lunes, 8 de abril de 2019

[ADELANTO] “Hay abusos reiterados a lo largo del tiempo con grupos de personas diferentes”


Conversamos durante media hora con la familia denunciante del nene sobreviviente de abuso sexual en Puerto Pirámides, que involucra a decenas de personas en una red de pedofilia. Lo que sigue es un adelanto de la entrevista que publicaremos mañana en forma completa en nuestra cuenta de Facebook.




Por Iván Marín





Desde el lunes 25 de marzo se lleva adelante en Puerto Madryn un juicio por abuso sexual infantil, que tiene en el banquillo de los acusados a la madre de un niño que actualmente tiene 12 años, y a su pareja. Los denunciantes son el padre biológico del nene y su compañera, quienes dialogaron ante la cámara de Prosa Urgente sobre este espeluznante caso con poca cobertura mediática y que involucra a personajes reconocidos de la casta política en Puerto Pirámides.


“El caso se origina a finales del año 2016 cuando el nene empieza a poder contar lo que estaba viviendo, lo hizo de forma gradual en su casa como en el espacio terapéutico”, comienzan. “La primera denuncia fue el 21 de noviembre y hubo una ampliación 26 de noviembre, ambas en la fiscalía de Puerto Madryn”, amplían. Manifiestan que confiaron en los fiscales que tomaron el caso desde un principio, pero que al poco tiempo la fiscalía “decide dejar de investigar y empieza a acordar con la defensa”. Los fiscales a los que hacen referencia son: Angélica Carcano, Alejandra y Hernández, y el jefe de la dependencia en la localidad, Daniel Báez.


Recuerdan que en un principio creían que se trataba de un caso de “abuso intrafamiliar entre la madre del nene y su pareja, y en otro momento nos cuenta de cosas muchísimo más graves que nos llevaron a hacer las valijas en la misma noche que el nene nos cuenta estas cosas de amplia gravedad”. Allí deciden irse de Puerto Pirámides, lugar al que nunca más volvieron hasta el momento.


“En esa noche que el nene nos devela abusos muchos más graves, múltiples y nombra a personajes de la política local y de otro nivel, nos dimos cuenta que constantemente estaba nuestra casa siendo observada”, remarcan.


Consultados sobre los estudios que corroboran el abuso sexual, responden: “El protocolo que se hace en el Hospital Ísola (Andrés), tras la segunda ampliación de denuncias, donde dice que tiene las lesiones son compatibles con abuso sexual infantil. Después la batería de información que aportan las psicólogas del niño como el equipo técnico interdisciplinario y otro informe de otra licenciada, que sí es parte del ministerio Público Fiscal, que dice que el niño tiene secuelas y síntomas de abuso sexual infantil, más otro informe de la psicóloga de parte, más informes grafológicos. O sea, hay una gran cantidad de evidencias que hoy forman parte de esta prueba y que se lleva a juicio”. 


Nuevamente se refieren al desempeño del Poder Judicial en la primera etapa del caso: “Es raro el comportamiento de fiscalía porque el acceso carnal fue comprobado enseguida”. Denuncian que “la fiscal (Carcano) propone interrumpir la cámara Gesell cuando el nene empieza a mencionar el abuso de una tercera persona”, aunque lograron luego de insistir en varias oportunidades, “que se vuelva a tomar una nueva cámara Gesell más de un año después”. Allí el nene involucra a casi una treintena de personas en los abusos, es decir una consolidada red de pedofilia en un pueblo que ronda los 700 habitantes.


“Hay abusos reiterados a lo largo del tiempo con grupos de personas diferentes”, describen. Y mencionan que los mismos transcurrieron aproximadamente desde que “el nene estaba terminando el jardín hasta los ocho años y pico, nueve”.


Mencionan que la psicóloga Mariana Pastor se prestó a hacerle análisis psicológicos amplios al niño durante cuatro encuentros, en un consultorio externo, cuando se deberían haber realizado mediante cámara Gesell, por lo cual consideran que lo expusieron en varias oportunidades a una revictimización.


El tribunal que entiende en la causa es presidido por Marcelo Orlando y completado por las juezas Marcela Pérez y Flavia Trincheri. Señalan que los cargos que les imputan a los acusados son “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, por los hechos de mano propia para la madre, y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia preexistente para la pareja de la madre”, quienes están siendo defendidos por Fabián Gabalachis, un abogado al que muchos vinculan al poder político.


“Llegamos al juicio por la parte que tiene que ver con lo intrafamiliar, en cambio la carpeta que contiene todo el resto de los abusos fue archivada por la fiscalía”, aclaran. A la querella la representa los abogados Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti.


Durante esta recorrido la lucha viene siendo acompañadas por algunas organizaciones vinculadas a la problemática, entre las que mencionan a la “Red de Infancia Robada, Madres Víctimas de Trata, Comisión contra la Impunidad, Sebastián Cuattromo de Adultos por los Derechos de los Niños”.  Agregan que “cada vez más vecinos empiezan a perder el miedo de hablar de estas cosas, de acompañarnos y se van sumando poco a poco”.


Informan que las audiencias de esta semana se fijaron para “el 9, 10, 11 y 12 en los tribunales de Puerto Madryn desde las 8:30 hasta aproximadamente las 13 horas. Aprovechando el espacio invitamos a todos los vecinos que quieran venir a informarse, a acompañar. Que si bien el juicio es oral y no público, la gente está acompañando en la puerta”.


Como dijimos al comienzo del artículo, este es tan solo un adelanto de una entrevista extensa, donde se profundizan los temas que hemos abordado brevemente acá, y también refieren a otros como la repercusión del caso en Puerto Pirámides, el rol de la escuela donde estudiaba el nene o donde trabajaba una de las denunciantes.

sábado, 23 de marzo de 2019

Escándalo en Sindicato de Prensa del Valle: renunció su secretario General a los 3 meses de asumir y no se lo comunicaron a los afiliados


La conducción del sindicato le oculta deliberadamente a sus afiliados renuncias masivas de la comisión directiva, a la vez que no se suma a ninguna medida de fuerza nacional ni defiende a los trabajadores ante las patronales.

Foto publicada en la cuenta de Facebook del SITPRENCH



Por Iván Marín


La crisis que atraviesa el Sindicato de Trabajadores de Prensa del Noreste del Chubut (SITPRENCH) hace al menos una década tuvo su enésimo capítulo a fines del año pasado: a los pocos meses de asumir la nueva conducción renunció su secretario General, Gustavo Huentelaf, y al menos tres miembros más de la comisión Directiva, todos ellos de Puerto Madryn.


