La comunidad mapuche resiste desde hace 4 días a un violento intento de desalojo en cercanías de El Bolsón. Hablamos con miembros que fueron detenidos, voceros y referentes de organizaciones indígenas y de derechos humanos de la zona.
La comunidad mapuche Quemquemtrew, ubicada en el paraje “Cuesta
del Ternero”, entre la localidad rionegrina de el Bolsón y la chubutense de El Maitén,
resiste desde el viernes último un intento de desalojo mediante una orden
librada por el juez Ricardo Calcagno a instancia de la jefa regional de fiscales
Betina Cendón. La feroz represión de la primera jornada dejó un saldo de 4
personas detenidas y otras 2 demoradas. Todas ellas se encuentran en libertad
pero el resto de los miembros de la comunidad se replegó hacia el bosque, donde
se encuentran desde entonces a la intemperie sin comida ni abrigo afrontando
temperaturas bajo cero. Recién esta mañana pudo ingresar una escueta delegación
de militantes de derechos humanos y de organizaciones mapuches a ver cómo se
encontraban. Se denuncia que la gobernadora Arabela Carreras ordenó esta cacería
en defensa de terratenientes y empresarios de la madera, entre los que destacan
Héctor Magnetto (Papel Prensa), Luciano Benetton (Tierras Sud) y Federico Ochoa
(Tierras Tecka). Entrevistamos a Lautaro Cárdenas, uno de los detenidos el
viernes; a Romina Jones, vocera de la comunidad; a Soraya Maicoño, referente
mapuche y a Nelson Ávalos de la APDH, uno de los integrantes de la delegación
que ingresó esta mañana a la lof.
“Entraron con violencia, sin mostrar ninguna orden ni mediar
palabras. Nuestra detención junto al compañero Vargas fue a cargo de la Policía
Montada. Ellos fueron agresivos con nosotros, nos han golpeado con unos garrotes
porque sí en realidad porque ya nos tenían reducidos”, denuncia Lautaro Cárdenas,
en diálogo con Prosa Urgente. Del operativo, que comenzó minutos antes de la
siete de la mañana, participaron distintas divisiones de la policía de Río
Negro, como el COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) y la Montada. “El
COER ingresó diciendo ´acá te tengo indio de mierda, ahora son nuestros`”,
agregó el entrevistado.
Por su parte, Romina Jones, vocera de la comunidad, quien se
encontraba en el lugar al momento de la represión, resaltó que “lo que comenzó
el viernes con un allanamiento para identificar a personas terminó siendo un
desalojo encubierto con detenidos. Nos llevaron todas nuestras cosas del lugar”.
Informó que a la mañana se llevaron detenidos a tres personas y a la tarde a
otra más, cuyos nombres son, además del mencionado Cárdenas, Alejandro Morales,
Mauro Vargas y Juan Baeza. Añadió que ella y otra mujer fueron demoradas
algunas horas en la comunidad. Con ellas se encontraba un menor de edad al que
las fuerzas policiales maltrataron: “Fuimos reducidas, tiradas al piso por
personal masculino, y el niño de 8 ochos años que estaba en el territorio fue
reducido, tirado al piso, le pusieron la rodilla en la espalda y fue apuntado por
personal del COER”. Denunció la actuación de la fiscal Cendón y que sus
compañeros detenidos estuvieron desaparecidos por varias horas: “Nos dijeron
que era un allanamiento para identificar personas y que los detenidos iban a
ser trasladados a El Bolsón, cosa que fue mentira porque por alrededor de 3 o 4
horas no sabíamos dónde tenían a los detenidos. Recién a las 2 de la tarde
pudimos dar con el paradero de ellos y estaban todos en distintas comisarías de
Bariloche”.
Una escuela como base de operaciones de la policía
“Hay un operativo cerrojo donde no se deja ingresar ni salir
nada del lugar. Hay presencia de policía del COER. Tenemos entendido que están
en la escuela de Cuesta del Ternero, que queda enfrente del territorio
recuperado”, denuncia Jones. Al respecto, Soraya Maicoño, reconocida referente
mapuche, informó que “no hay clases en la escuela porque la están usando al
servicio del COER, que es esta fuerza especial que está actuando en contra del
pueblo mapuche. Hay padres que están denunciando eso”.
Ante la gravedad de la situación, organizaciones indígenas y de derechos humanos de numerosas localidades presentaron distintos habeas corpus en defensa de la comunidad. Finalmente, la Procuración General de Río Negro autorizó el ingreso de una escueta comisión con el fin de saber el estado de los integrantes de la lof, integrada por Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche; Nehuen Loncoman integrante del Consejo de Desarrollo de las Comunidades indígenas (Co.De.C.I); Felisa Curamil del Consejo de Participación indígena (CPI), Nelson Avalos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y una funcionaria de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
“La fiscal puso expresamente que no se podía ingresar comida
ni ropa en la comunidad. Quedó plasmada esta decisión que nos parece inhumana
porque en cualquier conflicto, en cualquier guerra incluso, son derechos, cosas
básicas que no se niegan. Acá la justicia de Río Negro está negándole la comida
a la gente”, comienza su relato Nelson Ávalos, de la regional noroeste del
Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Agrega que: “Pudimos
entrar, visitar el lugar, hablar con la gente y constatar que no han podido
recibir nada porque no le dejan entrar ropa, comida ni nada. Porque también hay
que decir que en el allanamiento del viernes se llevaron todo lo que había y la
gente está resistiendo sin nada. Así que esa es la gestión más urgente, que
permitan el ingreso de alimentos, por lo menos”. Consultado por cómo encontró a
los miembros de la comunidad que resisten en el bosque, el entrevistado
respondió que “están bien, se las han arreglado para ir racionando lo que
tenían pero con esa imposibilidad. Anoche hizo temperatura bajo cero y ellos en
el territorio resguardándose como pueden”. Aunque, advierte: “Están presos
porque es una prisión en el medio del monte, rodeados de policías sin poder
ingresar ni siquiera comida”.
