Cuarentena, lucha de clases, sanitarismo castrense y
perspectiva de rebeliones populares. Respuesta a la Mesa Ejecutiva del Partido
Obrero Tendencia (y, ya que estamos, al PTS).
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| Ilustración: Gastón Spur |
Por Iván Marín
La coyuntura abierta en nuestro país a partir de la llegada
de la pandemia del coronavirus, que tiene en vilo al mundo en su conjunto, ha
puesto de relieve una vez más la endeblez del sistema de salud en la Argentina. El
colapso sanitario se produce mientras el gobierno nacional negocia una deuda
impagable con los acreedores internacionales. Crisis sanitaria y económica se
entrelazan mutuamente no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. En
ese marco es notorio el desconcierto del personal político de la burguesía, más
allá del incremento de la imagen positiva del presidente Alberto Fernández en
las últimas semanas. Las muestras frágiles de “unidad” entre los distintos
partidos patronales al comienzo de la cuarentena duró un suspiro ante las
consecuencias que provoca el parate en la economía.
Cuando Fernández anunció la noche del jueves 19 de marzo la
cuarentena para tratar de aminorar la curva de contagios del COVID 19, a
ninguna organización de derechos humanos ni partidos de izquierda se le pasó
por alto la tónica represiva con la que se disponía a hacer efectiva la medida.
La Tendencia del Partido Obrero emitió inmediatamente un comunicado titulado “La defensa de la vida y la salud depende de los trabajadores y su organización, no de las requisas policiales”. Entre
otras cosas, luego de hacer mención a la “impronta
represiva” del anuncio, se advierte que “El régimen político, visiblemente impotente para dar cuenta de la
pandemia, como ocurre en todo el mundo, se sirve sin embargo de ella para
establecer las bases de un estado de excepción, en este caso, bendecido por la
´unidad nacional` que adicionan macristas y radicales. Se busca un régimen
personal, no para dar cuenta de la pandemia, sino de una crisis social
pavorosa, que incluso la precede”.
El 22 de marzo Jorge Altamira difunde un artículo con su
firma bajo el título “El estado de sitio infecta”. Allí, luego de repasar los distintos estados de sitio decretados
desde la vuelta al régimen constitucional en 1983 y analizar las
contradicciones en las que se desarrollaría en la actualidad si el Gobierno se
decidiera por esa opción, Altamira exhorta: “Todo el movimiento popular debe pronunciarse contra el estado de sitio
y en favor del despliegue de las organizaciones populares para atender las
necesidades de la mayoría sin trabajo regular o desocupada”.
En ocasión de un nuevo aniversario del golpe de Estado de
1976, la Tendencia publicó un comunicado titulado “24 de marzo: no al Estado de Sitio”. La declaración, correcta de
comienzo a fin en cada punto y coma, señala en un pasaje: “La justificación para instaurar la dictadura fue: declarar que
Argentina estaba en guerra. Es lo que hemos vuelto a escuchar de parte del
santafesino Perotti, del santiagueño Zamora o del jujeño Morales - un arcoíris
de los partidos que hoy gobiernan -, para reclamar la declaración del estado de
sitio. No la han ´descartado` tampoco algunas ministras y ministros, que se
reivindican, históricamente, del lado de enfrente de aquella dictadura militar.
Si los ministros ventilan el tema, una de dos: o anticipan una decisión de los
Fernández, o el régimen político (gobernadores, Congreso, Justicia) enfrenta
una crisis”.
Como se observa, la Tendencia se vio preocupada desde el
comienzo de la cuarentena frente a la avanzada cualitativa del estado
represivo. Planteaba la necesidad del aislamiento pero no sin dejar de
denunciar el autoritarismo en la que se desarrollaba. Y, lo más importante:
advertía que todo este dispositivo tenía por propósito inmediato tratar de
evitar las asambleas y deliberaciones de los trabajadores, en especial aquellos
que se desempeñan dentro de las actividades esenciales decretadas por el gobierno
nacional.
