Sandra, su madre; César, su padre y Ayelén, su hermana, rememoran una década de lucha y reflexionan sobre el rol de las fuerzas represivas del Estado. Un crimen que no es un caso aislado.
Por Iván Marín
“Esta fecha es muy
importante para mí porque me marcó para siempre. Este 5 de septiembre me lleva
al 5 de septiembre de 2010. Todos los años igual. Me pone triste, por supuesto,
porque lo sigo extrañando. Julián era muy alegre, ¿viste? Julián era amigo,
protector, buen hermano. Y siempre tenía la casa llena de chicos, de sus
amigos. Todo el día acá era gente. Extraño todo eso de Julián, y lo extraño a
él”.
“Acá de mixtura lo que
tiene que ver con lo familiar, con los afectos directos y también que hubo un
proceso social muy intenso en Trelew, el Valle y la provincia, por la muerte de
Julián. Que no es porque haya sido él sino por cómo se fueron dando todas las
denuncias de visibilización de cómo el sistema se ocupa de las vejaciones y de
los delitos aberrantes contra nuestros hijos. Y digo contra nuestros hijos
porque pasan a ser causas común todos los niños y niñas, jóvenes varones y
mujeres, que son víctimas de las violencias de estos gobiernos. Y me atrevo a
decir gobiernos porque los responsables de las fuerzas represivas son los
Poderes Ejecutivos y tienen absoluto conocimiento, y también plena responsabilidad
de los delitos que cometen”.
Sandra Tolosa y César Antillanca, madre y padre de Julián
Antillanca respectivamente, recuerdan ante el micrófono de Prosa Urgente, una
fecha que quedó incrustada en sus pieles para siempre. En la madrugada del 5 de
septiembre de 2010 un grupo de efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de
Trelew se ensañó con la juventud que salió a bailar a los boliches de la zona
sur de la ciudad, golpeando ferozmente durante distintos tramos de la jornada a
varias personas. Una de ellas fue Julián, a quien luego descartaron arrojando su cadáver desde un patrullero a pocas cuadras del lugar. Diario El Chubut
titularía en su tapa que su muerte se produjo por “coma alcohólico”,
reproduciendo la versión policial.
“Recordando, tratando
de hacer memoria. Pero al mismo tiempo entendiendo que estos hechos siguen
sucediendo. Tenemos el caso de Facundo. Hace algunos días se supo lo que veníamos
diciendo desde el principio de su desaparición. La policía bonaerense como la
chubutense, y todas las fuerzas estatales, siguen perpetuando las mismas
aberraciones hacia los derechos humanos, hacia la vida de nuestros hermanos,
apañados por el poder político, sea del color que sea, y mucho más en este
contexto”, reflexiona Ayelén, hermana de Julián, consultada por este medio sobre el significado de la fecha.
El 29 de diciembre de 2016 el Superior Tribunal de Justicia
(STJ) del Chubut ratificó la condena a cadena perpetua a los policías Martín
Solís y Jorge Abraham por el asesinato de Julián. Sin embargo, la familia del
joven tuvo que recorrer un tortuoso periplo para que el crimen no quede impune.
A principios de 2012 comenzó el primer juicio por el caso, en el que estuvieron
en el banquillo de los acusados Jorge Abraham, Martín Solís, Laura Córdoba,
Pablo Morales y Carlos Sandoval. Todos ellos policías, el último era comisario
de la Comisaría Cuarta al momento de producirse los hechos. Los jueces
Alejandro De Franco, Ivana González y Ana Laura Servent absuelven a todos los
acusados. La familia apela el fallo y el STJ resuelve revocar la absolución y
ordena que se vuelva a realizar el juicio, que se efectúa en 2015 y en el cual se
condena a todos los acusados a prisión perpetua, con excepción de Pablo
Morales, a quien se absuelve. Para el caso del excomisario Sandoval se lo
condena por encubrimiento agravado. El 25 de noviembre en la audiencia de
revisión de condena, el tribunal absuelve a Sandoval y a Laura Córdoba.