Debe recordarse que la lista Azul se hizo con la conducción del gremio en las elecciones que se celebraron el 3 de agosto pasado, sin embargo las diferencias a su interior se hicieron notar a los pocos días de asumir. Por lo que pudo averiguar Prosa Urgente, la primera divergencia fuerte surgió en ocasión de la Vuelta al Valle de Ciclismo organizada por diario El Chubut. En aquella oportunidad la patronal de dicho medio debió depositar el sueldo a sus empleados el viernes 5 de octubre. No solo no lo hizo, sino que mostró un fastuoso despliegue logístico y publicitario los días 6 y 7, en el marco de la competencia. El mal humor entre las y los trabajadores del diario se hizo notar inmediatamente, sin embargo al finalizar la actividad se conoció que Néstor Ap Iwan y José María Murillo (congresales ante FATPREN) no solo habían cenado con la patronal sino que se sacaron una foto, mostrando un nivel de afinidad inconcebible para quienes se supone deben defender los derechos de sus afiliados. Mientras todo esto sucedía había compañeras y compañeros que no tenían qué darle de comer a sus hijos.





Huentelaf enterado de esta situación le reclamo a Murillo por la foto, a lo que aparentemente este último le habría respondido que si se considera zurdito se vaya de la conducción. A ello se sumó, también aparentemente, el desmanejo administrativo, ya que el sindicato hace varios años que no presenta balances de su actividad.


Lo llamativo del caso, es que las dos partes, renunciantes y la conducción que quedó a cargo, de manera irresponsable y burocrática le ocultan deliberadamente a sus afiliados esta situación. Incluso, trascendió que por el momento la renuncia no cobró formalidad, aunque en los hechos desde noviembre del año pasado Huentelaf y el resto no forman parte de la comisión Directiva.


La lista Azul fue también la encargada de conducción en el mandato anterior, y por lo que pudo averiguar este medio, en los 3 años que estuvo al frente del mismo no se reunieron más de 3 o 4 veces como comisión directiva, cuando por estatuto deben hacerlo todos los meses. A ello se suma que hace más de 4 años que no concurre a los congresos de secretarios generales de la FATPREN ni ninguna reunión que se realice a nivel nacional. Pero lo más grave, es que para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de prensa el sindicato no existe, no le tienen ninguna confianza a sus dirigentes porque se sabe que responden a las patronales, en especial a José María Sáez, dueño de diario El Chubut, e incluso se comenta en todos los pasillos que tienen acuerdos personales con las empresas.


Esta situación se da en el marco de una pérdida del poder adquisitivo para el sector que ronda el 30%, una inflación que superó holgadamente el 50% en la Patagonia, la canasta familiar que se disparó más del 53%, pasando de estar $37.413,44 a $57.425,72 en septiembre del año pasado, es decir sin tener en cuenta la última escapada del dólar. A la vez Trelew hace aproximadamente dos años que encuentra en el podio a nivel nacional en lo que hace a índices de desocupación y pobreza. Mientras todo esto sucede, la lista Azul del SITPRENCh nunca organizó una asamblea para discutir condiciones laborales ni mucho menos sumarse a las medidas de lucha impulsadas a nivel nacional por la FATPREN. Se hace imprescindible que el conjunto de trabajadores y trabajadoras le exijamos a la comisión Directiva una asamblea general para discutir todos estos temas. 

jueves, 28 de febrero de 2019

Chubut: lista Verde del Sutiaga repudió la represión a trabajadores de Coca Cola


La lista opositora a la conducción regional del sindicato envió su solidaridad a las y los trabajadores despedidos de Coca Cola que sufrieron una feroz represión esta mañana mientras exigían su reincorporación.





Por Iván Marín

Esta mañana el país una vez más amaneció con las imágenes en vivo y en directo de una represión a quienes enfrentan las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, replicado por todos los gobiernos provinciales. Así como sucedió días atrás con el “verdurazo” y los trabajadores de la Madigraf en el “Cuadernazo” en el Congreso, los y las trabajadoras de Coca Cola fueron reprimidos minutos antes de las 8 de la mañana por la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que responde a Horacio Rodríguez Larreta Jefe de Gobierno de la localidad y referente nacional del PRO.


La manifestación se concentró en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, pleno microcentro porteño. En los días previos la patronal multinacional, en acuerdo con la conducción del Sutiaga (Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines) y la cartera de Trabajo del gobierno nacional de Macri, acordaron el despido de 31 trabajadores, que según expresaron en distintos medios ya había concretado al menos una veintena.


La movilización fue acompañada por la Comisión de Mujeres de Coca Cola, integrada por esposas, compañeras e hijas de trabajadores, como así también docentes y referentes obreros, y legisladores como Myriam Bregman (PTS). La represión dejó el saldo de varios heridos/as con cortes importantes producto de los golpes, y otras personas agredidas con gas pimienta.


Ante la repercusión nacional de estos acontecimientos, la lista Verde del Sutiaga, de la regional que comprende a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro, enviaron a Prosa Urgente un comunicado en repudio a la represión y en solidaridad con la lucha de los trabajadores. El comunicado además subraya la responsabilidad de las conducciones sindicales que no representan los derechos de los trabajadores.


Debe recordarse que el 13 de septiembre pasado esta lista ganó la elección de la Conducción Directiva del sindicato, pero que mediante fraude, y complicidad de la conducción de la Federación Argentina de Aguas Gaseosas (Fataga), el actual oficialismo sigue en el poder, ya que se atribuye el triunfo de los comicios.


Trelew vivió en el año 2.017 una situación similar a la que están sufriendo los trabajadores de la planta de Pompeya, cuando cerró la histórica embotelladora Pepsi, dejando en la calle a 50 familias. Al igual de lo que sucede con Coca Cola, en aquella oportunidad la conducción arregló con la empresa a espaldas de los obreros. Eso quedó registrado en un video que filmaron los propios trabajadores, donde Juan Levicoy (secretario general del Sutiaga) y Martín Nacarato, (abogado de Fataga), les comunican lo acordado con la patronal.


