En esta segunda entrega de la entrevista con la imputada de
asesinar a la adolescente Candela González se refiere a quiénes considera ella
estarían detrás de la acusación. La detenida fue testigo clave en el caso
Antillanca, donde se condenó a dos policías a perpetua.
Por Iván Marín
Hace cuatro días Prosa Urgente publicó la primera parte de
la entrevista a Jorgelina Domínguez Reyes, la acusada de asesinar a la
adolescente Candela González (13 años) en el marco de lo que en principio iba a
ser una riña entre jovencitas de la misma edad. El 29 de abril Candela recibió
dos balazos, cae gravemente herida y fallece al otro día.
En aquella primera entrevista Jorgelina detalla cómo fueron,
según ella, los hechos. En esta nueva entrega de la charla que tuvo con Prosa
Urgente en la dependencia de la Policía Federal de Rawson, la imputada explica
por qué ella entiende que le están armando la causa para condenarla. Debe
recordarse que fue testigo clave en el caso del asesinato de Julián Antillanca,
por el cual se condenó a dos policías a prisión perpetua.
La jueza que entiende en esta etapa de la investigación es
Ana Laura Servent, quien integrara el tribunal junto a Ivana González y
Alejandro de Franco en el primer juicio de la causa Antillanca, donde se
absolvió a todos los policías acusados de su asesinato. Luego el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia anuló el falló y ordenó un nuevo juicio.
En las últimas horas se conoció que Servent asumiría nuevas responsabilidades
en la Justicia y dejaría la causa. La etapa de investigación culminaría a fines
de octubre.
Consultada respecto de por qué piensa que la están culpando,
Jorgelina responde: “No sé. Para mí hay algo muy raro acá. Para mi está metida
la policía, y se comprobó que está metida la policía por las pruebas que borró
la Brigada de Investigación. Fueron unos mensajes que le habían mandado al
abuelo de G (la menor que, según ella, asesinó a Candela). Eso lo denunció mi
abogado”. Enfatiza que dejó “con perpetua a dos policías, no es que dejé con
perpetua a cualquiera. La policía es una mafia muy grande, es una familia muy
grande. Siempre me amenazaron”.
El testimonio de Jorgelina fue clave en el caso Antillanca.
Ella junto a su amiga Gabriela Bidera fueron quienes vieron cómo dos policías
se bajaron del móvil N 234 del Comando Radioeléctrico de Trelew la madrugada
del 5 de septiembre de 2.010 y arrojaron el cuerpo de Julián al asfalto de la
calle Patagonia, en el barrio UPCN. Domínguez reconoció en esa oportunidad a
Martín Solís, a quien finalmente le dieron prisión perpetua. El otro condenado
fue Jorge Abraham, acusado de propinarle los golpes que terminasen con la vida
de Antillanca. Bidera es hija de un comisario, y estuvo en el banquillo de los
acusados por falso testimonio.
“Desde el primer momento que se enteraron que yo era la
testigo de identidad reservada (del caso Antillanca), cuando Gabriela Bidera me
denunció, recibí un montón de amenazas, están todas acreditadas en fiscalía.
Amenazas con mis hijos, una vez le tiraron una moto encima a mi mamá”, denuncia
Jorgelina. Amplía señalando que “siempre fueron llamadas, que no deje solos a
mis hijos en la calle, que los accidentes pasan, que tengo las horas contadas,
que la iba a pagar. La última vez que me amenazaron fue cuando se confirmó la
sentencia de los policías, que me llamaron y me dijeron que ahora sí la iba a
pagar, que tenía los días contados.”
La imputada aclara que nunca en sus 28 años disparó un arma
y que no exige la libertad, sino que “lo único que pido es el arresto
domiciliario para estar con mis hijos hasta que se haga el juicio, que yo sé
que se va a comprobar que no la maté”. Dice ser “consciente que me puede caber
una pena, pero no la pena que me está tirando la fiscal porque yo no la maté.
Sé que tengo que pagar y lo que tenga que pagar, lo voy a pagar. Pero no puedo
seguir estando lejos de mis hijos”.
