La agitación masiva en la campaña electoral contra la
criminalización de la protesta social es un requisito indispensable para
mostrar que los verdaderos enfrentamientos contra las políticas de ajuste no
serán en las urnas sino en las calles.
Por Iván Marín
Daniel Ruiz es dirigente trotskista del PSTU (Partido
Socialista de los Trabajadores Unificado) y exdelegado petrolero en Comodoro
Rivadavia. Se encuentra detenido desde septiembre del año pasado en el penal de
Marcos Paz por luchar contra la reforma previsional en las jornadas del 18 de
diciembre de 2017. Hubo otros presos políticos por esta causa, entre ellos César
Arakaki y Dimas Ponce, ambos del Partido Obrero (PO). Como parte de la campaña
electoral para exigir su libertad, Ruiz es precandidato a diputado nacional en
Chubut del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU), en la lista
encabezada por Gloria Sáez (PO) y completada por Emilse Saavedra del Movimiento
Socialista de los Trabajadores (MST), en las precandidaturas titulares.
A esta altura no cabe ninguna duda que la campaña electoral
se desarrolla bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI). Todas las
fuerzas políticas patronales adelantaron su intención de cerrar algún tipo de
acuerdo con la entidad internacional, lo que llevará necesariamente a
profundizar las políticas antiobreras. En nuestra provincia son los propios
candidatos de Chubut para Frente, como Alfredo Beliz, o Santiago Igón del
Frente de Todos, los que manifiestan que se viene el debate por la reforma
laboral y previsional, entre otras medidas de ajuste. Eso necesariamente va a
llevar a nuevos enfrentamientos en las calles, quizás de magnitudes aun mayor
de los que protagonizara Ruiz en su momento, y por el cual se encuentra
detenido. Quienes tienen muy en claro este panorama son las clases dominantes, que no escatiman esfuerzos en sus medios de comunicación para estigmatizar e impulsar campañas difamatorias contra Ruiz, como las de Clarín o el propio Jorge Lanata, quienes mintieron al decir que el precandidato estuvo prófugo durante un año.
La situación económica no se aguanta más. En Chubut
proliferan luchas en todos los puntos de su vasto territorio: jubilados
ocuparon dependencias del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSYS) en
reclamo del cobro de salario en tiempo y forma y la normalización de la obra
social estatal, SEROS; docentes comenzaron esta semana con 48 horas de paro,
que podría extenderse por el atraso en el cobro de sus salarios y las malas
condiciones edilicias, entre otros puntos; el resto de los estatales también se
encuentra con medidas de fuerzas por demandas similares; la UOCRA es otro de
los sectores que amenaza con cortes de rutas inmediatos; en el parque
industrial textil de Trelew los despidos y suspensiones están a la hora del
día; el comercio en toda la provincia, en particular en el Valle, sufre una de
sus mayores crisis en años, con miles de despidos. Todo esto en el marco de un
endeudamiento provincial por 700 millones de dólares, de los cuales debe pagar
vencimientos todos los meses por más de 5 millones, y cada tres meses por más
de 30 millones. Ahora, además pretenden instalar en la agenda pública que con
la megaminería la provincia se podría salvar, cuando es rechazada por la inmensa
mayoría de la población.
Con mayor o menor intensidad, esta situación se plantea en
todo el país: los sueldos no alcanzan ni para llegar a una quincena, las deudas
están a la orden del día, la precarización laboral se hace cada vez más
pronunciada, la crisis en infraestructura escolar y en salud es criminal. Todo
ello va acompañado de una profundización en la criminalización y represión de
la protesta social: a la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago
Maldonado en manos de Gendarmería y al asesinato de Rafael Nahuel por
Prefectura, debemos agregarle cientos de heridos y detenidos en represiones. El
kirchnerismo le dejó al actual gobierno de Mauricio Macri más de 4 mil
procesados por luchar y la Ley Antiterrorista, entre otras herramientas, de la
cual hacerse para enfrentar a quienes se plantan contra sus medidas de ajuste.
A ello se le suma el acompañamiento en el Congreso de la Nación y en todas las
legislaturas provinciales y locales, a cientos de proyectos para profundizar
estas políticas.
De lo señalado se desprende que la campaña electoral de la
izquierda revolucionaria debe ser utilizada para desentrañar esta situación y
la salida que preparan las clases dominantes sobre las espaldas del pueblo
trabajador. Ante la inminencia de un nuevo estallido social en el país, la
izquierda debe utilizar las elecciones para enseñarle a la vanguardia y a
amplios sectores que la salida no se encuentra en el cuarto oscuro de la
democracia burguesa, sino en las calles, organizando asambleas en los lugares
de trabajo o estudio. Un spot de la fórmula presidencial del FITU, Nicolás del
Caño-Romina del Plá, exigiendo la libertad inmediata de Daniel Ruiz y el
desprocesamiento de los miles de luchadores sociales, fortalecería esta perspectiva
de lucha callejera, en contraposición al colaboracionismo de clase que plantea
vencer en las urnas a Macri, como si eso significara un punto de apoyo en
contra de las políticas del FMI.
MUY BUEN ARTICULO
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