Capitales mineros compraron la pesquera Cabo Vírgenes

Se trata de AISA Group, propietaria de la mina Gualcamayo en San Juan. La negociación fue encabezada por el propio gobernador Ignacio Torres, a quien muchos trabajadores vinculan con negocios en el puerto rawsense. Entrevistamos a Franco Chiaramonte, ex empleado de la firma minera.

 

Por Iván Marín

 

La noticia fue anunciada con bombos y platillos por el gobierno de Chubut, pese a que los compradores cuentan con un controvertido prontuario de estafas, en especial en cuyo.

El prominero diario El Chubut, presenta a Juan José Retamero, líder del grupo en cuestión, como “amante del buen Malbec”, como si eso le importara a alguien. Luego se despacha: “A través de sus subsidiarias y con socios locales, Retamero se embarcó en un millonario negocio de compra de vinos a granel y mosto de uva, con la firma mendocina Fecovita, la federación de cooperativas de productores que juntos conforman una de las diez productoras de vino más grandes del mundo. Ese negocio terminó mal y en un escándalo mayúsculo, con denuncias y acusaciones cruzadas, e imputaciones por estafa y extorsión contra Retamero y sus socios, y por balances falsos, contra la propia Fecovita. Todo esto está en debate y con apelaciones y recursos cruzados en la Justicia mendocina, y en la nacional. La guerra de abogados en este caso es feroz. La disputa es mediática además. Hay reportes periodísticos negativos sobre negocios de Retamero, que él siempre niega”. Así y todo, el medio propiedad de la familia Sáez, concluye con beneplácito: “Como sea, lo importante es que aterrizó en la economía de Chubut un jugador de mucho peso”.

Esta empresa recae en uno de los sectores que fue clave en el Chubutazo contra la zonificación minera de diciembre de 2021. Recordemos que en dicha rebelión popular los trabajadores de la pesca estuvieron al frente de la lucha y los enfrentamientos contra el Estado. Durante ese proceso, los trabajadores de Cabo Vírgenes protagonizaron una enconada lucha contra la patronal, por mejores condiciones laborales. Todo indica que la nueva patronal será aun más antiobrera.

Aprovechamos la ocasión, para volver a compartir una entrevista que le realizamos el año pasado a Franco Chiaramonte, geólogo y extrabajador de Gualcamayo. Entre otras cosas, nos cuenta las difíciles condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores de esa mina, también hace referencia a la contaminación y destrucción del medio ambiente que produce la actividad.

Granja Tres Arroyos amenaza despedir a 400 obreros si no aceptan una baja salarial del 21%

En el día de ayer, se dictó la conciliación obligatoria luego de que los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay comenzaran un paro por tiempo indeterminado tras el despido de 80 compañeros. Denuncian que el Procedimiento Preventivo de Crisis es una estafa: ¡nunca se vendió tantos pollos en el país como en la actualidad!

 

Por Iván Marín

 

La cobertura mediática de este conflicto hasta el momento dejó al descubierto tres posiciones políticas: 1) las abiertamente patronales, que reproducen sin pruritos los comunicados de la empresa; 2) las conciliadoras “críticas”, en donde se encuentran la mayor parte de los medios “progres” y 3) las clasistas. Como se imaginará el lector, Prosa Urgente se ubica en esta última. Por eso se decidió darles voz a los propios trabajadores en lucha, en este caso entrevistando a Maximiliano Zalazar, delegado suplente en la planta y uno de los principales referentes.

Zalazar informa que hace varios meses vienen en conflicto con los dueños de la Granja Tres Arroyos (GTA), la empresa avícola más grande del país. Señala que presentaron un Procedimiento Preventivo de Crisis, que no es otra cosa que una maniobra de chantaje que consiste en una solicitud a los trabajadores para que acepten una rebaja salarial del 21% a cambio de no sufrir despidos. “Entre el martes y el viernes nos despidieron 70 compañeros”, destaca el delegado, y agrega que hasta ayer al mediodía tomaron conocimiento de otros 9 despidos. Esta situación llevó a que el cuerpo de delegados junto a la comisión directiva del STIA de la zona (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación) hicieran suyo el mandato de las bases en asamblea y decretaran el paro por tiempo indeterminado a partir de las 7:45 horas. “La adhesión fue total”, afirma el entrevistado. La contundencia de la acción obligó a la secretaría de Trabajo, dependiente del ministerio de Capital Humano, a dictar la conciliación obligatoria por 15 días, retrotrayendo los despidos por el mismo plazo.

Zalazar manifiesta que la empresa aduce haber ingresado en crisis en la pandemia de Covid-19 y que desde entonces no se habría podido reponer. Sin embargo, “en la pandemia nosotros no vimos ningún tipo de crisis. En planta La China -la planta en cuestión- fuimos la única procesadora avícola que no paró ni siquiera un día en la pandemia, arriesgando todo lo que sabíamos que podíamos arriesgar” denuncia. La empresa cuenta con otras 7 plantas. En todas ellas, GTA llevó adelante la misma maniobra, consiguiendo una reducción del 11% en el salario de los trabajadores, tras negociaciones entre las partes. Hasta el momento, no lograron imponer este ajuste a los obreros entrerrianos, pese a contar con el enorme apoyo del gobierno nacional de Javier Milei y el provincial de Rogelio Frigerio, de Juntos por el Cambio.

La planta de la provincia mesopotámica cuenta con mil trabajadores de un total de alrededor de 7 mil empleados, según informa el delegado. Zalazar comunica que “los obreros ya vienen sufriendo desde el año pasado despidos por goteo, cobro de sueldos a destiempo -incluso de vacaciones- o el medio aguinaldo de diciembre en cuatro partes”. Tanto adentro de la empresa, como en toda Concepción del Uruguay, nadie cree en la supuesta crisis de la empresa y sospechan, con evidencias de sobra, que lo que se pretende con los despidos, además del recorte salarial, es volver a tomar luego a trabajadores con condiciones precarias, es decir, con pérdidas de derechos, en sintonía con la política impulsada por el gobierno nacional y provincial.

La acción de ayer concitó el apoyo de organizaciones sociales y vecinos de la localidad y amenaza con convertirse en un problema político que puede derivar en una pueblada en defensa de estos trabajadores, que mueven la economía de la ciudad.