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| Dependencia de la Policía Federal en Rawson, donde se encuentra detenida Jorgelin |
Lisandro Benítez, por la Defensoría Pública, es el abogado
de Jorgelina, e informa que su defendida está imputada “como autora del
homicidio agravado, como tentativa de homicidio respecto de una testigo que es
Marlene Moyano (amiga de Candela, estuvo presente en ocasión de su asesinato),
y de coacción agravada de G, que es una nueva imputación que le hizo la
fiscalía hace muy poco tiempo”, y que, de encontrarla culpable el tribunal que
entenderá en el juicio, le podría caber “prisión perpetua”.
El abogado es sumamente crítico del rol de la fiscal María
Tolomei: “Desde el comienzo de la investigación la defensa advertía que se
centralizaron en una sola hipótesis. Tanto es así que desde el momento que se
produce el hecho, a la hora más o menos ya estaba detenida Jorgelina y Suárez
(pareja de la detenida), que después fue liberado, solamente con el testimonio
de una de las personas que había estado, siendo que en el lugar de los hechos
había cinco personas. Eso obviamente que trajo para mí una hipótesis tal vez
apresurada de la fiscalía y descartando otras hipótesis que podrían haberse
investigado con más seriedad respecto de los elementos de prueba que había en
el lugar”.
Amplía Benítez comunicando que “a lo largo de la etapa de
investigación comenzamos a aportar elementos de prueba, testigos directos, que
sindicaban a otra persona como autora del hecho. También elementos objetivos en
cuanto a la prueba de Dermo-Test (estudio para encontrar pólvora en quien se
supone gatilló el arma), otra prueba que se hace de ADN sobre la campera de
Jorgelina”. Dichas pruebas dieron negativo.
Además, aclara que estos estudios se hicieron solamente sobre la
acusada, siendo que en el lugar de los hechos se encontraron cinco personas
más.
El abogado señala que entre los testimonios que se sumó a la
etapa de investigación de la causa se encuentra el de Alejandro González, padre
de Candela. En la entrevista que se le realizó Alejandro dijo “que él habló con
Marlene Moyano y Marlene le dice que la que disparó es G. Y luego fue a hablar
con la madre de Candela y también le dijo que la que dispara es G. Pero que
ellos no querían decirlo porque sabía que G es menor y ella quería que la
persona que está detenida sea condenada, porque estuvo en el lugar”. Completa
que “el padre dijo que también tenía responsabilidad (Jorgelina), pero que
obviamente si no es la que disparó no correspondía que se la sindicara de esa
manera”.
Benítez aporta una grave denuncia respecto a cómo se llevó a
cabo la investigación de la causa: “En ese devenir de pruebas, entrevistas y
demás, advertimos que había en una entrevista un testigo, que es abuelo de G,
que es la persona a la que le sacan el arma que se utiliza en el hecho, había
sido investigado por la Brigada de Investigaciones y le había borrado unos
mensajes que había tenido con una vinculada a este hecho. Eso se lo hicimos
saber a la jueza, también a la fiscal, y se dispuso desplazar a esta persona de
la Brigada. En realidad, lo que solicitamos fue que la Brigada se aparte”.
Sobre el particular amplía: “Advirtiendo que la fiscalía no
incorporaba elementos de prueba, no investigaba otra hipótesis y nosotros
teníamos datos de que podía haber sido otra persona, sumado a que Jorgelina
había sido testigo del caso Antillanca, en el cual habían sido condenados
policías, sospechábamos de la posible vinculación en la investigación del
personal policial. Y eso fue lo que nos dio a nosotros la prueba concreta de
que había ido gente de la Brigada, que no sabemos por qué motivo, a un testigo
importante de la causa, sin orden del fiscal”. La defensa solicitó la
recusación de la jueza Sevent, pero fue denegada
Debe recordarse que en las primeras semanas el tratamiento
de los principales medios de comunicación de la zona no solo fue irresponsable
sino tendencioso. La gran mayoría de ellos se reducían a reproducir la versión
de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut. Se intentó sentenciar
a Jorgelina antes del debido juicio.
El extremo del sensacionalismo mediático llegó a planteartitulares que señalaban supuestas contradicciones en la detenida por haber
participado en las convocatorias del “Ni una menos” contra la violencia
machista y la acusación que pesa sobre ella de haber asesinado a una
adolescente.
