La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por parte de la Legislatura chubutense despertó una incipiente resistencia a las graves consecuencias que traerá su implementación: megaminería, más extractivismo en manos de la multinacionales, mayor precarización laboral y profundización del hambre en el pueblo. ¿Es posible otro Chubutazo, como en diciembre de 2021?
Por Iván Marín
Fotos de Aníbal Aguaisol
En apenas 4 horas, y con muy poco debate en las comisiones y
un desproporcionado operativo policial, el jueves último la Legislatura del
Chubut aprobó por 18 votos a favor contra 9 en contra la adhesión de la
provincia al RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), y con
ello puso el cartel de “remate” de todos los recursos y bienes naturales de su
territorio. El RIGI forma parte de la llamada Ley Bases a nivel nacional, por
lo cual ancla sus fundamentos en una contrarreforma laboral e impositiva que
atenta contra derechos ganados por la clase trabajadora y en beneficio de las
grandes patronales. Además, incluye la “Unidad de Seguridad Productiva”,
dependiente del ministerio de Seguridad de Nación a cargo de la fascista Patricia
Bullrich, por lo que se prevé una profundización de la criminalización de la
protesta social en un marco general signado por un ajuste feroz, que no es otra
cosa que una reestructuración reaccionaria de las condiciones de vida del
pueblo. La adhesión provincial contiene una maniobra abyecta y temerosa: un
artículo falopa por el cual se “excluye a las actividades mineras previstas en
la ex ley 5.001, hoy vigente”. Desde las asambleas provinciales denuncian que,
en realidad, se está ante una ley nacional que barre con toda legislación
provincial que vaya en sentido contrario, por lo que el artículo en cuestión
carecería de fuerza ante la presentación de cualquier empresa ante la justicia
federal, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proclive
a fallar en favor de las multinacionales.
El artículo mencionado fue masivamente difundido por el
gobierno de Ignacio Torres a través de los medios de comunicación provinciales,
en su inmensa mayoría promineros. Esta maniobra denota la preocupación del gobierno
en particular y del régimen político en general ante una rebelión popular, como
la ocurrida en diciembre de 2021 luego de la aprobación de la zonificación
minera en una sesión legislativa “imprevista”. Sobre el paralelismo respecto de
aquel Chubutazo hay al menos dos lecturas en boga en el activismo: por un lado,
quienes exageran las similitudes y alientan una rebelión a la “vuelta de la
esquina” y, por el otro, quienes se ubican en un lugar diametralmente expuesto
(posiblemente la mayoría), y no observan ninguna posibilidad de una rebelión
popular en el corto plazo porque el pueblo “está dormido”. Debe recordarse que
esta última postura también primó en los días e incluso horas previas al
Chubutazo. De conjunto, podemos afirmar que las condiciones objetivas para una
rebelión están más desarrolladas que en diciembre de 2021, pues las condiciones
de vida del pueblo son ostensiblemente peores. De esto es muy consciente el Gobierno,
y es lo que lleva a incluir el susodicho artículo en la adhesión. Cualquier
movimiento en falso de Torres y sus secuaces puede desatar una rebelión. Que el
“horno no esté para bollos”, según la perspectiva del régimen político, no
implica que el estallido esté a la vuelta de la esquina pero tampoco en un horizonte lejano. Una verdadera rebelión
dependerá de muchos factores, uno de ellos será de la capacidad de agitación de
los sectores más conscientes que resisten a estas políticas de hambre, saqueo y
profundización de la dependencia de los grandes capitales internacionales.
Que hasta el momento no se haya desarrollado un movimiento
masivo de resistencia a estas políticas tiene en la mayor parte de las
conducciones y centrales sindicales a sus principales responsables. Ninguno de
estos sectores llamó a movilizar a Legislatura el jueves último ni mucho menos
declaró paro para que sus afiliados pudiesen hacerse presente en el lugar.
Con todas estas limitaciones objetivas, la resistencia no se
hizo esperar y se desarrollaron movilizaciones y volanteadas en las horas
previas al tratamiento del RIGI en Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y
Trelew. El día de la aprobación manifestantes escracharon en una confitería a
los diputados oficialistas Luis Juncos y María Andrea Aguilera, quienes se
valieron de los medios de comunicación oficiales para difundir una falsa
agresión a la hija de la legisladora. Esa jornada se terminó en Rawson con una
volanteada durante 4 horas en la calle de Legislatura en donde miles de autos
tocaron bocina en señal de aprobación a los manifestantes. Al otro día más de 300
personas marcharon en Rawson exigiendo la derogación del RIGI, lo propio se
hizo ayer en Trelew con una cantidad similar de concurrentes. En ambos casos se
llevaron adelante asambleas populares para acordar cómo seguir. Se volverá a marchar
este martes 20 de agosto a las 17:30 en la ciudad capital. Se prevé acciones de
este tipo en las principales ciudades de la provincia en los próximos días.
Este escenario demanda una coordinación urgente de las
acciones en toda la provincia: asambleas populares en todas las ciudades en
donde se debata y decida planes de acción articulados a lo largo y ancho del
territorio: volanteadas en los principales centros urbanos de cada ciudad,
pintadas en las barriadas, marchas provinciales, piquetes en las principales
rutas, entre otras. No depositar ninguna expectativa en las conducciones
sindicales ni en los aparatos. Solo el pueblo salvará al pueblo. El desarrollo
de estas autoconvocatorias llevará de suyo la instalación e imposición de la
perspectiva de la huelga general contra el RIGI, la megaminería y el hambre.
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