Pese a reconocer en sus fundamentos que la acusación está floja de papeles, decidió continuar con una campaña reaccionaria que la tiene a ella como protagonista fundamental. Lo que comenzó como un combo de denuncias que incluyó lesiones, instigación a cometer delitos, intimidación pública y formar parte de una agrupación para la coerción ideológica, quedó reducido a supuestas amenazas a partir de la entonación de cánticos populares de protesta. Se cayeron las bizarras restricciones de circulación a los vecinos y comunicadores sociales.
Por Iván Marín
Tras la suspensión unilateral e injustificada del 15 de
octubre último, esta mañana se llevó adelante la audiencia en donde la jueza
María Laura Martini debía decidir si daba curso a la etapa de investigación de
la acusación que llevan adelante la fiscalía, encabezada por Florencia Gómez, y
sus representados, los diputados Luis Juncos y María Andrea Aguilera y el
vicegobernador Gustavo Menna, todos ellos de la UCR. La acusación, que comenzó como
un combo de denuncias que incluyó lesiones, instigación a cometer delitos,
intimidación pública y formar parte de una agrupación para la coerción
ideológica, quedó reducida a supuestas amenazas a partir de la entonación de
cánticos populares de protesta.
Estas supuestas agresiones ocurrieron durante un cuarto intermedio,
luego de que la Legislatura del Chubut aprobase el 15 de agosto la adhesión de
la provincia al RIGI (Régimen de Incentivos a la Grandes Inversiones), y con
ello profundizara la política extractivista, abriéndole la puerta a la
megaminería, pese a estar prohibida por ley. Esta secuencia fue transmitida en
vivo y en directo por las redes sociales, por lo que la magistrada no puede
desconocer de la falsedad de las acusaciones. Así y todo, y amparándose en la
gravedad de lo denunciado, dispuso una restricción de acercamiento a los 6
activistas señalados -entre ellos, 4 comunicadores sociales- a 500 metros de
Legislatura, de los hogares de los denunciantes e incluso del colegio de la hija
de Aguilera. La susodicha restricción luego fue reducida a 50 metros y hoy
cayó definitivamente.
No cabe duda que la jueza se prestó desde un primer instante
a jugar en favor de la criminalización de la protesta social y facilitar
innumerables titulares de los medios hegemónicos, promineros y antiobreros,
contra los acusados. ¿El objetivo? No solo la criminalización de la protesta
social sino también el disciplinamiento del pueblo, en un marco general de feroz
reestructuración reaccionaria de las condiciones de vida del conjunto de las
familias trabajadoras.
La audiencia de esta mañana se desarrolló por más de 2
horas, y los acusados pusieron en el centro de su defensa la denuncia de la
criminalización de la protesta social, que fue recurrentemente interrumpida por
la jueza y la fiscalía -debe señalarse que Gomez no se presentó, y envió a un
funcionario menor, el joven Jeremías Regueira-,quienes plantearon que los
acusados debían defenderse estrictamente de las denuncias, separando en
compartimentos estancos la acusación y el contexto general persecutorio hacia
los luchadores sociales. Cuando Martini comunicó que avanzará con la etapa de
investigación, lo hizo reconociendo y señalándole a la fiscalía que tomó la
decisión pese a que hay pocos elementos en la acusación para imputar
a los denunciados.
Los acusados, entre quienes se encuentra el periodista que
escribe este artículo, advirtieron a la jueza, a la fiscalía y a todo el régimen
político patronal, que continuarán en las calles en defensa de sus derechos e
intereses de clase. Afuera de la sala donde se desarrolló la audiencia, acompañó
un bulloso grupo de vecinos, activistas ambientales y organizaciones sociales y
políticas.
