Conversamos con Diego Oria, trabajador de la salud, y Karina Cruz, docente e integrante de la Comisión contra la impunidad y por la Justicia en Chubut, quienes forman parte de los 16 vecinos de la provincia procesados por el juez federal Gustavo Lleral por ser partícipes de un piquete en Ruta 3 en defensa del proyecto de ley de Iniciativa Popular contra la megaminería en 2021. “No hay que tener miedo, el pueblo unido va a hacer historia como en la Patagonia Rebelde o en el Trelewazo”, adelantan. Informe especial sobre la criminalización de la protesta social.
Por Iván Marín
El jueves 27 de abril tomó estado público la resolución del
juez federal Gustavo Lleral, -el mismo que mantiene impune el caso de Santiago
Maldonado, desaparecido y asesinado en el marco de un operativo de Gendarmería
Nacional en la Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017-, por el cual se
procesa a 16 vecinos de Chubut acusados de entorpecimiento de servicios
públicos. Se trata del corte de Ruta 3 en el acceso a Trelew transcurrido entre los días 6 y 9 de mayo de 2021 en ocasión de la aprobación en Legislatura del
dictamen en rechazo de la Iniciativa Popular (IP) contra la megaminería
presentada con más de 40 mil firmas la Unión de Asambleas de Comunidades del
Chubut.
El piquete fue desalojado en la madrugada del domingo 9 de mayo de forma irregular
e ilegal por el entonces ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni. Sobre
el particular conversamos en extenso con Karina Cruz, docente e integrante de
la Comisión contra la impunidad y por la Justicia en Chubut, y Diego Oria, trabajador de la salud. La entrevista completa puede verse en
nuestro canal de YouTube.
¿En qué marco se dan estos procesamientos? ¿Es “solo” contra la militancia ambientalista o guarda relación con las políticas de ajuste a nivel general? Son algunas de las preguntan que nos conducen a este informe. “En una provincia que hace tiempo viene convulsionada por la crisis económica, social y política, se vienen desarrollando procesamientos y condenas a quienes nos manifestamos en contra de los ajustes y la megaminería”, comienza su relato Karina Cruz. Se refiere a la condena del año pasado a Santiago Goodman por el incendio de Legislatura en 2019, que en realidad fue una rebelión desatada por las bases docentes cuando se conoció el fallecimiento en ruta de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, tras participar de un Plenario Provincial de Delegados en el marco de un plan de lucha en defensa del salario y la educación pública. El martes 25 de abril también se conoció la condena de la jueza federal Marta Yáñez a Estela Juárez, secretaria General de la Regional Suroreste de la ATECH, por panfletear en la ruta, también en el marco de la lucha de 2019. El miércoles se trascendió que serán llevados a juicio federal 9 personas por los escraches y agresiones al presidente Alberto Fernández en marzo de 2021 en Lago Puelo, tras la falta de respuestas del Gobierno a los damnificados por los incendios en cordillera. Además, el viernes 29 de abril, se comunicó la decisión del juez Gustavo Castro de llevar a juicio a los 4 imputados por el incendio de la sección publicidad de diario El Chubut en el marco del Chubutazo de diciembre de 2021. Entre los procesados se encuentran militantes del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).
Tres causas en una semana. A lo que deben agregarse la detención con pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala,
la detención domiciliaria de 4 mujeres mapuche con sus 9 hijos de la lof Winkul
Lafken Mapu en Río Negro y 24 personas imputadas por el Chubutazo sin ningún policía ni funcionario investigado pese a la feroz represión a la mayor rebelión popular
en la historia de nuestra provincia. A nivel nacional tenemos las condenas a
César Arakaki, militante del Partido Obrero, y a Daniel Ruiz, militante del
PSTU y exdelegado petrolero de Comodoro Rivadavia, por luchar contra la fallida contrarreforma
previsional en diciembre de 2017. Esta situación se reproduce en todo el país.
La persecución no se circunscribe al ámbito penal. Quien escribe este informe fue despedido de diario “El Chubut” en diciembre de 2021 por luchar contra la zonificación minera. En diciembre del año pasado el juez laboral Adrián Duret dictaminó en contra de mi pedido de reincorporación. El fallo se apeló y debió haberse resuelto en febrero último pero desde el 2 de marzo se encuentra para sentencia durmiendo en algún cajón de la Sala A del juzgado civil y comercial de Trelew, cuyo tribunal es presidido por el juez Marcelo Fernando Peral.
