MAPU y una concepción infantil del aparato represivo del Estado

En este artículo polemizamos con el comunicado emitido por la fuerza política del Chubut en ocasión de la represión a los trabajadores estatales el 5 de abril, donde falleciera el comisario Néstor Chávez producto de un infarto.

Foto extraída del sitio de Facebook: "A.H.b".

Por Iván Marín

La represión desatada contra trabajadores estatales en Casa de Gobierno el pasado jueves dejó un saldo de al menos 10 heridos, entre ellos algunos secretarios generales de sindicatos, y la inesperada muerte producto de un infarto del comisario Néstor Chávez, quien se desempeñaba en Asuntos Internos de la Policía del Chubut.

Inmediatamente el Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, y el resto de su Gabinete, aprovecharon la situación para responsabilizar a los sindicatos de la muerte del policía, en particular apuntaron sus cañones hacia Santiago Goodman, secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), y Guillermo Quiroga, a cargo de la intervención de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Este ataque infame del gobierno busca no solo criminalizar el legítimo derecho a la protesta social, sino también ocultar sus responsabilidades en el fallecimiento del agente policial, pues, según se conoció por distintas fuentes, Chávez desempeñaba tareas administrativas debido a razones de salud, en particular a serias afecciones cardíacas.

En este marco, y a las pocas horas de conocido el deceso del comisario, agrupaciones, partidos políticos y sindicatos emitieron comunicados sentando posiciones ante los hechos. Movilización y Acción por un Pueblo Unido (MAPU) fue uno de ellos. Los compañeros redactaron un comunicado plagado de errores inconcebibles para una corriente política que afirma, según ellos mismos escriben en el susodicho artículo, que de lo que se trata en la actualidad es de “impulsar una transformación definitiva en Chubut”.

El comunicado comienza con un título ambiguo, que desconoce u oculta la función social de las fuerzas represivas del Estado: “El saqueo, la corrupción y la crisis, provocada por los de arriba. Las muertes y la tristeza, para los de abajo”. Al no distinguir entre trabajadores y patrones, MAPU no duda en afirmar que la muerte del policía corresponde a los de “abajo”. Vaya a saber a qué se refieren con eso: ¿pueblo? ¿trabajadores?

En el segundo párrafo del comunicado, que podés leer en estelink, señalan que: “Desde el MAPU tenemos una enorme tristeza por esta situación. Enviamos nuestras condolencias a la familia del policía fallecido. Chávez era un hombre de familia trabajadora, que vivía en al Área 12 de Rawson, que antes había vivido en las 290 de Trelew, con una hermana docente e hijos trabajadores. Muy bien recordado por sus compañeros de trabajo en las distintas aéreas donde se desempeñó”. No entraremos en debate de si es pertinente o no que una organización que se reivindica del campo popular (o de la izquierda) deba o no manifestar tristeza y emitir condolencias por la muerte de un policía.

Lo llamativo de la cita son sus dos últimas oraciones. ¿Qué nos intenta decir MAPU cuando hace referencia a la familia del policía y los barrios donde vivió? Como se sabe, la procedencia de origen no hace por sí misma a ninguna persona trabajadora. Además, señalan que sus compañeros de trabajo lo recordarán muy bien por las tareas realizadas. Estas demagógicas expresiones no hacen más que ocultar la función primordial que tiene la policía: resguardar la propiedad privada a como dé lugar. Pero antes de profundizar sobre el particular, volvamos nuevamente a otro pasaje estrambótico del comunicado.

“El fallecimiento de Chávez evidencia que el gobierno no cuida a ninguno de sus trabajadores, tampoco a los policías. De hecho los envían a realizar tareas que no deberían, como reprimir a su propio pueblo cuando este reclama por cosas evidentemente justas, como cobrar sus salarios en tiempo y forma”, afirman. Yendo a contramano de cualquier manualcito de secundaria donde se define al Estado como el detentor legítimo del monopolio del uso de la fuerza, es decir del aparato represivo, sobre la sociedad, MAPU pretende hacernos creer que el Gobierno no usa a las fuerzas policiales para lo que debería (nótese que no dicen cuál sería su verdadera función ¿acaso cuidarnos? No se atrevieron a llegar tan lejos, pero es imposible no inferir esa conclusión) y, en cambio, las usa para reprimir.

