Eduardo Hualpa, en los dos lados del mostrador

El candidato a intendente del Partido Municipal por Trelew, y funcionario del ministerio de Justicia de la Nación en Patagonia, repudió la represión a la lof Lafken Winkul Mapu sin mencionar a los responsables políticos del desalojo: el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández y su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El progresismo de buenos modales y lenguaje inclusivo como garante cínico e impotente de las políticas de ajuste y represión acordadas con el FMI.

 

Por Iván Marín 

Desde hace casi dos años Eduardo Hualpa se desempaña como Coordinador de la Región Patagonia del Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Martín Soria. El máximo referente del Partido Municipal por Trelew durante todo este tiempo ha tratado de “mediar” en conflictos desarrollados en la zona, en especial en nuestra localidad. Lo hizo en clave electorarera, es decir, utilizando el cargo para tratar de instalar su candidatura a la intendencia el año próximo. No obstante, ello no implicó un compromiso con las luchas en curso, sino más bien al contrario: fue la pata política del Gobierno nacional al interior de estas. Aun se recuerda en el activismo cuando mantuvo apagado toda la noche su celular en ocasión del desalojo de vecinos del “No a la Mina” que se encontraban cortando Ruta 3 comandado por el ex ministro de Seguridad provincial, el fascistoide Federico Massoni. Hualpa se había acercado en varias ocasiones al piquete para mediar pero cuando se precisó de su intervención se borró olímpicamente. Bien visto, en realidad, no se podía esperar otra cosa.

 

El funcionario nacional se hizo presente esta tarde en el acto que se realizó en Trelew para exigir la liberación de las compañeras mapuches detenidas en el desalojo y represión a la lof Lafken Winkul Mapu. Comenzó su discurso diciendo que “estamos viviendo horas muy difíciles en cuanto a la vigencia de las garantías de la Constitución y al derecho en nuestra región. Lo que venimos viendo, y que está ocurriendo en Bariloche a partir del operativo conjunto de anteayer, y a partir de ahí una serie de violaciones a los derechos humanos fundamentales”. Agregó que “realmente no están rigiendo en la región las garantías, no está rigiendo la Constitución”. Inmediatamente denunció que: “Yo creo que no exageramos si decimos que Bariloche es Guantánamo en estos momentos, compañeros y compañeras”. En su rol de comentarista de la realidad, Hualpa olvidó denunciar a los responsables políticos del “Guantánamo cordillerano”: el Gobierno Nacional, del cual él forma parte como funcionario.

 

Como si no se tratase de una política estratégica concienzudamente elaborada por las clases dominantes, el abogado redujo el asunto a una cuestión de orden jurídico, la falta de respeto a las leyes por parte de la magistrada a cargo del caso: “La jueza no ha permitido a los abogados que tomen contacto con sus defendidas, no ha habido razones suficientes de la detención. La detención de las personas es una excepción y solamente se las puede detener si hay razones fundadas suficientes para que evitemos la justicia, para que huyamos, para que destruyamos pruebas. Seguramente no es lo que las hermanas iban a hacer ahí y sin embargo siguen detenidas, incluso Romina que está esperando tener familia, si es que no tuvo en estos minutos”.

 

Renglón seguido, se despachó sobre su supuesto rol en el conflicto: “Simplemente decir que hemos estado estos últimos días en contacto con muchos de ustedes, y con mucha gente que está en estos momentos en Bariloche o en Buenos Aires siguiendo de cerca el tema, que vamos a hacer todo lo posible para que se reestablezca la justicia y que ojalá esta jueza o se corra, porque no corresponde que una jueza actúe así, o retome a lo que tiene que hacer un juez”. ¿De que restablecimiento de la justicia habla el funcionario? ¿Acaso pretende devolver la totalidad de las tierras a los pueblos originarios? ¿O por justicia entiende la elemental inmediata liberación de las mapuches detenidas? Estamos en presencia de un vende humo que haría quedar a la incontinencia verbal Ricardo Caruso Lombardi como austera y medida.

 

Pero hay más. El funcionario no desaprovechó la oportunidad para espetar el recurrente macaneo progre de la conciliación de clases, es decir esa propaganda política según la cual pueden dirimirse los antagonismos de clases mediante el diálogo y el “correcto funcionamiento” de las instituciones, en particular la del Poder Judicial que, según esta visión, no sería parte del Estado: “El juez está para evitar que el Estado nos aplaste, el juez está para evitar que las personas, las minorías, las personas más desaventajadas, sufran el aplastamiento por parte del poder. Los jueces y las juezas no están para garantizarle el derecho a los poderosos, para garantizarle los privilegios a la gente que está en este momento reclamando algo que no compartimos, que es un país para pocos, una idea de tierra para unos pocos, la tierra como privilegio”. Lo que esconde esta definición falopa del Estado es que justamente su razón de ser es el sostenimiento en el poder de una minoría contra la inmensa mayoría de la población. De ahí que su fundamento último sea el legítimo uso de la fuerza, es decir, la represión. Para ello se vale de todo un entramado jurídico que justifique su uso. De conjunto, los jueces y las leyes no existen para defender a las masas o a los sectores más desventajados sino, por el contrario, para sostener el statu quo. La legislación que matiza este estado de cosas es el producto de la movilización popular, no de una función intrínseca al Poder Judicial. Hualpa, como no podía ser de otra manera, hace una apología descarada y culposa a la vez del Estado burgués en particular, y del sistema capitalista en general, en el que todos los antagonismos son susceptibles de ser resueltos mediante un utópico diálogo y no con el garrote realmente existente que se observa a diario.

 

Los vínculos del Partido Municipal por Trelew (XTW) con el PJ-kirchnerismo son directos, más allá que intenten “disimularlos”. Por caso, el año pasado, semanas antes de las elecciones generales se reunieron con los candidatos del Frente de Todes, en una clara muestra de apoyo público. En reiteradas ocasiones hemos señalado en este medio que el XTW hegemoniza el movimiento “No a la Mina” en la zona e influencia a un sector del activismo mapuche. Para ello cuenta con la complicidad del Frente de Izquierda y fuerzas populistas, que les hacen seguidismo por un mero cálculo electoral o por compartir otros espacios.

 

La defensa consecuente de la causa mapuche y de los pueblos originarios requiere de una perspectiva independiente de los partidos políticos patronales y sus variantes “progres”. Bajo el sistema capitalistas la cuestión de la tierra nunca podrá ser resuelta. Solo un gobierno obrero y socialista podrá comenzar la imprescindible tarea de construir un sistema social en armonía con la naturaleza.

 

La libertad de las compañeras mapuches detenidas precisa de forma inmediata de masivas movilizaciones en todo el país para lograr concretarla, no de personajes que se paran en los dos lados del mostrador, es decir, de personeros políticos del régimen político fondomonetarista que persigue, criminaliza y reprime a los pueblos originarios y a todos los que luchamos en defensa de nuestros derechos y contra este sistema.