El deleznable calificativo usado por el fiscal Rivarola para
justificar la violación de un grupo de chetos hijos del poder en Puerto Madryn,
concentra todos los ingredientes de un Estado en descomposición, gobernado por
camarillas mafiosas y una Justicia corrupta. Ajuste, espionaje a los
luchadores, megaminería, trata de personas, narcotráfico, redes de pedofilia e
impunidad al servicio de las ganancias capitalistas.
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| Ilustración: Gastón Spur |
Por Iván Marín
La furia desatada en el pueblo del Chubut y del resto del
país por las afirmaciones del fiscal Fernando Rivarola al calificar como
“desahogo sexual” la violación grupal de una piba de 16 años, condensa mucho
más que la putrefacción de un régimen de opresión hacia las mujeres: es la
expresión fehaciente de la decadencia de un sistema que para sostener las
ganancias de un sector reducidísimo de la sociedad tiene que recurrir cada vez
más no solo a la precarización laboral, la destrucción del medio ambiente y la
represión estatal, sino también al contubernio, la mafia, la corrupción y, por
ende, la impunidad. Se sostiene en los vejámenes recurrentes y cotidianos a la
inmensa mayoría de la población.
La violación ocurrió en primavera de 2012 en Playa Unión. La
denunciante sufrió un intento de suicidio por aquellos días y luego tuvo que
escapar de la provincia junto a su familia debido a las amenazas recibidas por
su intento de denunciar el hecho. El año pasado, con el apoyo de diversos
colectivos de mujeres de la zona, hizo público su caso, y pese a haber
denunciado a 6 personas, el fiscal Rivarola comenzó su acusación a 5 de ellos,
y terminó sobreseyendo a 2, por lo que la pena recaerá solamente a 3 de los 6
varones mencionados por la denunciante. Además, bajó la calificación del delito
de “abuso sexual con acceso carnal agravado” a “abuso sexual simple”. La
justificación que realizó al respecto fue que se trató de un mero “desahogo
sexual”. Al llegar a un acuerdo con la defensa, propone un juicio abreviado con
una pena de tres años en suspenso, por lo cual ninguno de los imputados irá a
prisión, salvo que el juez que entiende en la causa, Marcelo Nieto di Biase,
desista de la propuesta.
Más leña al fuego echó el comunicado publicado por el
Ministerio Público Fiscal de la provincia, donde justifican la afirmación de
Rivarola: “El abuso sexual es justamente
una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el
consentimiento de la víctima, que va a cometer un ataque sexual, que se trata
de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a
provocar en esta. Eso es dolo (negritas en el original).
Según pudo averiguar Prosa Urgente con especialistas en el
tema, efectivamente la caracterización de “desahogo sexual” existe, pero para
la teoría subjetivista del derecho penal. Sin embargo, en estos casos se aplica
la teoría objetiva, que hace referencia a la finalidad del acto. De conjunto,
lo que expresa la situación es la vulnerabilidad de la víctima (o
sobreviviente) ante casos como este, al depender de la relativa arbitrariedad
del funcionario estatal que toca decidir sobre la cuestión. Cuando los
involucrados en el delito pertenecen a las clases pudientes la arbitrariedad se
transforma en excusa, pues lo único que importa en última instancia a los
acusados es la libertad o la reducción de la pena. La impunidad es parida por
el contenido de clase del Estado, por más educación y cursillos de formación
sobre violencia de género, xenofobia u homofobia que se dicten.
Cualquiera que estuviese al tanto del prontuario de
Rivarola, no debió sorprenderse de su accionar en favor de los poderosos. En
2016 fue procesado por utilizar material de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI) para obtener de forma ilegal información sobre militantes del No a la
Mina en Esquel y referentes de pueblos originarios de la zona. Su defensor en
la causa fue Fabián Gabalachis, quien representa a algunos de los miembros del
grupo de violadores en cuestión. Gabalachis es conocido en la zona por ser uno
de los abogados del poder: le tocó defender a los policías que asesinaron a
Julián Antillanca, a los que violaron en la Comisaría Segunda de Trelew al
joven menor de edad Maximiliano Almonacid, a los funcionarios dasnevistas de las
causas de corrupción Revelación y Embrujo, a uno de los genocidas de la Masacre
de Trelew (Rubén Paccganini), entre otros. Y, en particular, representó a Bárbara
de Cristófano y a Julián Morón, condenados por abuso sexual infantil gravemente
ultrajante, agravado por el vínculo.
Este último caso, fue conocido como la “Causa de Puerto
Pirámides”, lugar donde se desarrolló el aberrante hecho en el que un niño de 9
años denunció en cámara Gesell haber sido abusado durante años por al menos 28
personas, entre quienes se encontraban importantes dirigentes políticos del
pueblo. Los condenados son la madre y el padrastro del menor. Por su parte,
Federico Ruffa, otro de los abogados de los violadores de Puerto Madryn, en la
causa de Pirámides ofició para la querella y fue uno de los encargados de
diseñar la extraña estrategia por la cual se decidió avanzar solo por las dos
personas condenadas y no por el resto, aunque no se descarta que en un futuro
no muy lejano se produzcan novedades con esa veintena de involucrados.