“Cada vez que pasa
algo así me acuerdo de Julián”
En julio de 2018 escribimos un artículo titulado “La sombra azul de la impunidad” en el que informamos los casos de asesinatos y
desapariciones forzadas de la Policía del Chubut desde 1983 hasta diciembre de
2017, a partir del informe anual de personas asesinadas por el aparato
represivo del Estado que realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (Correpi). Allí consignamos que en nuestra provincia al menos “se
contabilizan 80 muertes en manos de las distintas fuerzas represivas del
Estado. Sin embargo, si se desglosa por institución se encuentra no solo que la
inmensa mayoría tienen como protagonista a la Policía del Chubut (73%), sino
que los al menos 59 casos que la involucran se dan entre los años 1.994 y 2.017”.
No cabe duda que el homicidio de Julián no es un caso
aislado, sino que expresa una práctica sistemática de las fuerzas represivas
estatales. Consultada si casos como el de Facundo Astudillo Castro le traen a
la memoria el crimen de su hijo, la respuesta de Sandra no por previsible deja
de ser significativa: “Sí, siempre. Cada vez que pasa algo así me acuerdo de
Julián”, manifiesta.
Lo propio sucede con César, quien esgrime además una lectura
del entramado de impunidad en el que se sostienen estos crímenes: “Lamentablemente
la mediocridad y la decadencia que hay en los gobiernos creo que se acrecienta.
No solo que no cesó sino que se incrementó y se profundiza porque acá sí es
donde se puede analizar con claridad la diferencia que hay entre la violencia
institucional y la violencia del Estado”, comienza. Y agrega: “Usted hablaba
recién de Facundo, y es un caso también paradigmático, pero es un caso común,
es un caso como todos, porque en todas las provincias suceden hechos de este
tipo, solo que hay algunos que logran tener el impulso y la mediatización de la
denuncia para que se conozca. Lamentablemente debemos llorar a
nuestros niños, en el marco en que históricamente me atrevo a decir que se comportan
estos gobiernos”.
El 10 de octubre de 2010, mientras distintas organizaciones
sociales se manifestaban en repudio al asesinato del joven militante del
Partido Obrero, Mariano Ferreyra, por la burocracia sindical de la Unión
Ferroviaria comandada por José Pedraza, César Antillanca se hizo presente, tomó
la palabra para repudiar el crimen y trazar una conexión con el asesinato de su
hijo. Aquel día se comenzó a tejer una unión entre la familia y amigos de
Julián con las organizaciones sociales que llega hasta el día de la
fecha, que no se reduce a dicha causa y a las de violencia policial, sino que
se amplía al conjunto de las luchas del pueblo en la zona.
Esas movilizaciones, síntesis de la necesaria unidad en la
lucha contra los crímenes del sistema social hacia el pueblo, fueron el
principal factor para que el asesinato de Julián no quedara impune, más allá de
que la inmensa mayoría de sus responsables aun no hayan sido juzgados ni
condenados. Tal es así, que desde la fuerza policial no pierden oportunidad
para pasar factura a quienes participaron de la lucha o prestaron testimonios
clave en el caso. Es lo que sucede con la condena a Jorgelina Domínguez Reyes,
la testigo que vio cómo descartaban el cuerpo de Julián desde el móvil policial
234 sobre el asfalto de la calle Patagonia. Es vox populi en las barriadas populares
trelewenses que Domínguez Reyes no disparó contra Candela González, y que la
causa fue armada en los despachos de las comisarías y fiscalía de la zona.
Por todo ello, la familia de Julián no desea terminar la
entrevista sin agradecer al pueblo trelewense y de la provincia en general,
como así también a las organizaciones sociales, por el acompañamiento en la
causa. Ayer en Trelew, como todos los 4 de cada mes en distintos puntos de la
provincia, se movilizó contra la megaminería pasando por la Unidad Regional para
recordar la memoria de Antillanca. Es que, como bien afirma su hermana, “el
Negro no va a volver pero es lucha en todos los sentidos”.
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