En este artículo polemizamos con el comunicado emitido por
la fuerza política del Chubut en ocasión de la represión a los trabajadores
estatales el 5 de abril, donde falleciera el comisario Néstor Chávez producto
de un infarto.
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| Foto extraída del sitio de Facebook: "A.H.b". |
Por Iván Marín
La represión desatada contra trabajadores estatales en Casa
de Gobierno el pasado jueves dejó un saldo de al menos 10 heridos, entre ellos
algunos secretarios generales de sindicatos, y la inesperada muerte producto de
un infarto del comisario Néstor Chávez, quien se desempeñaba en Asuntos Internos
de la Policía del Chubut.
Inmediatamente el Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, y
el resto de su Gabinete, aprovecharon la situación para responsabilizar a los
sindicatos de la muerte del policía, en particular apuntaron sus cañones hacia
Santiago Goodman, secretario General de la Asociación de Trabajadores de la
Educación del Chubut (ATECH), y Guillermo Quiroga, a cargo de la intervención
de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Este ataque infame del
gobierno busca no solo criminalizar el legítimo derecho a la protesta social,
sino también ocultar sus responsabilidades en el fallecimiento del agente
policial, pues, según se conoció por distintas fuentes, Chávez desempeñaba
tareas administrativas debido a razones de salud, en particular a serias
afecciones cardíacas.
En este marco, y a las pocas horas de conocido el deceso del
comisario, agrupaciones, partidos políticos y sindicatos emitieron comunicados
sentando posiciones ante los hechos. Movilización y Acción por un Pueblo Unido
(MAPU) fue uno de ellos. Los compañeros redactaron un comunicado plagado de
errores inconcebibles para una corriente política que afirma, según ellos
mismos escriben en el susodicho artículo, que de lo que se trata en la
actualidad es de “impulsar una transformación definitiva en Chubut”.
El comunicado comienza con un título ambiguo, que desconoce
u oculta la función social de las fuerzas represivas del Estado: “El saqueo, la
corrupción y la crisis, provocada por los de arriba. Las muertes y la tristeza,
para los de abajo”. Al no distinguir entre trabajadores y patrones, MAPU no
duda en afirmar que la muerte del policía corresponde a los de “abajo”. Vaya a saber
a qué se refieren con eso: ¿pueblo? ¿trabajadores?
En el segundo párrafo del comunicado, que podés leer en estelink, señalan que: “Desde el MAPU tenemos una enorme tristeza por esta
situación. Enviamos nuestras condolencias a la familia del policía fallecido.
Chávez era un hombre de familia trabajadora, que vivía en al Área 12 de Rawson,
que antes había vivido en las 290 de Trelew, con una hermana docente e hijos
trabajadores. Muy bien recordado por sus compañeros de trabajo en las distintas
aéreas donde se desempeñó”. No entraremos en debate de si es pertinente o no
que una organización que se reivindica del campo popular (o de la izquierda)
deba o no manifestar tristeza y emitir condolencias por la muerte de un
policía.
Lo llamativo de la cita son sus dos últimas oraciones. ¿Qué
nos intenta decir MAPU cuando hace referencia a la familia del policía y los
barrios donde vivió? Como se sabe, la procedencia de origen no hace por sí
misma a ninguna persona trabajadora. Además, señalan que sus compañeros de
trabajo lo recordarán muy bien por las tareas realizadas. Estas demagógicas
expresiones no hacen más que ocultar la función primordial que tiene la
policía: resguardar la propiedad privada a como dé lugar. Pero antes de
profundizar sobre el particular, volvamos nuevamente a otro pasaje estrambótico
del comunicado.
“El fallecimiento de Chávez evidencia que el gobierno no
cuida a ninguno de sus trabajadores, tampoco a los policías. De hecho los
envían a realizar tareas que no deberían, como reprimir a su propio pueblo
cuando este reclama por cosas evidentemente justas, como cobrar sus salarios en
tiempo y forma”, afirman. Yendo a contramano de cualquier manualcito de
secundaria donde se define al Estado como el detentor legítimo del monopolio
del uso de la fuerza, es decir del aparato represivo, sobre la sociedad, MAPU
pretende hacernos creer que el Gobierno no usa a las fuerzas policiales para lo
que debería (nótese que no dicen cuál sería su verdadera función ¿acaso
cuidarnos? No se atrevieron a llegar tan lejos, pero es imposible no inferir
esa conclusión) y, en cambio, las usa para reprimir.