A continuación el comunicado de la lista Verde



Jueves 28 de febrero del 2019

Comunicado de la lista Verde


Ante los acontecidos actos de represión por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los compañeros de Coca Cola (FEMSA), la lista Verde de SUTIAGA, ganadora de las últimas elecciones celebradas el 13 de septiembre de 2018, en Chubut , Santa Cruz y Tierra de Fuego (aun no pudimos asumir porque la actual Comisión Directiva encabezada por Juan Levicoy realizó fraude con la complicidad de las autoridades de FATAGA), hacemos llegar nuestro más sincero apoyo, acompañamiento, y solidaridad en este duro momento que les toca atravesar y repudio al accionar represivo.


Como así también repudiamos de manera enérgica el hostigamiento, discriminación y persecución laboral de la cual vienen siendo víctimas a lo largo de estos años. Cabe remarcar que es triste y lamentable el accionar de ciertos dirigentes sindicales que hoy nos representan, que no solo son cómplices si no también artífices de dichas acciones contra los mismos trabajadores, más aún si sos tildado o catalogado como una potencial oposición. Creemos hoy más que nunca es menester que el pueblo obrero y la sociedad en general nos unamos para hacer frente a las políticas inescrupulosas y neoliberales que el gobierno lleva adelante, las cuales nos afectan de manera directa o indirectamente.


Sin más, les deseamos fuerzas y un fraternal saludo para que sigan adelante en esta dura batalla que hoy les toca afrontar.

ATTE: Lista Verde.   

viernes, 22 de febrero de 2019

Elecciones en Chubut: un cierre de listas donde primó el oportunismo


Análisis desde una perspectiva clasista de los distintos acuerdos electorales en la provincia. El oficialismo relativamente fortalecido gracias a la complicidad del PJ (que va dividido) en las políticas de ajuste. La UCR profundiza su giro a la derecha en la provincia con Cambiemos. El desvarío crónico de la centroizquierda. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda como única opción en defensa de la clase trabajadora.




Por Iván Marín

Si bien el Tribunal Electoral del Chubut aun no oficializó las listas para las PASO (Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) provinciales del 7 de abril, ya se tiene un panorama más que claro de las opciones que se presentarán para medirse por el Ejecutivo provincial, la Legislatura y los 13 municipios que participarán de los comicios adelantados, a los que no adhirieron 14 localidades, entre ellas Comodoro Rivadavia, la de mayor población, y Rawson, ciudad capital, quienes afrontarán las elecciones en agosto (PASO) y octubre (generales) próximo.



Chubut al Frente, la fuerza que intentará la reelección del gobernador Mariano Arcioni, cerró con los acuerdos previsibles que habían trascendido en la prensa semanas antes. La alianza para llevar al actual intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, como vicegobernador se cristalizó a fines del año pasado. A ello sumó el mandatario trelewense, Adrián Maderna, quien aportó cuatro nombres a la lista de legisladores provinciales, dos de ellos en los primeros cuatro lugares. El oficialismo se aseguró el apoyo del poderoso Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, comandado por Jorge “Loma” Ávila, quien sumó al legislador prominero Carlos Gómez, que irá por su cuarto mandato. Vale recordar, que esta conducción burocrática acompañó y fue cómplice del primer ensayo macrista de flexibilización laboral en el país, generando no solo despidos en el sector sino también pérdidas de conquistas históricas para sus trabajadores, que redundan en peores condiciones laborales.


Quizá lo más relevante de este sector es el aparente acuerdo con el dasnevismo, con una supuesta propuesta para que Raquel di Perna (esposa del difundo gobernador Mario das Neves) asuma la cartera de Familia en provincia y una posible candidatura a la diputación nacional en agosto. Aparentemente, el articulador de este acuerdo habría sido Sergio Massa del Frente Renovador, quien a su vez también fue quien sugirió a Arcioni como acompañante de fórmula de Das Neves en 2015. Tan solo 48 horas antes Di Perna había recibido un ofrecimiento del PJ para que fuera una de las principales candidaturas a la Legislatura provincial y todo parecía encaminado a que sería parte de dicha nómina.


Sastre y Arcioni


La actual gestión de gobierno puede dividirse claramente en dos ciclos, que se caracterizan ambos por acompañar las políticas de ajuste del gobierno nacional de Mauricio Macri: el primero de ellos va desde el 10 de diciembre de 2.015 hasta el 31 de octubre de 2.017, fecha en que fallece Das Neves; la segunda parte del gobierno comienza con la asunción de Arcioni como gobernador. Ya desde el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el ajuste en el sector privado de la provincia comenzó a sentirse con profundidad, sobre todo en el petróleo, pero esto pegó un salto con las primeras medidas económicas de Macri. En la cuenca petrolera se perdieron no menos de 4 mil puestos de trabajo directos en los últimos 4 años. A ello se suman los cierres de fábricas y comercios, en particular en el noreste del Chubut, con miles de despidos y suspensiones, entre los que destacan los cierres de Cerámica San Lorenzo en Puerto Madryn, la embotelladora Pepsi y varias textiles en Trelew, Soriano en Gaiman, por citar solo algunos ejemplos. A todo ello, se sumó el año pasado la irrupción de la clase trabajadora estatal que tuvo en vilo al gobierno hasta mediados de julio, provocando una crisis de gobernabilidad como hacía mucho no se vivía. Sin embargo, debido sobre todo al accionar de las conducciones sindicales, el gobernador llegó a fin de año relativamente fortalecido como para intentar lo que hubiera sido por los meses de mayo y junio una impensada reelección. Desde Chubut al Frente expresaron que el 70% de sus integrantes vienen del peronismo.


Según comunicó el propio Ejecutivo provincial, el estado prevé pagar 11 mil millones de pesos de deuda este año. En un informe redactado para diario Jornada por Facundo Ball, director del Departamento Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se señala entre otras cuestiones que “Chubut es la provincia argentina que tiene el más alto nivel de deuda per cápita en títulos públicos, esto es una deuda de $ 57.661 por habitante, lo cual significa que el stock nominal de deuda en títulos públicos es de $ 34.503 millones, por lo que en términos nominales es la quinta provincia con más deuda en títulos públicos, luego de Pcia. de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Neuquén”. A ello agrega que, si se miran “los últimos 2 periodos de gobierno, se observa que en 3 años (periodo 2015 a 2018) la deuda pública total de la provincia aumentó un 456% medida en pesos, al pasar de $ 7.426 millones a finalizar la gestión de gobierno de Buzzi (Martín, del Frente para la Victoria) y llegar a los $ 41 mil millones en 2018. En tanto que en la gestión Buzzi el crecimiento fue de 669%, al pasar de $ 965 millones en diciembre de 2011 a $ 7.426 millones en diciembre de 2015”. El riesgo de default es latente.