Ávalos adelanta que “lo que se va a plantear a la fiscalía
ahora por parte de la gente del Parlamento Mapuche y nosotros como APDH también
es que se establezca una mesa de diálogo, como se debió hacer antes de llegar a
lo que sucedió ayer”. Sobre el particular informa que “desde el gobierno
provincial no quieren dialogar, quieren desalojar ese lugar”.
La represión es en defensa de los capitalistas
Maicoño señala que la comunidad se encuentra en “un paraje
conocido ancestralmente como tierra mapuche que está siempre con situaciones de
litigio y de mafias por tema de tierras. Hace 20 años atrás mataron a una
abuela que se llamaba Lucinda Quintupuray". Sobre este caso, el sitio de
Facebook “Red de Apoyo Comunidades en Conflicto – MAP” replicó un posteo de Luis
Alberto Curiqueo en el que denuncia: “Lucinda Quintupuray - una anciana mapuche
que poseía un valioso campo de 1.000
hectáreas en el paraje ´Cuesta del Ternero` (El Bolsón – Río Negro)- el día 11
de enero de 1999- aparecía en su cama muerta a balazos”. Más adelante amplía: “En
un principio se creyó que no tenía herederos pero - luego apareció un hijo suyo-
que también murió poco después -mientras cabalgaba por el lugar (al parecer sospechosamente
- se ´habría caído` golpeando su cabeza contra una piedra -muriendo ahogado en
el río Ternero)”. “Desde entonces los parientes lejanos que quedan - de doña
Lucinda- reciben presiones de la dirección de Tierras de Río Negro para que cedan
el campo con el supuesto propósito de montar un complejo turístico”, denuncia Curiqueo.
Lo que comunican desde la comunidad es que el territorio fue
recuperado a una familia de apellido Rocco. Maicoño describe que “la
recuperación se viene trabajando hace más de un año, entendiendo quién estaba
ocupando ahí, si tenía título de propiedad o no, y se ingresó hace más de una
semana”. “Queda también muy evidente que el señor Rocco, que es el
concesionario de ese lugar, no es el propietario, tiene mucha cobertura y
respaldo político y mediático porque inmediatamente, por ejemplo, el sábado
salió una nota en diario La Nación hablando de la restitución del predio
usurpado al señor Rocco. Entonces, la gente aquí se está enfrentando a algo
mucho más grande de lo que parecía y tiene vinculaciones con sectores muy
poderosos, como Benetton y Papel Prensa”, subraya Ávalos. "
“Los nombres Alberto Osvaldo y Rolando Enrique Rocco
aparecen en varios boletines oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación. Sus nombres se repiten y se entremezclan con los de Papel
Prensa S. A., Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y Compañía de Tierras Tecka
S.A.. Todos ellos comparten una misma actividad: la plantación de bosques
cultivados”, informa el periodista Gustavo Figueroa (Periodismo de Mar a Mar
26/9/21). La mencionada investigación destaca que “El primer edicto es del 2 de
marzo de 1999. Aquí aparece la aprobación del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos y la (ex) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, para la aprobación de las solicitudes de Plantación Forestal para
ese periodo. En este mismo documento aparecen: 100 hectáreas para la familia
Rocco, 200 para Héctor Magnetto (Papel Prensa), 362 para Luciano Benetton
(Tierras Sud) y 1000 para Federico Ochoa (Tierras Tecka)”. A esto se le suma
que: “En el año 2009 vuelve a aparecer la familia Rocco confirmando la creación
de la sociedad ´Forestar – Ganadera – Sociedad de Responsabilidad Limitada`, en
donde, con un capital de 12 mil pesos, se adjudican la explotación durante 90
años, por cuenta propia y/o de terceros de:
´Adquisición, venta y/o permuta de bienes inmuebles; urbanos
o rurales; compra, venta de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de propiedad horizontal, venta al contado o
financiación propia y/o de terceros, así como loteos, complejos deportivos,
turísticos y/u hoteleros`”. Como si todo esto fuera poco, a Rocco se le
benefició en varias oportunidades con la condonación de deudas al Estado.
Rodear de solidaridad la lucha
Después de lo descripto queda claro que esta lucha deja en
evidencia una vez más la defensa de los terratenientes y grandes capitalistas
por parte del régimen político. Los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel bajo el gobierno de Mauricio Macri no fueron casos aislados sino que son
parte de una política de Estado que continúa más allá de los gobiernos, como se
observa en la actualidad bajo la gestión Fernández-Fernández. Las
reivindicaciones de los pueblos indígenas, si son llevadas consecuentemente,
ponen en cuestión uno de los puntos estratégicos del capitalismo argentino: la
cuestión de la tierra. La expropiación de los grandes terratenientes está atada
al cuestionamiento del conjunto de las relaciones capitalistas, por lo que se
precisa de la intervención de la clase obrera con un programa y una estrategia
propia, independiente de las patronales. Solo un gobierno de trabajadores podrá
comenzar a construir una relación armoniosa con el medio ambiente, en el que
los pueblos indígenas puedan ver reparados siglos de despojo y humillaciones. Por
eso se hace imprescindible rodear de solidaridad esta causa, en el camino a la
articulación de todas las luchas. El fin de semana se llevaron adelante
actividades entre otros lugares, en Bariloche, El Bolsón, Trelew y Puerto Madryn. Durante esta mañana se movilizó
a la Casa de Gobierno en Viedma. Y este martes a las 18 horas se realizará una
radio abierta con movilización en Pasaje Floridita de la ciudad de Trelew.
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