En ese marco, con Ana Belinco coescribimos un artículo para
Prosa Urgente titulado “Cuarentena precaria y la cuestión militar: una bomba de tiempo”. Allí entre otras
cosas planteamos que “las medidas del
Gobierno nacional para combatir el COVID 19 se desarrollan en un mar de
contradicciones entre un aislamiento acotado y el avance del estado policial”.
En la primera parte del texto nos preguntamos retóricamente si necesitamos una cuarentena en
defensa de las patronales o del pueblo trabajador, en clara alusión al carácter
acotado de la misma, que dejaba afuera del aislamiento a la mayoría de los
trabajadores. Luego hicimos hincapié en la necesidad del régimen en
represtigiar a las Fuerzas Armadas y que no dejarían de utilizar esta coyuntura
para tratar de ir una vez más por este fin, que es una tarea estratégica
pendiente de la burguesía en nuestro país, y que además cumple un rol
preventivo ante la posibilidad más que segura del empalme de la crisis
sanitaria y económica, y con ello futuras rebeliones populares.
En ese escenario debe inscribirse el artículo publicado en
nuestro blog “La Nación, los milicos y el coranavirus: una nueva editorial que busca la reconciliación”, y que
fuera fervientemente criticado por la Mesa Ejecutiva (ME) de la Tendencia en un
texto titulado equívocamente “Un gran equívoco político”, en el que no solo se entra en contradicción con la
orientación anterior respecto al punto de la cuestión represiva y que ya
citamos más arriba, sino que también al tomar nuestro análisis como “ejemplo”
para polemizar con el resto de la izquierda termina deformando nuestras
afirmaciones.
El artículo de la ME nos achaca que confundimos “la coerción estatal que se aplica para
supervisar un régimen excepcional de salud, en Argentina y en todo el mundo,
sin excepción alguna, como una expresión del propósito de producir un cambio de
régimen político, hacia otro, que no define, de naturaleza esencialmente
represiva”. Sin embargo, los compañeros no aportan una sola cita al
respecto para respaldar esta afirmación. “El
avance del Estado policial no puede sino leerse como una medida preventiva ante
la inminencia de una ´potencial crisis sanitaria y social sin precedentes
(...)`, como el propio gobierno adelantó en el decreto de ´aislamiento social,
preventivo y obligatorio`”, se afirma en nuestro texto. Como se observa, en
ningún momento hacemos referencia a cambio de régimen alguno. Utilizamos sí
coloquialmente la expresión “Estado policial” para hacer referencia a la
profundización de las medidas represivas del Estado que la propia Tendencia
denunció desde que se implantó la cuarentena. Es decir, no identificamos “Estado
policial” con Estado de Sitio ni mucho menos con una dictadura consolidada ni
en víspera a hacerlo. Tampoco adelantamos ninguna “bonapartización” del
régimen, lo cual por otro lado, es apresurado descartar de antemano.
En lo que sí mantenemos una diferencia con todos los
artículos escritos hasta el momento por la Tendencia, incluso con aquellos que
denunciaron correctamente la avanzada represiva, es en la utilización de las
Fuerzas Armadas para “tareas humanitarias” en las barriadas populares, pues
claramente es una maniobra que pretende, entre otras cosas, represtigiarlas de cara a toda la
sociedad. Por ello, hay consenso en todas las fuerzas políticas patronales al
respecto.
La ME afirma que “bien
mirado, este editorial de La Nación es menos virulento que los precedentes”,
sin aportar ningún argumento para respaldar esa sentencia, salvo por el hecho
de que esta vez no contó con la reprobación pública de veces anteriores, como
si eso en sí mismo respaldase dicha afirmación.
Los compañeros pretenden dar cátedra de marxismo y nos
recuerdan que un régimen proletario también se verá en la necesidad de aplicar
la coerción en una situación similar. Chocolate por la noticia, pero eso nunca
se puso en cuestión. Nótese que el artículo de Política Obrera cuenta con más
de 14 mil caracteres de extensión contra los tan solo 5 mil de Prosa Urgente,
por lo que obviamente abarcaron muchos más temas de los pretendidos por el texto
con el que se polemiza.
