Un nuevo episodio de la crisis provincial se abre con otro intento de instalar la megaminería en una provincia movilizada hace más
de dos años contra el ajuste. El “Fuera Arcioni” regresa a escena, la consigna por una Asamblea Constituyente
libre y soberana marca, como en Chile, la discusión para una provincia sobre
nuevas bases sociales y la huelga general como condición sine qua non para su concreción.
Por Iván Marín
La mañana del lunes 29 de mayo de 2017 concentró en pocas
horas casi todas las contradicciones en la que está sumida la bancarrota económica,
política e institucional de la provincia, y con ella la impotencia de las
clases dominantes para darle una salida sin que la “gobernabilidad” estalle en
mil pedazos. Mientras en el Centro Cultural “José Hernández” de Rawson, el
entonces gobernador Mario das Neves y su vice, Mariano Arcioni, encabezaban la
llamada “Cumbre Ambiental”, en rechazo a los intentos de implantar una central
atómica en la ciudad de Sierra Grande, se firmaba un acuerdo para el uso
racional del agua dulce y se anunciaba que antes de fin de año la Legislatura
trataría la Iniciativa Popular de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut
contra la megaminería, a 15 kilómetros de allí, sobre Ruta 25, a poco menos de
200 metro del río Chubut, la patronal de Cervecería y Maltería Quilmes S.A le
comunicaba a medio centenar de trabajadores que la histórica planta
embotelladora de Pepsi en Trelew cerraría sus puertas. Ajuste, desocupación y
megaminería: el combo disciplinador llegaba para quedarse en una provincia que,
pese a la complicidad de las conducciones sindicales, en especial del ámbito
privado, comenzaría a movilizarse en defensa propia.
No es que el difunto Das Neves fuera un consecuente luchador
contra la megaminería, de hecho durante sus dos primeros mandatos (2003-2011)
avaló y alentó la exploración minera en la meseta, en particular la del
Proyecto Navidad de Pan American Silver. Esa cumbre en realidad ofició como
acto de lanzamiento de la campaña electoral que llevaría en la cabeza de la
lista a diputados nacionales por Chubut Somos Todos al actual gobernador
Mariano Arcioni. Das Neves lo apadrinó y a la vez le impuso la orientación de
la campaña electoral: le negativa rotunda a la megaminería. La maniobra del
difunto gobernador tuvo al menos cuatro propósitos: por un lado, consciente que
lidiaba con una enfermedad terminal, por la cual terminó falleciendo el 31 de octubre de ese año, intentaba limpiar su imagen ante la comunidad; por el otro, le
dejaba un lastre a su sucesor, con el cual iba a tener que lidiar: la presión
del lobby minero, y el compromiso ante la comunidad asumido en la campaña; a la
vez se desmarcaba del gobierno nacional al mostrarse con cierto grado de
relativa independencia; y, por último, intentó despejar de la agenda de
discusiones el ajuste económico en curso, que se expresaba por aquel entonces
con particular fuerza en el ámbito privado con cientos de despidos y
suspensiones, pérdidas de conquistas y aumento de la precarización laboral.
Hacia finales de 2015, y en los primeros meses de 2016, la crisis
por la caída de precio del barril de petróleo derivó en cientos de despidos por
goteo. Pese a enormes movilizaciones en Comodoro Rivadavia, Jorge Ávila,
secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut firmó
una adenda que en los hechos implicó una reforma laboral en el sector:
derivando en la pérdida de numerosas conquistas. En las textiles la cosa no fue
mucho mejor, al igual que en comercio. El conglomerado Trelew-Rawson comenzaba
a liderar los índices de desocupación del país. En Puerto Madryn cerraba en
febrero de 2017 Cerámica San Lorenzo, dejando 150 familias en las calles. A
todo esto, la obra pública entró en un parate del que nunca pudo levantarse.
Ninguna de las tres CGTs de la provincia (Valle, Sur y Cordillera) le realizó
ningún paro provincial al gobierno. Todas estaban en manos del PJ-kirchnerismo.
