“¡Alto! Soy Massoni, tengo licencia para matar”

Chubut adhiere al nuevo protocolo para el uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad federales impulsado por Patricia Bullrich. La policía de la provincia puntea en el ranking de asesinatos a nivel nacional, con al menos 59 muertes en 23 años. Informe especial

Por Iván Marín

Ayer por la tarde el ministro de Gobierno, Federico Massoni, en diálogo con Radio 3 adelantó que en la reunión que mantuvo ese mediodía con la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, le confirmó que Chubut va a adherir al protocolo que amplía los casos de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales.

De esta manera la Policía del Chubut será una de las primeras fuerzas provinciales en sumarse a la iniciativa de Bullrich. La controvertida norma cuenta con el rechazo de todas las organizaciones de derechos humanos y gran parte del sindicalismo del país, además de partidos de izquierda y fuerzas progresistas. Sobre el particular, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) emitió un puntilloso informe en el que, entre otras cosas, afirma que la disposición “habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”.

Agrega que “con esta norma en vigencia, no sólo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial. A la vez, es evidente lo útil que será para justificar represiones y asesinatos en movilización y manifestaciones populares. Bastará que algún policía diga ´me pareció ver alguien armado` o ´vi un gesto que indicaba la inminente utilización de un arma` en la multitud para disponer de tiro limpio contra todxs. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un atributo del poder”.

Según las declaraciones de Massoni a la emisora local, Chubut le hará “unas pequeñas modificaciones (a la norma), pero estaremos en la columna vertebral de la disposición nacional”. En la misma entrevista, el funcionario adelantó que en nuestra provincia, a diferencia de lo dispuesto por Bullrich, la policía sí tendrá la obligación de decir “alto” antes de disparar.

Durante el transcurrir de 2.018 la Policía del Chubut reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos, golpes y detenidos/as en no menos 10 oportunidades a protestas sociales. En ese marco fue que desde Prosa Urgente, mientras transcurría la histórica lucha de trabajadores/as estatales de la primera parte del año, emitimos un informe sobre el curriculum de la fuerza, que puede leerse completo en este link.

Allí se consigna, entre otras cosas, que “al menos 59 asesinatos de personas en tan solo 23 años es la espeluznante cifra que carga en su prontuario la Policía del Chubut. De ellos, 13 son desapariciones forzadas de personas. Comodoro Rivadavia puntea en el criminal ranking con 18 muertos, pero Trelew le pisa los talones al contabilizar 16, con menos del doble de habitantes que la ciudad petrolera. La data surge del informe anual de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado que realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)”.

Se aclara que por primera vez se desglosó el relevamiento que hace todos los años la Correpi, y que había arrojado hasta diciembre de 2.017 la cifra de 80 muertos en nuestra provincia desde el año 1.983, de los cuales el 73 % se le asigna a la Policía del Chubut. En el artículo de Prosa Urgente se destaca que en realidad el primer muerto consignado en el informe data de 1.994, por lo cual hay un enorme período de tiempo, de al menos una década, en que no se tiene información. Por lo que esta cifra es un piso, y que seguramente debe ser mucho mayor.

De los 59 casos mencionados, solo 6 lograron condena, producto de la movilización popular. Por ello el artículo en cuestión fue titulado “La sombra azul de la impunidad”.

Esta disposición que habilita la pena de muerte en las calles se da en un escenario económico-social de una profunda pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, con la disparada del dólar de los últimos meses y una inflación por las nubes que carcome los bolsillos obreros, paritarias a la baja, aumento de los despidos y cierres de fábricas, pérdidas de derechos e incrementos en la precarización laboral.

A pocos días que el juez federal Gustavo Lleral diera por cerrado el caso Maldonado, la ministra Bullrich envalentonada por el fallo y por una briza reaccionaria que recorre el subcontinente, tras el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, impulsa este reaccionario protocolo que busca darle legalidad a la impunidad. 

La Patagonia en general, y Chubut en particular, fueron de las primeras regiones que vieron el impacto de las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. No por casualidad también es donde los casos de represión a la protesta social cobraron mayor dureza, con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, y la ejecución racista de Rafael Nahuel, hermano mapuche acribillado por la Prefectura, como ejemplos más notorios.

Sobre el particular reflexiona el periodista Ricardo Ragendorfer en un artículo publicado ayer con el título de “Segurismo criminal”: “Quizás ya sea un lugar común comparar la ´epopeya civilizatoria` del macrismo con la Campaña del Desierto. En realidad –bajo la llamada Doctrina de las Nuevas Amenazas y la idea de convertir a las etnias originarias en el tan necesario “enemigo interno– las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén son para la señora Bullrich y los suyos una versión desmejorada de lo que en 1975 –bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional– fue la provincia de Tucumán durante el “Operativo Independencia”: un laboratorio represivo”.