptura en la cadena de pago a los proveedores del Estado, toma de
dependencias estatales en varios puntos de la provincia, piquetes en las
principales rutas, pueblada en Sarmiento para evitar represión a corte de ruta,
ataque paraestatal comandado por el secretario General del Sindicato del
Petróleo y Gas Privado del Chubut y miembro de la comisión directiva de la
empresa estatal Petrominera, Jorge “Loma” Ávila, al cual el pueblo de Comodoro
Rivadavia responde con una movilización en repudio de más de 30 mil personas,
que es acompañada en otras ciudades con miles en las calles, ollas populares y
festivales en solidaridad a la lucha de trabajadores estatales por doquier: en
definitiva, una provincia movilizada en sus cuatro puntos cardinales que
construye por abajo lo que, de distintas posiciones políticas, llaman
“Chubutazo”.
Ante este panorama, no debería extrañar que la
gobernabilidad de un Ejecutivo provincial, que fue reelecto hace tan solo 3
meses, esté puesta en cuestión. Quizá a un lector desprevenido o de otra
provincia pueda sorprenderle la susodicha reelección de Arcioni, más teniendo
en cuenta que el año pasado su gobierno pendió de un hilo durante el primer
semestre. Pero la sorpresa tiene patas cortas si recordamos que: 1) ninguna de
las CGTs del Chubut le hizo al menos un paro provincial a esta gestión, pese a
ser una de las provincias más afectadas por las políticas ajuste de Mauricio
Macri, que fueron acompañadas a rajatabla primero por Das Neves y luego por el
actual mandatario provincial; 2) el recurrente cacareo ante los medios de
comunicación de la Mesa de Unidad Sindical (MUS), hegemonizada por el
kirchnerismo, no fue acompañado por el endurecimiento de los métodos de lucha
y, sobre todo, evitó por todos los medios la deliberación de las bases en los
combates que protagonizó; 3) una Legislatura condescendiente que le aprobó el
pacto fiscal, el endeudamiento y las refinanciaciones del mismo. Es decir, sin
la complicidad del PJ-kirchnerismo no se puede entender la reelección
mencionada.
Todo juicio es
político
La compleja combinación de estos elementos deriva en un combo
singular caracterizado por una abnegada disposición a la lucha de las bases
estatales, con el límite de conducciones sindicales desprestigiadas y un
gobierno que pese a ser reelecto hace tan solo 3 meses por más de 20 mil votos
está en la cuerda floja. No es de sorprender, entonces, que luego de meses de
lucha amplios sectores combativos quieran resolver el conflicto lo antes
posible. En ese contexto la consigna de "juicio político a Arcioni" es levantada
por genuinos contingentes de luchadores de forma honesta. Más allá de las
intenciones, cabe preguntarse si objetivamente esta consigna contribuye al
triunfo de la lucha o, por el contrario, solo beneficia a operadores políticos
sedientos de aprovechar el momento de debilidad del gobierno. A ello habría que
sumar, si una resolución por los andariveles de la institucionalidad burguesa,
en detrimento de los métodos de acción directa de las masas, es posible en la
actual situación sin que la misma implique un costo importante a mediano o
largo plazo para los trabajadores.
La Ciencia Política liberal ha reflexionado en numerosos
trabajos sobre la inestabilidad de los regímenes constitucionales en América
Latina. En general los textos clásicos contraponen una supuesta inestabilidad
inherentes a los sistemas presidencialistas (con la excepción de Estados
Unidos) respecto a los parlamentarios, en su mayoría europeos. Estos
intelectuales del régimen en las últimas décadas han visto con beneplácito la
reconducción de las crisis por los canales institucionales, es decir, sin
recurrir a golpes militares. Los juicios políticos a presidentes
latinoamericanos están en el centro de varias de estas resoluciones. Un breve
repaso por dichas argumentaciones nos pueden ayudar a pensar sobre la consigna
mencionada para nuestra provincia.
Quizás el principal trabajo en lengua española sobre el tema
señalado lo haya escrito el politólogo Aníbal Pérez-Liñán en su “Juicio político al presidente y nueva
inestabilidad en América Latina”. El autor parte del concepto de crisis
presidencial para desplegar su argumentación: “Usamos el concepto de ´crisis
presidencial` para referirnos a casos graves de conflicto entre el Ejecutivo y
el Legislativo en los cuales una de las ramas electas del gobierno busca la
disolución de la otra (Pérez-Liñán, 2009, pág. 26) ”.
Prosigue Pérez-Liñán: “Entre 1950 y 2004, hubo
aproximadamente 58 crisis presidenciales en América Latina, pero en sólo seis
de ellas se llevó a cabo un intento serio de iniciar juicio político al
presidente, y 21 de ellas incluyeron golpes militares (Ibídem, 27)”. El libro
abarca los intentos de juicios políticos desde 1992 a 2004, fue publicado en
inglés en 2006 y en español en 2009.