Durante la segunda mitad del segundo período de Das Neves al
frente de la gobernación (2007-2011) la provincia había comenzado a endeudarse
por primera vez en varios años. Lo mismo ocurrió en la gestión de Martín Buzzi
(FPV). Pero el salto mayor se produjo, sin dudas, en el tercer mandato de Das
Neves: En mayo de 2016 solicitó 50 millones de dólares y en julio del mismo año
otros 650 millones en la moneda estadounidense a una tasa del 7,75% a pagar en
10 años. “Entre 2017 y 2022 la provincia deberá pagar 54 millones de dólares
anuales en concepto de intereses, en 2023 serán 52 millones, mientras que en el
período 2024-2025, otros 50 millones por cada año, y el último pago serán 38
millones de dólares en 2026. En total son 514 millones de dólares en concepto
de servicios por la deuda adquirida en moneda extranjera durante 2016 (sin
contemplar la devolución del capital)”, describe el periodista Sebastián
Premici en su libro, recientemente editado, titulado “La Patagonia ajustada.
Las políticas del macrismo en la región”.
Lo que ocurrió tras la muerte de Das Neves el lector de
Prosa Urgente pudo seguirlo al calor de los acontecimientos: con la asunción de
Arcioni se profundizaron las políticas de ajuste, en especial en el ámbito
estatal. En enero de 2018 se aprobó el pacto fiscal ordenado por Mauricio
Macri. Paralelamente se conformaba la Mesa de Unidad Sindical (MUS), como
instancia de coordinación de las cúpulas sindicales, la mayoría de ellas del
sector estatal. A su vez, las bases de salud en cordillera impulsaron las
Asambleas Interhospitalarias. En febrero se instaló un rumor y en marzo se
concretó: el gobierno comenzaría a pagar los sueldos de forma escalonada según
montos salariales, en algunos casos se llegó a cobrar con casi un mes de
retraso. Para el caso docente, además, se les debía sentarse a negociar
paritaria desde octubre del año anterior. En movilizaciones multitudinarias
convocadas por la MUS comenzó a entonarse “Paso, paso, paso se viene el
Chubutazo”. Los cortes de rutas se hicieron más frecuentes. El 30 de mayo
docentes autoconvocados toman el ministerio de Educación y se desata una oleada
de ocupaciones de dependencias estatales por toda la provincia. En no pocas
ocasiones las conducciones sindicales fueron desbordadas por las bases. Hacia
principio de julio el gobierno debió ceder ante algunas demandas y el primer y
extenso episodio de la resistencia estatal a los planes de ajuste, bautizado como “Chubutazo”,
se cerraba con un alto costo para el gobierno.
En 2019, luego de no cumplir con los acuerdos paritarios
rubricados semanas antes de las elecciones provinciales en las que se eligió a
la fórmula Mariano Arcioni-Ricardo Sastre al frente del Ejecutivo, comenzaron
nuevamente los reclamos y las movilizaciones hacia el final del primer
semestre. Esta vez los enfrentamientos con el gobierno se hicieron más agudos y
cobraron un carácter más político: el “Fuera Arcioni” se instaló en todas las
movilizaciones. Hubo represiones estatales y paraestatales, con el uso de una
patota que respondía al burócrata petrolero Ávila. Las docentes Jorgelina y
Cristina fallecieron en un accidente automovilístico cuando volvían a Comodoro
Rivadavia tras participar en el histórico primer Plenario de Delegados Docentes
Provinciales. Esa noche la comunidad del Valle Inferior del Río Chubut e
incluso de Madryn se congregó en las puertas de Legislatura y quemó partes de
las instalaciones, también hizo lo propio con la Puerta 2 de Casa de Gobierno.
Si no fuera por la ayuda prestada por Alberto Fernández desde Buenos Aires, y
las burocracias sindicales, la continuidad de Arcioni al frente del Ejecutivo
hubiera sido una incógnita. Las conducciones sindicales en reuniones secretas
con el gobierno lograron encausar una salida, aunque este segundo episodio del
Chubutazo se cerraba con un sabor a derrota parcial hacia finales de noviembre.
