De potenciales asesinos seriales a “piqueteros subversivos” en menos de un mes. Las autoridades educativas chubutenses dicen promover el pensamiento crítico y la defensa de los derechos de los adolescentes pero clausuran su ejercicio en las aulas. Rememorando una histórica escena de la película The Wall, desde Supervisión se ordenó que una movilización de decenas de estudiantes de una secundaria de arte en apoyo a la lucha de docentes y auxiliares de la educación no trascendiera públicamente y quedara encorsetada en los muros de su patio interno. La censura a la solidaridad de clase como política de Estado no deja afuera a los pibes que intentan levantar su voz. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
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Por Iván Marín
Una suerte de estado policial transita los pasillos de los establecimientos educativos chubutenses desde la llegada de Ignacio Torres a la gobernación. Bajo el ropaje de una supuesta mayor profesionalización, se erige sobre las espaldas de la docencia y los auxiliares de la educación un aumento de las responsabilidades que no va acompañada por una recomposición del poder adquisitivo de sus salarios. Por el contrario, los sueldos de estos trabajadores se ubican entre los más bajos del país. En el caso de la docencia apenas rozan los 700 mil pesos por cargo para un ingresante. Este ajuste fenomenal viene escoltado por una reestructuración reaccionaria de la vida escolar en general, que en las últimas semanas pegó un salto sobre su sujeto social mayoritario: los estudiantes. La regimentación en curso se choca de frente con los más elementales derechos constitucionales. El despotismo del ministerio de Educación crece al calor de la crisis económica con el principal objetivo estratégico de romper cualquier lazo de solidaridad y rebeldía de los que osen levantar la voz contra sus políticas.
Como señalamos en este artículo, el abordaje punitivista de los retos virales de adolescentes en las escuelas debe inscribirse en el escenario provincial descripto, que no dista en demasía de lo que ocurre a nivel nacional. La militarización de las escuelas -y, con ella, medidas de estrechísima profundidad intelectual como la revisación de mochilas y/o la obligación de llevar los útiles en bolsas transparentes- tienen al menos un doble objetivo: por un lado, la venta de humo a través de la prensa y redes sociales; y, por el otro, contribuir a un estado de incertidumbre, a un miedo paralizante que pide a gritos “orden”, entendido como la respuesta policíaca a todas las problemáticas de la vida en sociedad. “Algún día será esta vida hermosa y me someto por eso a tu voluntad”, dice una reconocida canción sobre el tema.
El miércoles 13 de mayo estudiantes de la Escuela 759, con
orientación artística, llevaron adelante una sentada y movilización con
cánticos en el patio interno del establecimiento en solidaridad con la lucha
docente y de auxiliares de la educación. La actividad fue difundida el día
anterior y estuvo promovida por el Centro de Estudiantes. Duró alrededor de una
hora y contó con la participación de varias decenas de pibes y pibas. Como
ocurre generalmente con este tipo de acciones, no faltaron los registros
fílmicos ni las fotografías con celulares. Sin embargo, llegó una orden por vía
jerárquica para que no se difundieran imágenes en redes sociales de la iniciativa
para garantizar un supuesto resguardo de la privacidad de sus participantes. La
censura dejó insatisfecha a una porción significativa de sus protagonistas y en
una movilización pública de la docencia al día siguiente en Trelew anunciaron
que el 15 de mayo se registraría una sentada de estudiantes autoconvocados con
el mismo propósito de sumar su solidaridad a los sectores en lucha. Esa otra
actividad también fue censurada ya que no se dejó salir a los estudiantes a la
vereda del establecimiento bajo el argumento de que no contaban con
autorización de los padres. Los pibes no corrían ningún peligro. Aunque los
estudiantes no pretendían cortarla, la calle que da al ingreso de la escuela es
una de las menos transitada de la ciudad.
Silvina Veira es la supervisora de esta escuela y, por ende,
la encargada de impartir las órdenes que bajan desde el ministerio de Educación
a cargo de José Luis “Spider-Man” Punta. Veira también tiene a cargo la escuela
7716, en la que las autoridades prohibieron a sus docentes realizar asambleas bajo amenaza de apercibimiento, cuestión que terminó ocurriendo con el
descuento de sus salarios. Es la misma supervisora de la escuela 747, en la que
se obligó a los estudiantes a ir sin mochilas y con los útiles en ridículas
bolsas transparentes, como si todos fueran potenciales asesinos seriales. Otras
escuelas utilizaron las mismas decisiones punitivistas respecto a los retos
virales.