La clase de dialéctica que ensaya la ME choca de frente ante
su esquematismo de reducir la coerción estatal solamente a motivos sanitarios,
como si no hubiera fuertes razones preventivas ante la posibilidad de un
estallido social. ¿O acaso vamos a suponer, al igual que los “plumíferos” de La
Nación, que el ejército en las barriadas es insustituible? En su afán de
hacerle decir al texto de Prosa Urgente afirmaciones que nunca esgrimió, llegan
a comparar la colaboración del ejército ruso en el norte de Italia con las
tareas de las FF.AA. de nuestro país en el conurbano bonaerense.
La desproporción de las comparaciones esconde no solo la
subestimación de la militarización de las barriadas populares, si no también
que efectivamente este intento de represtigiar a la institución transcurre en
una situación excepcional propicia a esos fines (el "represtigio" en discusión).
Lo que no implica que necesariamente lo logren. Para los revolucionarios no se
trata solo de denunciar estas maniobras para preservar las conquistas democráticas
como un valor en sí mismo, sino que tiene un contenido estratégico. La propia Tendencia emitió un comunicado esta
semana donde se afirma: “La clase
capitalista se quiere servir de la actual emergencia, no para una
´reactivación`, que es inviable bajo el actual derrumbe económico internacional
y local, sino para avanzar en un ataque estratégico contra la clase obrera. Un
documento entregado por las ´fuerzas vivas` de la clase capitalista al
gobierno, días atrás, exigía la reforma laboral y un plan de despidos
estatales, como parte de la emergencia”. Sería sumamente ingenuo suponer
que la burguesía no va a pretender preparar a sus fuerzas represivas para
semejante propósito.
Le deformación realizada por la ME de nuestro artículo llega
a su cenit cuando sostienen: “La
equivocada presentación de una ´unidad nacional` que tiene por finalidad
organizar un estado policial y la militarización del país viene acompañada, en
el planteo del compañero, de lo que sería una rebelión popular en ciernes; una
Argentina en vísperas de una guerra civil. Alentar una rebelión popular en las
circunstancias actuales sería más que un error”. En ningún momento en
nuestro artículo se hace referencia a ninguna “unidad nacional” consolidada ni
nada por el estilo. Ahora bien, negar el escenario de rebelión popular es
ubicarse a la derecha de la caracterización prevista por el decreto de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que, como se dijo, prevé una “potencial crisis sanitaria y social sin
precedentes", es decir una rebelión popular, salvo que se considere
que el pueblo dejará pasar dicha crisis sin resistencia. Los trabajadores del
Frigorífico Penta en Quilmes ya nos adelantan que esa no será la respuesta.
Por otra parte, una rebelión popular se dará o no con
independencia de lo que opine la izquierda, es una consecuencia objetiva de la
propia dinámica social. Es decir, no se trata de alentar o no dicha situación,
sino de intentar prever los contornos de los tiempos que se avecinan para
actuar al respecto. El escenario es abierto, y la clase obrera argentina cuenta
en su haber no cargar con derrotas históricas en los últimos años. Desde ya,
una rebelión popular nunca sería contra la cuarentena, si no, en todo caso,
para exigir su cumplimiento, como sucede en algunas regiones de Chile, si es
que se da mientras transcurre el aislamiento decretado por el Gobierno. También
podría suceder que el estallido ocurra si la pandemia llega a los sectores más
postergados de la sociedad, lo que tendría resultados dramáticos. A esto debemos agregarle las consecuencias de
la crisis económica. En Chubut, por ejemplo, un sector importante de los
trabajadores estatales aun no cobró el mes de febrero, ¿a alguien le podría
sorprender que en algún momento esta situación vuelva a poner a la provincia al
rojo vivo como ya sucedió el año pasado o en 2018?
Por eso llama poderosamente la atención este volantazo a la
derecha de la ME en el artículo con el cual estamos polemizando, cuando la
propia Tendencia fue expulsada del Partido Obrero por la camarilla que lo
dirige como respuesta burocrática al debate respecto a las caracterizaciones de
la crisis económica internacional y la forma de intervenir en ella. El error no
podría ser mayor, ya que por omisión la ME lleva agua al molino del centrismo
democratizante del Frente de Izquierda, quien podría llegar a un posible
escenario de estallido social (sea cuando fuere que se dé) con la autoridad de
sí haber advertido, aunque en tono derrotista, del uso en las barriadas
populares de las Fuerzas Armadas en la actual coyuntura. Se hace imprescindible
corregir este giro y denunciar y exigir la expulsión de las FF.AA. de las
barriadas.