Mientras todo este proceso se desarrollaba, se supo mediante
una denuncia de Prosa Urgente, que el gobernador Mariano Arcioni se reunía desdediciembre de 2017 una vez por mes en secreto con directivos de Pan American Silver para tratar el proyecto de zonificación minera y de esta manera darle vía libre
al Proyecto Navidad en la meseta chubutense.
Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la
nación se supo que los intentos del lobby minero para derrotar a sus dos
principales contrincantes no se iban a hacer esperar: las provincias de Mendoza
y Chubut. En la provincia cuyana la derogación de la Ley 7722 fue respondida
con movilizaciones multitudinarias y represión estatal. Durante horas de este
mediodía el gobernador radical Rodolfo Suárez anunció la suspensión de la nueva
ley minera, marcando el primer golpe para el lobby. La exigencia ahora es que
la derogue.
En Chubut se desarrollan movilizaciones en toda la
provincia, durante las últimas horas del jueves se lleva adelante una vigilia
artística en las puertas de Legislatura a la espera de una movilización masiva
para la mañana de este viernes, en ocasión de una sesión extraordinaria donde
se tratará entre otros temas la aprobación de un presupuesto de ajuste.
Según destacó el periodista Marcelo García para el Extremo
Sur, “El Presupuesto 2020 de Chubut contempla un déficit primario de 1.320
millones de pesos y un déficit financiero -tras el pago de deuda- de 11.189
millones de pesos para el año que viene; cifra que se asemeja al déficit
financiero de 11.491 millones de pesos producido en 2017 cuando Mariano Arcioni
era vicegobernador del fallecido Mario Das Neves”.
“A la hora de comparar la significación del peso de los
pagos de deuda provincial frente a los gastos, Chubut pagará 13.954 millones de
pesos en cancelaciones de amortizaciones e intereses de deuda frente a gastos
de funcionamiento (bienes de consumo y servicios) que han sido proyectados en
8.248 millones de pesos”, describe el artículo mencionado. Agrega que: “Los
gastos de funcionamiento solamente aumentarán 8,2%. Eso los dejaría muy por
debajo de la proyección de inflación de 43% estimada para 2020. Ese dato del
presupuesto presagia un fuerte ajuste de casi 25% en términos reales de los
fondos destinados al funcionamiento del Estado”.
Durante los últimos días, el Partido de los Trabajadores
Socialista (PTS) en el Frente de Izquierda viene levantando erróneamente la
consigna por un plebiscito vinculante para decidir la cuestión minera. Esto no
solo representa un error de adaptación al régimen democrático burgués, sino
también un alto grado de irresponsabilidad: se pretende ir a un escenario
incierto, donde el Estado y el lobby minero cuentan con mil y un recursos para
ensuciar la contienda. Una derrota de un plebiscito vinculante impulsado por el
movimiento “No a la Mina”, con fraude o no, implicaría una catástrofe para la
lucha. El plebiscito se realizaría en una provincia sumida en una bancarrota
económica y política, con sectores de la población en situación desesperante.
El gobierno tiene bien en claro esta situación, y por ello no descartan ser
ellos mismos los que impulsen el plebiscito, como ya dejó trascender el
gobernador por Cambiemos en Mendoza, Suárez.
De todo lo anterior se desprende que nos encontramos en la
puerta del tercer episodio del Chubutazo, esta vez abierto por el intento
formal de derogar la ley 5001 y dar paso a la megaminería en la provincia. La
lucha en las calles volverá a actualizar la consigna de “Fuera Arcioni”. Ella
también llevará necesariamente a debatir qué provincia queremos. La consigna
“Asamblea Constituyente libre y soberana” podría cumplir el mismo rol que tiene
en Chile: discutir una provincia sobre nuevas bases sociales, sin
extractivismo, y con una economía al servicio del pueblo trabajador. Desde ya,
la imposición de esta consigna requiere de una huelga general por tiempo
indeterminado que pare la producción y distribución de mercancías de la
provincia con piquetes y movilizaciones. Solo la acción directa y la
coordinación de las masas puede parar los intentos del lobby minero.
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