El 6 de mayo, Helga Paz, Supervisora Técnica Secretaria, y Karina
Pugh, de la Supervisión Técnica General de Educación Primaria, emitieron una
orden para que los directivos de las escuelas informaran la adhesión a las
medidas de fuerza de la docencia. El documento fue enviado a Prosa Urgente por
personal del ministerio de Educación. Una vez viralizado en nuestro muro de
Facebook llovieron los comentarios sobre estos personajes. Respecto de Pugh se
señaló que en luchas anteriores estuvo al pie del cañón y que ahora se “pasó de
bando”. De Paz se informó que se la había visto en una movilización de la
docencia autoconvocada en la que se exigía aumento salarial desarrollada tan
solo 3 o 4 días antes.
Este abordaje policíaco de las problemáticas educativas
guarda no pocas semejanzas con las justificaciones del personal de las fuerzas represivas -y también del burocrático y del político- de regímenes dictatoriales o genocidas respecto de sus crímenes. La tan criticada
ley de “obediencia debida” promovida por Raúl Alfonsín para dejar libre a la
inmensa mayoría de los milicos involucrados en la desaparición y tortura de
miles de personas por la última dictadura militar se ha hecho carne a su modo
en el régimen educativo chubutense. Lo
cierto es que nadie obliga a un docente a ser supervisor u ocupar otro cargo
directivo de mayor o menor responsabilidad. La aceptación acrítica implica
necesariamente la adhesión a la política educativa del gobierno de ocasión, en
este caso de un reaccionario de pe a pa como Ignacio Torres.
No hace falta mucha lucidez para concluir que no asistimos a
un resguardo de la imagen y la integridad física de los estudiantes sino a un
disciplinamiento que pretende formatearlos según los valores individualistas de
esta sociedad capitalista. Por ello la necesidad de responder de manera
punitivista a todas sus iniciativas, ya sean aquellas cuestionables, como
pueden ser los retos virales, o las que tienen por objetivo la solidaridad
entre sectores que luchan por una calidad de vida más digna. El gobierno de
Ignacio Torres gasta millones de pesos en propaganda oficial donde decenas,
cuando no centenares o miles, de jóvenes aparecen con sus rostros al
descubierto en actos escolares o inauguraciones de obras de su gestión. Las
propias escuelas suben a diestra y siniestra imágenes de sus estudiantes en
redes sociales sin consultarles a nadie. En ninguno de estos casos aparecen llamados
telefónicos de supervisores prohibiéndolos. Estas órdenes, por otra parte, no
suelen darse por escrito: no vaya a ser cosa que trasciendan públicamente y
queden como lo que realmente son, censores profesionales de la solidaridad de la
juventud para con sus docentes, auxiliares o cualquier otro sector que se
encuentre en lucha.
¿Qué harían estos censores frente a una movilización contra un
caso de racismo, femicidio o de violencia policial ocurrido en la ciudad? ¿También
prohibirían que trascendieran imágenes de dicha manifestación si se realiza en
el interior de un establecimiento escolar? Como dijimos, este abordaje policíaco de la vida
en las escuelas también se expresa en las disposiciones por las cuales la
totalidad de los centros de estudiantes están totalmente integrados a la vida
institucional y no tienen independencia política ni organizativa de los equipos
directivos. Pretenden que el sindicato de los estudiantes no intervenga como
representante de los derechos de los pibes sino como un brazo de la política de
la gestión de turno hacia el interior del estudiantado. No tienen por objetivo
formar ciudadanos con pensamiento crítico, sino, como diría otra canción, sumar
nuevos ladrillos a la pared. Esta estrategia reaccionaria abona el desarrollo
de la autoorganización estudiantil, perspectiva que asusta a todo el establishment
mencionado. Más temprano que tarde, los estudiantes y toda la comunidad educativa se rebelará, contra estas prácticas de tinte fascistoides.