La impunidad de los capitalistas y terratenientes tiene una
larga historia en nuestra provincia, aunque su visibilidad haya pegado un salto
en los últimos años. La decisión de no encarcelar al grupo que perpetró la
violación en Playa Unión tiene un hilo de continuidad con lo ocurrido con
Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado en una operación de represión de
Gendarmería contra la lof en Resistencia Cushamen, una de las experiencias de recuperación de
territorios mapuches al terrateniente Benetton en cordillera. En este último
caso no solo no hay detenidos sino ni siquiera acusados por el crimen, ya que
para el Estado Maldonado se ahogó solo. Quien sí está preso es el lonko Facundo
Jones Huala, actualmente detenido en Chile tras una operación conjunta entre el
Estado argentino y el trasandino. La desaparición forzada seguida de muerte de
Maldonado se dio en el marco de un corte de ruta para exigir la liberación de
Jones Huala. En esa zona la mafia de abogados y terratenientes se ha llevado
decenas de vidas de pobladores originarios. Allí el sicariato nunca pasó de
moda para quienes detentan el poder local.
Como se sabe, uno de los citados por la denunciante de la
violación grupal es hermano de Genaro Pérez, intendente de Gastre, uno de los
principales lobbystas para intentar instalar la megaminería en la meseta
chubutense, prohibida expresamente por ley en todo el territorio provincial. La
imagen del diputado Gustavo Muñiz chateando con su celular con un representante
de la minera pan American Silver en plena sesión de la Legislatura provincial
es uno de los tantos ejemplos de que los políticos de los partidos
tradicionales son meros representantes de las patronales en el Estado.
Va de suyo que la megaminería trae consigo lo más podrido
del régimen putrefacto que sale a luz con el caso violación en grupo del que
habla todo el país en este momento: trata de personas, pedofilia y
narcotráfico. Allí no solo están involucrados cuadros políticos de todos los
partidos patronales y funcionarios de todos los estamentos del Estado, sino
también las propias burocracias sindicales, encargadas de estos negocios
ilegales y mafiosos en el petróleo y la pesca, por citar algunos ejemplos.
El rol de los partidos patronales y las burocracias
sindicales merece un párrafo aparte, pues además de sus negocios delictivos, su
principal función de contención y desvío de las movilizaciones populares viene
siendo puesta en cuestión en los últimos dos años, en ese proceso que sus
propios protagonistas han bautizado como “Chubutazo”. Luego del fallecimiento
de Mario das Neves, Mariano Arcioni tomó las riendas del Ejecutivo provincial
profundizando las políticas de ajuste. Tanto en 2018 como en 2019 su “gobernabilidad”
cayó a la lona en varias oportunidades, pero siempre fue rescatado por la
pseudo oposición y en particular por las burocracias que conformaron la Mesa de
Unidad Sindical. El año pasado el salvataje incluyó la tercerización de la
represión a la docencia mediante una patota al mando del burócrata petrolero
Jorge “Loma” Ávila.
En los últimos meses se incorporó al proceso un sector del
proletariado industrial del Valle: tantos los textiles de Sedamil como los
trabajadores de la pesquera de FYR S. A. ocuparon sus fábricas en reclamo del
cobro de sus salarios, aunque lo hicieron a pesar de las conducciones de la AOT
(Asociación Obrera Textil) y del STIA (Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Alimentación), quienes vienen jugando junto a Cristian Ayala,
(secretario de Trabajo) a favor de las patronales, dilatando la lucha con la
pretensión de apostar al desgaste de los trabajadores.
Tal cual se aprecia, la degradación del régimen no conoce de
escrúpulos, incluso en tiempos de cuarentena por la pandemia del Covid-19: a
los trabajadores de la salud de Chubut se les adeuda los salarios de los meses
de abril y mayo. Trelew, una de las ciudades con mayores índices de
desocupación y precariedad laboral del país, ahora se encuentra entre las pocas
localidades del interior de la Argentina donde se declaró la transmisión
comunitaria del virus. El coronavirus anda hace semanas entre nosotros ante la
negligencia de un gobierno corrupto y ajustador, más preocupado por pagar la
deuda con los acreedores internacionales que por dar respuestas serias a la
pandemia.
Desde ya, en todo este estado de situación lo que abunda es
el cinismo. El pusilánime gobernador de Chubut twitteó horas después que
trascendiera a nivel nacional lo del “desahogo sexual” y la libertad a los
violadores, que: “Es inaceptable la baja de calificación penal del Fiscal
Rivarola. Una bestialidad jurídica y humana. Voy a ir a fondo. Solicité
expresamente a Fiscalía de Estado la presentación del pedido de jury por mal
desempeño de sus funciones. Más #justicia y menos impunidad”. Quién sabe, quizá
Rivarola podría responderle pagándole con la misma moneda y repudiando
distintas acciones ilegales e ilegítimas del gobierno, como el no pago en
tiempo y forma a los trabajadores estatales. El descaro del funcionariado tiene por límite solo sus bolsillos.
La podredumbre moral y social que engendra la decrepitud de
régimen político chubutense solo podrá ser sepultada de cuajo por la acción
independiente de las masas. Desarrollar el “Chubutazo” hasta derrotar las
políticas de ajuste de Arcioni y de quienes puedan reemplazarlo si cae, es el
camino para comenzar a sentar las nuevas bases sociales de Chubut, que
necesariamente estarán ligadas a las del resto de los trabajadores del país, y
en última instancia del mundo. Por eso se hace imprescindible la coordinación
de las bases del territorio provincial, promover asambleas populares en todas
las ciudades para deliberar una salida propia de los trabajadores y el pueblo.
El escándalo generado por las decisiones de Rivarola pone al descubierto que
cualquier tipo de opresión tiene como determinante principal el orden capitalista. Si el
grupo de violadores hubiera sido de los estratos populares no necesariamente estaríamos
hablando de impunidad, pues como se sabe la justicia es primero que nada de
clase, es decir burguesa.
Excelente, gracias
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