Mientras todo esto ocurría (y transcurre), y luego de la muerte de Das Neves, los escándalos de corrupción cubrieron las tapas de los diarios a lo largo del año pasado y el presente, en especial con las causas Revelación y Embrujo, que produjo el encarcelamiento de funcionarios provinciales y los principales colaboradores personales del fallecido gobernador.


Nada bueno puede salir de este panorama y la discusión entre los partidos patronales pasa por cuál es la estrategia más conveniente para que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo de la provincia. Por lo pronto, el ajuste en curso ya es notorio con los tarifazos en los servicios de energía, gas y transporte, el deterioro presupuestario en educación y salud y la acentuada baja del poder adquisitivo de los salarios, que ronda entre el 15 y el 20 por ciento. Esto en un marco inflacionario feroz, que según índices del El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), en la Patagonia trepó al 51,3% desde enero del año pasado a enero del presente.


Acerca de la ficticia oposición

Del otro lado del arco patronal peronista se encuentra la única fuerza que irá a internas provinciales: el Frente Patriótico Chubutense, conformado por el Partido Justicialista (PJ), el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo (responde a Hugo Moyano), y agrupaciones kirchneristas como Unidos y Organizados y Nuevo Encuentro, entre otras.


La fórmula Mac Karthy-Fernández junto a referentes de Unidos y Organizados


La maniobra del gobernador Arcioni de adelantar 4 meses las elecciones echó más leña al fuego de un PJ desperdigado en mil y una partes. En las semanas previas se operó en la prensa con una supuesta lista de unidad, pero hacia el interior del peronismo todos la veían como una utopía. Finalmente se presentarán tres opciones. Una de ellas, no primera en orden de posibilidades ya que el resultado parece estar abierto, es la liderada por el exintendente de Trelew y vicegobernador de la provincia en el periodo 2.011-2.015, Gustavo Mac Karthy y la médica de Comodoro Rivadavia Mariana Fernández. La lista a legisladores provinciales la encabeza el exintendente de Esquel Rafael Williams, a quien recientemente el juez federal Claudio Bonadio procesó por presunta malversación de fondos públicos destinados al programa de Residuos Sólidos Urbanos, durante la gestión entre 2013 y 2015. Al prontuario político de Williams debe agregársele que fue un promotor prominero a comienzos de siglo, mientras ocupaba el Ejecutivo municipal, en ocasión de que el gobierno radical de José Luis Lizurume quisiera imponer la megaminería en la provincia, y cuya intención fuera derrotada en las calles por los vecinos de la localidad cordillerana, y un plebiscito histórico en el año 2.003. Entre los integrantes de la lista, destacan Mario Mansilla, quien se desempeña como diputado por el PJ, pero que ingresó en 2.011 en la lista dasnevista. Se pasó de bando cuando el oficialismo selló su alianza con Ávila, apoyándolo en las elecciones internas del Sindicato Petrolero, contra la lista que presentó su sector. Es decir que es un histórico burócrata que cumplirá la función de disputarle el voto petrolero en el sur. Quizá lo más llamativo de la lista (o no tanto a esta altura) fue haber logrado el acuerdo con Unidos y Organizados (UyO), de Puerto Madryn, teniendo en cuenta que Mac Karthy es el menos kirchnerista de los candidatos que presenta el PJ. El resto de la lista apunta a disputarle votos al radicalismo con la inclusión de, principalmente, profesionales, entre los que se destaca la sorpresiva participación de Stella Maris Manzano, ginecóloga y referente nacional en la lucha por la legalización del aborto. La decisión de Manzano de compartir una lista patronal con burócratas, promineros y exfuncionarios del Estado, ya generó revuelo en algunos sectores del movimiento de mujeres, que como se sabe es plural y diverso en sus perspectivas.


La otra lista importante del PJ está encabezada por el actual intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y secundada por la edil madrynense Claudia Bard, para la categoría a la gobernación. Mientras que Carlos Mantegna, exintendente de Trevelin durante 4 periodos, hace lo propio en la nómina a la diputación provincial. Allí comparte espacio con Carlos Eliceche, exmandatario de Puerto Madryn, y la razón por la cual no se consiguió el apoyo de UyO. En esta lista tiene más lugar la pata sindical del PJ: el comodorense Carlos Fita, titular de la CGT Ubaldini buscará un nuevo mandato, y Tatiana Goic intentará ingresar por primera vez a la Legislatura provincial, en representación del diputado nacional por camioneros Jorge Taboada. También la UOCRA, el SUPA y ATE aportan candidatos/as.



Carlos Linares


Por último, Omar Burgoa, intendente de la pequeña localidad valletana de 28 de Julio, también intentará buscar la candidatura a la gobernación acompañado por una mujer: Valeriana Galone. Se presume que Burgoa es el que menos posibilidades tiene de hacerse con un triunfo en la interna, aunque no son pocos los que avizoran que puede dar la sorpresa. En la lista de diputados, se destaca el nombre de José Armando Moyano, secretario general del Sindicato de Ceramistas, y miembro de la conducción de la CGT del Valle Inferior del Río Chubut que conduce Luis Núñez. Ambos dirigentes sindicales están vinculados al kirchnerismo, y se destacaron por no hacerle ningún paro regional al oficialismo en más de 3 años de gobierno, adhiriendo tibiamente a los tres paros nacionales que hubo en el periodo. Debe resaltarse que la zona hace varios años que está en el podio nacional en cuanto al índice de desocupación y subocupación. Las fábricas y comercios cierran ante la pasividad de las conducciones sindicales.


Por primera vez desde el 2.003 la UCR tiene chances reales de llegar a la gobernación de la provincia. El diputado nacional Gustavo Menna y la dirigente de Trevelin Fernanda Abdala, serán los candidatos del consenso entre las fuerzas que componen Cambiemos, donde el PRO aportará cinco candidatos a la Legislatura. Los postulantes en general son profesionales y empresarios. Al igual que en los casos anteriormente citados, todos de alguna forma tienen responsabilidad o acompañan las políticas de ajuste del gobierno de Macri.