El debate llegó a las fuerzas que integran el Frente de
Izquierda. El oficialismo del PO respondió con un texto anodino que ayer fue
contestado correctamente por Jorge Altamira, aunque mantiene la posición
equivocada respecto a subestimar y no denunciar la presencia de los milicos en
las barriadas populares para tareas que no son imprescindibles.
Por su parte Christian Castillo del Partido de los
Trabajadores Socialistas (PTS, el partido de Nicolás del Caño y Myriam Bregman,
para quienes no lo conozcan por su nombre), también respondió el texto de la ME. Si bien hace algunos
señalamientos correctos respecto a la polémica del ejército en los barrios, le
atribuye a la Tendencia una política claudicante ante la crisis abierta por la
pandemia: “A nuestro entender es el
extremo de una política sindicalista y corporativa hacia la clase obrera,
totalmente escéptica de que esta pueda intervenir en la crisis en forma
independiente. Para esta visión, la intervención del movimiento obrero durante
la pandemia debería limitarse al derecho a no trabajar”. La declaración de
la Tendencia citada más arriba, y titulada “La cuarentena solo puede ser asegurada con un programa y un plan de
acción de los trabajadores”, es tan solo un ejemplo que desde el inicio de
la coyuntura se planteó una intervención independiente de la clase obrera.
Desde ya, hubo correcciones a medida que transcurría la cuarentena, producto de
debates internos y de la propia dinámica de los acontecimientos.
El escepticismo que Castillo le imputa a la Tendencia
respecto a las posibilidades de una intervención independiente en la crisis en
realidad no es más que el reflejo de las propias caracterizaciones derrotistas
de la corriente en la que él milita. Sin ir más lejos, un compañero suyo, Juan
Dal Maso escribió en Ideas de Izquierda, un texto titulado “¿Estamos en guerra? Apuntes sobre el consenso coercitivo” donde da cuenta de una supuesta “derechización” de la
sociedad basada en algo que para los marxistas nunca existió, pero que para el
PTS tiene una entidad real: la “opinión pública”. Dal Maso introduce un
concepto propio del liberalismo, que en última instancia expresa de forma
distorsionada las ideas de las clases dominantes, pero NUNCA del conjunto heterogéneo
de una sociedad dividida en CLASES SOCIALES. El “duranbarbismo” petesiano no
solo fue la base para una intervención democratizante y parlamentarista en la campaña
electoral del año pasado, cuyo telón de fondo es una concepción conservadora
respecto de las potencialidades clase obrera, sino que también lo lleva a abordajes
electorareros de la crisis sanitaria, económica, social y política que vive el
país.
En una entrevista que le hicimos al otro día del anuncio de
la cuarentena, Altamira adelantó un abordaje para la coyuntura abierta: “Acá hay que decirles a los trabajadores
dónde estamos parados. Y donde estamos parados es en una solución obrera a la
salud”. Sobre lo que concluyó: “A
partir de este enfoque estratégico, seguir atentamente (y estar presente
también) los movimientos de reclamos de los trabajadores para descubrir la
fisonomía que le van dando, y a partir de ahí poder formular una acción
unificada. No imponer los términos de una acción artificialmente desde una
organización, sino que sea la traducción de tendencias que se manifiestan en el
mundo del trabajo como consecuencia de cómo vive la agresión de esta crisis
sanitaria por un lado, y derrumbe económico y financiero por el otro”. La
orientación propuesta precisa como condición sine qua non denunciar las maniobras del
régimen que tengan por objetivo una mayor intervención del aparato represivo, y
eso implica necesariamente la denuncia del uso de las Fuerzas Armadas en las
barriadas, que no es más que otro intento de “dar vuelta la página”, como
sentenció el presidente días antes del 24 de marzo.
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