El oficialismo, el PJ-kirchnerismo, Cambiemos y la burocracia sindical pactaron dejar en “stand by” la cuestión minera para después de las elecciones: no irían por la zonificación pero rechazaron la prohibición absoluta respaldada con más de 30 mil firmas. El movimiento “No a la Mina” corta rutas nacionales y ocupa municipios. La defensa de la IP precisa de una pueblada.
Por Iván Marín
Como venimos insistiendo desde Prosa Urgente y Política
Obrera, en Chubut hay acuerdo general entre los partidos políticos
tradicionales, las burocracias sindicales y las patronales en avanzar con la
megaminería, rechazada ampliamente en las calles por la mayoría de la
población. Diferencias tácticas, expresión de un indisimulado oportunismo
político, en torno a cómo progresar con esta orientación, no deben dejar lugar
a la confusión. Ocurre que en general el oficialismo de turno en los últimos 20
años intentó avanzar y un sector de la pseudo oposición ocasional “rechazó”. Ante
el temor a una rebelión popular en un año electoral, un bando del
PJ-kirchnerismo y del radicalismo le hizo saber al gobernador Mariano Arcioni
(Chubut al Frente) que no acompañará la zonificación minera. La respuesta del
oficialismo fue rechazar entre gallos y medianoche el proyecto de Iniciativa
Popular (IP) contra la megaminería, respaldado con más de 30 mil firmas. Como se
observa, estamos ante la presencia de un pacto “Ni-Ni”, es decir de una
maniobra en defensa de la gobernabilidad y de la minería. No se aprueba el
rechazo terminante a la megaminería ni tampoco la zonificación pero se deja la
puerta abierta para avanzar con esta última tras las elecciones. El régimen
político chubutense no es más que una junta que administra los negocios comunes
de las patronales en la provincia.
Sin ninguna convocatoria a los redactores del proyecto de
Iniciativa Popular, la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut (UACCh), y
en menos de 2 horas de “debate” formal, el miércoles la comisión de Desarrollo
Económico y Recursos Naturales aprobó un dictamen en su rechazo. Ayer tomó
tratamiento en Legislatura provincial y con 13 votos contra 12, y 2
abstenciones, se aprobó el dictamen, lo que implica el rechazó al proyecto que
llegó con el respaldo de más de 30 mil firmas juntadas el año pasado en toda la
provincia y en condiciones sumamente difíciles producto de las restricciones
por la cuarentena a raíz de la pandemia por Covid-19. En sus discursos, los dos
diputados de la UCR que se abstuvieron anticiparon que no acompañarán la
zonificación, dejando al descubierto el consabido pacto mencionado más arriba:
fueron fundamentales para rechazar la IP y, a la vez, adelantan que el Gobierno
supuestamente no tendría los votos para avanzar con la megaminería, al menos
antes de las elecciones.
Un diputado “Koherente”
El discurso del diputado Carlos Gómez, kirchnerista
acérrimo, que deambuló en los últimos años entre Chubut al Frente (oficialismo)
y el PJ, fue el primero en tomar la palabra y expresar que “la IP tiene su
historia, como todo el debate minero, llevamos casi 18 años debatiendo minería
sí o no, y en 2014, en el gobierno de Buzzi y Mac Karthy, los intendentes y
jefes comunales de la meseta con apoyo de los intendentes Pérez Catan, Di
Pierro y gremios petroleros, presentaron el proyecto de zonificación con el
mapa que había preparado Mario Das Neves”, informa ADN Sur. En aquel 2014 la IP
fue bastardeada por el Frente para la Victoria en el gobierno, quien modificó
su contenido convirtiendo un proyecto contra la megaminería en uno prominero.
Al respecto el diputado agregó: “en esa sesión, el PJ, el FPV y el asesoramiento
de Norberto Yahuar, fue aprobado con mayoría legislativa. Luego esa ley fue
derogada en la gestión de Das Neves por unanimidad. Y en 2020 se repite la
historia, con dos proyectos: el 128 (zonificación) y el 129 (IP)”. Lo cínico de
Gómez, no quita lo cortés. El diputado kirchnerista no hizo más que dejar al
descubierto el doble discurso del Frente de Todos, tanto de Chubut al Frente
con Arcioni a la cabeza como del PJ-kirchnerismo.
Claro que estas maniobras no serían posible sin el
acompañamiento de las burocracias sindicales de la provincia, ya sea promineras
o “antimineras”. Las comillas no son decorativas, es que tanto la CTA Autónoma
como la CTA de los Trabajadores se oponen formalmente a la megaminería pero no
hacen nada para movilizar a sus bases ni mucho menos convocar a asambleas para
deliberar un plan de lucha al respecto. Decretan paros formales para aminorar
el costo político y no se juegan en una oposición real al lobby minero. Es que
los trabajadores estatales de la provincia hace 2 años no cobran en tiempo y
forma ni tienen paritarias. La convocatoria a asambleas por el tema minero implicaría
necesariamente, además, una discusión en defensa de los salarios, es decir la
articulación de las luchas, y con ello una rebelión popular de consecuencias
dañinas para el régimen político en un año electoral.
La respuesta popular: cortes de ruta y toma de
municipalidades
El rechazo de la Legislatura y el Gobierno a la IP fue
contestado inmediatamente con cortes en las rutas nacionales n 3 en Trelew y 40
en cordillera y con la toma de los municipios de Trevelin y Esquel. En este
último caso, fue acompañada de una movilización multitudinaria en horas de la
tarde noche.
En el acceso a Trelew por Ruta Nacional N° 3 se realiza un
piquete por tiempo indeterminado. Durante más de 7 horas el corte fue total, y
a partir de las 8 de la noche se hizo intermitente dejando pasar 20 camiones
por lado cada una hora. Las filas de camiones se cuentan de a kilómetros. En
asamblea también se votó la exigencia a las conducciones sindicales de la
convocatoria a un paro este viernes. El corte es sostenido por vecinos de la
mencionada ciudad y de Puerto Madryn, Rawson, Gaiman, Dolavon e incluso de la
meseta. Se exige el correcto tratamiento de la Iniciativa Popular, es decir con
un amplio debate que incluya a las fuerzas populares vivas de la provincia, en
especial a los redactores del proyecto de ley, y la derogación del proyecto de
zonificación minera.
Para el triunfo de la lucha se hace imprescindible una demostración de fuerza en las calles, es decir movilizaciones de miles en todas las localidades y una gran concentración provincial en Casa de Gobierno, que fuerce a Arcioni a dar marcha atrás con el rechazo votado por Legislatura a la IP, es decir, se precisa de una respuesta a la mendocina en 2019-2020, de una rebelión popular. Asambleas populares deben dar paso a la huelga general en defensa del medioambiente y de los salarios. ¡TODOS A LOS PIQUETES! ¡POR UN CHUBUTAZO CONTRA LA MEGAMINERÍA Y EL AJUSTE!
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