Mauricio Macri y Gustavo Menna



El “tachín tachín” contra el neoliberalismo de la esquizofrénica centroizquierda local


Lo más desopilante del cierre de listas fue sin duda “la rosca” de acuerdos y desacuerdos de la centroizquierda que comenzó en diciembre, siguió en enero y culminó (¿culminó?) en febrero. En un rimbombante anuncio, el 29 de diciembre último MAPU (Movilización y Acción por un Pueblo Unido) publicó en el epígrafe que acompañaba una foto “Cerrando un año de luchas, construyendo un 2019 de Unidad. Por un 2019 sin neoliberalismo en Argentina ni en Chubut. Seremos una opción de poder real, ante el fracaso de los que ya (mal) gobernaron Chubut y Trelew, y a los que están destrozando el país…”.  En la fotografía además de la fuerza política mencionada aparecían el Partido Socialista Auténtico (PSA), la agrupación peronista Martín Fierro y el sector liderado por Eduardo Catalán. Todos ellos, salvo MAPU (¿salvo MAPU?), se reivindican explícitamente del campo “nacional y popular”, sin embargo MAPU insistía públicamente que no era un acuerdo kirchnerista. La ingenua táctica consistió en “comprometer” a sus aliados mediante la fotito. El oportunismo del acuerdo quedó a la vista desde su concepción, y, como no podía ser de otra manera, duró lo que el festejo de Ramón “Wanchope” Ábila en el partido de ida de la Copa Libertadores en la Bombonera: a los pocos días Catalán anunciaba que sería candidato a concejal de Trelew por la lista de Omar Burgoa. Pero la cosa no terminaría allí. A comienzo de febrero se conoció que la Martín Fierro cerró con la lista de Gustavo Mac Karthy, también por el PJ, y que el PSA irá solo. Es decir, la anunciada “opción de poder real” irá separada en sus cuatro componentes.


La foto entre MAPU, el PSA, la Martín Fierro y el sector de Catalán



Y cuando parecía que el guión de esta comedia no daba para nuevas sorpresas, como caído del celeste cielo, aparece un nuevo capítulo: la alianza del matrimonio por conveniencia entre MAPU y el MST, quienes llevan a Maximiliano Masquijo como candidato a gobernador. Estas fuerzas ya habían conformado un frente en el 2.015, que según trascendió la relación no terminó en buenos términos y no querían saber nada con ir unidas en estas elecciones. Pero al quedar ambas sin parejas, cual relación tóxica, volvieron a unirse en un nuevo y para nada libidinoso “touch and go” electoral.


El desvarío crónico de la centroizquierda frente al avance de la derecha la lleva a comportamientos similares más allá de la profundiza atomización que transita de cara a las PASO. Todas las fuerzas, incluida UyO y otras corrientes kirchneristas, manifiestan un silencio fenomenal frente a la complicidad de las burocracias sindicales en el ajuste macrista. Ninguna de ellas levantó la bandera por la legalización del aborto en 2.015, y eso incluye a la alianza MST-MAPU. Todas titubean o directamente no se expiden por la legalización o despenalización de las drogas, pues les parece un tema controversial para abordar en una campaña electoral. Algunas de ellas se expresan contra la megaminería pero en su mayoría apoyan al kirchnerismo, que a nivel nacional tiene poco que envidiarle al macrismo en el tema. Incluso MAPU cuenta con el lastre de tener en su interior una corriente política que aceptó fondos mineros para la ampliación del Comedor Universitario de Trelew en 2.008, y nunca haberse disculpado públicamente por esa decisión.


La opción es el clasismo y el socialismo


Este laberinto de falsas opciones electorales que combinan proyectos patronales y tibias y oportunistas oposiciones (nos quedaron algunas  afuera otras listas sin peso electoral, en siguientes editoriales analizaremos los partidos vecinales), nos lleva a analizar a la única fuerza que apuesta a la organización y movilización desde abajo para enfrentar el ajuste de los capitalistas sobre los sectores populares con un programa anticapitalista y socialista. Si bien, para los marxistas, las elecciones burguesas no implican una salida de fondo a la resolución de los padecimientos de las masas laboriosas, pues, como sintéticamente caracterizó, Lenin, uno de los líderes de la revolución rusa, “En la democracia burguesa, valiéndose de mil ardides –tanto más ingeniosos y eficaces cuanto más desarrollada está la democracia ´pura`-, los capitalistas apartan al pueblo de las tareas de gobierno, de la libertad de reunión y de prensa (…)”, lo cierto es que, como también señaló el eximio bolchevique, "Mientras no se tenga fuerza para suprimir los parlamentos burgueses y todo otro tipo de instituciones reaccionarias se debe actuar dentro de ellos porque es allí donde se encuentran todavía obreros embaucados por los curas y embrutecidos por las condiciones de la vida en el campo; de lo contrario se corre el riesgo de convertirse en simples charlatanes".


El Partido Obrero (PO) en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) adelantó que su fórmula a la gobernación estará integrada por dos luchadoras: la abogada Gloria Sáez de Puerto Madryn, seguida por Daniela Gordiola, trabajadora municipal de Lago Puelo. En un comunicado de prensa manifestaron que la lista de legisladores/as “la componen referentes del movimiento obrero, como docentes, estatales, metalúrgicos, petroleros, trabajadores de la cultura, de comercio y de la pesca, así como destacados activistas de la juventud”. Allí también expresaron que “como primer precandidato en la lista de diputados provinciales figura Gustavo “Pepe” Saravia, carpintero de Comodoro Rivadavia, quien a su vez es un reconocido vocero del Partido Obrero en la región”.


Gloria Sáez


El PO destacó que: “Esta lista obrera y socialista busca presentarse como una alternativa política a los partidos tradicionales, que han llevado a los y las chubutenses a la actual crisis. Frente al brutal ajuste del gobierno dasnevista de Mariano Arcioni y la complicidad de un PJ-kirchnerismo que se presenta a elecciones totalmente fragmentado y que hace pocas semanas contemplaba la posibilidad de una alianza electoral con dichos sectores oficialistas (vía unas PASO e incluso la aplicación de una Ley de Lemas) en nombre de “enfrentar” a Cambiemos en Chubut, es decir al gobierno macrista”.


Finalizan resaltando que: “Consideramos que los partidos patronales van a las elecciones fundamentalmente para repartirse cargos, sus diferencias programáticas son nulas. Subrayamos que el ChuSoTO ha apoyado numerosas iniciativas macristas en la provincia, como el presupuesto nacional 2019 y el Pacto Fiscal, y que el PJ-kirchnerismo ha hecho otro tanto a nivel nacional. No representan una oposición consecuente a las políticas del actual gobierno, son su relevo. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda presentará una lista que incluye las voces de las luchas en curso, y un programa alternativo para que la crisis en Chubut no la paguen, como siempre, los trabajadores, las trabajadoras y la juventud”.