Si bien MAPU no se reivindica abiertamente de izquierda, y mucho menos marxista ni revolucionario, no deja de sorprender la concepción ingenua que tienen del Estado y sus instituciones, en particular las que tienen por función específica la represión. Una sociedad dividida en clases, donde una minoría cada vez más concentrada vive a costilla de la inmensa mayoría trabajadora y campesina, precisa necesariamente de un aparato con cada vez más poder represivo para tratar de mantener el control de ese estado de cosas. De ahí que el aparato represivo complejice cada vez más sus técnicas de espionaje, disuasión y obviamente de represión contra el pueblo, sobre todo contra aquellas organizaciones que luchan por defender sus derechos y/o presentan un cuestionamiento a las relaciones capitalistas de producción.

En este sentido, sería una ingenuidad atribuirle al policía, o a cualquier miembro de las fuerzas represivas del Estado, el carácter de trabajador. Según el informe anual que realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en los primeros 722 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 725 personas. Es decir, más de una persona por día. Allí se destaca que al momento de publicarse el informe se registraron al menos 5462 asesinatos desde el año 83, de ellos 81 corresponden a la provincia del Chubut, lo que la ubica en el quinto lugar en el país, si tomamos el índice por millones de habitantes, en lo que hace a asesinatos en manos del aparato represivo desde la vuelta del régimen constitucional a la actualidad. La gran mayoría de esos casos son responsabilidad de la Policía del Chubut.

Es imposible escribir un artículo sobre la criminal Policía del Chubut sin hacer referencia a casos emblemáticos que la tienen como protagonista, como por ejemplo la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia en el año 2003, el asesinato de Julián Antillanca en Trelew en 2010, o la violación a Maximiliano Almonacid, joven de 16 años, en la Comisaría Segunda también de la localidad valletana. O las distintas represiones a protestas de trabajadores a lo largo y ancho de la provincia, a vecinos que recuperaban tierras para construir sus viviendas. Y, desde ya, el recurrente hostigamiento y represión a las comunidades de pueblos originarios.

Referirse acríticamente a la tarea de un comisario conlleva necesariamente al embellecimiento no solo de la institución policial sino también de los altos mandos de la misma. Los cientos de casos de trata de personas no son solo responsabilidad de políticos y jueces corruptos, sino que tienen como brazo ejecutor a las distintas comisarías locales. Por acción u omisión todo personal policial, y con mayor responsabilidad sus altos mandos, son parte necesaria de estos delitos aberrantes. Lo mismo para el narcotráfico y distintas variantes del delito organizado. MAPU parece poner las manos en el fuego por el pasado de Chávez, por el solo hecho de haber fallecido por negligencia del Estado y sus funcionarios de turno.  

En definitiva, el comunicado de MAPU, sin proponérselo, contribuye, a partir de su concepción infantil del aparato represivo del Estado, a la confusión entre las/os trabajadoras/es, que aprovecha el gobierno para tratar de correr el escenario político más hacia la derecha y avanzar sobre conquistas que se lograron en base a la lucha en las calles, y en muchos casos en enfrentamientos abiertos contra estas instituciones que tienen por fin último resguardar la propiedad privada y el status quo. 

La difícil situación que atraviesan las/los trabajadoras/es de Chubut solo podrá tener una resolución favorables a estos sectores si ellos mismos son los que se organizan desde las bases para discutir una salida de conjunto. En la jornada del 5 abril llegó a las calles el primer número de “Chubutazo, el período de las movilizaciones obreras”, allí en su editorial se propone: “Exigir en cada lugar de trabajo y de debate, incluso en la Mesa de Unidad Sindical, un congreso de delegados de base abierto a todas/os las/os trabajadoras/es que quieran participar para discutir una salida de conjunto a la crisis para que no la pague el pueblo trabajador, es una tarea de primera instancia. El ajuste se combate en las calles (…)”.