El autor advierte que “(…) las crisis presidenciales por sí
solas no crean inestabilidad. Aproximadamente la mitad (el 45%) de las crisis
presidenciales que tuvieron lugar en América Latina en este período resultó en
algún tipo de intervención militar y el 36% en un golpe miliar con todas las
características habituales. Este libro, sin embargo, se inspiró en el hecho de
que la gran mayoría de las crisis presidenciales de los últimos 15 años no se
han relacionado en absoluto con ninguna forma de colapso del régimen
democrático (Ibídem, 29)”.
Uno de los aspectos interesantes del balance que realiza
Pérez-Liñán es que, a pesar de estar escrito desde una perspectiva
neoinstitucionalista, no deja de reconocer la centralidad de la economía en la
suerte de los gobiernos. “Aunque el procesamiento en juicio político fue el
resultado de acusaciones específicas (…), la opinión generalizada parece indicar
que las reformas económicas impopulares y un desempeño económico
insatisfactorio fueron factores importantes para explicar la aparición del
malestar popular en esos países (Ibídem, 149)”.
Este estado de cosas, lo lleva a concluir al autor que: “Ha
surgido un nuevo patrón de inestabilidad política en América Latina. Cobró
forma en los años noventa y se consolidó a comienzos de la década del 2000. A
diferencia de la experiencia de décadas pasadas, es probable que esta tendencia
no comprometa la estabilidad de los regímenes
democráticos, pero es letal para los gobiernos
democráticos. En el lapso de unos pocos años, las crisis políticas sin quiebre
del régimen se han convertido en un acontecimiento común en la política de
América Latina y el juicio político presidencial se ha convertido en la
principal expresión constitucional de esta tendencia (Ibídem, 321)”.
Si bien Pérez-Liñán acepta que “la remoción del presidente
por medio del Congreso indica una catástrofe política, no una mera realineación
partidaria” (ibídem, 326), el balance general para el autor no deja de ser
positivo respecto a la posibilidad de la reconducción de las crisis por los
canales de la institucionalidad burguesa, sin necesidad de recurrir a golpes
militares.
Otro politólogo, Andrés Malamud, siguiendo la línea
señalada, expresa con indisimulable optimismo que: “Hasta 2005 la probabilidad
de que un presidente terminara su mandato era apenas superior a la de que no lo
hiciera. Y de repente la inestabilidad se terminó. El péndulo cruzó limpiamente
para el otro lado y la reelección se tornó garantizada: presidente que la
buscaba la lograba (Malamud, 2018, pág. 219) ”. El saldo positivo
para Malamud se basa en que desde 1986 a 2005 se produjeron 13 interrupciones presidenciales
y 5 reelecciones presidenciales, mientras que desde 2006 a 2017 las
interrupciones fueron tan solo 2 y las reelecciones 10.
Se observa en ambos autores un claro halo de triunfalismo
respecto a la consolidación de las democracias burguesas en la región, y de ahí
que reivindiquen con más o menos críticas el procedimiento del juicio político
como mecanismo para resolver crisis institucionales, que en general son el
producto directo de catástrofes económicas padecidas por las masas populares.
Para entender de lo que estamos hablando será útil
remitirnos al proceso que se conoció como “Chubutazo” y que derivó, entre otras
cosas, en la renuncia del entonces gobernador Néstor Perl (PJ). Las analogías
con aquel proceso están a la orden del día desde el primer semestre del año
pasado no solo en los análisis políticos en los medios de comunicación locales, sino en los cantitos que hacen en las movilizaciones, e incluso se publicó un periódico
titulado de esa forma.
El historiador Gonzalo Pérez Álvarez en su libro “Patagonia. Conflictividad social y
neoliberalismo. El noreste de Chubut (1990-2005)” describe que en
septiembre de 1990, en momentos donde la lucha se acercaba a momentos
decisivos: “Los gremios estatales realizaron un plenario con la presencia de ATE,
SITRAVICH, ATECH, decidiendo mantener el proceso de lucha hasta que se pague lo
adeudado. La crisis social se siguió expresando al interior del gobierno y el
vicegobernador (Fernando Consentino) solicitó la renuncia de Perl. La UCR
propuso el juicio político, acompañando el pedido que ya había hecho la
Comisión de Padres de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Entre los voceros de
esas comisiones, hay varios dirigentes radicales que ocuparían puestos en el
futuro gobierno (Pérez Álvarez, 2013, pág. 192) ”.
Para un resumen en la web de las exposiciones esgrimidas por
el autor, podés leer el enlace que compartimos acá. En el libro mencionado, Pérez Álvarez señala que hacia
mediados de octubre “se precipita el intento de resolución de la crisis desde
la institucionalidad burguesa, con el juicio político a Perl que llevaría a su
suspensión y el relevo por parte del vice, Consentino. A fin de mes el juicio
político avanza hacia la suspensión de Perl, quien antes presenta su renuncia.
A nivel nacional, el gobierno (de Carlos Menem) anuncia que esto frena toda
posibilidad de intervención y apoya a Consentino con declaraciones de
funcionarios de primera línea (Ibídem, 194)”.