Sin dudas hay una diferencia cualitativa entre esta última opción y las que analizamos con antelación. Lo que no implica que no se puedan observar algunas limitaciones o errores a subsanar. La primera de ellas por importancia es la negativa a incorporar como candidato en sus listas a DanielRuiz, el exdelegado petrolero de Comodoro Rivadavia y dirigente del PSTU (PartidoSocialista de los Trabajadores Unificado), quien se encuentra detenido hace más de 5 meses por manifestarse contra la reforma previsional en diciembre de 2.017. Esto hubiese sido un fuerte espaldarazo a la campaña por la liberación del compañero, preso político por luchar. En el plano de las tácticas de cara a las elecciones, el PO no estuvo rápido de reflejos para denunciar públicamente el adelantamiento de las elecciones, que no solo es una maniobra para darle menos tiempo al PJ para negociar la unidad, sino también un obstáculo para que los partidos no tradicionales con peso nacional puedan ir en boleta única. Esto claramente perjudica las posibilidades electorales del PO, que de ir con la candidatura presidencial, y de tener más tiempo para seguir imponiendo sus figuras públicas, sus posibilidades en las elecciones aumentarían notoriamente. Otro error llamativo, y de importancia por lo que hubiera significado para organizar a los y las luchadores a lo largo y ancho de la provincia, es la decisión de no presentar candidaturas a las intendencias y concejos deliberantes municipales. Para terminar, en el marco de los cierres de fábricas, despidos, suspensiones y profundización de la flexibilización laboral, hubiera sido un mensaje contundente que Federico Navarro, obrero y delegado de la imponente Aluar, fuera el candidato a gobernador.


La renacionalización de los servicios y recursos naturales bajo gestión obrera, el contundente no a la megaminería, el acompañamiento a todas las luchas en curso, la exigencia del cese a la persecución al pueblo mapuche, estarán seguramente entre los puntos que resaltarán en la plataforma electoral a presentarse próximamente.


sábado, 26 de enero de 2019

Declaración del Frente de Izquierda contra la ofensiva golpista en Venezuela


Las tres fuerzas que conforman el FIT (Partido Obrero, Izquierda Socialista y Partido de los Trabajadores Socialistas) se pronunciaron en conjunto contra la avanzada reaccionaria en el país caribeño.






1. El Frente de Izquierda repudia la intentona golpista en Venezuela impulsada de manera directa por la intervención del imperialismo norteamericano y sus lacayos de la OEA. La autoproclamación como presidente de Juan Guaidó viene de ser bendecida por Donald Trump y por sus agentes directos en América Latina, como los Bolsonaro, Macri, Piñera, en lo que constituye la violación directa de la soberanía de un país latinoamericano.



2. Buscan ocultar este intervencionismo invocando la defensa de la “democracia” y los “derechos humanos”. Pero los gobiernos de los Estados Unidos desde siempre han promovido todo tipo de intervención militar y política contra los pueblos del mundo. Las conspiraciones golpistas en Latinoamérica han estado orquestadas históricamente desde Washington. Tampoco están habilitados para hablar de “democracia” el fascista Bolsonaro, que no sólo reivindica a la dictadura brasilera sino que ha armado un gobierno rodeado de militares, anunciando una caza de brujas contra los luchadores y la izquierda y el movimiento popular. Denunciamos que los gobiernos latinoamericanos que se han sumado a esta cruzada intervencionista y golpista vulneran en sus respectivos países los derechos y las libertades democráticas para hacer pasar los planes de ajuste a sus pueblos y de entrega del patrimonio nacional de la mano del FMI y las multinacionales.


3. Macri, a su turno, viene ahondando una política represiva, alentando la expulsión de los inmigrantes, la baja de la edad de imputabilidad y la doctrina Chocobar de gatillo fácil. Los Macri abrevan en una corriente política que ha apoyado o participado de todos los golpes y dictaduras militares que tuvieron lugar en el país desde 1955.

Denunciamos, asimismo a Massa, Pichetto, Urtubey, nucleados en Alternativa Federal, que se han subido a la cruzada golpista contra Venezuela. Cristina, personalmente, hasta el día de hoy, no se ha pronunciado sobre el punto. Su silencio se condice con la política de unidad del peronismo, que a ojos vista representa la unidad con los que defienden la intervención en Venezuela del imperialismo yanqui. La declaración difundida por el bloque parlamentario del FPV se ubica en el terreno del ´diálogo´, propiciado por los gobiernos de México y Uruguay, que equivale a una salida negociada con el imperialismo.


4. Esta condena no significa darle ningún aval y apoyo político al régimen bolivariano. El gobierno y el régimen cívico –militar de Nicolás Maduro es responsable de conducir a una encerrona al pueblo venezolano. Desde el comienzo el chavismo estableció un régimen de poder personal y estatización de las organizaciones populares, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como principal sostén de su poder. Bajo el impacto de la crisis mundial y la caída de los precios del petróleo, fue profundizando una política de ajuste y ataque a las condiciones de vida El gobierno venezolano ha llevado el salario a 6 dólares y provocado una catástrofe social y millones de refugiados. Gobiernan pactando con las multinacionales (empresas mixtas en petróleo y minería) y a favor de los grandes empresarios nacionales y de la llamada “boliburguesía” militar y civil, y pagan puntualmente la deuda externa. En una clara medida anti-obrera, el gobierno de Maduro también eliminó la vigencia de los convenios colectivos de trabajo lo que motivó la oleada de huelgas hacia finales del año pasado. En el 2018 lo que crecieron fueron las huelgas de trabajadores de la salud, de la educación, del cemento, petroleros y empleados públicos reclamando por un salario digno y por comida.


5. La oposición pro yanqui se monta sobre el descontento popular, pero los planes que pretenden aplicar no harán más que someter al pueblo a nuevas privaciones mientras se profundiza un saqueo del patrimonio nacional. Los llamados a la “libertad” y la “democracia” que hace la oposición apuntan a un programa económico que plantea como “solución” mayor endeudamiento externo y penetración del capital imperialista, es decir, avanzar en una política colonial. Una réplica de lo que viene implementando el gobierno argentino y que está en marcha en Brasil.

Advertimos que de la mano de los planes de ajuste y sometimiento al FMI se agravarán las apremiantes penurias y necesidades del pueblo venezolano.


6. El Frente de Izquierda impulsa que los trabajadores venezolanos aparezcan en escena con una fisonomía propia. La alternativa es la movilización obrera y popular contra los planes de ajuste, la expulsión de la burocracia oficialista de los sindicatos para conquistar la independencia de las organizaciones obreras.