La Cátedra Abierta de Género de Trelew respondió esta
campaña con un documento demoledor titulado: “Nos duele la muerte de Candela.
Nos sigue doliendo-enfureciendo el patriarcado”. Allí, entre otras cosas,
dicen: “Sí, nos duele la muerte. Todas las muertes nos duelen. Pero no toda
muerte de una mujer es un femicidio. La muerte de un hombre a manos de un
hombre o de una mujer a manos de otra; o de una niña a manos otra es un
asesinato. Condenamos social, política y jurídicamente todo asesinato. Nos
entristecemos con cada vida que es arrebatada violentamente, y nos horrorizamos
si esa vida recién comenzaba. Por eso también queremos justicia por Candela”.
Más adelante afirman: “En el caso concreto de lo que pasó en
Trelew estos días, también fue inmediata la imagen de la figura en sospecha que
era femenina. Y algo más repugnante: que como parte importante de sus titulares
aparecía la ironía que afirmaba: ´Acusada de matar a una nena en Trelew que en
Facebook pedía NiUnaMenos`. O peor, la mentira: ´Líder de movimiento NUM enfrenta
acusación por matar a otra mujer`. Entendemos ese procedimiento como parte de
las formas de deslegitimar la lucha de las mujeres que por sentida y vigente se
hizo además masiva. Más allá de las operaciones desplegadas en torno al caso
Julián Antillanca y la construcción tendenciosa y amarillista que hizo un
diario sobre la vida de J. D., nos interesa esto: cómo miran y desnudan y
previamente a toda resolución judicial, sancionan, pero desde el odio.
Por eso denunciamos el tratamiento mediático de algunos
medios locales y nacionales, que utilizan la repudiable muerte de una piba de
13 años para hacer su propio juego de deslegitimación de movimientos y
organizaciones feministas y antirrepresivos. Justicia es que no vuelva a pasar
y para ello los medios deberían colaborar en la deconstrucción de los patrones
de violencia, ofrecer información seria y contextualizada, que no confunda ni
genere prejuicios o estereotipos basados en las diversas condiciones humanas”.
Como si esto no fuera suficiente, Ivana González, jueza en
el primer juicio que absolvió a todos los policías en el caso Antillanca, se
dedicó en su cuenta de Facebook a despotricar contra Jorgelina, poniendo en
cuestión incluso su testimonio como testigo clave.
Cuando se conoció la confirmación del Superior Tribunal de
Justicia de la condena a perpetua a los dos policías acusados, este mismoredactor escribió en otro sitio: “Una de las estrategias de los acusados, de
sus abogados defensores, de toda la institución policial y de sus familiares y
amigos fue impulsar una gran campaña en distintos medios de comunicación y
redes sociales sembrando sospechas sobre la veracidad de los testimonios de los
testigos. Sportuno (María Isabel, presidenta de la sala que ratificó el fallo),
nuevamente en base al primer fallo condenatorio, es contundente al respecto:
´Para determinar la autoría del hecho atribuida a Jorge Fernando Abraham y
Martín Paul Alberto Solís, por su parte, el tribunal de debate tuvo en especial
consideración el rastro genético de la estirpe masculina Antillanca encontrado
en el patrullero, junto con las declaraciones de las testigos Daiana Monsalves
y Jorgelina Domínguez Reyes`. Amplía que ´Domínguez Reyes reconoció a Solís
como la persona que acompañaba al policía que manejaba` y concluye remarcando
que ´por una serie de razones, los jueces del mérito evaluaron favorablemente
la declaración de esta testigo. Consideraron que se manejó con seguridad
durante su exposición (sin perjuicio de algún tramo en el que rompió en
llanto), y que su versión contó con algunos datos periféricos importantes`”.
Frente a esta situación, en el asesinato de Candela González
hay dos hipótesis: la primera es que Jorgelina Domínguez sea la asesina, y deba
pagar por ello. La segunda, es que la detenida sea inocente. Esta segunda
posibilidad implicaría necesariamente todo un entamado perverso de mentiras y
encubrimientos que tendría como protagonista al Ministerio Público Fiscal, la
Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut y que llegaría al
Ministerio de Gobierno de Chubut a cargo de Pablo Durán, de quien depende la
fuerza de seguridad provincial.
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