Según el historiador el conflicto se cierra aproximadamente a mediados de noviembre, “dejando como principal saldo, en términos
corporativos, el logro de conseguir frenar el intento de despidos masivos en el
Estado, manteniendo esos puestos de trabajo a cambio de aceptar el
congelamiento salarial y la quita de derechos laborales. Esta suerte de ´acuerdo
tácito` entre gobiernos provinciales y trabajadores estatales, atravesó gran
parte de la década del noventa (Ibídem, 195)”.
Salvo por los trabajos que citamos, la izquierda no cuenta
con investigaciones serias sobre lo que se conoció como “Chubutazo”. Más aun, se deben un profundo balance al respecto. Eso
posibilitaría o alertaría al menos para que, entre otras cosas, no se tropiece nuevamente con las mismas piedras, como hasta
el momento pareciera que viene sucediendo. ¿El mayor peligro? El seguidismo a
las burocracias sindicales y a los partidos patronales, en especial el
PJ-kirchnerismo.
Luego de la renuncia de Perl, tras el inicio del proceso de
juicio político, si bien se lograron algunas conquistas no menores, vino todo
un período de consolidación de políticas de ajustes primero con Consentino y
luego en las gestiones radicales, en especial en la primera de Carlos Maestro.
La salida institucional no garantiza el triunfo de los reclamos populares.
Incluso más, son las que recomiendan los principales intelectuales del régimen,
como vimos más arriba.
En la Ciencia Política burguesa se hace alusión a una
supuesta “parlamentarización” de los sistemas presidencialistas en clara
referencia al carácter de veto que supone la posibilidad de cortar mandatos de
representantes que llegan a ocupar sus cargos mediante las elecciones. Para que
ello ocurra, además de crisis económicas y movilizaciones populares, Pérez-Liñán
afirma que deben registrarse escándalos políticos de magnitud (en general alude
a casos de corrupción), medios de comunicación que den relevancia a los mismos
y no contar con un escudo parlamentario para defenderse a la hora de la
votación. Todas estas últimas condiciones están presentes en Chubut y Mariano
Arcioni es consciente de ello. A todo eso debe agregarse que se tejen distintos tipos de
especulaciones sobre una salida anticipada del gobernador, una de ellas es la
asunción del intendente de Puerto Madryn, Sastre, al frente del Ejecutivo
provincial a partir del 10 de diciembre, con un gobierno de transición hasta
esa fecha que podría estar en manos del PJ-kirchnerismo de cara a consolidar la
alianza que ya se dio a nivel nacional entre Massa, Alberto Fernández y
Cristina Fernández.
De lo anterior se desprende que la resolución a los
conflictos debe buscarse en la movilización y la autoorganización de los
trabajadores, en la cual se delibere ampliamente desde las bases un plan de
lucha que tenga por objetivo arrancarle todas las reivindicaciones al gobierno.
Quizá el mayor ejemplo de la coordinación desde las bases de la
autoorganización haya sido el proceso que se dio el año pasado en cordillera
con las Asambleas Interhospitalarias, que funcionaban de forma itinerante en
las distintas localidades de la región con representantes elegidos
democráticamente en cada uno de los nosocomios estatales. Por ese camino
también se inscribe el histórico plenario de delegados provinciales docentes
arrancado a la conducción de la ATECh por sus bases y que se desarrollará
mañana en Rawson a partir de las 9 horas en la Escuela N 729. Tan nerviosa puso
a la cúpula de ATECh el plenario que recién comunicó el horario y lugar donde
se efectuará el mismo con menos de 24 horas de antelación.
El gobierno provincial, los partidos patronales en
Legislatura y las burocracias sindicales lo tienen bien en claro: lo peor que
les puede pasar es que las masas laboriosas coordinen democráticamente y se
autoorganicen desde las bases. Allí se corre el riesgo de perder el control de
la situación y con ello todos pueden ser objeto de cuestionamiento público por
el rol que cumplen en la lucha. Una cosa es que Arcioni caiga producto de la
movilización y otra muy distinta es que su salida sea reconducida por arriba,
por los andariveles de la institucionalidad burguesa. Por ello se hace
imprescindible que los plenarios de delegados se desplieguen en toda la
provincia, que incluya a afiliados y no afiliados, a jubilados y a desocupados,
que una lazos con los estudiantes y confluya en una gran asamblea unificada que
construya la huelga general provincial, y que sea acompañada con otras medidas
de acción directa como los piquetes en las principales rutas del territorio y/o
las ocupaciones de dependencias estatales. La construcción del “Chubutazo” debe
convertirse en un ejemplo para el resto de la clase trabajadora y los sectores
populares del país. Eso es lo que buscan evitar a consciencia las clases
dominantes en nuestra provincia y sus aliados: las burocracias sindicales.
Referencias
Malamud, A. (2018). El oficio más antiguo del mundo.
Secretos, mentiras y belleza de la política. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Capital intelectual.
Pérez Álvarez, G.
(2013). Patagonia. Conflictividad social y neoliberalismo. El noreste de
Chubut (1990-2005) . Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Imago Mundi.
Pérez-Liñán, A. (2009).
Juicio político al presidente y nueva estabilidad política en América
Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Premici , S. (2019). La
Patagonia ajustada. Las políticas del macrismo en la región. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Acercándonos Ediciones.
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