“El juez Lleral lo que no hace es tomar el contexto en que
se da el corte de ruta. Es un poco lo que pasó con el caso de Estela Juárez en
donde la jueza resuelve condenarla sin hacer alusión al contexto que había
llevado a los trabajadores y a los representantes de los distintos gremios a hacer
un corte de ruta después de haber agotado todas las instancias administrativas
posibles”, comienza su relato Oria. Y, agrega: “Un poco se dio lo mismo en esta
situación. Nosotros llegamos a un corte de ruta a defender lo que es una
herramienta democrática como es una iniciativa popular. Esos años anteriores
habíamos hechos multiplicidad de actividades, manifestaciones de todo tipo, se
habían canalizado reclamos y recursos legales inclusive en la Legislatura. Y
nada había prosperado. La intención de quitar la IP y después aprobar el
proyecto de zonificación era clara”.
Por su parte, Cruz señala que “el desalojo se desarrolló de
una muy mala manera porque se hizo de noche y encabezado por Massoni (Federico)
con 400 policías provinciales, lo cual está mal porque en una ruta nacional
tienen que intervenir Gendarmería o Policía Federal”. “Nosotros éramos 100 o
120 vecinos contra más de 400 policías a las 3 o 4 de la madrugada”, completa.
Oria recuerda que por aquel entonces “la IP era uno de los
estorbos más grandes que tenían para poder aprobar el proyecto de zonificación”.
Advierte que la bancarrota del Estado provincial fue buscada adrede para
presentar a la megaminería como salida a la crisis económica. En ese marco
ubica su situación junto a la de sus 15 compañeros procesados: “Es la
criminalización de la protesta social. Se está generando con este tipo de
precedentes primero que nada algo a aplicar en el caso de que haya un corte de
ruta y también el miedo que por ahí le genera a algunos trabajadores a la hora
de manifestarse subirse a una ruta”. Resalta que durante todo el proceso de
juntadas de firmas para la IP, como así también en las movilizaciones que
precedieron y prosiguieron al corte de ruta, estuvieron infiltrados por fuerzas
de seguridad. Cruz, agrega que la noche del desalojo llegó a la ruta “a las
tres de la madrugada, tenía el carnet de la Comisión contra la Impunidad, que
es una ONG de derechos humanos, y a mí me identifican por ese carnet, por lo
cual es doblemente grave porque me están procesando por ser miembro de un
organismo de derechos humanos”.
La docente, además denuncia que “en el Chubutazo tenés otra
causa más con 24 personas de Rawson que están encausadas por lo mismo.
Claramente es un mensaje de disciplinamiento, de revancha, de decir ´mirá cómo
no te pago el sueldo, mirá cómo te violo todos los derechos, y si salís a
luchar te proceso, te llevo preso, te reprimo`. Es un contexto de impunidad
obsceno y en el que como pueblo tenemos que entender que si nos unimos y
salimos todos a la calle y luchamos lo vamos a poder dar vuelta”.
Informan que el fallo persecutorio de Lleral será apelado
esta semana. “Al margen de lo que se pueda hacer en la Justicia, lo que
nosotros estamos haciendo es organizándonos. Hay mucho interés en organismos de
derechos humanos que tienen desarrollo en el país de participar, de acompañar
este proceso, porque genera un precedente en la provincia, como en el caso de
Estela Juárez, pero también a nivel nacional se está viendo que hay una
intención de criminalizar la protesta social, de criminalizar a aquellos que se
oponen a este tipo de iniciativas que propone el gobierno provincial y nacional,
que intentan básicamente generarse recursos para pagar la deuda con el FMI”,
recalca Oria.
Consultados sobre cómo continuará la lucha, Oria reflexiona:
“Uno cuando toma la iniciativa de participar, que sabe que se enfrenta al poder
judicial, al poder político, a las multinacionales que tienen intereses de
desarrollar actividades de este tipo en nuestra provincia, uno sabe que se está
enfrentando con un monstruo grande, con el monopolio del poder. Pero nosotros a
partir de diciembre de 2021 cuando dimos vuelta la zonificación minera
demostramos que el pueblo tiene capacidad de ejercer la democracia y frenar las
intenciones que ellos tienen. El futuro está en manos del pueblo. Por más que
nos terminen condenando, no abandono un segundo la lucha. Invito a
comprometerse más a vecinas y vecinos porque de esta salimos todos, las salidas
individuales no existen”.
En el mismo sentido cierra la entrevista Karina Cruz: “Agradecemos
a todos los organismos que han sacado notas y declaraciones repudiando este
procesamiento, agradecer todas las muestras de solidaridad. No hay que tener
miedo, el pueblo unido va a hacer historia, somos la Patagonia Rebelde, la
tierra del Trelewazo”.
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