De abogado predilecto de la corporación policial chubutense, defensor de los efectivos que asesinaron a Julián Antillanca y violaron a Maxi Almonacid, a juez penal del corrupto poder económico y político provincial. Te contamos quién es el magistrado que judicializa a 4 sindicalistas por la rebelión popular en Legislatura y Casa de Gobierno.
Por Iván Marín
En las últimas horas del 17 de septiembre del año pasado y
las primeras del día siguiente, se vivió en Rawson una rebelión popular luego
de la noticia del fallecimiento de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar
cuando volvían a Comodoro Rivadavia tras participar del primer Congreso de Delegados
Docentes impulsado por la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del
Chubut), en el marco del proceso de lucha del conjunto de los estatales por el
cobro de sus salarios en forma escalonada. Esa noche se vivieron movilizaciones
espontáneas en las ciudades más importantes de la provincia, que continuaron
los días siguientes con marchas multitudinarias. En todos los casos se
responsabilizaba indirectamente al gobierno a cargo de Mariano Arcioni por el fallecimiento de las compañeras, que perdieron sus vidas organizándose y luchando contras las políticas de ajuste.
Es en ese marco que deben entenderse los incendios en los
ingresos a Legislatura y a Casa de Gobierno. La espontaneidad y la bronca
desatada por la pérdida de las trabajadoras, descarta cualquier pretendida
predeterminación. Fue el pueblo el que se rebeló contra aquellas instituciones
que considera son las garantes de las políticas criminales que las clases dominantes pretenden hacerles pagar.
Por eso la decisión del juez Gustavo Castro de elevar a
juicio oral y público a cuatro sindicalistas por un supuesto atentado perpetrado
contra esos edificios públicos es lisa y llanamente una infamia que busca
profundizar la criminalización de la protesta social en una provincia
convulsionada hace 3 años por las movilizaciones contra las políticas de
ajuste, proceso bautizado por sus propios protagonistas en las calles como un
nuevo “Chubutazo”.
Los dirigentes imputados son Santiago Goodman (secretario
general), Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.
Un juez al servicio
de un régimen en descomposición
La designación de Gustavo Castro como juez penal se realizó
en noviembre del año pasado y se trató sin dudas de un juego de componendas
entre aquellos sectores que precisan de mayor impunidad para sostener prácticas
corruptas inherentes a un sistema decrépito al servicio de las multinacionales
expoliadoras. Todo el sistema está infectado por el mismo virus: tanto el Poder
Judicial, Legislativo como Ejecutivo, es decir el conjunto del personal
político de las patronales.
Castro ya prestaba estos servicios como abogado: fue
defensor de los policías que asesinaron al joven Julián Antillanca en Trelew y
de los que violaron en la comisaría Segunda de la misma localidad a Maximiliano
Almonacid. Castro solía hacer estos trabajos en conjunto con Fabián Gabalachis,
posiblemente el abogado más reconocido del régimen, quien además de ser
codefensor en los casos citados, también lo fue de los policías condenados por
la brutal golpiza a la familia Torres del barrio INTA y por representar a los
funcionarios dasnevistas de las causas de corrupción Revelación y Embrujo, a
uno de los genocidas de la Masacre de Trelew (Rubén Paccganini), y de la mal
llamada “Manada de Puerto Madryn”, los hijos del poder que violaron a una joven
en Playa Unión en 2012 (el caso que trascendiera nacionalmente por la expresión
de “desahogo sexual”), entre otros. Por su parte, Martín Castro, uno de los
abogados que representa al ministerio Público Fiscal en la acusación, es del riñón de
Gabalachis.
Hay que tener bien presente el nombre de Gustavo Castro para los tiempos que se avecinan porque este es un claro ejemplo de que fue puesto por el personal político del régimen para garantizar impunidad.
Según se informó, por intermedio de la Oficina Judicial, se
conformará un tribunal unipersonal y a la mayor brevedad posible se fijará la
audiencia de debate. No se puede dejar que se condene a estos sindicalistas.
Una gran movilización debe acompañar el desarrollo de la audiencia exigiendo la
absolución de los condenados.
Más de conjunto, esta situación vuelve a ratificar la
imperiosa necesidad de la convocatoria a plenarios de delegados en todas las
localidades en todos los sindicatos para organizarse contra las políticas de
ajuste del gobernador Mariano Arcioni y la Legislatura del Chubut, que incluye en el corto plazo una "reestructuración del Estado" y la tentativa de avanzar con la megaminería, en ambos casos para pagar la deuda con los acreedores internacionales.
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