Se trata de María Laura Martini, quien dio lugar al pedido del ministerio Público Fiscal a cargo de Miquelarena luego de la denuncia del gobierno chubutense por supuestas agresiones a dos diputados de Cambiemos, tras la aprobación del RIGI. Asistimos a una campaña difamatoria con el único fin de profundizar la criminalización de la protesta social en defensa de un régimen político que en 2021 vivió la mayor rebelión popular de su historia, el Chubutazo.
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| Foto de Aníbal Aguaisol |
Por Iván Marín
El jueves 15 de agosto la Legislatura chubutense aprobó entre gallos y medianoche el llamado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), y con ello no sólo le abrió las puertas de la provincia a la megaminería sino que además acentuó las facilidades para el extractivismo. En otras palabras, le puso cartel de “remate” al territorio con sus recursos naturales y/o bienes comunes, amparándose en la contrarreforma laboral emitida por la Ley Bases, es decir mayor desocupación, sobreexplotación y precarización laboral. Como estas medidas reaccionarias solo podrán pasar con más represión y criminalización de la protesta social, se incluyó la creación de la “Unidad de Seguridad Productiva”, a cargo de la fascista de Patricia Bulrrich, con el fin de “resguardar” estas inversiones de quienes luchan por defender sus derechos. Este es el contexto en que deben leerse las disposiciones contra seis vecinos, la mayor parte de ellos activistas sociales, en las que se les prohíbe acercarse a menos de 500 metros del vicegobernador Gustavo Menna, y de los diputados Luis Juncos y María Andrea Aguilera, como así también de la hija de esta última. Dichas prohibiciones incluyen los domicilios particulares de los denunciantes, la escuela donde cursa la hija de la legisladora y la Legislatura provincial (sic, mil veces sic).
La jueza que dictaminó al respecto se llama María Laura Martini y es la misma que tiene a cargo la causa contra 8 vecinos acusados de destrozos contra edificios públicos durante el Chubutazo, una rebelión popular de la que fueron protagonistas miles de personas pero por la cual se condena a menos de una decena, en este caso ningún activistas, pues buscan una sentencia ejemplificadora que no involucre a militantes para no se los denomine presos políticos, entre otros motivos.
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| Jueza Martini, durante la audiencia de esta mañana por la causa Chubutazo |
Ocurre que tras haberse aprobado el RIGI, y mientras se
desarrollaba un cuarto intermedio, estos diputados cruzaron a una confitería
que se encuentra frente a Legislatura, en donde fueron interceptados por un
grupo de ambientalistas, que incluía a comunicadores sociales, quienes les
pidieron explicaciones de su votación a favor en el asunto. Pese a que en los
videos que se viralizaron de la interpelación puede observarse con claridad que
no hubo agresiones de ningún tipo a los legisladores, y mucho menos un forcejeo
con la hija de la diputada, la jueza dio lugar al pedido de prohibición citado
por un plazo de 90 días. Esta disposición pretende llevarse adelante mientras
la Fiscalía “se encuentra en etapa de Averiguación Preliminar en los términos
del art. 268 del CPPCH, investigando la posible comisión de los delitos
previstos en los arts. 89, 149 bis, 209, 211, 213 bis y 241 bis del CP”. En
criollo: se los acusa de lesiones, amenazas, instigación a cometer delitos,
intimidación pública y formar parte de una agrupación para la coerción
ideológica.
Además de la clara avanzada en la criminalización de la
protesta social que se pretende con esta causa, queda de manifiesto el carácter
antidemocrático y clasista del gobierno de Cambiemos al pretender silenciar a
los medios de comunicación que no responden a sus intereses, que no son otros
que los de las multinacionales y la pequeña burguesía de la zona. De los
mencionados en el dictamen, cuatro son comunicadores sociales: Noelia Silva y
Alejandro González, en la radio comunitaria Sudaca; Aníbal Aguaisol,
fotoperiodista, cuyos registros suelen ser tomados por los colectivos que
integran la Red Nacional de Medios Alternativos, entre otros; y quien
escribe estas líneas, periodista de Prosa Urgente y trabajador de prensa
despedido de diario El Chubut durante el Chubutazo de 2021 por luchar contra la
zonificación minera. Debe agregarse que el gobierno de Ignacio Torres se valió
de la complacencia de todas las empresas de comunicación hegemónicas de la zona
para llevar adelante esta campaña de estigmatización contra quienes luchan.
Desde ya, ninguno de estos comunicadores oculta sus posiciones políticas ni
pretenden llevar adelante su vocación desde una posición “neutral”, sino que
hacen explícito su rechazo al RIGI y a todas las políticas reaccionarias del
gobierno provincial como del nacional de Javier Milei. Quienes se ocultan
detrás de una supuesta “neutralidad” son los verdaderos voceros de los que
llevan adelante la criminalización de la protesta social y, con ella, el
cercenamiento a la libertad de opinión y de prensa, es decir medidas de claro
tinte fascistoides que deben ser repudiadas enérgicamente por todo el pueblo, sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos y de prensa.
Otro punto no menor para tener presente es que de los 6 activistas
involucrados en la denuncia, 5 son trabajadores estatales: dos corresponden a
la salud pública y tres son docentes. En todos los casos, se desempeñan como
organizadores de reclamos laborales colectivos mientras el gobierno de Torres
implementa un feroz ajuste en el Estado.
A esto se suma a que en el caso personal de quien escribe este artículo, está siendo objeto de una ensañada persecución ideológica y política por parte de diario El Chubut, ya que desde el jueves 15 de agosto a esta parte apareció su foto en al menos 3 artículos del medio, en la tapa de una de sus ediciones y su nombre fue citado en varias oportunidades en el editorial del lunes último, el artículo semanal más importante del medio, en donde se lo sindica sin ningún tipo de prueba como instigador del incendio del diario durante el Chubutazo y de un supuesto ataque al local del PRO en 2022. Mientras todo esto ocurre, Iván Marín se encuentra en juicio indemnizatorio con El Chubut, tras perder el juicio por su reincorporación, luego de una campaña en donde el medio propiedad de la familia Sáez salió claramente desprestigiado ante toda la población de la zona por un despido claramente discriminatorio.
¡ABAJO EL RIGI! ¡CHUBUT YA DECIDIÓ! ¡NO PASARÁN! ¡NO ES NO!
¡POR LA HUELGA GENERAL CONTRA EL RIGI!