Venezuela debe ser gobernada por los trabajadores y dar pie a una profunda reorganización anticapitalista que de satisfacción a las apremiantes necesidades populares. Con este objetivo, partiendo de nuestra oposición a la intentona golpista y a cualquier tipo de injerencia imperialista, proponemos un programa obrero de emergencia que contemple los siguientes puntos: No al pago de la fraudulenta deuda externa y repatriación obligada de capitales; no a las empresas mixtas, petróleo 100% estatal bajo control de sus trabajadores y técnicos, confiscación de los bienes de quienes saquearon al país, para disponer de esos recursos para las necesidades urgentes del pueblo y del país; respeto íntegro a los contratos colectivos y un salario igual a la canasta básica indexado según la inflación, combinado con un verdadero control de los precios ejercido directamente por los trabajadores y las comunidades, con delegados electos por las bases democráticamente en los lugares de trabajo y las comunidades, que pongan más de conjunto la producción y la distribución bajo el control verdadero del pueblo, sin burócratas del gobierno ni militares: reincorporación de todos los despedidos; rechazo a los despidos tanto en el sector público como en el privado, ocupación y producción bajo control obrero –sin militares ni el gobierno– de toda empresa que despida o amenace cerrar; libertad para los trabajadores presos por luchar y anulación de los juicios a trabajadores, campesinos y todos los enjuiciados por protestar.

Llamamos a los trabajadores latinoamericanos a movilizarnos en común en todo el continente contra esta intentona golpista y pelear por una salida política de los trabajadores para Venezuela y para la unidad socialista de América Latina.


25/01/2019
Partido Obrero - Partido de los Trabajadores Socialistas - Izquierda Socialista





viernes, 18 de enero de 2019

"Como patagónico lo único que tengo que hacer es seguir resistiendo"


Daniel Ruiz, exdelegado petrolero de Comodoro Rivadavia y dirigente del PSTU, habló con Prosa Urgente desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido hace más de 4 meses por manifestarse contra la reforma previsional en diciembre de 2.017. Denuncia que es un preso político del gobierno de Macri, aclara que el secretario General del Sindicato de Petroleros no lo apoya como corresponde y detalla cómo son los días en prisión.





Por Iván Marín

“Iba caminando por Pichincha, casi Independencia. Venía de una movilización de Astillero Río Santiago, que se hizo el 12 de septiembre. ATE había declarado paro nacional. Eran entre las dos y la tarde, y me detiene en un primer momento personal de civil diciéndome que me quede quieto y atrás llega personal de Policía Federal Argentina, donde me informan de que estaba incomunicado, me quitan celulares y todo”, relata Daniel Ruiz por primera vez a la prensa acerca del momento preciso en que lo detuvieron hace ya cuatro meses por ser parte de los miles que manifestaron en diciembre de 2.017 contra la reforma previsional en las afueras del Congreso de la Nación. “Me trasladaron por varias dependencias, entre ellas una antiterrorista que tienen en Buenos Aires, hasta que después fui a la alcaidía de Comodoro Py, y en la madrugada del 15 me traen a Marcos Paz”, amplía. Describe que pudo ver al “ver al abogado al día siguiente, porque estaba totalmente incomunicado”.


Martín Alderete, miembro Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), es uno de los abogados que representa a Ruiz. En diálogo con Prosa Urgente detalló que el militante del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) “fue procesado por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, que es la misma carátula a otros tres manifestantes. La causa en relación a él fue elevado a juicio”. Esos tres manifestantes a los que se refiere son César Arakaki y Dimas Ponce, militantes del Partido Obrero, quienes fueron detenidos y procesados junto a un trabajador de la Unión Obrera Metalúrgica por participar de la misma jornada de lucha que Ruiz.


Alderete destaca que la particularidad de la situación de su defendido es que “la calificación legal con la que va a juicio le permitiría aun en caso de condena tener una condena de suspenso, ya que no tiene antecedentes penales condenatorios y de acuerdo a sus características personales”. Por ello, señala, que “no hay ningún fundamento serio para mantenerlo privado de su libertad. Los mismos jueces dan por cierto de que no hay riesgo de que se fugue, de que entorpezca la investigación porque está terminada. Entonces, la verdad que es ilegal e injusto por donde se lo mire”.


Los últimos jueces que rechazaron la excarcelación de Ruiz, son los miembros del Tribunal Oral Federal N 3: Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos. “Hay una decisión política de mantenerme detenido como un mensaje al conjunto de los trabajadores y de las luchas populares, sobre todo en los últimos días que han salido a manifestarse con el tema de las tarifas, el tema de los costos de vidas e incluso de los despidos que se siguen sumando a lo largo y ancho del país”, afirma el exdelegado petrolero.





Ruiz denuncia que “en mi caso figura en el expediente que me han intervenido todas mis comunicaciones, que han ido servicios de inteligencia a mi ciudad, a mi barrio y a hacer un seguimiento a toda mi familia, y aun así sigo estando detenido”. Sobre el particular, amplía Alderete: “Desde el punto jurídico no hay ninguna explicación para que esté detenido. No hay ninguna prueba ni se lo acusa de nada que implique la afectación de la integridad física de otra persona, la rotura de vidrios públicos. La única prueba que hay contra él es que está disparando un elemento pirotécnico hacia arriba, que no implica ningún riesgo. Todos están procesados y él es el único detenido. La explicación va desde lo político y tiene que ver evidentemente con que Sebastián Romero, que es miembro de la misma organización política (PSTU), está prófugo. Entonces, parece ser una especie de castigo que se lo mantiene detenido. De hecho, en algún momento el juez de Instrucción y este tribunal plantearon algo así que como hay un prófugo que es de la misma organización y con el que él podría haber tenido contacto, entonces tiene que mantenérselo detenido. El absurdo de esto es que si esta persona se mantiene 10 años prófuga, lo vas a mantener 10 años preso. En la práctica es mantener una persona detenida por fuera de los parámetros legales”.


Sebastián Romero


Sebastián Romero es el joven estigmatizado por el gobierno y los medios de comunicación afines por el uso de un mortero en aquella histórica manifestación. A Ruiz también se lo acusa del uso de un “arma de fabricación casera, cuando es un elemento pirotécnico de venta libre (mortero) atado a una rama. En realidad, la acusación que se le hace parecería ser como una excusa para complicar su situación procesal y mantenerlo detenido, porque lo único que se le ve hacer a Daniel es algo que podría hacer cualquier persona en cualquier manifestación, que no implica ningún delito”, concluye el abogado.