Si bien MAPU no se reivindica abiertamente de izquierda, y
mucho menos marxista ni revolucionario, no deja de sorprender la concepción
ingenua que tienen del Estado y sus instituciones, en particular las que tienen
por función específica la represión. Una sociedad dividida en clases, donde una
minoría cada vez más concentrada vive a costilla de la inmensa mayoría trabajadora
y campesina, precisa necesariamente de un aparato con cada vez más poder
represivo para tratar de mantener el control de ese estado de cosas. De ahí que
el aparato represivo complejice cada vez más sus técnicas de espionaje, disuasión
y obviamente de represión contra el pueblo, sobre todo contra aquellas
organizaciones que luchan por defender sus derechos y/o presentan un
cuestionamiento a las relaciones capitalistas de producción.
En este sentido, sería una ingenuidad atribuirle al policía,
o a cualquier miembro de las fuerzas represivas del Estado, el carácter de
trabajador. Según el informe anual que realiza la Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional (CORREPI), en los primeros 722 días de
gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 725
personas. Es decir, más de una persona por día. Allí se destaca que al momento
de publicarse el informe se registraron al menos 5462 asesinatos desde el año
83, de ellos 81 corresponden a la provincia del Chubut, lo que la ubica en el
quinto lugar en el país, si tomamos el índice por millones de habitantes, en lo
que hace a asesinatos en manos del aparato represivo desde la vuelta del
régimen constitucional a la actualidad. La gran mayoría de esos casos son
responsabilidad de la Policía del Chubut.
Es imposible escribir un artículo sobre la criminal Policía
del Chubut sin hacer referencia a casos emblemáticos que la tienen como
protagonista, como por ejemplo la desaparición de Iván Torres en Comodoro
Rivadavia en el año 2003, el asesinato de Julián Antillanca en Trelew en 2010,
o la violación a Maximiliano Almonacid, joven de 16 años, en la Comisaría
Segunda también de la localidad valletana. O las distintas represiones a
protestas de trabajadores a lo largo y ancho de la provincia, a vecinos que
recuperaban tierras para construir sus viviendas. Y, desde ya, el recurrente
hostigamiento y represión a las comunidades de pueblos originarios.
Referirse acríticamente a la tarea de un comisario conlleva
necesariamente al embellecimiento no solo de la institución policial sino
también de los altos mandos de la misma. Los cientos de casos de trata de
personas no son solo responsabilidad de políticos y jueces corruptos, sino que
tienen como brazo ejecutor a las distintas comisarías locales. Por acción u
omisión todo personal policial, y con mayor responsabilidad sus altos mandos,
son parte necesaria de estos delitos aberrantes. Lo mismo para el narcotráfico
y distintas variantes del delito organizado. MAPU parece poner las manos en el
fuego por el pasado de Chávez, por el solo hecho de haber fallecido por
negligencia del Estado y sus funcionarios de turno.
En definitiva, el comunicado de MAPU, sin proponérselo, contribuye, a partir de su concepción infantil del aparato represivo del Estado, a la confusión entre las/os trabajadoras/es, que aprovecha el gobierno para tratar de correr el escenario político más hacia la derecha y avanzar sobre conquistas que se lograron en base a la lucha en las calles, y en muchos casos en enfrentamientos abiertos contra estas instituciones que tienen por fin último resguardar la propiedad privada y el status quo.
La difícil situación que atraviesan las/los trabajadoras/es
de Chubut solo podrá tener una resolución favorables a estos sectores si ellos
mismos son los que se organizan desde las bases para discutir una salida de
conjunto. En la jornada del 5 abril llegó a las calles el primer número de “Chubutazo,
el período de las movilizaciones obreras”, allí en su editorial se propone: “Exigir
en cada lugar de trabajo y de debate, incluso en la Mesa de Unidad Sindical, un
congreso de delegados de base abierto a todas/os las/os trabajadoras/es que
quieran participar para discutir una salida de conjunto a la crisis para que no
la pague el pueblo trabajador, es una tarea de primera instancia. El ajuste se
combate en las calles (…)”.