Daniel Ruiz

Ruiz también denuncia que la Justicia no trabaja con la misma vehemencia que lo hace hacia su persona respecto de los policías que reprimieron en aquella jornada. “Queda demostrado que hay una clara persecución política y un mensaje al conjunto de los trabajadores. Ese es el hecho central por el cual estoy detenido, y por el cual la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha utilizado mi detención en varios medios diciendo un mensaje, ´aquel que salga a protestar contra las reformas o las políticas económicas, les va a pasar esto`. Ese es el trasfondo general. Por mi parte, y la de los trabajadores, confiamos mucho en la movilización a lo largo y ancho del país”.

¿Cómo han sido tus días en el penal?

Desde el momento que estoy detenido es cierto que uno extraña no solamente la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de militancia. Pero yo en mi caso pienso en todas las luchas de la Patagonia, no solamente las últimas donde hemos tenido nuestros mártires como Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, o Jones Huala que está extraditado, que hay que lograr que sea liberado. Ahora se van a cumplir 100 años de la huelga petrolera en abril, que fue bombardeada por la Marina de guerra en Comodoro Rivadavia. También están Víctor Choque, Teresa Rodríguez, los petroleros de Las Heras. Hay una serie de luchas en la Patagonia. Y es lo que me pone firme. Nosotros en Comodoro no tenemos acueducto todavía. Cada dos días se corta el agua. Pan American Energy gana 4 mil millones de dólares al año y no tenemos un hospital de alta complejidad, lo cual siempre terminan derivados a Buenos Aires. Hay mucho por qué pelear y eso es lo que me da fuerzas. Toda una reparación histórica por el saqueo de los recursos naturales que hemos sufrido, no solamente con el petróleo y la pesca sino también con el desastre que están haciendo con la minería en Santa Cruz y con lo que quieren hacer con la minería en Chubut. O sea quieren seguir dándoles todos nuestros recursos a las multinacionales, y esa es la pelea de nuestro pueblo. Como patagónico lo único que tengo que hacer es seguir resistiendo para avanzar.

Ruiz valora que se haya “logrado que organismos de derechos humanos me vengan a ver todos los viernes, y en ese espacio vienen diferentes organizaciones. Entonces, eso hace que no solamente la solidaridad sea efectiva sino también recibir información de diferentes sectores. Y hemos logrado que venga mi familia, que cuesta venir, porque son 2 mil kilómetros de distancia”.

La multitudinaria manifestación de la que participó Ruiz


¿El acompañamiento del sindicato existe?
Sí, pero muy formal. Se han hecho asambleas en diferentes empresas, colectas, pero no de la manera en que se tendría que hacer también. Es entendible que el gremio firmó una adenda con el gobierno y con las empresas, y esa adenda hoy no ha dado ningún resultado porque no es que se han garantizado los puestos de trabajo, aun así se siguen perdiendo. Y Vaca Muerta sigue siendo un lugar donde no han incrementado los puestos de trabajo, al contrario, hubo 5 muertos el año pasado producto de los accidentes. Y también hay contaminación. Al servicio de las multinacionales se está rifando la vida de los trabajadores y la contaminación afectando a todos los pueblos. Eso también condiciona de qué lado se pone la dirigencia gremial.


¿En el caso particular de Loma Avila (secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut) se ha comunicado con vos?

No. Lo único que lo han hecho fueron otros miembros de comisión directiva sí, pero el secretario General no ha planteado nada, no ha dicho nada más allá de la formalidad.


¿Qué opinás de eso?

Justamente tiene que ver con lo firmado y los compromisos con el gobierno.


¿La adenda qué dice?

Es una flexibilización laboral donde se permite una serie de cosas. Por ahí es trabajar con un operario menos, el tema del viento, varias cuestiones que se ha peleado bastante tiempo. Y todos sabemos que hay cuadrillas que son mínimas para poder trabajar. Entonces, la adenda permite que se puede trabajar 4 o 5 horas con un operario menos, y eso es una sobrecarga para la gente que está trabajando.


Jorge "Loma" Ávila y el presidente Mauricio Macri 



¿Pero qué relación hay entre esa adenda y que no salgan a defenderte como corresponde?

Justamente, porque nosotros cuando salimos a reclamar lo de SP (empresa de servicios petroleros donde trabajó Ruiz hasta que quebró en 2.017), que cortamos los yacimientos, no aceptamos las nuevas condiciones que implementa el gobierno. Entonces, eso es un apoyo político hacia una postura que por lo menos una serie de compañeros tenemos con respecto a cómo enfrentar las políticas del gobierno. Entonces, creo que eso también condiciona el apoyo del gremio.


Porque uno lo primero que piensa es que si el sindicato realmente te quisiera defender tu situación sería otra porque ellos al parar ya la están tocando el bolsillo a las empresas y necesariamente el gobierno tendría que responder

Justamente, pero el gobierno está planteando más reforma laboral, previsional. Avanzar porque la reforma previsional se avanzó solamente una parte, ahora quieren avanzar con la edad jubilatoria. El apoyo explícito a mi libertad significa también un enfrentamiento directo a las políticas del gobierno, entonces eso es lo que está condicionado.


La lectura que hace Ruiz es clara: la conducción del sindicato no lo defiende como corresponde para no ir en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Una canallada por donde se lo mire. 


¿Qué mensaje dejás al conjunto de la comunidad y sobre todo al pueblo chubutense?

Decirle que no olvidemos nuestro pasado, que somos descendientes de los pueblos originarios, que han luchado toda su vida. Nos han quitado casi todos los recursos naturales, y que tenemos que mirar hacia el futuro. No resignarnos. El plan económico del gobierno está al servicio del saqueo y el hambre y la miseria, y a nosotros lo único que nos queda es la unidad, salir a luchar y básicamente ir planteándonos alternativas económicas y medioambientales para poder salir adelante, aprendiendo de nuestros antepasados, de la cosmovisión de los pueblos originarios. También el tema de la estatización de las principales palancas de la economía, y no nos queda otra que seguir unidos y luchando. Y como patagónico levantar la bandera de más de 100 años de lucha en toda la Patagonia, y lograr que Jones Huala esté libre, que se haga justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, y que se absuelva a los trabajadores petroleros de Las Heras, y a partir de ahí mi libertad va a ser solo un recuerdo más porque los trabajadores en la calle van a plantear lo justo y necesario.